Este documento resume el informe de la representación docente en la Junta de Disciplina del Consejo Provincial de Educación de Neuquén durante el período 2010-2014. Detalla las dificultades que enfrentaron, como falta de recursos, expedientes incompletos y prescriptos. También explica sus criterios de trabajo basados en principios sindicales y la falta de apoyo de la organización sindical. Finalmente, informa que en promedio se trataron 16 sumarios por mes durante el período.
4.5 REDUCCIÓN CONTINÚA DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.pptx
Informe y memoria junta de disciplina
1. CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Provincia del Neuquén
JUNTA DE DISCIPLINA DOCENTE
REPRESENTACIÓN GREMIAL
INFORME Y MEMORIA
MANDATO CUMPLIDO: 10 DE FEBRERO DE 2010 - 10
DE FEBRERO DE 2014
COMPAÑERAS: -CRISTINA TRILLO –hasta marzo/13 – JULIA
QUISPE –desde marzo/13 hasta febrero/14
-VERONICA CRISTINA ALARCON
-EDY MABEL SALAZAR
JUICIO Y CASTIGO
A LOS RESPONSABLES DEL FUSILAMIENTO DEL COMPAÑERO
CARLOS FUENTEALBA
EN DEFENSA DE LA LEY 242
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2. JUNTA DE DISCIPLINA – REPRESENTACIÓN DOCENTE
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:
• En noviembre de 2009 se realizaron las Elecciones para renovar los cargos de
representación docente en las vocalías y juntas del CPE.
• En la Junta de Disciplina obtuvimos el 82% de los votos emitidos sobre un
padrón de 14.000 votantes. Con estos porcentajes asumimos en febrero de
2010, mediante Resolución 065/10, las compañeras Cristina Trillo por la
Modalidad Adultos, Verónica Cristina Alarcón por el Nivel Medio y Técnica y
Edy Mabel Salazar por Nivel Primario, Inicial y Especial; constituyéndonos
como MAYORIA.
• En el mes de marzo de 2013, la compañera Trillo renuncia al cargo por
cuestiones de estudio asumiendo su suplente, la compañera Julia Quispe
quien actualmente continúa en el cargo, viajando desde la localidad de
Senillosa.
• Los representantes gremiales de la Junta saliente nos hacen entrega de
documentación y nos explican sobre la metodología de trabajo que habían
adoptado y la normativa en general que se debía tener en cuenta en el
tratamiento de expedientes, esto es: Estatuto del Docente, Ley 14473;
Reglamento de Sumarios: Decreto 2772/92; Decreto 350 sobre Abandono de
Cargo; Ley 1811; Ley de Procedimientos Administrativos 1284 y todas las
resoluciones que contemplan la suspensión de plazos administrativos en todas
las dependencias del CPE.
• Decidimos sesionar los días viernes en horario administrativo dado que las
Vocales Alarcón y Salazar debíamos viajar desde Zapala y como no existe
licencia en el cargo de base para esta función, consideramos que era lo más
apropiado.
• Es menester explicitar que dentro del CPE la Junta no tenía ni tiene un espacio
físico fijo para sesionar. En el momento de nuestra asunción no se contaba con
ningún elemento informático funcionando que permitiera realizar una tarea ágil
y operativa, lo que nos obligaba a escribir en forma manual tanto los
dictámenes como diversas notas que debíamos enviar a otros sectores, y/o
pedir prestado a otros, tanto las computadoras como las impresoras. Esto
demandaba mucho tiempo y entorpecía el normal recorrido de los expedientes.
Además de lo expresado también debemos decir que no estábamos
conectados al sistema informático interno del CPE, lo que impedía el
seguimiento de expedientes o la llegada de los mismos a la Junta.
• Luego de un año y medio de constantes solicitudes y gestiones logramos
que habilitaran una PC para trabajar y que nos incorporaran al sistema
informático del CPE. Esto agilizó la tarea y nos permitió acelerar la
emisión de dictámenes.
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3. • También logramos, luego de muchas y fuertes discusiones –algunas
memorables en el pasillo del 2do. piso- que las autoridades del CPE
respetaran el espacio del Salón de Sesiones del Cuerpo, como lugar de
trabajo de la Junta de Disciplina los días viernes. Cabe mencionar que
esta situación fue muy desgastante y frustrante dado que fueron muchos
los viernes en que llegábamos al lugar y nos teníamos que retirar o
directamente no podíamos ni siquiera comenzar a sesionar porque algún
funcionario había decidido hacer una reunión el mismo día , en el mismo
lugar y horario.
