Se presenta una denuncia de juicio político contra el magistrado presidente y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducta negligente durante la calificación de la elección presidencial de 2012, en un contexto de reformas para regular el financiamiento y la imparcialidad electoral. La denuncia argumenta que se declaró válidos actos electorales a pesar de irregularidades, lo que afecta la confianza del público en las instituciones electorales. Se citan artículos constitucionales y legales para fundamentar la solicitud y se busca generar un nuevo modelo de competencia electoral en México.

1. ASUNTO: Denuncia de Juicio
Político en contra del Magistrado
Presidente y los Magistrados del
tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
SECRETARÍA GENERAL DE
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.
RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJÍA BERDEJA, JOSÉ SOTO MARTÍNEZ,
NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ, AÍDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ, JUAN
LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ, MARTHA
BEATRIZ CORDOBA BERNAL, JOSÉ LUIS VALLE MAGAÑA, ZULEYMA HUIDOBRO
GONZÁLEZ, MERILYN GÓMEZ POZOS, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, LUISA
MARÍA ALCALDE LUJÁN, JUAN IGNACIO SAMÉRIO MONTAÑO, VICTOR MANUEL
JORRIN LOZANO Y JOSE ANTONIO HURTADO GALLEGOS por propio derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la
Calle de General Prim, número 70, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc,
en esta Ciudad Capital, autorizando para oír y recibir toda clase de notificaciones a los
CC. Licenciados en Derecho JESUS GONZALEZ SCHMAL, FRANCISCO ESTRADA
CORREA, NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, JOSÉ ARTURO SALDIVAR CEJUDO y GRACIELA
OLMEDO TERROBA, con el mismo domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones. Ante Usted con el debido respeto
EXPONEMOS:
Que por propio derecho y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 5o, 6o, 7o,
8o, 9o y del 10 al 24 de de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos. Nos presentamos ante este H. órgano legislativo a efecto de interponer
formalmente denuncia de JUICIO POLÍTICO, en contra de las conductas, actos u
omisiones y en contra del (los) servidor (es) público (s) que a continuación se
enuncian
Magistrado Presidente y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación:
Magistrado Presidente:
 José Alejandro Luna Ramos
Magistrados de la Sala Superior:
1

2.  María del Carmen Alanís Figueroa
 Manuel González Oropeza
 Salvador Olimpo Nava Gomar
 Flavio Galván Rivera
 Constancio Carrasco Daza
 Pedro Esteban Penagos López
ACTO QUE SE IMPUGNA: Su conducta negligente y parcial durante el periodo de
instrucción del Juicio de Inconformidad por Invalidez de la Elección de Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuesto por la Coalición
“Movimiento Progresista”, identificado con el número de expediente SUP-JIN-
359/2012, así como su fallo al citado juicio. Y, derivado de lo anterior, la
declaración de validez que hicieron ellos mismos de la elección del 1 de julio de
2012, así como la declaración del C. ENRIQUE PEÑA NIETO como Presidente
Electo de los Estados Unidos Mexicanos para el período 2012-2018.
Lo anterior lo fundamentamos en los siguientes:
I. HECHOS
PRIMERO.- El día 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122;
adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo el 14 de enero de 2008 en el
Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se expide el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ley secundaria en donde se
reguló los preceptos constitucionales antes citados.
En la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma constitucional del citado
Decreto, tuvo la intención de prevenir y castigar el abuso en los medios de
comunicación así como del excesivo gasto en las campañas electorales,
señalando al respecto lo siguiente:
(…)
Los propósitos detallados de las propuestas contenidas en esta Iniciativa se
explicitan más adelante. Sin embargo, conviene destacar los objetivos rectores
que la animan y permiten considerarla como una propuesta de enorme
trascendencia para avanzar en la tercera generación de reformas de nuestro
Sistema Electoral.
El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas
electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento
público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en
que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en
las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H.
Congreso de la Unión.
2

3. Una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades
ordinarias de los partidos políticos hará posible que no siga creciendo, como ha
sido hasta ahora, con motivo del incremento en el número de partidos políticos
nacionales. La forma propuesta permite claridad y transparencia sobre el costo
que el sistema de partidos, es decir una parte fundamental del sistema
democrático, implica para la sociedad.
