Este documento presenta un informe sobre el estado de Bolivia en enero de 2018. Critica duramente el gobierno actual, acusándolo de haber instaurado un régimen autoritario y de haber traicionado la democracia. Señala problemas como la corrupción generalizada, el debilitamiento de las instituciones democráticas, el deterioro de la economía y el medio ambiente, y la falta de atención a necesidades básicas como salud y educación. Concluye que el país se encuentra bajo una dictadura de facto encabezada por un

1.
1
BOLIVIA
INFORME
CIUDADANO
SOBRE
EL
ESTADO
DEL
PAÍS
(ENERO
2018)

2.
2
“Puedes
engañar
a
todo
el
pueblo
parte
del
tiempo,
o
puedes
engañar
a
parte
del
pueblo
todo
el
tiempo,
pero
no
puedes
engañar
a
todo
el
pueblo
todo
el
tiempo”.
A.L.

3.
3
Contenido
1.
INTRODUCCION
...........................................................................................................................
5
2.
EL
ESTADO
AUTORITARIO
PREBENDAL
........................................................................................
7
2.1
Derechos
Humanos
...................................................................................................................
7
2.2
Libertad
de
Expresión
...............................................................................................................
8
2.3
Justicia
.......................................................................................................................................
9
2.4
Corrupción
..............................................................................................................................
10
2.4
Autonomía
..............................................................................................................................
13
2.5
Seguridad
Ciudadana
..............................................................................................................
13
2.6
Relaciones
Internacionales
.....................................................................................................
16
3.
EL
GRAN
EMBUSTE
SOBRE
LA
ECONOMÍA
................................................................................
17
3.1
Crecimiento
económico
..........................................................................................................
18
3.2
“Triplicamos
el
PIB”
¿Será
cierto?
..........................................................................................
19
3.3
Salud
de
la
economía
..............................................................................................................
20
3.4
Ingresos
fiscales
e
inversión
pública
.......................................................................................
20
3.5
Deuda
pública
.........................................................................................................................
22
4.
EL
MODELO
ECONÓMICO
FALLIDO
...........................................................................................
24
4.1
Modelo
en
contra-­‐ruta
............................................................................................................
24
4.2
Sectores
generadores
de
excedentes
.....................................................................................
24
4.2.1
Hidrocarburos
..................................................................................................................
25
4.2.2
Energía
.............................................................................................................................
26
4.2.3
Minería
.............................................................................................................................
27
4.3
Distribución
del
ingreso
y
estructura
del
empleo
...................................................................
29
4.4
Sector
agropecuario
y
forestal
................................................................................................
31
4.5
Colonización
de
las
tierras
bajas
.............................................................................................
33
5.
LA
PACHAMAMA
TRAICIONADA
................................................................................................
34
5.1
Extractivismo
acentuado
.........................................................................................................
34
5.2
Matriz
energética
y
devastación
de
áreas
protegidas
.............................................................
34
5.3
Deforestación,
cambio
climático
y
provisión
de
agua
.............................................................
35
5.4
Agropecuaria,
degradación
ambiental
e
inseguridad
alimentaria
..........................................
36
5.5
Impacto
de
la
explotación
minera
...........................................................................................
36
5.6
Impacto
de
la
explotación
de
hidrocarburos
..........................................................................
37

4.
4
6.
LOS
POSTERGADOS,
OLVIDADOS
Y
NINGUNEADOS
DEL
RÉGIMEN
...........................................
38
5.1
Salud
........................................................................................................................................
38
5.2
Educación
................................................................................................................................
39
5.3
Mujeres
...................................................................................................................................
41
5.4
Juventud
..................................................................................................................................
42

5.
5
1. INTRODUCCION
A
35
años
de
la
reconquista
de
la
democracia,
hoy
nos
volvemos
a
presentar
para
enfrentar
y
derrotar
la
prepotencia
que
amenaza
nuestras
libertades.
La
lucha
para
derrocar
a
los
dictadores
fue
larga,
dolorosa
y
sangrienta.
Muchos
sacrificaron
sus
carreras
y
sus
patrimonios,
vieron
a
sus
familias
divididas,
tuvieron
que
interrumpir
sus
sueños
personales;
sufrieron
cárcel,
persecución,
exilio,
desaparición
forzada,
tortura,
y
a
veces
la
muerte.
Pero
la
voluntad
democrática
se
impuso.
Esa
voluntad
democrática
era
imperfecta,
porque
nosotros
somos
imperfectos.
Precisamente
por
eso
sabíamos
que
la
construcción
de
la
democracia
debía
ser
responsabilidad
de
todos
y,
con
luces
y
sombras,
los
bolivianos
trabajamos
para
ampliar
los
derechos.
Por
eso,
cuando
los
gobiernos
de
estos
35
años
empobrecían
o
corrompían
la
democracia,
los
ciudadanos
salimos
a
defenderla.
Estos
doce
años,
poco
a
poco,
el
gobierno
se
fue
convirtiendo
en
el
gobierno
de
una
persona;
el
régimen
democrático
fue
rápidamente
sustituido
por
un
régimen
autoritario.
El
18
de
septiembre,
al
presentar
la
demanda
de
inconstitucionalidad
contra
la
Constitución,
ha
decidido
recorrer
el
camino
sin
retorno
hacia
la
dictadura.
Porque
son
las
dictaduras
las
que
desconocen
la
voluntad
popular
y
la
Constitución.
Sólo
una
dictadura
intentaría
burlar
la
voluntad
soberana
del
21
de
febrero
de
2016
encargando
a
un
grupo
de
empleados
del
Poder
Ejecutivo,
denominado
Tribunal
Constitucional,
poner
su
ambición
privada
por
encima
del
bien
común,
de
la
sociedad
y
de
la
nación.
Pero
una
dictadura
tiene
un
dictador.
Alguien
que
se
hace
coronar.
Alguien
que
se
levanta
un
museo
a
sí
mismo.
Alguien
que
se
compra
un
avión
privado,
varios
helicópteros,
muchos
autos,
una
enorme
seguridad
privada.
Alguien
que
promueve
la
invasión
colonial
de
cocaleros
y
petroleros.
Alguien
que
ordena
que
le
amarren
los
huatos.
Alguien
que
dirige
el
gobierno
más
inútil
y
corrupto
de
la
historia.
Alguien
que
se
hace
el
ciego
ante
los
robos
en
el
Fondo
Indígena,
contratos
de
YPFB,
ENTEL,
Bolivia
TV,
Banco
Unión,
Ministerio
de
Defensa,
la
empresa
china
CAMCE,
y
tantísimos
más.
Alguien
que
traiciona
a
su
propia
sangre
en
Chaparina,
en
Achacachi,
en
Caranavi,
y
podríamos
continuar.
Alguien
que,
como
es
tan
macho,
ignora
el
incremento
de
feminicidios
y
quiere
que
en
todas
los
vientres
embarazados
diga:
Evo
cumple.
Alguien
que
autoriza
la
represión
a
todas
las
protestas
(a
los
discapacitados,
a
los
obreros,
a
los
alteños).
Alguien,
un
dictador,
que
dicta
el
saqueo
de
Bolivia.

6.
6
Es
el
dictador
puesto
por
los
que
recibieron
el
encargo
de
cambiar
las
cosas,
de
enterrar
la
corrupción,
de
poner
freno
a
los
abusos,
de
recuperar
los
recursos
de
todos
para
todos,
de
no
amarrarse
a
los
cargos.
Los
que
se
comprometieron
a
construir
una
nueva
economía,
un
nuevo
Estado,
impulsar
la
democracia,
las
autonomías
indígenas
y
regionales,
de
poner
la
educación
por
encima
de
la
represión
y
la
propaganda.
Los
que
prometieron
proteger
nuestros
parques
nacionales
y
cambiar
nuestro
modelo
de
desarrollo.
Los
que
se
declararon
gobierno
indígena
convirtiendo
a
tantos
dirigentes
indígenas
y
a
demasiados
dirigentes
campesinos
en
pongos
del
poder
monárquico.
Ellos,
los
que
juraron
defender
la
Constitución
y
gobernar
obedeciendo
al
pueblo,
no
aprendieron,
no
escucharon,
no
corrigieron,
no
rindieron
cuentas.
Al
contrario,
empezaron
a
incumplir,
olvidar,
reprimir
y
robar
y
robar
y
traicionar
y
traicionar.
Y
ahora
ya
no
respetan
nuestros
votos,
nuestra
voluntad,
la
Constitución
y
las
leyes,
porque
ellos
piensan
quedarse
quinientos
años
de
cualquier
manera.
Por
todo
esto,
finalmente,
el
movimiento
ciudadano
ha
decidido
presentar
este
informe
alternativo.
Porque
alguien
que
ha
presentado
sus
informes
sobre
el
estado
de
la
nación
engañando
a
todos
los
bolivianos
año
tras
año
requiere
una
respuesta.
Es
tarde,
lo
sabemos,
pero
más
vale
tarde
que
nunca.
Pero,
sobre
todo,
ahora
estamos
volviendo
a
amanecer.
Este
informe
lo
demuestra.