• No logramos ser incorporados al organigrama del CPE a pesar de haber
realizado múltiples solicitudes y por todos los medios a nuestro alcance.
En consecuencia en la página del Consejo no se visualiza la Junta de
Disciplina Docente. Será tarea de la nueva gestión de representación
hacer que se incorpore este órgano colegiado a dicho organigrama,
atendiendo a que es un cuerpo estatutario y de suma importancia para
cada trabajador/a dado que si este órgano colegiado no funciona, no se
completa el circuito administrativo que todo expediente de sumario
requiere para su finalización.
• En cuanto al tratamiento de expedientes debemos tomar dos aspectos: 1-
Criterios de trabajo y de emisión de dictámenes y 2- dificultades para
tratamiento de expedientes:
1.- Respecto a los criterios de trabajo y emisión de dictámenes:
-Debemos expresar que tuvimos en cuenta la normativa antes descripta y los
principios sindicales aprendidos en la militancia. Lamentamos que en las últimas
tres gestiones de la organización – Guagliardo 2010, Papalardo 2011 y 2012 y
Huth 2013- el sindicato no se haya ocupado de observar, hacer observar,
acompañar y/o poner a discusión de las asambleas los criterios pertinentes y
lógicos que deben tenerse en cuenta al momento de firmar un dictamen, que a
veces implica sanción para algún/a trabajador/a de la educación.
-Tampoco fuimos acompañadas y/o asesoradas por los/as Abogados/as del
Sindicato y muchas veces no tuvimos información antelación sobre si un
compañero/a era asesorado/a por ellos/as, lo que nos generaba contradicciones
en las decisiones tomadas.
- Sí pudimos compartir dudas e inquietudes con la Vocalía Gremial, en particular
Media, quienes nos escucharon y nos brindaron alguna salida para los temas
delicados, como así también trabajamos en la definición de acuerdos, que luego
fueron apoyados con fundamento en las sesiones del Cuerpo Colegiado, teniendo
presente la defensa de quien/es se encontraba/n en situación de sumario y no
había mérito para tal acción o la posible sanción a quien se le había probado
alguna falta grave.
-Esta circunstancia de falta de apoyo institucional de la organización fue
transitada teniendo en cuenta las propuestas de la campaña electoral, tratando de
mantener dos principios, - aprobados por la organización en el año 1995, por
iniciativa de la Vocalía Gremial que oportunamente ocupara el compañero Pedro
Vanrell, durante el primer mandato de la compañera María Eugenia Figueroa, si la
memoria no nos falla -: no defender a quienes se les pruebe abusos y no
defender a quienes se les pruebe malversación de fondos.
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4. -Hasta la fecha desconocemos si en la organización se ha realizado algún planteo
de discusión a nivel asambleas y plenarios que permita a los representantes
gremiales de la Junta de Disciplina en el CPE disponer de un marco político
sindical que avale las decisiones que se toman. Esto es muy delicado puesto que
el Ejecutivo siempre tiende a sancionar y/o castigar a los/as trabajadores/as de la
educación y termina siendo responsabilidad sólo de las vocales la decisión
tomada corriendo el riesgo de que alguna representación tome decisiones
personales en lugar de mantener principios sindicales en representación del
conjunto.
-La designación de los dos representantes del ejecutivo no siempre conlleva
compartir criterios comunes para sacar dictámenes por unanimidad y como
ejemplo vale decir que desde el mes de noviembre/13, el reemplazo de una
integrante de ese sector hizo que casi todos los expedientes salgan con dictamen
dividido, uno por mayoría y otro por minoría con el argumento de que tienen
bajada de línea para decidir sanciones fuertes en casi todos los casos tratados a
la fecha. Esta situación puede entorpecer la decisión que se tome en la Sesión del
Cuerpo Colegiado, ya que si bien los dictámenes de la Junta de Disciplina no son
vinculantes desde el punto de vista legal administrativo, en esta gestión
procuramos argumentar tanto política como administrativamente de manera
tal que logramos que incluso el oficialismo tuviera en cuenta los
considerandos de nuestros dictámenes para tomar resolución. Esto lo
consideramos positivo ya que se logró que nuestras definiciones como
Junta fueran vinculantes en términos políticos, disputándole a los abogados
del CPE la prerrogativa en la resolución final.