Para decirlo de manera clara y sencilla: con la nueva forma de cálculo propuesta
por esta Iniciativa, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales
supone que cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos
con 40 centavos.
Pero, además, se proponen límites mucho menores a los hoy vigentes para el
financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos, lo que, de
aprobarse, se reflejaría en una reducción de más del 85 por ciento en el monto
absoluto que cada partido podría recibir anualmente por esos conceptos.
La Iniciativa avanza en la atención directa de un aspecto que preocupa a la
sociedad y a todos los partidos políticos: el riesgo de que intereses ilegales o
ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el
curso de las campañas electorales.
En consonancia con la reducción al financiamiento de campañas, y para atender
un justificado reclamo de la sociedad, se propone establecer que la campaña
presidencial acorte su duración actual en casi la mitad, de 186 días a 90 días,
plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese
mismo año; para las elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la
Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.
En materia de acceso a los medios de comunicación, la Iniciativa deja establecida
la base para que el Constituyente Permanente, en uso pleno de su Soberanía,
determine lo conducente.
Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las
autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han
enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería
fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda,
mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa
propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales
contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal
Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Fortalecer la autonomía del Instituto Federal Electoral es propósito directo y
central de esta Iniciativa. Como lo es también en lo que hace al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
En esa dirección, proponemos hacer realidad una propuesta que hace años
merece consenso pero que diversas circunstancias había hecho imposible de
concretar: la renovación escalonada de consejeros electorales y de magistrados
electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado positivos resultados en
otros órganos públicos colegiados, estamos seguros que dará resultados
igualmente positivos para las dos instituciones pilares de nuestro sistema
electoral.
3

4. El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de
importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en
las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de
comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a
que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las
campañas electorales como en periodos no electorales.
Quienes suscribimos la presente Iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y
poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos,
que atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra
el interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las
relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario
que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una
conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.
Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para
las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar como justificación
o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una garantía
individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la
Constitución; son las personas, los ciudadanos, a los que la Constitución protege
frente a eventuales abusos del poder público.
Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas
que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido
político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder
para promover ambiciones personales de índole política.
La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos
grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y
abuso de los medios de comunicación.
Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales,
propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la
Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.
En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos:
 En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;
 En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las
instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e
imparcialidad; y
 En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las
contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección
popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho, con la única
condición, establecida como norma en nuestra Constitución, de no
usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus
ambiciones.
La democracia no se agota en las elecciones, pero se funda en ellas. El proceso
de Reforma del Estado está en marcha; hoy damos un paso más.
4

5. Por lo antes expuesto y fundado, los suscritos sometemos a la consideración del
H. Congreso de la Unión, señalando como Cámara de origen al Senado de la
República, el siguiente:
(…)”
Lo cual fue corroborado en el “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6, 41, 85, 99, 108, 116 Y 122;
ADICIONA EL ARTÍCULO 134; Y SE DEROGA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 97
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”,
que en la parte que interesa señala:
(…)
Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone añadir en este artículo
constitucional son, a juicio de estas Comisiones Unidas, de la mayor importancia
para el nuevo modelo de competencia electoral que se pretende instaurar en
México.
Por una parte, se establece la obligación de todo servidor público de aplicar con
imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos. La norma permitirá
establecer en la ley más y mejores controles para tal propósito, así como las
sanciones aplicables a quienes la violen.
Por otra parte, el segundo párrafo tiene como propósito poner fin a la indebida
práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que
se el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los
tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción
personal. Para ello, se establece que esa propaganda no podrá incluir nombres,
imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.
En el tercer párrafo se establece la base para la determinación de las sanciones a
quienes infrinjan las normas antes señaladas.
Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el sentido y propósitos de la
Colegisladora, por lo que respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La
imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de los partidos políticos y
de sus campañas electorales debe tener el sólido fundamento de nuestra
Constitución a fin de que el Congreso de la Unión determine en las leyes las
sanciones a que estarán sujetos los infractores de estas normas.
(…)”
SEGUNDO.- Con fecha siete de octubre del año 2011 dio inicio el Proceso
Electoral Federal 2011 – 2012 para elegir Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales, organizada por el
organismos público autónomo denominado Instituto Federal Electoral creado por
5

6. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41
fracción IV.