7.
7
2. EL
ESTADO
AUTORITARIO
PREBENDAL
El
patrimonialismo
y
el
prebendalismo
no
sólo
han
recuperado
plena
vigencia
en
Bolivia,
sino
que
además
en
los
últimos
doce
años
se
han
imbricado
de
manera
perversa
con
otra
herencia
nefasta
del
MAS:
el
autoritarismo
disfrazado
de
democracia.
Pero
aunque
el
MAS
no
ha
inventado
estos
males,
ha
logrado
perfeccionar
e
imponer
esta
trilogía
perversa,
llevándola
hasta
extremos
a
los
cuales
los
bolivianos
no
estábamos
acostumbrados
en
democracia.
Así,
estas
prácticas
perversas
han
adquirido
una
renovada
vigencia
en
Bolivia,
al
calor
de
la
ambición
de
la
nueva
oligarquía
corporativa
enquistada
en
el
poder
y
a
la
chorrera
de
dólares
que
le
cayeron
del
cielo
al
gobierno,
como
resultado
del
boom
internacional
en
el
precio
de
las
materias
primas.
La
desinstitucionalización
del
estado
boliviano,
el
manejo
absolutamente
discrecional
de
los
miles
de
millones
de
dólares
en
licitaciones
públicas,
la
corrupción
rampante
y
la
administración
totalmente
prebendal
de
más
de
90
mil
empleos
públicos
adicionales
a
los
25
000
con
que
contaba
el
gobierno
en
2005,
son
algunas
muestras
palpables
de
este
nuevo
modelo
político
instaurado
en
el
país
desde
2006.
Como
si
esto
no
fuera
suficientemente
escandaloso,
este
manejo
patrimonial,
prebendal
y
autoritario
de
los
recursos
de
todos
los
bolivianos
ha
servido
para
arrinconar
a
la
sociedad
civil
boliviana,
cooptando
sindicatos,
acosando
ONGs,
intimidando
voces
disidentes,
reprimiendo
indígenas
de
tierras
bajas,
asfixiando
medios
de
prensa
independientes
y
enjuiciando
opositores.
2.1
Derechos
Humanos
Los
derechos
humanos
fueron
uno
de
los
componentes
fuertes
del
discurso
del
gobierno
cuando
llegó
al
poder
en
enero
de
2006.
La
reforma
constitucional
en
esta
materia
tal
vez
sea
el
punto
más
destacable.
Desde
2010
una
serie
de
normas
secundarias,
políticas
y
prácticas
han
provocado
que
hoy
el
balance
resulte
negativo
con
relación
al
ejercicio,
protección
y
vigencia
de
los
derechos
humanos.
Las
dos
principales
entidades
de
protección
de
los
derechos
fundamentales
en
el
país,
la
Defensoría
del
Pueblo
y
el
Tribunal
Constitucional
Plurinacional,
han
dado
muestras
irrefutables
de
su
falta
de
independencia
respecto
al
poder
político.
A
esto
debe
sumarse
la
decisión
gubernamental
unilateral
de
retirar
del
país
a
la
OACNUDH,
que
para
el
tiempo

8.
8
que
vivimos
pudo
haber
sido
la
única
instancia
capaz
de
poner
algún
freno
al
abuso
de
poder
y
de
derechos.
Se
han
aprobado
decenas
de
leyes
con
disposiciones
incompatibles
con
los
estándares
constitucionales
e
internacionales
de
derechos
humanos.
El
nuevo
código
del
sistema
penal
es
solo
una
más
de
esas
normas.
La
sociedad
civil
organizada
y
las
entidades
defensoras
de
derechos
humanos
han
sido
acosadas
en
todo
este
tiempo,
en
la
misma
medida
en
que
lo
han
sido
la
prensa
y
los
periodistas
independientes
críticos
del
gobierno.
Consiguientemente,
las
libertades
de
asociación
y
expresión
viven
hoy
su
peor
momento
en
democracia,
igual
que
los
derechos
políticos
de
quienes
se
oponen
al
MAS,
de
sus
disidentes
y
de
quienes
hacen
pública
su
opinión
y
análisis
de
la
situación
actual.
El
desconocimiento
del
Tribunal
Constitucional
Plurinacional
del
carácter
vinculante
del
referéndum
del
21F,
favoreciendo
los
supuestos
derechos
políticos
de
dos
personas,
en
detrimento
de
los
mismos
derechos
de
la
mayoría
ciudadana,
ha
sido
el
zenit
del
atropello
a
los
derechos
políticos
de
las
bolivianas
y
los
bolivianas.
El
discurso
oficialista
de
los
avances
que
habrían
experimentado
en
estos
años
los
derechos
económicos
y
sociales,
sustentado
en
la
bonanza
económica
o
en
la
reducción
de
la
pobreza,
es
un
discurso
engañoso,
que
se
funda
únicamente
en
datos
económicos,
no
así
en
los
verdaderos
indicadores
que
se
emplean
para
medir
los
avances
y
retrocesos
respecto
a
estos
derechos
en
el
ámbito
del
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos.
De
igual
forma,
el
discurso
sobre
el
avance
de
los
derechos
de
las
minorías
y
de
las
poblaciones
en
situación
de
vulnerabilidad
en
este
proceso
de
cambio,
no
condice
con
hechos
reales
que
afectan
a
estos
grupos,
como
la
reducción
de
la
edad
mínima
para
el
trabajo
a
10
años,
la
negación
–
discriminatoria
–
a
la
población
LGBTI
de
la
totalidad
de
sus
derechos
fundamentales,
la
indolencia
respecto
a
las
personas
con
discapacidad,
o
la
vulneración
de
los
derechos
al
territorio
y
a
la
consulta
previa,
libre
e
informada
contra
muchas
comunidades
indígenas
2.2
Libertad
de
Expresión
Durante
los
últimos
12
años,
el
Gobierno
de
Evo
Morales
ha
desarrollado
una
estrategia
para
controlar
a
los
medios
de
comunicación
basada
en
varios
aspectos,
como
los
siguientes:
asfixia
económica,
presión
indebida
de
Impuestos
Nacionales,
chantaje
en
la
entrega
de
publicidad
estatal,
amenaza
de
no
renovar
las
licencias
de
funcionamiento
a
radios
y
canales,
y
amedrentamiento
verbal
y
amenazas
de
juicios
contra
periodistas
y
propietarios
de
medios.

9.
9
También
el
Gobierno,
como
parte
de
su
interés
de
controlar
a
los
órganos
de
prensa,
decidió
comprar
a
los
más
importantes,
mediante
empresarios
amigos.
El
caso
del
empresario
venezolano
Carlos
Gill
es
uno
de
los
más
conocidos:
gracias
a
su
poder
económico,
compró
las
redes
ATB
y
PAT,
además
de
los
diarios
La
Razón
y
El
Extra,
cuyo
manejo
entregó
luego
a
las
autoridades
a
cambio
de
realizar
otros
negocios
con
el
Estado.
Actualmente
se
puede
decir
que
los
medios
propiamente
independientes
son
muy
pocos
y
entre
ellos
están
los
diarios
de
las
principales
ciudades,
como
Página
Siete,
Los
Tiempos
y
El
Deber,
además
de
la
agencia
de
noticias
ANF
y
un
puñado
de
otros
programas
y
medios.
La
totalidad
de
las
cadenas
de
TV
y
muchas
radios
están
de
alguna
manera
bajo
control
gubernamental.
Ese
90%
de
medios
oficialistas,
especialmente
los
televisivos,
persistieron
durante
2017
en
su
campaña
para
reducir
la
información
política
de
sus
noticieros
y
el
aumento
de
los
espacios
de
crónica
roja,
espectáculos
y
programas
conocidos
como
“TV
basura”.
El
empeoramiento
de
las
libertades
de
expresión
y
de
prensa
ha
sido
reflejado
a
nivel
internacional.
En
2017,
Bolivia
cayó
15
puestos
en
el
ranking
internacional
de
libertad
de
expresión
que
realiza
la
entidad
Freedom
House,
ocupando
ahora
el
lugar
número
111
del
mundo.
En
2016
estaba
en
el
lugar
96
y
en
2015,
en
el
91,
por
lo
que
la
caída
es
constante.
2.3
Justicia
Todos
coincidimos
en
que
la
justicia
boliviana
se
debate
en
una
crisis
profunda,
resultado
de
al
menos
siete
grandes
problemas
y
debilidades:
a) Masiva
retardación
de
justicia.
A
diciembre
de
2016,
más
de
640.000
juicios
penales,
civiles,
comerciales,
familiares,
etc.,
quedaron
en
la
fase
de
inicio
de
investigaciones
o
carentes
de
solución.
Ello
implica
que
más
de
un
millón
de
personas,
incluidas
sus
familias,
quedaron
sin
resolver
los
conflictos
que
les
aquejan.
Una
de
las
causas
de
este
componente
se
encuentra
en
los
defectos
de
la
normativa
procesal
boliviana.
b) Corrupción
funcionaria,
fomentada
por
agentes
dotados
de
poder
económico
y/o
poder
político.
c) Sometimiento
de
los
órganos
judiciales
al
poder
político.
d) Fuertes
debilidades
tecnológicas
e
infraestructurales.
e) Obsolescencia
de
los
sistemas
de
gestión
frente
a
la
creciente
carga
procesal
y
a
los
procedimientos
orales.
f) Notorias
debilidades
en
la
gestión
del
capital
humano
y
en
la
formación
de
jueces,
fiscales,
peritos,
personal
de
apoyo,
etc.