-Por lo expuesto es que consideramos que si el sindicato en su conjunto no
determina un marco político de acción en estos espacios, los/as trabajadores/as
de la educación estamos a merced de decisiones del ejecutivo si los
representantes gremiales no están suficientemente formados y sostenidos en su
función. No se debe esperar que las decisiones en estos ámbitos recaigan en la
memoria y el sentido común de quien representa.
2.- Respecto a dificultades para tratamiento de expedientes:
- En muchas oportunidades recibimos expedientes prescriptos o a punto de
prescribir, lo que nos obligó a tratarlos prioritariamente para evitar que a esta Junta se
le prescriban. Esta situación fue dada a conocer en varias oportunidades al Cuerpo
Colegiado para que tomara las medidas pertinentes. No obtuvimos resultados
positivos.
- Recibimos expedientes incompletos o con errores de tramitación, lo cual impedía
el tratamiento porque no se encuadraban en la reglamentación vigente que permite
legalidad y legitimidad a los mismos. Debíamos devolverlos y esto también producía
retrasos cercanos a la prescripción.
-Consideramos y hemos comprobado que las razones que provocan estas
dificultades tienen diversos orígenes, entre ellos:
a.- Falta de personal y recursos en la Dirección de Sumarios para agilizar los
diferentes trámites.
b.- Falta de preparación en los diversos sectores por los cuales transitan los distintos
expedientes.
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c.- Escasa o nada de responsabilidad de quienes conducen sectores de decisión en
los distintos sumarios que se tramitan, como ser: las direcciones de los diferentes
niveles que son quienes deben fundamentar sanciones o faltas de mérito y deben
procurar la agilización administrativa de los distintos expedientes.
d.- Abundancia de ignorancia, inoperancia, falta de conocimiento en normativa, etc.
e.- Decisiones de frenar la prosecución de los distintos trámites sumariales porque
quienes están implicados/as tienen algún contacto o afinidad con algún sector o
persona que ocupa cargo de funcionario, esto se da tanto en las direcciones de nivel
o incluso asesoría legal del consejo, cuestión que se puede visualizar si se ingresa al
sistema de expedientes, se observa el recorrido y el tiempo que los mismos
permanecen en esas oficinas.
-Las consecuencias que estas dificultades acarrean son múltiples:
a.- Al prescribir un sumario donde está implicado/a algún/a trabajador/a de la
educación, éste se queda sin respuesta y el entorno lo mira con sospecha ya que
está instalado en la comunidad que el sumario en sí ya es algo así como una sanción
o castigo sin tener en cuenta que un trámite sumarial es una investigación. Este
incumplimiento agregado al prejuicio, provoca que las situaciones conflictivas de las
distintas instituciones no se resuelvan y en muchos casos terminan enfermando a la
institución e impidiendo que cada integrante recupere la libertad de trabajo y la
confianza en el mismo.
b.- En el caso de los Abandonos de Cargo comprobados donde los expedientes
prescriben, y cuya sanción explícita es la Cesantía, se da por ej. que docentes que
se van de la provincia y no presentan la correspondiente renuncia dejan el/los cargos
y/u horas virtualmente ocupados por ende no pueden ser concursados y la única
manera de liberarlos, al menos hasta hoy, es generando un sumario por abandono. Si
el sumario prescribe, pueden pasar años donde esos lugares de trabajo son
ocupados por suplentes.
c.- En el caso de expedientes que investigan abusos y prescriben, las víctimas
quedan sin respuesta. A veces con el agravante de que quien produjo el daño vuelve
a la misma institución y agrava el cuadro.
d.- Con respecto a los expedientes de naturaleza económica ocurre que hay casos
donde no hubo ninguna malversación ya que la investigación informa que por ejemplo
el techo está en malas condiciones y se llueve el edificio, en consecuencia la
documentación se daña de forma irreparable pero el Tribunal de Cuentas y el CPE
consideran que el/la docente es responsable de no haber protegido esa información,
cuando los responsables del estado de los edificios son el CPE y el Gobierno
Provincial.
e.- Otros expedientes tratan también cuestiones económicas con acusación de
malversación de fondos, lo que en general se da en los distritos y con algunos/as
directivos/as, donde sí se puede comprobar que al menos hubo irregularidades pero
el hecho de la prescripción impide que exista sanción alguna para estos responsables
o irresponsables. Como cierre queda la impunidad para estos casos y personas.
