Este documento define el delito informático como actos dirigidos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas informáticos. Explica que estos delitos son complicados de investigar, pueden llevarse a cabo rápidamente y tienden a proliferar. Además, clasifica estos delitos en cinco categorías principales: ataques contra la intimidad, infracciones a la propiedad intelectual, sabotajes informáticos, calumnias e injurias, y pornografía infantil.