10.
10
g) Severas
restricciones
presupuestarias.
El
presupuesto
del
Órgano
Judicial
no
pasa
del
0,34%
del
Presupuesto
General
del
Estado,
y
el
del
Ministerio
Público
no
llega
ni
al
0,1%.
Severas
restricciones
presupuestarias.
El
presupuesto
del
Órgano
Judicial
no
pasa
del
0,34%
del
Presupuesto
General
del
Estado,
y
el
del
Ministerio
Público
no
llega
ni
al
0,1%.
Si
bien
la
acción
simultánea
y
combinada
de
estos
conjuntos
de
causas
y
factores
tiene
larga
data,
es
también
innegable
que
su
fuerza
y
persistencia
se
intensificaron
en
la
última
década,
durante
el
gobierno
del
MAS,
cuyo
principal
objetivo
fue
el
de
tomar
el
control
de
los
servicios
de
justicia,
antes
que
enfrentar
sus
debilidades
y
defectos.
La
crisis
de
la
justicia,
por
tanto,
responde
a
un
abanico
multidimensional
de
causas.
Por
este
motivo,
se
debería
diseñar
e
implementar
un
Plan
Integral
para
Construir
una
Justicia
Eficiente,
Independiente
y
Plural,
basado
en
siete
líneas
estratégicas
de
acción,
concebidas
para
enfrentar:
a)
la
retardación
de
justicia,
b)
la
corrupción
en
los
servicios
judiciales,
c)
elevar
el
perfil
científico
y
técnico
del
capital
humano
sectorial,
d)
construir
e
implantar
la
independencia
judicial,
incluyendo
un
nuevo
método
de
selección
y
designación
de
las
más
altas
autoridades
judiciales
que
deje
atrás
el
cuoteo
político
e)
corregir
e
innovar
la
base
normativa
de
la
justicia,
f)
elevar
sustancialmente
el
presupuesto
destinado
a
la
justicia
en
el
país,
y
g)
racionalizar
y
desarrollar
las
relaciones,
coordinación
y
cooperación
entre
el
Órgano
Judicial,
el
Ministerio
Público
y
la
Jurisdicción
Indígena-­‐originaria.
El
mencionado
Plan
Integral
se
encuentra
ya
diseñado
en
sus
componentes
centrales
y
está
integrado
por
25
programas
estratégicos
y
119
proyectos
y
actividades,
cuyo
costo
no
podrá
ser
cubierto
si
el
presupuesto
del
Órgano
Judicial
no
se
eleva
hasta
un
nivel
ubicado
entre
el
1.5%
y
el
2%
del
Presupuesto
General
del
Estado
y
el
del
Ministerio
Público
hasta,
al
menos,
el
0,5%
del
mismo
presupuesto,
previa
identificación
de
objetivos
precisos,
metas
mensurables
e
indicadores
reales
de
medición.
2.4
Corrupción
La
corrupción
es
sin
duda
uno
de
los
aspectos
que
más
preocupa
a
la
población
boliviana
con
relación
a
la
gestión
del
actual
gobierno.
Los
frecuentes
escándalos
de
corrupción
protagonizados
por
autoridades
de
diferentes
niveles
de
gobierno
han
tenido
gran
repercusión
mediática,
pero
casi
nunca
han
tenido
un
claro
desenlace
judicial.
El
desfalco
al
fondo
indígena,
el
robo
al
Banco
Unión,
el
controvertido
caso
de
la
expareja
del
Presidente
y
su
relación
con
la
empresa
CAMC
con
más
de
500
millones
de
dólares
de
contratos
con
el
Estado,
la
compra
irregular
de
taladros
en
YPFB,
las
barcazas
chinas,
son
tan
solo
algunos
de
los
casos
de
corrupción
que
han
escandalizado
a
la
opinión
pública.

11.
11
En
un
intento
por
mostrar
acciones
en
contra
del
flagelo
de
la
corrupción,
la
mayoría
masista
en
la
Asamblea
Legislativa
aprobó
en
septiembre
de
2017
la
Ley
974
(Ley
de
Unidades
de
Transparencia
y
Lucha
contra
la
Corrupción),
que
consiste
básicamente
en
instalar
en
las
principales
entidades
públicas
unas
oficinas
dotadas
de
facultades
para
gestionar
denuncias
de
posibles
casos
de
corrupción,
exigir
información
y
documentación
a
los
servidores
públicos,
hacer
seguimiento
a
los
juicios
instaurados
como
resultado
de
las
denuncias
y
más
de
una
decena
de
otras
funciones
parecidas,
repetitivas
y
hasta
líricas
como
“promover
el
desarrollo
de
la
ética
pública
en
las
servidoras,
servidores
y
personal
público”.
Las
“unidades
de
transparencia”
creadas
por
la
mencionada
ley
no
son
muy
diferentes
a
las
unidades
de
auditoría
interna
creadas
por
la
Ley
1178
(Ley
SAFCO)
en
1990,
excepto
en
que
dichas
unidades
no
solo
velan
por
la
licitud
y
transparencia
de
todos
los
actos
de
la
entidad,
sino
también
por
el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales
y
el
uso
eficiente
de
los
recursos
del
Estado.
Desde
que
llegó
al
gobierno
en
el
2006,
el
MAS
ha
generado
varias
leyes
que
–
además
de
la
transparencia
en
la
gestión
pública
–
pregonan
el
Ama
Sua
(no
seas
ladrón),
Ama
Llulla
(no
seas
mentiroso)
y
Ama
Quella
(no
seas
flojo),
trilogía
ancestral
aymara
con
la
cual
han
querido
identificarse
en
su
retórica
oficial.
Entre
dichas
leyes
y
normas
están
la
Ley
004
Marcelo
Quiroga
Santa
Cruz
(febrero
2010),
la
Ley
de
Participación
y
Control
Social
(febrero
2013)
y
la
Ley
de
la
Procuraduría
General
del
Estado
(diciembre
2015).
Dichas
leyes
han
sido
discutidas
y
sancionadas
por
la
Asamblea
Nacional
y
promulgadas
por
el
Presidente
Morales
en
medio
de
bombos
y
platillos
anunciando
que
“ahora
sí”
se
lucha
contra
la
corrupción,
a
diferencia
de
“antes”.
No
obstante,
las
citadas
leyes
forman
parte
de
un
discurso
falaz
y
no
han
sido
implementadas
sino
en
contadas
ocasiones
y
solo
si
se
trataba
de
adversarios
políticos
del
gobierno,
pues
los
casos
de
corrupción
que
han
logrado
salir
a
la
luz
pública
son
cada
vez
más
frecuentes,
grandes
y
escandalosos,
sin
que
la
opinión
pública
conozca
de
sanciones
impuestas
a
los
responsables.
Por
otra
parte
y
en
forma
paralela
a
sus
leyes
“anticorrupción”,
el
gobierno
ha
creado
una
abundante
y
pesada
normativa
de
contrataciones
estatales,
como
el
D.S.
181
(junio
2009),
que
establece
las
Normas
Básicas
del
Sistema
de
Administración
de
Bienes
y
Servicios,
definiendo
diferentes
modalidades
de
contratación,
la
mayoría
de
ellas
peligrosamente
discrecionales.
Antes
de
crear
esa
norma
general
que
abre
las
contrataciones
públicas
a
la
discrecionalidad,
el
Presidente
Evo
Morales
promulgó
el
D.S.
9506
(julio
2007),
que
autoriza
a
YPFB
a
realizar
contrataciones
directas,
luego
el
D.S.
981
(septiembre
2011),
que
autoriza
al
Ministerio
de
la
Presidencia
la
“contratación
directa
de
obras,
bienes
y
servicios
para
los
proyectos
y
programas
ejecutados
por
la
Unidad
de
Proyectos
Especiales
–
UPRE”
y
el
D.S.
1497
(febrero
2013),
que
establece
que
las
Empresas
Públicas
Nacionales
y
Estratégicas
“deberán
realizar
todos
sus
procesos
de