Tampoco se visualiza un control conciente de los responsables del área económica
de los distintos distritos. Hasta aquí algunas de las cuestiones que en este aspecto
hemos podido visualizar en estos cuatro años de gestión.
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6. • Uno de los aspectos que queremos informar es que desde febrero de 2010 a
la fecha se han firmado ya sea por mayoría del ejecutivo o por unanimidad, un
promedio de entre 3 y 4 sumarios administrativos por sesión. Se realizan
aproximadamente 4 sesiones mensuales, esto nos da un promedio de 16
sumarios al mes. ¿Cuántos inicios de sumarios se han firmado en 4 años?
• En la Junta de Disciplina hemos dictaminado por año un promedio de 35 a 40
sumarios ¿y el resto? Esta cuestión la comenzamos a visualizar en el año
2012 cuando solicitamos al Cro. Raúl Rivarola, Vocal Gremial Rama Media,
Técnica y Superior para que gestionara ante el cuerpo colegiado dado que
veíamos ausencia de expedientes o expedientes prescriptos; quien hizo las
presentaciones correspondientes en las distintas sesiones que se realizaron.
• También gestionamos ante la Vocal por el Ejecutivo Sra. Maritza Mortada,
quien se comprometió a tramitar para resolver la situación. Realizamos
presentaciones por escrito con reclamo del mismo tenor, asistimos en 2
oportunidades a sesiones del cuerpo colegiado para denunciar y exigir que
esta irregularidad sea subsanada. En la última oportunidad ingresamos a la
sesión por imperio del Vocal Gremial y además de reclamar por la falta de
expedientes explicando todo lo antes dicho, también dejamos sentado en
acta de sesión que nuestra demanda no se comparaba con los dichos
del gobernador Sapag cuando el año pasado nos intimaba con sumarios
por hacer paros. Obviamente no pudimos volver a participar de otras
sesiones.
• Llegamos a junio de 2013 y en la Junta de Disciplina nos quedamos casi sin
expedientes para tratar. Esta situación duró 3 meses aprox.. Durante este
período continuamos asistiendo y reclamando hasta que en agosto comenzó
nuevamente el recorrido de los trámites administrativos.
• En diciembre de 2013 hemos recibido un promedio de 6 a 7 expedientes por
sesión, de los cuales el 80% está prescripto o con plazos muy mínimos. Se dio
ni más ni menos lo que habíamos advertido en el 2012 y 2013.
• Con respecto al tratamiento de sumarios donde se aplica el Decreto 350,
hemos manifestado en forma verbal la necesidad de revisar esta normativa
originada en la dictadura ya que su aplicación resuelve un caso como el del
punto 2b, pero perjudica a muchos/as trabajadores/as cuando no pueden
justificar su ausencia.
• Hemos podido comprobar que muchos casos de abandono se producen por
cuestiones de violencia de género, difícil de probar ya que los/as
sumariados/as no se defienden y no cuentan con asesoramiento de ninguna
naturaleza; o cuestiones de salud graves –cáncer, adicciones, trastornos
psicológicos, etc.. Estas situaciones no están contempladas en ninguna
normativa y los/as sumariados/as sufren abandono de parte del empleador y
también de las instituciones, pero sin embargo los encuadran en la figura de
Abandono de Cargo con la intención de aplicar Cesantía. Consideramos que
estas cuestiones deben ser miradas con mucha atención ya que es complejo y
en general los sumariantes no abordan las razones del comportamiento del
sumariado.
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Tampoco tienen en cuenta el desempeño profesional, avalado por los conceptos
anuales de cada docente por ejemplo. Con esto queremos explicitar que las
causas que ameritaban la aplicación del decreto 350 en su origen no son las que
en la actual sociedad se producen, dado que aparecen múltiples situaciones de
vida que a veces padecen nuestros/as compañeros/as y que impiden el normal
desarrollo de sus actividades.