TERCERO.- De acuerdo a los tiempos establecidos en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro del periodo del 18 de diciembre
al 15 de febrero del 2012 los partidos políticos con registro nacional ante el
Instituto Federal Electoral, realizaron precampaña para la selección interna de
candidatos que competirían en las elecciones señaladas en el punto inmediato
anterior.
CUARTO.- Dentro del periodo del 30 de marzo al 27 de junio del 2012 los partidos
políticos realizaron campaña política para competir por los cargos de elección
popular señalados con antelación; cabe señalar los nombres de los candidatos y
partidos políticos o coaliciones que participaron en especial en la elección para
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
1.- Partido Acción Nacional: Josefina Eugenia Vázquez Mota;
2.- Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México:
Enrique Peña Nieto;
3.- Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento
Ciudadano: Andrés Manuel López Obrador.
4.- Partido Nueva Alianza: Gabriel Ricardo Quadri de la Torre.
QUINTO.- Con fecha primero de julio del 2012 se celebró la jornada electoral en
toda la republica mexicana para la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Senadores de la República y Diputados Federales.
SEXTO.- Con fecha cuatro de julio del 2012 inicio la sesión de computo de
resultados de la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
misma que terminó el día ocho de julio de la misma anualidad, señalando de
acuerdo a los resultados del computo del Instituto Federal Electoral, el candidato
que “obtuvo” mayor votación fue el C. Enrique Peña Nieto, candidato del Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.
SEPTIMO.- Que no obstante no estar agotado el término legal de la calificación de
la elección como señala el Art. 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe
Calderón declaró que era el “siguiente presidente” el C. Enrique Peña Nieto, y a
partir de los resultados del cómputo del IFE por diversos medios se ha venido
insistiendo en que el ganador es el propio C. Peña Nieto.
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7. OCTAVO.- En vista de lo anterior el día 12 de julio de 2012 la Coalición
“Movimiento Progresista” interpuso ante el IFE Juicio de Inconformidad para
reclamar la invalidez de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, juicio que se turnó el 17 de julio al órgano responsable de la
calificación y declaración de validez o invalidez de la elección, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, atribución establecida en el artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO.- En virtud de que se cumplían los plazos legales para la resolución del
Juicio, que se registró bajo el número de expediente SUP-JIN-359/2012, ante la
actitud negligente y omisa del IFE, el 23 de julio de 2012, los representantes de los
partidos integrantes de la Coalición MP suscribieron una petición a los
magistrados integrantes de la Comisión encargada de elaborar el cómputo final y
en su caso la declaración de validez y la de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitando su intervención mediante acuerdo para la sustanciación de
nuestro Juicio, en relación con los procedimientos administrativos sancionadores
electorales en proceso de investigación y vinculados al mismo, girando excitativa
de justicia o requiriendo la resolución de dichos procedimientos en atención al
principio constitucional de justicia pronta y expedita, al Consejo General y a la
Unidad de Fiscalización del IFE, demanda a la que el Tribunal respondió con una
negativa.
DECIMO.- El 26 de agosto de 2012, por conducto del C. Francisco Estrada
Correa, en su calidad de Secretario Técnico de la Coalición “Movimiento
Progresista” enviamos un Alegato a los Magistrados para exigirles en tiempo y
forma el cumplimiento puntual de lo previsto en el Artículo 1º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la impartición pertinaz,
completa y oportuna de justicia; de una justicia administrativa electoral que no
puede denegarse a los mexicanos. Y asumir la visión garantista que mandata
nuestra Carta Fundamental, y con ello la decisión completa, eficaz y oportuna de
los procedimientos administrativos que tenía a cargo la Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, previo a que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación pronunciara su fallo sobre la validez o
invalidez de los comicios.
DECIMO PRIMERO.- El 14 de agosto de 2011 mediante un recurso de apelación,
el 20 de agosto de manera personal y todavía el 28 de agosto mediante un Ultimo
Alegato por escrito, los representantes de la Coalición Movimiento Progresista
solicitaron a los Magistrados del Tribunal Electoral que aplazaran su fallo hasta en
tanto no estuvieran concluidos y resueltos todos los recursos pendientes
interpuestos, particularmente la fiscalización a los gastos de campaña de los
partidos, a lo cual los citados Magistrados respondieron el 28 de agosto en una
sesión pública que no se podían modificar los plazos "a capricho".