12.
12
contratación
de
bienes
y
servicios
de
manera
directa”.
Morales
también
promulgó
el
D.S.
2294
(marzo
2015),
que
autoriza
a
los
Gobiernos
Autónomos
Municipales
más
grandes,
al
Ministerio
de
Comunicación,
al
Ministerio
de
Desarrollo
Rural
y
Tierras
y
al
Ministerio
de
Medio
Ambiente
y
Agua,
realizar
la
contratación
directa
de
bienes,
obras
y/o
servicios
generales.
Como
se
puede
apreciar,
la
lógica
prevalente
del
Gobierno
es
ejecutar
la
mayor
parte
del
gasto
y
la
inversión
pública
mediante
“contrataciones
directas”,
lo
cual
en
cualquier
país
del
mundo
suele
ser
una
rara
excepción
y
nunca
la
regla,
pues
el
enorme
nivel
de
discrecionalidad
que
una
contratación
directa
implica
abre
de
par
en
par
las
puertas
de
la
corrupción
y
evita
una
sana
competencia
que
pueda
resultar
en
contrataciones
con
proveedores
de
alta
calidad,
seriedad
y
solvencia.
Esto
es
particularmente
peligroso
para
las
contrataciones
de
entidades
que
concentran
el
grueso
de
la
inversión
pública,
como
son
YPFB,
ENDE
y
la
ABC,
las
cuales
son
precisamente
las
que
han
protagonizado
los
más
recientes
escándalos
de
corrupción
y
proyectos
fracasados:
la
compra
irregular
de
tres
taladros
de
perforación;
la
frustrada
contratación
“llave
en
mano”
por
2,200
millones
de
dólares
de
la
planta
de
polipropileno
a
la
misma
empresa
que
había
elaborado
el
pre-­‐diseño
y
los
términos
de
referencia
del
proceso
de
contratación
directa;
el
proyecto
hidroeléctrico
de
Miguillas
de
400
millones
de
dólares
y
la
carretera
San
Buenaventura
–
Ixiamas
de
137
millones
de
dólares,
ambos
proyectos
abandonados
por
la
empresa
española
CORSAN-­‐CORVIAM,
después
de
haber
recibido
más
de
100
millones
de
dólares
en
anticipos
y
haber
firmado
–
antes
de
ser
contratada
por
ENDE
y
ABC
-­‐
un
contrato
privado
con
unos
diligentes
“consultores”,
comprometiéndose
a
pagar
el
3,5%
y
el
5%
por
la
adjudicación
de
dichos
contratos,
como
ha
sido
públicamente
denunciado
por
el
Senador
opositor
Yerko
Nuñez,
con
documentación
en
mano.
Por
si
fuera
poco,
el
Gobierno
no
solo
ha
decretado
que
los
principales
contratos
de
inversión
pública
se
hagan
mediante
contrataciones
directas
y
métodos
discrecionales,
sino
también
ha
decidido
nombrar
a
dedo
a
las
autoridades
de
las
principales
entidades
públicas,
como
las
ya
mencionadas
YPFB,
ENDE
y
ABC,
pese
a
que
la
ley
establece
que
la
Máxima
Autoridad
Ejecutiva
de
dichas
entidades
debe
ser
nombrada
a
partir
de
una
terna
aprobada
por
2/3
dela
Cámara
de
Diputados.
Luego
del
gran
escándalo
en
YPFB
que
terminó
con
la
destitución
de
su
máximo
ejecutivo,
Guillermo
Achá,
el
presidente
Morales
optó
por
violar
la
ley
una
vez
más
y
designar
a
dedo
a
su
sucesor.
El
Presidente
hizo
lo
propio
con
la
ex-­‐presidente
de
ABC,
Noemí
Villegas,
a
quien
destituyó
en
medio
de
un
escándalo
relacionado
con
los
contratos
con
la
contratista
española
CORSAN-­‐CORVIAM,
designando
también
a
dedo
a
su
sucesor.
Si
es
verdad
que
el
Gobierno
busca
transparencia
en
las
contrataciones
estatales,
debería
comenzar
por
nombrar
a
las
autoridades
de
acuerdo
a
Ley
y
adoptar
un
sistema
de
contrataciones
estatales
donde
la
discrecionalidad
y
subjetividad
no
sean
la
norma.

13.
13
La
“Agenda
Patriótica
2025”,
tan
publicitada
por
el
gobierno
como
su
prematura
oferta
electoral
orientada
a
que
la
ciudadanía
acepte
su
inconstitucional
prorrogismo,
además
de
proponer
una
ambiciosa
como
irreal
inversión
pública
en
varios
sectores,
dice
textualmente:
“debemos
tener
claro
que
no
puede
haber
Estado
fuerte
si
no
hay
transparencia,
ética
y
moral
en
la
administración
pública.
Un
estado
con
funcionarios
públicos
corruptos,
oportunistas,
ladrones
y
flojos
es
un
Estado
antipatria”.
La
gran
ironía
es
que
con
el
discrecional
sistema
de
compras
estatales
y
la
arbitrariedad
con
la
que
designa
a
las
máximas
autoridades
de
las
principales
entidades
públicas,
el
gobierno
masista
ha
creado
un
verdadero
Estado
antipatria
por
diseño
y
legalizado
en
la
norma.
2.4
Autonomía
La
Bolivia
autonómica
es
en
la
actualidad
tan
solo
un
buen
propósito
carente
de
contenido.
Conforme
al
desinterés
del
gobierno
en
el
tema,
pues
nunca
creyó
en
las
autonomías
sino
en
la
más
pura
visión
centralista
del
poder
y
del
desarrollo,
la
Ley
Marco
de
Autonomía
y
Descentralización
de
2010
ha
resultado
ser
efectivamente
un
impedimento
para
el
desarrollo
de
las
regiones
y
gobiernos
locales.
El
proceso
se
ha
concentrado
sobre
los
requerimientos
burocráticos
y
normativos,
haciendo
de
la
elaboración
de
Estatutos
y
Cartas
Orgánicas
el
fin
y
no
el
medio.
El
engorroso
marco
también
ha
servido
para
que
no
existan
más
autonomías
indígena
originario
campesinas
y
para
impedir
la
reorganización
territorial
del
Estado:
no
ha
habido
ningún
cambio
de
límites
para
consolidar
los
territorios
indígenas,
ni
un
referendo
por
límites.
Finalmente,
su
proceso
de
Pacto
Fiscal
es
una
farsa,
donde
se
reúne
dos
veces
por
año
a
autoridades
subnacionales
para
revisar
estadísticas
y
normas,
pero
donde
no
hay
la
más
mínima
voluntad
de
cambiar
la
asignación
presupuestaria
de
un
solo
centavo
a
las
autonomías,
a
las
cuales
ya
se
las
ha
perjudicado
confiscándoles
recursos
año
tras
año,
perpetuando
el
régimen
tributario
neoliberal
de
1986
heredado
del
MNR.
Cómo
único
acto
honesto,
ha
eliminado
el
Ministerio
de
Autonomías,
que
no
había
producido
nada
relevante
los
últimos
siete
años,
mostrando
el
estado
en
coma
de
las
autonomías,
estado
en
el
que
deseaban
tener
al
proceso
autonómico.
Para
reconducir
el
proceso,
se
debe
reformar
la
Ley
Marco
de
Autonomías,
detener
la
centralización
de
los
recursos
y
de
las
competencias,
pero
no
será
este
gobierno
quién
lo
haga,
desde
el
centralismo
anti-­‐metropolitano,
anti-­‐indígena
y
anti-­‐regionalista.
2.5
Seguridad
Ciudadana
En
lo
que
respecta
a
la
inseguridad
ciudadana,
lo
poco
que
se
conoce
es
a
través
de
los
medios
de
comunicación,
donde
las
denuncias
que
logran
visibilizarse
son
únicamente
debido
a
su
dramatismo
o
sordidez,
ocultando
la
realidad
de
una
sociedad
impotente
y

14.
14
desprotegida
ante
la
creciente
ola
delictiva.
Por
ello,
no
llama
la
atención
que
en
2014,
de
acuerdo
a
encuestas
de
percepción
(Ipsos,
PADEM
y
LAPOP),
la
inseguridad
ciudadana
ocupaba
los
primeros
lugares
entre
las
mayores
preocupaciones
de
los
ciudadanos,
por
encima
del
desempleo
y
la
corrupción.
Sin
embargo,
el
Gobierno
se
niega
sistemáticamente
a
aceptar
el
dramático
incremento
de
la
delincuencia
en
la
última
década,
y
que
los
delitos
conexos
al
narcotráfico
se
deben
en
gran
medida
a
los
cárteles
de
la
droga
transnacional
que
operan
en
Bolivia.
Si
bien
la
tasa
de
homicidios
por
cada
100,000
habitantes
durante
el
periodo
2005-­‐2015
en
Bolivia
no
fue
la
más
alta
de
los
países
andinos
(ver
gráfico
a
continuación),
Bolivia
fue
uno
de
los
países
de
este
grupo
de
naciones
que
experimentó
el
crecimiento
más
constante.
Según
la
Oficina
de
las
Naciones
Unidas
contra
la
Droga
y
el
Delito
(UNODC)
el
2006
la
tasa
de
homicidios
era
de
6,4.
En
contraste,
en
2012
(el
último
año
del
que
la
UNODC
tiene
datos
para
Bolivia)
la
tasa
llegó
a
12,4,
habiendo
crecido
casi
el
doble
en
un
periodo
de
apenas
seis
años.
Tasa
de
Homicidios
Países
Andinos
por
cada
100,000
habitantes,
2005-­‐2015
Fuente:
En
base
a
datos
de
la
Oficina
de
las
Naciones
Unidas
contra
la
Droga
y
el
Delito
(UNODC)
procesados
por
el
Banco
Mundial,
Indicadores
del
Desarrollo
Mundial
La
inversión
en
seguridad
ciudadana
con
relación
a
la
inversión
pública
ejecutada
total
es
insignificante.
En
2015,
cuando
la
inversión
total
ejecutada
llegó
a
su
máximo
(4,892
millones
de
dólares)
en
seguridad
ciudadana
sólo
se
invirtió
la
suma
de
24
millones
de
dólares,
lo
que
equivale
a
0.049%
de
la
inversión
total
ejecutada.
En
el
siguiente
gráfico
se
0
10
20
30
40
50
60
70
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela

