Este documento enumera a varios funcionarios públicos actuales y sus presuntos vínculos con organizaciones guerrilleras de izquierda en las décadas de 1970 y 1980, como Montoneros. Se los acusa de haber participado en atentados, asesinatos, secuestros y otros delitos durante esa época, y de haber ocupado cargos en el actual gobierno a pesar de sus antecedentes. El documento busca poner en duda la legitimidad de estos funcionarios y cuestionar su defensa de los derechos humanos dado su pasado subversivo