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8. DECIMO SEGUNDO.- Sin resolución de los procedimientos pendientes y sin
desahogo de pruebas como mandata la ley, el Juicio fue resuelto el 30 de agosto
de 2012 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, quien en resumen, resolvió lo siguiente:
“…
La Sala Superior ha concluido el análisis integral y exhaustivo de los
conceptos de nulidad y los medios probatorios aportados por la Coalición
“Movimiento Progresista”, actora en el juicio al rubro identificado, para
acreditar su pretensión de nulidad de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, en consecuencia, en atención al principio de
exhaustividad, lo procedente es examinar la supuesta conculcación a normas
constitucionales o principios fundamentales atendiendo a los elementos o
condiciones de la invalidez o nulidad de la elección por violación de principios
constitucionales, que han sido precisados en esta ejecutoria, a saber:
a) El planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio
o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable
(violaciones sustanciales o irregularidades graves);
b) Las violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente
acreditadas;
c) Constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma
constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido
dentro del proceso electoral, y
d) Las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente
determinantes para el resultado de la elección.
La revisión en conjunto de los distintos apartados considerativos contenidos
en esta ejecutoria permite llegar a las conclusiones siguientes:
1. Actuación de autoridades. Las supuestas omisiones en que, según la
Coalición actora, incurrieron distintos órganos del Instituto Federal Electoral y
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República, no están acreditadas.
Lo anterior, en términos de las constancias que obran en el expediente del
juicio de inconformidad que se resuelve, dentro de las cuales se encuentran
informes de estados procesales, originales y copias certificadas, de los
procedimientos que llevan a cabo, vinculados con la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2012-2016. Con tales
documentos se ha dado puntual referencia en las distintas partes
considerativas de esta ejecutoria.
Por otra parte, a fin de contar con mayores elementos de convicción, por
acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso, la Comisión Instructora
requirió, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias, a la Comisión de Quejas y Denuncias, al Secretario Ejecutivo
y a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, todos
del Instituto Federal Electoral, para el efecto de que informaran en cuáles
quejas o procedimientos administrativos sancionadores y en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, relacionados con la
elección antes citada, habían emitido la resolución correspondiente.
En ese mismo proveído de veintisiete de agosto de dos mil doce, se requirió a
la Procuraduría General de la República, para que informara en cuántas y
cuáles averiguaciones previas vinculadas con la elección presidencial, llevada
a cabo en el procedimiento electoral federal 2011-2012, se ha ejercido acción
penal, hasta el momento en que desahogó el requerimiento.
Mediante sendos acuerdos de veintiocho de agosto del año en curso, la
Comisión ponente determinó que las autoridades electorales y ministerial
requeridas, cumplieron, en su oportunidad, con presentar a esta Sala Superior
la información que se les solicitó, y remitieron al efecto, las constancias que
estimaron pertinentes, las cuales hacen evidentes las actuaciones y
diligencias ordenas con motivo de los procedimientos a su cargo,
relacionados con la elección presidencial del año dos mil doce.
Por tanto, conforme las constancias que obran en autos, los órganos del
Instituto Federal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, lejos de ser
omisos en su actuar, han demostrado fehacientemente, ante este órgano de
justicia especializado, la implementación de sus atribuciones legales en el
trámite y sustanciación de los procedimientos en curso en que tienen el
8

9. carácter de autoridades sin que les sea reprochable inacción alguna o falta de
debida diligencia.
2. Observancia del principio de certeza en los cómputos distritales. En
virtud de que este órgano jurisdiccional determinó que deben desestimarse
los planteamientos formulados por la Coalición demandante, por las razones
ampliamente expuestas en el apartado 8 (ocho) del considerando OCTAVO
de este fallo, no es procedente el análisis del grado de afectación de las
supuestas irregularidades en el resultado de la elección impugnada, ya que
un requisito previo para esa ponderación jurídica lo constituye la acreditación
plena de los hechos manifestados por la actora en su escrito de demanda, por
consiguiente, como las pretendidas violaciones sustanciales no se
demostraron, queda en esta fase el análisis de la conculcación al principio
constitucional de certeza.