15.
15
observa
el
comportamiento
de
la
inversión
en
seguridad
ciudadana
y
de
la
inversión
pública
ejecutada
total
durante
el
periodo
2007-­‐2015.
Inversión
en
Seguridad
Ciudadana
y
Ejecutada
Total,
2007-­‐2015
(en
millones
de
dólares)
Fuente:
En
base
a
datos
del
VIPFE.
Y
si
bien
el
equipamiento
es
muy
importante
para
un
mejor
trabajo
de
la
Policía,
la
actual
crisis
de
inseguridad
ciudadana
exige
respuestas
mucho
más
integrales
que
las
tradicionales
entregas
de
motos
y
laques
para
la
Policía
en
cada
aniversario
de
la
institución.
En
este
sentido,
la
reforma
policial
sigue
siendo
una
de
las
grandes
tareas
inconclusas
de
los
últimos
30
años.
El
gobierno
del
MAS
tuvo
condiciones
casi
ideales
para
realizar
dicha
reforma:
tiempo,
recursos
económicos,
estabilidad
política
y
apoyo
ciudadano,
pero
no
tuvo
la
visión
estratégica
para
encarar
esta
reforma
crucial
exigida
por
la
sociedad
boliviana.
No
es
pues
una
casualidad
que
la
Policía
Nacional
inevitablemente
salga
ubicada
entre
las
instituciones
con
peor
imagen
ante
la
opinión
pública.
Lamentablemente,
el
MAS
prefirió
mantener
a
la
Policía
como
una
guardia
pretoriana
que
los
proteja
del
descontento
popular,
a
tener
una
policía
al
servicio
de
los
ciudadanos.
La
extrema
politización
que
instauró
el
MAS
para
mantener
el
control
de
la
Policía
Nacional
ha
acabado
erosionando
gravemente
su
institucionalidad,
autoestima
y
profesionalidad.
En
este
sentido,
resulta
algo
irónico
que
a
pesar
de
que
la
Policía
fue
el
pilar
represivo
más
importante
del
gobierno,
éste
privilegió
a
las
Fuerzas
Armadas
tanto
en
salarios,
presupuestos
y
equipo.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Seguridad
Ciudadana
Total
Ejecutada

16.
16
Por
ello
es
que
uno
de
los
cambios
mas
importantes
en
materia
de
seguridad
ciudadana
es
hacer
de
la
Policía
una
institución
dedicada
a
proteger
a
los
ciudadanos
y
no
al
poder
político.
Consecuentemente,
para
mejorar
la
seguridad
ciudadana
de
manera
integral
y
no
solamente
seguir
haciendo
más
de
lo
mismo,
se
deberá
revertir
la
desinstitucionalición
y
politización
que
ha
sufrido
la
Policía
en
estos
12
años,
iniciar
un
proceso
de
nivelación
salarial
entre
la
Policía
y
las
Fuerzas
Armadas,
readecuar
los
criterios
de
selección
del
personal
policial,
iniciar
un
proceso
radical
de
descentralización
del
personal
policial,
adecuar
los
programas
de
estudio
de
la
Policía
a
las
necesidades
de
la
ciudadanía,
quebrar
la
lógica
de
confrontación
con
las
policías
municipales
y
hacer
del
uso
de
métodos
científicos
una
constante
en
el
trabajo
policial.
2.6
Relaciones
Internacionales
En
el
área
internacional,
la
gestión
de
Evo
Morales
se
caracterizó
por
privilegiar
su
agenda
ideológica
y
partidaria
por
encima
de
los
intereses
nacionales.
Esto
nos
ha
llevado
a
perder
grandes
mercados
para
nuestros
productores
y
artesanos,
y
a
un
creciente
aislamiento
y
desprestigio
internacional,
debido
a
la
tozudez
del
Gobierno
en
relacionarse
preferentemente
con
dictaduras
como
la
venezolana
o
la
de
Guinea
Ecuatorial,
en
detrimento
de
otras
naciones
democráticas.
Tampoco
puede
entenderse
la
nula
voluntad
política
del
Gobierno
boliviano
para
mejorar
sus
relaciones
bilaterales
con
países
claves
para
nuestras
exportaciones,
como
ser
Brasil
y
Argentina,
naciones
con
las
que
en
el
corto
plazo
tendremos
que
renegociar
los
contratos
de
exportación
de
gas
natural.
Como
si
esto
no
fuera
suficiente,
estos
países
acogen
a
millones
de
migrantes
bolivianos,
quienes
se
beneficiarían
de
un
mejor
relacionamiento
con
los
gobiernos
de
las
naciones
que
los
acogen.
A
pesar
del
apoyo
interno
que
generó
la
demanda
boliviana
ante
la
Corte
Internacional
de
La
Haya
para
lograr
una
salida
soberana
al
mar,
Evo
Morales
ha
politizado
dicha
gestión
hasta
un
extremo
tal,
que
la
credibilidad
del
Gobierno
para
concluir
esta
demanda
ha
quedado
en
entredicho.
Esta
falta
de
legitimidad
se
ha
visto
empeorada
por
la
decisión
del
Gobierno
de
violar
la
Constitución
para
reelegir
a
Evo
Morales.
La
demanda
marítima
es
una
política
del
Estado
boliviano
y
de
todos
los
ciudadanos
de
este
país,
no
de
un
gobierno.
La
solución
a
nuestro
aislamiento
pasa
por
desideologizar
las
relaciones
internacionales
de
Bolivia
y
vincularnos
nuevamente
con
países
clave
para
nuestros
intereses
nacionales.
Uno
de
los
instrumentos
centrales
para
lograr
esta
reinserción
internacional
es
recuperar

17.
17
una
carrera
diplomática
profesional,
la
cual
fue
destruida
por
el
Gobierno
del
MAS,
como
parte
de
un
proceso
mayor
de
desinstitucionalizacion
del
Estado
boliviano.
3. EL
GRAN
EMBUSTE
SOBRE
LA
ECONOMÍA
La
economía
boliviana
experimentó
entre
el
2006
y
el
2014
el
shock
externo
positivo
más
prolongado
y
significativo
desde
la
fundación
de
la
república.
Dicho
shock
externo
fue
el
resultado
de
un
incremento
sustancial
en
el
precio
internacional
de
nuestras
exportaciones,
lo
cual
trajo
al
país
una
bonanza
sin
precedentes,
la
cual
ha
sido
irresponsablemente
desaprovechada
por
el
gobierno
del
MAS.
Por
si
fuera
poco,
Evo
Morales
y
la
cúpula
oficialista
no
han
escatimado
oportunidades
ni
recursos
públicos
para
desplegar
una
propaganda
que
atribuye
el
espectacular
incremento
en
los
ingresos
fiscales
a
la
“nacionalización
de
los
hidrocarburos”,
medida
dictada
por
el
D.S.
28701
de
mayo
de
2006.
Muy
al
contrario
de
lo
que
pregona
el
gobierno,
la
mayor
parte
de
los
ingresos
fiscales
provenientes
de
la
renta
gasífera,
obtenidos
durante
la
última
década,
se
deriva
de
las
regalías
(existentes
desde
hace
más
de
50
años)
y
del
Impuesto
Directo
a
los
Hidrocarburos
(IDH),
establecido
mediante
la
Ley
3058
de
mayo
de
2005.
Pero
lo
más
importante
es
que
el
aumento
de
los
ingresos
gasíferos
se
debió
de
manera
principal
al
incremento
en
los
precios
de
exportación
del
gas,
como
se
refleja
en
el
siguiente
gráfico:
Composición
de
la
renta
gasífera
Fuente:
“Breve
Análisis
del
Sector
de
Hidrocarburos
en
Bolivia”,
Mauricio
Medinaceli
,
octubre
2016
en
base
a
datos
oficiales
de
YPFB,
SIN
y
Ministerio
de
Energía
e
Hidrocarburos
El
segmento
azul
de
las
barras
del
gráfico
corresponde
a
los
ingresos
atribuibles
a
la
llamada
“nacionalización”,
en
tanto
los
segmentos
rojo
y
verde
corresponden
a
los
ingresos
atribuibles
a
IDH
y
regalías,
ambos
existentes
antes
de
la
llegada
de
Evo
Morales
al
Gobierno.
Una
rápida
mirada
al
gráfico
nos
revela
que
los
ingresos
atribuibles
a
la

18.
18
“nacionalización”
son
un
componente
minoritario,
además
de
estar
destinados
de
manera
exclusiva
a
la
estatal
YPFB
y
no
a
los
ingresos
del
Tesoro
General
de
la
Nación.
3.1
Crecimiento
económico
El
promedio
de
crecimiento
del
PIB
durante
el
periodo
2000-­‐2006
fue
de
3,3%,
comparado
con
un
promedio
de
5,1%
para
el
periodo
2007-­‐2016.
No
obstante,
si
bien
el
crecimiento
promedio
del
PIB
durante
la
década
del
gobierno
del
Presidente
Morales
fue
superior
al
del
periodo
anterior,
el
crecimiento
del
PIB
boliviano
en
la
década
comentada
es
comparable
con
el
crecimiento
económico
que
han
experimentado
los
países
de
la
región
sudamericana,
como
refleja
el
siguiente
gráfico:
Crecimiento
del
PIB
en
Sudamérica:
Fuente:
Elaboración
propia
en
base
a
datos
del
Banco
Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BO
El
promedio
de
crecimiento
de
5.1%
del
PIB
boliviano
entre
2007
y
2016
es
apenas
ligeramente
superior
al
promedio
general
de
la
región
sudamericana
para
el
mismo
periodo,
que
fue
de
4,8%.
El
país
que
menor
crecimiento
tuvo
durante
el
periodo
en
cuestión
fue
Venezuela,
registrando
un
promedio
de
2,1%,
en
tanto
que
el
Perú
tuvo
el
mayor
crecimiento
en
la
región,
registrando
un
promedio
de
5,7%.
Es
interesante
notar
que,
en
términos
generales,
los
países
sudamericanos
que
han
tenido
gobiernos
de
“izquierda”
y
se
han
caracterizado
por
una
intensa
colaboración
política
y
afinidad
ideológica
entre
ellos
en
torno
al
“Socialismo
del
Siglo
XXI”,
(Venezuela,
Ecuador,
Argentina
y
Brasil),
registraron
crecimientos
promedio
menores
a
los
registrados
por
los
países
cuyos
gobiernos
han
tenido
tendencias
más
moderadas
hacia
el
centro-­‐izquierda
y
centro-­‐derecha
política
(Colombia,
Chile,
Perú,
Paraguay
y
Uruguay).