• Consideraciones generales
.- En este informe y memoria queremos dejar sentado que cuando hablamos de
plazos, estamos convencidas que existe una decisión política en cuanto a que
prescriban determinados expedientes. Como ejemplo podemos citar el caso Napi
y otros, cuya razón para iniciar sumario fue su accionar a favor de las fuerzas
armadas funcionando como colaborador de servicios de inteligencia. Este
expediente estuvo a un paso de prescribir. Llegó a la junta con poco plazo de
tratamiento y dictaminamos el día 2 de agosto de 2013, era viernes. El lunes 5 de
agosto, el gobernador emitió el decreto de exoneración usando los mismos
considerandos que nosotras habíamos escrito en el dictamen. Esto demuestra que
cuando quieren resolver lo hacen sin dificultad.
Como contrapartida también podemos contar que en dos casos publicados
en los medios sobre exoneración y cesantía de docentes por falsificación de
certificado y por incompatibilidad – 58 horas en total entre CPE y Facultad-,
cuyos dictámenes de la junta se habían emitido entre julio y agosto de 2012,
el gobernador emitió los decretos correspondientes un año después.
Entonces decimos que la tramitación de expedientes es ágil cuando le importa
políticamente al ejecutivo y siempre y cuando puedan tener algún rédito, de lo
contrario los expedientes duermen y prescriben.
• En cuanto a la tarea con otros/as compañeros/as en lugares de
representación debemos manifestar que con algunos/as de ellos/as hubo
quiebres. En este sentido no podemos dejar pasar la actitud de Marisabel
Granda cuando en el año 2012 tomó la infeliz decisión de escribir al
ejecutivo en contra de la Junta de Disciplina acusándonos a las gremiales
de ser negligentes y dejar prescribir los expedientes. Debemos recordar
que supuestamente ella también estaba en un espacio gremial, al que hoy
vuelve seguramente. La información que puso de manifiesto no la obtuvo
de nosotras y además tergiversó datos en cuanto a las fechas de
recepción de expedientes y emisión de dictamen. También hizo intervenir
a una organización feminista integrada por militantes de ATEN, para
denunciarnos mediante notas dirigidas al ejecutivo. Esta actitud,
consideramos, antisindical debió ser tratada en el ámbito que
correspondía y confirmando si la información era veraz, en cambio ella y
otros que continuaran en el CPE como representantes con una reválida a
través de la última elección, actuaron sin ética privilegiando el diálogo
con representantes del ejecutivo en lugar de hablar, discutir o pedir
información a las gremiales.
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8. • Es menester informar a todos/as los/as compañeros/as que la asignación
salarial por esta función está establecida en 400 puntos, sin reconocimiento del
ítem antigüedad.
La antigüedad docente es un doble requisito estatutario para ser candidato a
representar en estos espacios, ya que se pide antigüedad en la docencia y
antigüedad como titular en el cargo y nivel que se trate.
Hemos realizado los reclamos pertinentes desde el momento de la asunción y
al día de la fecha no ha sido reconocido este derecho que es estatutario puesto
que la Junta de Disciplina también es estatutaria. Es nuestra decisión continuar
reclamando este haber ya que consideramos que los 400 puntos mensuales
que nos han abonado son en negro.
Insistimos en solicitar que la organización debe ocuparse de la formación
de cada compañero/a para que se conozcan los derechos y obligaciones
y para que quienes llegan a la instancia de un sumario tengan
herramientas para defenderse porque de esa forma, quienes
representamos tenemos elementos para defender.
También agregamos que muchas veces se inician sumarios que no tienen
sentido puesto que el conflicto debería ser resuelto en la institución con
la intervención de los supervisores/as.
Esperamos que este informe y memoria sea un aporte positivo para toda
la organización y que quienes detentan cargos de conducción pongan
también la mirada en aquellas situaciones cotidianas que no son tan
visibles en el sistema.
Para nosotras ejercer esta función fue un gran privilegio ya que pudimos
aprender y defender hasta donde pudimos a quienes estaban en una
situación sumarial. Lo tomamos con absoluta responsabilidad y
esperamos que nuestra gestión haya sido satisfactoria para el conjunto
de los/las compañeros/as, aún cuando el lugar que nos tocó ocupar no es
de los más placenteros dado las decisiones que se deben tomar en ese
espacio.
DEFENDAMOS LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA
PARA EL BENEFICIO DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES/AS DE LA
EDUCACIÓN.
7 de febrero de 2014
JULIA QUISPE VERONICA ALARCON EDY SALAZAR
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