3. Observancia del principio de libertad del sufragio. En la sentencia se
explican ampliamente las razones por las cuales, esta Sala Superior
determina que son infundados los argumentos de nulidad encaminados a
demostrar que se haya materializado la compra y coacción de voto y con ello
se hayan vulnerado los principios rectores del proceso electoral, a partir de
una supuesta: indebida adquisición de tiempos en radio, televisión y medios
impresos; uso de encuestas como propaganda electoral; financiamiento
encubierto a través de una institución bancaria; ilícita utilización de tarjetas de
una tienda de autoservicio; intervención de funcionarios públicos, y distintas
irregularidades antes, durante y después dela jornada electoral, pues los
hechos aducidos por la Coalición actora no se tuvieron por evidenciados, en
consecuencia, tampoco se encuentra evidencia sobre la violación al principio
de voto libre, por presión, compra o coacción de los electores.
4. Observancia del principio de equidad en la contienda. Los hechos
aducidos por la actora no se consideran irregularidades graves, toda vez que
derivado de las quejas relacionadas con este tema no quedó acreditado el
rebase al tope de gastos de la campaña presidencial, además, se aportaron
pruebas insuficientes para evidenciar plenamente la supuesta aportación
ilícita de empresas mercantiles a la Coalición “Compromiso por México”, por
consiguiente, como los hechos no están demostrados, no resulta procedente
examinar el grado de afectación o su pretendido carácter determinante para la
validez de la elección, por la violación al principio de equidad en la
competencia electoral entre los partidos políticos, coaliciones y candidatos.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
ÚNICO. Se declaran infundados los planteamientos de nulidad de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expuestos por la Coalición “Movimiento
Progresista”.
DECIMO TERCERO.- El 31 de agosto de 2012, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la declaración de validez de la
elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos e hizo entrega
de la constancia correspondiente al ciudadano Enrique Peña Nieto, en los
siguientes términos:
“PRIMERO. El candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo
final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique Peña Nieto,
postulado por la Coalición “Compromiso por México”, integrada por los
partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
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10. SEGUNDO. El ciudadano Enrique Peña Nieto satisface los requisitos de
elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
CUARTO. El ciudadano Enrique Peña Nieto es Presidente electo de los
Estados Unidos Mexicanos, para el período del primero de diciembre del año
dos mil doce al treinta de noviembre del año dos mil dieciocho.
QUINTO. Procede expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano
Presidente electo.”
DECIMO CUARTO.- Lo anterior, a pesar de las numerosas irregularidades en que
se desarrolló el proceso electoral 2011 – 2012 en México en especifico para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y las cuales son hechos
públicos y notorios del conocimiento de los mexicanos, recalcando que el proceso
electoral no se celebró de forma democrática, libre, autentica y por ende se
violentaron los principios (CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,
IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD) establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establecidos en el artículo 41 fracción IV, así como los
principios, elementos y características del voto que se establecen en el artículo 41
fracción I párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO).
II. CONDUCTAS, ACTOS U OMISIONES QUE SE IMPUTAN AL SERVIDOR O
LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1.- Violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales
en virtud de que, en relación con el apartado número SEPTIMO de los hechos, los
representantes del Movimiento Progresista denunciamos en tiempo y forma ante el
Consejo General del Instituto Federal Electoral la inconstitucionalidad de la
elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
resultando lo anterior en una violación a los derechos políticos de los ciudadanos
que participaron en la contienda y a las garantías instituidas para proteger tales
derechos, como lo son la observancia de los principios de imparcialidad,
objetividad, independencia, certeza y legalidad dentro del proceso electoral.
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11. Por otro lado, los derechos políticos de los ciudadanos se encuentran protegidos
entre otros en los artículos 1, 6, 7, 9, 41 y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23, 30 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), y 2, 3 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Para fundamentar nuestro Juicio acompañamos el mismo de toda clase de
documentales y pruebas, 34 cajas en un inicio, y otras 56 en el curso del proceso,
conteniendo actas notariadas, testimonios, videos grabados, audios, fotografías e
infinidad de prueba física, como utilitarios prueba de la compra del voto, así como
las diversas tarjetas de prepago, telefónicas, etc.