19.
19
Los
datos
anteriores
prueban
que
el
crecimiento
económico
que
ha
experimentado
Bolivia
ha
sido
el
resultado
del
crecimiento
de
los
precios
internacionales
de
sus
exportaciones,
en
mucha
mayor
medida
que
a
consecuencia
de
políticas
económicas
o
sociales
que
haya
aplicado
o
dejado
de
aplicar
el
gobierno.
De
hecho,
la
última
vez
que
Bolivia
experimentó
un
shock
externo
positivo,
en
la
forma
de
un
periodo
prolongado
de
altos
precios
internacionales
para
sus
productos
de
exportación,
fue
en
la
década
de
los
70’s
del
siglo
pasado,
durante
la
dictadura
del
Gral.
Hugo
Banzer.
Durante
los
7
años
(1971
–
1978)
de
la
dictadura
banzerista
el
PIB
creció
en
un
promedio
de
5,5%,
comparado
con
el
5,1%
de
promedio
durante
los
primeros
7
años
de
gobierno
del
Presidente
Evo
Morales
(2007
–
2013).
El
siguiente
gráfico
refleja
el
crecimiento
del
PIB
en
estos
dos
periodos
de
la
historia
económica
boliviana,
tan
diferentes
en
su
concepción
política
–
una
dictadura
militar
de
derecha
y
un
gobierno
‘izquierdista’
que
pregona
“el
socialismo
del
siglo
XXI”:
Crecimiento
del
PIB
durante
los
últimos
dos
shocks
externos:
Fuente:
Elaboración
propia
en
base
a
datos
del
Banco
Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BO
Como
se
puede
observar,
durante
el
banzerato
el
crecimiento
del
PIB
alcanzó
un
8.0%
en
su
segundo
año
(1973),
porcentaje
muy
superior
al
máximo
de
6,7%
experimentado
durante
los
años
de
gobierno
de
Evo
Morales.
Este
gráfico
demuestra
que
el
crecimiento
del
PIB
en
Bolivia,
en
ambos
casos,
ha
tenido
mucho
más
que
ver
con
los
altos
precios
internacionales
de
nuestras
exportaciones,
que
con
las
políticas
económicas
y
sociales
de
ambos
gobiernos.
3.2
“Triplicamos
el
PIB”
¿Será
cierto?
El
gobierno
del
MAS
se
ufana
de
haber
“triplicado
el
PIB”,
confundiendo
a
la
población
al
presentar
el
PIB
nominal
(a
precios
corrientes),
pero
expresándolo
en
dólares
a
un
tipo
de
cambio
artificialmente
sub-­‐valuado,
lo
cual
resulta
en
un
PIB
en
dólares
sustancialmente

20.
20
inflado.
Si
el
gobierno
de
la
UDP
hubiera
utilizado
tan
falaz
método
de
cálculo,
hubiera
podido
ufanarse
de
haber
hecho
crecer
el
PIB
18
veces
entre
1982
y
1985.
Este
engaño
numérico
ha
tenido
para
Evo
Morales
múltiples
beneficios,
pues
lo
ha
hecho
aparecer
falsamente
como
un
estadista
preclaro
que
sacó
a
su
país
y
a
millones
de
bolivianos
de
la
pobreza,
que
el
PIB
per
cápita
subió
de
900
a
más
de
3000
dólares
y
que
la
deuda
externa
es
del
23%
del
PIB.
Algunos
economistas
ortodoxos
podrían
argumentar
que
si
el
tipo
de
cambio,
aunque
subvaluado,
puede
ser
sostenido
por
una
balanza
de
pagos
y
un
nivel
de
reservas
internacionales
adecuado,
el
PIB
expresado
en
dólares
es
ni
más
ni
menos
aquel
que
resulte
de
dividir
el
PIB
en
bolivianos
corrientes
por
el
tipo
de
cambio
vigente.
No
obstante,
este
resultado
nos
da
un
PIB
nominal
en
dólares
bastante
hinchado
con
la
inflación
boliviana.
Indistintamente
del
método
utilizado
para
medir
el
tamaño
del
PIB,
la
realidad
es
que
lo
que
verdaderamente
se
triplicó
fue
le
deuda
pública
boliviana.
3.3
Salud
de
la
economía
En
contraste
con
la
propaganda
oficial,
el
crecimiento
del
PIB
no
refleja
la
construcción
de
una
economía
saludable
y
sostenible.
Mientras
la
economía
real
(que
genera
el
ingreso
de
la
sociedad
mediante
el
valor
agregado,
el
empleo
y
las
exportaciones)
aportaba
el
75%
del
crecimiento
del
PIB
en
2005,
a
junio
de
2016
su
aporte
al
crecimiento
se
ha
reducido
al
44%;
por
el
contrario,
la
economía
rentista
formada
por
los
servicios
financieros,
la
administración
pública,
y
los
impuestos
(sectores
que
no
generan
valor
sino
que
se
nutren
del
ingreso
que
genera
la
economía
real)
contablemente
duplicaron
del
25%
al
56%
su
aporte
al
crecimiento
en
el
mismo
período.
Esta
tendencia
muestra
la
reducción
de
las
actividades
productivas
(cierre
de
empresas)
y
es
la
causa
fundamental
para
que
la
economía
boliviana
pierda
su
capacidad
de
generar
los
puestos
de
trabajo
y
las
oportunidades
de
empleo
productivo
que
permitan
incorporar
dignamente
al
mercado
laboral
a
todas
las
y
los
bolivianos,
obligando
a
los
jóvenes
y
a
la
creciente
masa
de
desempleados
a
la
precariedad
del
“cuentapropismo”.
Por
tanto,
alienta
de
forma
prebendal
la
“parásito-­‐burocracia”
corrupta,
ineficiente
y
profundamente
anti-­‐productiva
y
anti-­‐emprendedora,
mientras
que
cada
año
el
sistema
financiero
capta
rentas
(intereses)
por
más
de
3.000
millones
de
dólares.
3.4
Ingresos
fiscales
e
inversión
pública
El
gobierno
del
MAS
se
benefició
con
un
crecimiento
espectacular
de
los
ingresos
fiscales,
pero
dedicó
sólo
un
21%
a
la
inversión
pública,
destinando
el
79%
a
gastos
corrientes
que
no
han
mejorado
en
nada
los
servicios
de
la
administración
pública.
El
crecimiento
de
los
ingresos
fiscales
no
fue
el
resultado
de
ninguna
de
sus
políticas
económicas
sino
la
consecuencia
del
crecimiento
del
valor
de
las
exportaciones
bolivianas,
las
cuales
a
su
vez

21.
21
se
tradujeron
en
un
incremento
similar
en
el
valor
de
las
importaciones.
Este
significativo
incremento
del
valor
de
nuestro
comercio
exterior
repercutió
de
manera
similar
en
los
ingresos
fiscales
(recaudaciones),
los
cuales
subieron
de
2,000
millones
de
dólares
en
el
2005
a
9,000
millones
el
2014.
Con
un
nivel
sin
precedentes
de
ingresos
fiscales,
el
gobierno
del
MAS
incrementó
sustancialmente
el
gasto
corriente
(sueldos
de
la
administración
pública,
viajes
y
viáticos,
servicios,
propaganda
gubernamental,
cumbres
sociales,
viajes
de
avión
y
helicópteros,
etc.),
pero
solo
incrementó
marginalmente
la
inversión
pública,
como
se
refleja
en
el
siguiente
gráfico:
Comercio
exterior,
recaudaciones
e
inversión
pública
Fuente:
Elaboración
propia
en
base
a
datos
del
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas
Públicas,
UDAPE,
VIPFE
e
INE.
Entre
el
2006
y
el
2016,
el
gobierno
del
MAS
recibió
66,474
millones
de
dólares
de
ingresos
fiscales,
pero
sólo
destinó
29,520
millones
a
la
inversión
pública.
Sin
embargo,
15,575
millones
de
esa
inversión
fueron
financiados
con
crédito
externo,
crédito
interno
y
donaciones,
por
lo
que
tan
solo
13,945
millones
(21%)
de
los
ingresos
fiscales
fueron
destinados
a
la
inversión
pública.
Para
colmo,
durante
el
gobierno
del
MAS
la
prioridad
de
la
inversión
pública
y
la
consiguiente
asignación
de
recursos
se
desplazó
del
sector
social
hacia
el
sector
productivo
irresponsable
e
ineficientemente
gestionado.
En
el
2006
la
inversión
productiva
representaba
el
16%
del
total
y
en
el
2016
esa
participación
subió
al
37%,
concentrada
notablemente
en
hidrocarburos
(YPFB)
con
el
14%
y
en
energía
(ENDE)
con
el
9%
del
total
invertido
entre
el
2006
y
el
2016.
Desde
su
“re-­‐fundación”
en
el
2007,
tanto
YPFB
como
ENDE
han
demostrado
serias
deficiencias
de
gestión
y
capacidad
técnica
en
la
ejecución
de
la
inversión
pública,
además
de
haber
protagonizado
problemas
de

