El documento discute los desafíos a la seguridad humana en el país. Señala que existe injusticia en el sistema de justicia penal y corrupción generalizada en el gobierno e instituciones como la policía. Además, argumenta que el Estado protege más a los estratos altos que a la población en general y que los derechos humanos están en declive, mientras el número de desplazados internos aumenta y el gobierno prioriza el crecimiento militar sobre el bienestar social.