No obstante lo anterior, en el resolutivo del Juicio de Inconformidad, aprobado por
los 7 magistrados del Tribunal Electoral, se indica que hubo “falta de pruebas” e
“insuficiencia de elementos que acrediten hechos concretos” por parte de la
Coalición “Movimiento Progresista” para evidenciar la existencia de irregularidades
en los comicios del pasado 1 de julio.
Según ellos no se pudo probar que a través de la entrega de tarjetas para
llamadas telefónicas gratuitas; de fondeo de monederos electrónicos; de la
entrega de dinero en efectivo y de despensas, materiales de construcción,
diversos utilitarios y semovientes se hubiera comprado y coaccionado a los
ciudadanos a votar por Enrique Peña Nieto.
Los magistrados tampoco admitieron que hubiera exceso de gastos en la
campaña del PRI; según afirmaron no se presentaron elementos para probar la
existencia de acarreo de votantes, ni las llamadas telefónicas y la transmisión de
mensajes vía call center, o de la operación de "halconcitos" el día de los comicios.
Según ellos las 90 cajas de pruebas que sustentaban el Juicio interpuesto por la
Coalición no tenían nada digno de tomarse en cuenta. Para los jueces bastó que
la Alianza “Compromiso por México” negara haber distribuido esos productos para
obtener votos, y concluyeron:
"que antes y durante la jornada electoral, prevalecieron las condiciones necesarias
para que los electores emitieran su voto de manera libre y razonada",
eso dice textualmente la resolución.
Y por eso, nosotros la Coalición Movimiento Progresista decimos que mintieron
ostensible y deliberadamente los Magistrados al formular el proyecto de resolución
y al defender cada uno de ellos ese proyecto, porque dijeron, por ejemplo, que no
había pruebas para probar el acarreo, que estas se limitaban a un video y un
recorte de prensa. Y mienten, porque las pruebas de acarreo en el expediente son
múltiples. Y no sólo se reducen a uno o dos estados, sino que mostramos
evidencia de ello en todo el país. Y hay no uno, son varios testimonios notariales
además de los personales, e infinidad de fotografías relacionadas con quejas ante
los distritos que acreditan tiempo, modo y lugar del suceso.
Mintieron también al negar la existencia de las “casas amigas” del PRI. Y mintieron
desde luego cuando concluyeron que la ley no limita la entrega de productos
utilitarios, y más aún cuando dicen que “no se acreditó que los utilitarios y el dinero
se ofrecieran sólo en cuanto a la elección presidencial pues algunos
correspondían a elecciones locales”, alegando que algunas legislaciones locales lo
permiten. El hecho no es ese, sino que mucha de la entrega de utilitarios en los
estados se utilizó no sólo para pedir el voto por los candidatos a gobernador o
diputados locales sino para presionar el voto por Peña Nieto. Y así lo acreditamos
11

12. con múltiples pruebas que obran en las cajas de Tabasco, Morelos, Guanajuato,
Jalisco, entre otros.
Ellos mintieron además cuando dijeron que solo se documentaron los casos de los
estados Jalisco y Durango, y que las pruebas “no eran aptas”. Eso es una clara
mentira. La seriedad, contundencia y amplitud de las pruebas y las huellas del
operativo que se pudieron documentar en todo el país demuestran que la compra
y coacción del voto fue una estrategia generalizada, no aislada y mucho menos
reducida a uno o dos hechos localizados.
Mintieron cuando desestimaron los argumentos de coacción del voto a electores
mediante llamadas telefónicas el día de la votación, o mediante el requisito de
acreditarlo con la fotografía de su voto, puesto que de ello se les dio no solamente
testimonios notariales sino fotos con modo, tiempo y lugar, actas de queja
interpuestas ante la autoridad y hasta los celulares que se regalaban. ¿Y aún así
dicen que no lo relacionamos?
En el colmo, llegaron al grado de desestimar también la existencia de los
“halconcitos”, simplemente se dice que no se aportaron pruebas de su existencia,
ignorando olímpicamente no sólo nuestras pruebas sino el reporte del 3 de julio
publicado por la ONG Alianza Cívica, dando cuenta detallada del uso de niños por
los priístas.