22.
22
falta
de
transparencia
y
escándalos
de
corrupción.
Lo
peor
es
que
los
planes
futuros
del
gobierno
del
MAS
en
su
“Agenda
Patriótica
2025”
apuntan
a
inversiones
productivas
mucho
mayores
-­‐
financiadas
con
mayor
endeudamiento
público
–
pese
a
los
muy
serios
cuestionamientos
sobre
la
pertinencia
y
rentabilidad
de
los
proyectos
productivos.
Por
otro
lado,
el
90%
de
la
inversión
pública
en
infraestructura
va
al
subsector
de
transporte,
del
cual
la
ABC
ha
ejecutado
solo
el
45%
–
equivalente
a
menos
de
3.000
millones
de
dólares
desde
el
2006
y
a
un
promedio
anual
que
no
llega
a
los
600
millones
de
dólares
–
que
es
menos
de
la
tercera
parte
de
los
que
en
repetidas
ocasiones
ha
informado
el
Gobierno.
La
gestión
y
eficiencia
de
la
ABC
dista
mucho
de
lo
que
muestra
la
propaganda
oficial,
puesto
que
la
agencia
vial
ha
fracasado
en
33
proyectos
carreteros
que
terminaron
con
las
obras
abandonadas
y
resolución
de
contratos
por
más
de
1,300
millones
de
dólares.
Por
si
fuera
poco,
a
febrero
de
2017,
la
institución
tenía
una
cartera
de
88
proyectos
por
más
de
5,000
millones
de
dólares
sin
terminar,
algunos
de
los
cuales
se
iniciaron
antes
de
la
fundación
de
la
ABC
el
año
2006.
Pese
a
los
anuncios
del
gobierno,
en
sentido
de
estar
aplicando
políticas
“anti-­‐cíclicas”
con
la
inversión
pública
para
estimular
la
demanda
agregada,
ha
priorizado
las
inversiones
intensivas
en
capital
(energía
e
hidrocarburos)
en
detrimento
de
la
inversión
intensiva
en
mano
de
obra
y
generadora
de
empleo
(inversión
social
y
de
infraestructura).
Por
otro
lado,
pese
a
haberse
aprobado
una
CPE
autonómica
en
2009
y
la
Ley
Marco
de
Autonomías
el
2010,
la
concentración
de
la
inversión
pública
en
el
nivel
central
era
de
43%
en
el
2006
y
llegó
al
82%
en
el
2016.
3.5
Deuda
pública
La
creciente
deuda
externa
que
Bolivia
ha
contraído
en
la
última
década
merece
nuestra
atención.
Sin
embargo,
primero
es
relevante
hacer
una
breve
revisión
de
nuestra
historia.
Durante
el
gobierno
de
Banzer
la
deuda
externa
creció
dramáticamente.
Esta
creciente
acumulación
tenía
los
siguientes
objetivos:
financiar
proyectos
de
infraestructura
(de
los
cuales
algunos
fueron
fallidos,
como
el
intento
de
producir
petróleo
crudo),
y
de
enriquecer
una
pequeña
parte
de
intereses
privados
que
tenían
acceso
al
sector
público.
Este
nivel
alto
de
endeudamiento
externo
causó
grandes
estragos
en
la
economía
boliviana
en
las
siguientes
tres
décadas.
Tras
un
largo
proceso
de
desendeudamiento,
el
cual
inició
en
1985,
finalmente
el
2007
la
Iniciativa
de
Alivio
de
Deuda
Multilateral
perdonó
casi
un
60%
de
la
deuda
y
así
Bolivia
pasó
de
tener
una
deuda
de
4,942
millones
de
dólares
a
2,065
millones
de
dólares.

23.
23
Desde
el
2007,
la
deuda
externa
boliviana
se
multiplicó
por
4.28
veces,
subiendo
a
8,844
millones
de
dólares
al
mes
de
septiembre
de
2017.
Como
porcentaje
del
PIB
la
deuda
externa
mostró
un
incremento
sostenido
a
partir
de
2012,
llegando
a
representar
24%
en
septiembre
de
2017.
A
pesar
de
que
este
nivel
de
endeudamiento
no
es
extremadamente
alto,
lo
que
preocupa
sobremanera
es
el
constante
crecimiento
y
el
destino
de
esta
deuda.
Este
crecimiento
responde
a
la
caída
de
los
precios
de
las
materias
primas
y
a
una
necesidad
del
gobierno
de
mantener
los
mismos
niveles
de
inversión
pública.
Cabe
recalcar
que
el
nivel
de
endeudamiento
que
el
gobierno
está
contrayendo
está
en
función
de
una
expectativa
de
precios
más
altos
de
las
materias
primas
o
un
incremento
de
la
demanda
de
gas
en
un
próximo
futuro.
Sin
embargo,
es
muy
difícil
asegurar
esta
situación.
Los
principales
acreedores
son
los
organismos
financieros
internacionales.
De
los
cuales,
la
mayoría
de
los
créditos
fueron
destinados
a
proyectos
que
sufrieron
escándalos
de
corrupción
y
presentaron
fallas
significativas
poco
después
de
ser
entregados
(las
carreteras
Quiquibey-­‐Yucumo
y
la
doble
vía
La
Paz-­‐Oruro
son
sólo
ejemplos).
En
otras
palabras,
la
deuda
externa
no
es
una
deuda
que
está
dejando
proyectos
de
infraestructura
que
aseguren
desarrollo
y
crecimiento
económico
para
las
futuras
generaciones,
sino
es
una
deuda
que
contraemos
que
se
va
al
agua,
y
que
en
el
futuro
tendremos
que
pagar
con
interes.
Se
estima
que
en
términos
consecionales
se
tendrá
que
pagar
aproximadamente
45
millones
de
dólares
por
año
sólo
en
intereses.
Por
otra
parte
la
deuda
interna,
sin
contar
la
deuda
del
TGN,
llegó
a
4,789
millones
de
dólares
el
2016.
En
resumen,
la
deuda
pública
al
31
de
diciembre
de
2016
alcanzó
los
siguientes
niveles:
Deuda
interna
del
TGN
$
4,321
millones
Deuda
interna
de
otras
entidades
públicas
$
4,789
millones
Sub-­‐
total
deuda
interna
$
9,110
millones
Más:
deuda
externa
$
7,268
millones
TOTAL
DE
LA
DEUDA
PÚBLICA
$16,378
millones
Se
podría
argumentar
que
los
recursos
de
la
deuda
pública
fueron
invertidos
para
generar
un
mejor
futuro
para
los
bolivianos,
al
igual
que
una
familia
que
se
presta
dinero
para
invertir
en
un
buen
negocio,
pero
basta
una
mirada
a
los
proyectos
de
inversión
pública
para
identificar
la
irresponsabilidad,
la
corrupción
y
el
desplifarro
en
la
inversión.
No
obstante,
esta
descomunal
deuda
pública
la
tendremos
que
pagar
los
contribuyentes
bolivianos,
en
particular
los
jóvenes
que
acaban
de
ingresar
al
mercado
laboral
y
los
consumidores
formales
urbanos.
Como
están
las
cosas
y
el
sistema
tributario,
“la
factura
y
los
platos
rotos”
no
la
van
a
pagar
las
corporaciones
privilegiadas
por
el
gobierno
del
MAS
con
el
gasto
público,
como
ser
los
cocaleros
del
Chapare,
quienes
no
contribuyen
con

24.
24
nada
al
erario
nacional
pero
han
recibido
miles
de
millones
de
dólares
en
inversión
y
gasto
público
en
los
últimos
12
años.
4. EL
MODELO
ECONÓMICO
FALLIDO
Junto
a
la
supuesta
“nacionalización
de
los
recursos
naturales”,
el
gobierno
ha
utilizado
su
“Modelo
Económico
Social
Comunitario
Productivo”
para
intentar
atribuirse
los
méritos,
que
no
le
corresponden,
por
los
‘buenos’
indicadores
económicos
y
la
bonanza
vivida
la
última
década.
4.1
Modelo
en
contra-­‐ruta
El
modelo
se
basa
sobre
la
premisa
fundamental
de
que
el
país
tiene
“sectores
estratégicos
generadores
de
excedentes”,
que
son
los
hidrocarburos,
la
minería
y
la
electricidad.
Los
excedentes
producidos
por
dichos
sectores
estratégicos
pasan
-­‐
con
la
intermediación
del
Estado
-­‐
a
los
“sectores
generadores
de
ingreso
y
empleo”,
compuestos
por
la
industria
manufacturera,
la
agricultura,
comercio,
transporte,
construcción,
etc.
En
su
calidad
de
propietario
de
los
sectores
estratégicos,
el
Estado
redistribuye
los
excedentes
entre
dichos
sectores
estratégicos
y
aquellos
sectores
generadores
de
ingresos
y
empleo,
además
de
los
sectores
sociales
más
vulnerables,
con
el
propósito
de
reducir
la
pobreza.
Esta
redistribución
se
logra
mediante
transferencias
condicionales
como
el
Bono
Juancito
Pinto,
el
Renta
Dignidad
y
el
Bono
Juana
Azurduy.
La
redistribución
también
se
logra
mediante
subvenciones
cruzadas
y
políticas
sociales.
Por
su
parte,
la
transferencia
de
excedentes
de
los
sectores
estratégicos
a
los
sectores
generadores
de
ingreso
y
empleo,
llevaría
a
la
industrialización
de
los
sectores
productivos.
Sin
embargo,
la
realidad
es
diametralmente
opuesta
al
discurso,
puesto
que
los
ingresos
operativos
del
conjunto
de
la
empresas
públicas
totalizaron
3,709
millones
de
dólares
entre
el
2011
y
el
2016,
en
tanto
la
inversión
estatal
en
las
empresas
públicas
de
los
“sectores
estratégicos
generadores
de
excedentes”
fue
de
5,704
millones
dólares.
Es
decir,
por
cada
dólar
que
los
sectores
estratégicos
aportaron
al
“Estado
redistribuidor”,
éste
invirtió
un
dólar
y
medio
en
dichos
sectores.
El
medio
dólar
de
diferencia
provino
del
sector
privado,
es
decir,
de
las
empresas
y
los
ciudadanos
bolivianos.
En
otras
palabras,
el
modelo
económico
del
gobierno
del
MAS
está
avanzando
en
contra-­‐ruta
sobre
la
base
de
la
deuda
y
nuestros
impuestos.
4.2
Sectores
generadores
de
excedentes
Pese
a
que
los
recursos
que
han
recibido
del
Estado
son
mayores
a
las
utilidades
que
han
generado,
los
“sectores
estratégicos
generadores
de
excedentes”
se
encuentran
en

25.
25
estado
crítico
luego
de
12
años
de
políticas
erráticas,
voluntaristas
y
desacertadas
del
gobierno
del
MAS.
4.2.1
Hidrocarburos
Desde
2006
a
la
fecha
YPFB
ha
tenido
ocho
Presidentes
Ejecutivos,
lo
cual
refleja
los
tropiezos
que
el
gobierno
enfrenta
en
el
manejo
de
nuestros
hidrocarburos.
Muchos
hechos
de
corrupción
y
ningún
descubrimiento
de
YPFB
como
operador
son
el
resultado
más
llamativo
de
este
periodo,
acentuado
por
los
dos
fracasos
exploratorios
de
YPFB
Petroandina
SAM
(Timboy
y
Lliquimuni).
Dos
certificaciones
de
reservas
en
las
gestiones
2009
y
2013
prueban
que
nuestras
reservas
están
estancadas
en
10
TCF
y
que
la
atracción
de
inversión
privada
en
exploración
es
baja
y
la
estatal
petrolera
fomenta
el
crecimiento
irracional
de
la
producción,
y
en
consecuencia
consume
nuestro
gas
más
rápido
generando
que
campos
importantes
como
San
Alberto
o
Itaú
se
encuentren
en
declinación
y
que
empresas
transnacionales
como
Repsol,
Petrobras
y
Total
sean
fundamentales
para
que
este
barco
no
se
hunda.
En
cuanto
a
la
comercialización,
el
gobierno
no
ha
podido
frenar
la
subvención
y
debido
a
la
bajada
del
precio
internacional
del
petróleo
nuestra
renta
petrolera
en
2017
ha
caído
más
del
65%
respecto
a
2014,
lo
cual
muestra
que
los
más
de
30.000
millones
de
dólares
en
ingresos
fueron
en
mayor
medida
por
efectos
del
precio
y
no
de
la
nacionalización.
Respecto
a
la
“industrialización”,
tenemos
dos
plantas
de
separación
de
líquidos
que
funcionan
con
capacidad
ociosa
y
una
planta
de
Urea
y
Amoniaco
que
ha
registrado
fallas
a
pocos
meses
de
comenzar
la
producción,
ineficiente
en
la
generación
de
valor
debido
a
una
inadecuada
localización
en
Bulo
Bulo
cuando
el
producto
se
vende
al
mercado
brasilero
principalmente.
Asimismo,
el
gobierno
en
doce
años
aun
no
ha
podido
definir
las
competencias
de
los
actores
del
sector
mediante
una
Ley
de
Hidrocarburos
que
reemplace
a
la
Ley
3058
de
2005
obsoleta
en
esta
coyuntura.
Como
consuelo
ha
promulgado
una
Ley
de
Incentivos
que
genera
más
dudas
que
certezas
en
los
inversores
privados
y
en
las
regiones
productoras,
que
solamente
favorece
a
empresas
que
ya
están
en
producción
como
Repsol,
otorgándoles
la
posibilidad
de
extender
sus
contratos
actuales
a
más
de
40
años
y
que
ha
retrasado
la
firma
de
importantes
contratos
de
exploración
que
YPFB
tenía
negociados
desde
2013
como
es
el
caso
de
Astillero
y
San
Telmo.
Cifras
extraordinarias
de
inversión
extranjera
y
renta
petrolera
futura
son
la
manera
en
la
que
el
gobierno
pretende
minimizar
el
retraso
de
la
actividad
petrolera
en
los
últimos
años,
lo
que
no
dice
el
Ministro
es
que
no
todos
los
proyectos
exploratorios
serán
exitosos
y
por
ende
esas
cifras
se
reducirán
hasta
en
un
80%.
Un
mediocre
Foro
de
Países

26.
26
Exportadores
de
Gas
donde
ofrecimos
hasta
el
altiplano
pese
a
no
tener
certeza
sobre
su
potencial
y
donde
se
obtuvo
un
acuerdo
de
cooperación
con
Guinea
Ecuatorial,
país
con
menos
expertise
que
nosotros
son
el
“cherry
sobre
la
torta”,
como
diría
el
Ministro
Sanchez.1
Finalmente,
tres
taladros
chinos
comprados
por
60
millones
de
dólares
que
funcionan
con
fallas
y
otros
tres
que
no
pudo
adjudicarse
a
Tecnimont
y
que
dejó
a
dieciocho
personas
procesadas
por
indicios
de
corrupción
incluido
el
ex
Presidente
Ejecutivo
Guillermo
Achá
fueron
una
muestra
del
mal
manejo
administrativo
de
la
estatal
petrolera,
que
además
incrementó
el
salario
de
sus
trabajadores
en
250%
en
los
últimos
10
años
e
incrementó
10
veces
su
planilla
de
trabajadores,
la
mayoría
a
contrato
de
plazo
fijo
y
sin
goce
de
vacaciones.
4.2.2
Energía
El
plan
de
reelección
perpetua,
denominado
Agenda
2025
(o
¿patriótica?)
revela
su
carácter
regresivo,
anacrónico
y
depredador
en
su
sección
dedicada
a
energía
e
hidrocarburos,
tanto
como
en
los
planes
acompañantes
contenidos
en
el
PGDES
2015
a
2020.
De
todo
su
contenido
puede
rescatarse
el
objetivo
de
transformar
la
matriz
eléctrica,
desplazándola
de
su
actual
70%
quema
de
combustibles
fósiles
vs
30%
hidro,
mediante
la
construcción
de
pequeñas
y
medianas
generadoras
que
ya
deberían
estar
concluidas,
para
poder
reemplazar
las
termoeléctricas.
En
contraste,
los
27.000
millones
de
dólares
asignados
a
mega-­‐hidroeléctricas
(Chepete,
Rositas,
Cachuela
Esperanza)
para
exportar
electricidad
en
casi
todos
los
casos,
representan
el
mayor
riesgo
afrontado
por
nuestro
país,
en
toda
su
historia,
de
adquirir
una
deuda
gigantesca
(el
doble
o
más
del
doble
de
lo
proyectado,
como
enseña
la
experiencia
de
construir
mega-­‐represas
en
el
mundo
y
cualquier
obra
pública
en
Bolivia)
y
con
ella
una
dependencia
financiera,
económica
y
política
asfixiantes;
todo
para
supuestamente
vender
una
electricidad
a
precios
ínfimos
e
incluso
subvencionados,
porque
ninguna
de
estas
obras
ha
sido
pactada
con
los
posibles
compradores.
Además
de
esa
catástrofe
y
por
encima
de
ella,
la
construcción
de
estas
obras
que
solo
significan
beneficios
para
los
financiadores,
empresas
constructoras
y
burocracia
corrupta
que
las
negocia,
significa
daños
letales
sobre
las
dos
mayores
cuencas
que
son
las
de
los
ríos
Beni
(Chepete-­‐Bala)
y
Mamoré
(Rositas
al
afectar
al
río
Grande)
y
sobre
una
1
Energy
Press
Nro
880
-­‐
Enero
2018