Es tal su cinismo que dicen, sobre el rebase de topes de gastos de campaña que
se está haciendo una “valoración prematura” al respecto, porque la investigación
“está inconclusa”. Y aún así se atreven a emitir sentencia.
Eso por no hablar del manejo de la cuenta bancaria del gobierno del Estado de
México, del cual se hizo denuncia ante el IFE y ante la FEPADE y se mostraron
evidencias de una transferencia electrónica por 50 millones de pesos a un joven
radicado en Chihuahua y, otra vez, con vínculos evidentes con el PRI. De esto ni
siquiera hubo una mención en la referida resolución, a pesar de que existe un
hecho, reconocido por el Banco de México, que es por demás sospechoso: que
por una “deficiencia” en el sistema del banco receptor éste instruyó a Banxico para
corregir información “inconsistente”, que resultaba ser precisamente el nombre del
beneficiario de dicha transferencia. Este hecho también fue totalmente ignorado
por los magistrados.
Y todavía, para rematar, al alegato que se hizo sobre la inconsistencia en las cifras
del número de ciudadanos que integran la lista nominal, y que estas no coincidían
con las cifras dadas en el PREP, respondieron que “carecen de elementos para
concluir que tal circunstancia constituye una violación a la normatividad en la
materia”, así de simple.
Y por cierto que no hablaron de las otras tarjetas, de las Bancomer, de la de
Santander Super-cuenta Universitaria o de la Regalo Wal-Mart; desde luego ni una
mención de los celulares que se regalaron para retratar los votos o la pulsera con
USB que se usó en Guanajuato para recibir compensación bancaria a cambio del
voto; y tampoco de las violaciones al secreto del voto ni de la guerra sucia y la
propaganda negra con la que el priísmo inundó el país contra nuestro candidato,
sobre lo que existen abundantes pruebas físicas y documentales en el Juicio.
Como un antecedente del criterio prejuiciado que normó los actos de los
magistrados constan las declaraciones públicas del magistrado presidente
Alejandro Luna Ramos, el 3 de julio de 2012, al participar dos días después de la
elección en la presentación del Sistema de Consulta de Jurisprudencia y Tesis,
emitidas por el órgano jurisdiccional de 1996 a la fecha, denominado “IUS
12

13. Electoral”, asegurando textualmente que “nadie ganará en la mesa lo que no ha
ganado en las urnas”.
No conforme con eso, cuando la Coalición “Movimiento Progresista” solicitó que
en virtud de esos dichos se recusara de participar en la calificación de nuestro
Juicio, el Magistrado Luna Ramos mintió franca y abiertamente, al decir también
públicamente: "Eso lo dije en mi informe mucho antes de que hubiera proceso
electoral”.
Todos sabemos que las sentencias de un tribunal superior son inapelables e
inatacables en términos jurídicos, pero nunca serán inopinables e incuestionables
en términos de la ética ciudadana, sobre todo en una sociedad como la nuestra,
que tiene perfectamente claro que por un lado marcha la legitimidad y por el otro,
frecuentemente, en sentido contrario, la legalidad. Del Tribunal Electoral de hace
seis años, no se heredó ni siquiera el mínimo grado de pundonor mostrado.
Consta en la opinión pública la forma en cómo uno de los actores de este juicio, el
PRI le fue fijando a la autoridad electoral la agenda del trabajo, los términos de los
dictámenes y hasta la fecha de la sentencia y entrega de la constancia de
mayoría.
Cuatro ejemplos. Uno, la Unidad de Fiscalización del IFE resolvió en dos días el
monto y los beneficiarios de las tarjetas Monex, denunciado por el PAN. Resultó
que eran operadores del PRI en Guanajuato. Posteriormente, cuando la Coalición
denunció el doble de este monto con una serie de empresas fantasmas, nada
sucedió, hasta ahora nada ha sucedido. Y a pesar de contar con dientes y
colmillos para realizar investigaciones expeditas en materia de lavado de dinero en
las campañas electorales el IFE se resistió, de manera sistemática, a adelantar las
investigaciones e informes con los mismos argumentos de la defensa del PRI.
Dos. La denuncia por publicidad encubierta la desechó el Consejo General del
IFE, prácticamente con los mismos argumentos que utilizó el PRI.
Tres. Cuando diversos magistrados electorales habían señalado en momentos
diferentes una fecha, el PRI se las corrigió. Y así ocurrió.
Cuatro. Lo insólito, uno de los magistrados integrantes de la Comisión Redactora
declaró presidente electo a quien nosotros no reconocemos, antes de la votación.
Pero esto último no resulta un caso aislado, si rastreamos los antecedentes y la
vida de cada uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, podemos caer en cuenta que se trata de una banda de prevaricadores
con una relación estrecha con los grupos de poder que compraron la elección. Así
por ejemplo, es de todos sabido que cuando la magistrada María del Carmen
Alanís asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, donde pretendía reelegirse, edificó un imperio personal mediante una
red de relaciones con prominentes personajes de los partidos políticos
mayoritarios, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.
Por lo que no era raro esperar, como se puede probar, que hayan sido criterios
políticos, afectivos y de negocios los que han guiado a menudo la actuación
jurisdiccional de magistrados electorales como Alanís, quien estuvo envuelta en un
gran escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo de 2011,
para presuntamente pactar con emisarios del otrora gobernador Enrique Peña
Nieto que el TEPJF lo exonerara de violar la Constitución, como lo resolvió el
Instituto Federal Electoral (IFE).
13

14. El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como
aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El
consejero del IFE Marco Antonio Baños, su ex socio en la empresa de consultoría
Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el ex
priísta Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el
TEPJF.
Otros asistentes priístas fueron los colaboradores más cercanos al otrora
gobernador del Estado de México, Luis Videgaray, Eruviel Ávila, y Sebastián Lerdo
de Tejada, quien fuera representante de su partido ante el IFE, otro de los
asistentes fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto
con Benito Neme Sastré, a favor del ex gobernador priísta.
El magistrado Alejandro Luna Ramos, presidente actual de la junta de
prevaricadores tiene su propia historia, y además de su señalado “pasado” priísta,
se cuenta en su haber su falta de ética y de profesionalismo al declarar
previamente a la substanciación del juicio de inconformidad presentado por la
coalición Movimiento Progresista, palabras más palabras menos, que el tribunal no
iba a declarar ganador en la mesa a quien no ganó en las urnas.
Hay que decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre. El máximo
tribunal electoral del país, que debería actuar como una corte constitucional en
la materia, devino en un tribunal de consigna; o peor aún, de cortesanía
política. Se actuó sin pudor ni recato. La sesión donde fue resuelto el juicio de
inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista se convirtió en
un concurso de lambiscones. Peor aún, parecía competencia de quién era el
más abyecto, quién se arrastraba más, quién era más cínico. Todo para hacerse
merecedor de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las cortes constitucionales emiten fallos ejemplares; los tribunales de consigna y
de cortesanía general, fallos fallidos. Es decir, literalmente fallas institucionales e
históricas. Un fallo ejemplar resarce por naturaleza cualquier daño a la
Constitución; una falla histórica ahonda más la herida. Un fallo es inapelable
porque logra la síntesis de lo legal y lo legítimo; una falla, en cambio, la divorcia y
busca imponerla a partir de la legalidad literal a costa de la legitimidad
trascendente.
Un fallo es inatacable, no solo porque resuelve un caso jurídico para un país como
una elección presidencial, sino porque se vuelve un referente ético para varias
generaciones y elecciones presidenciales futuras. En cambio, una falla
institucional sienta precedentes negativos y perniciosos para la convivencia
presente y futura de la sociedad.
Ciertamente, el fallo dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación recaído al juicio de inconformidad de mérito afectó y sigue afectando el
interés jurídico y político de la Coalición Movimiento Progresista, pero esa
afectación es la menos importante de todas las ocasionadas de manera colateral.
Por un lado, deja abierta en carne viva la herida a una Constitución que mandata
la equidad en letra y espíritu como eje central de elecciones libres y auténticas que
no se celebraron en México.
Por el otro, el desestimar el uso y abuso de dinero excedente de procedencia
ilícita en la campaña del PRI sienta el gravísimo precedente para subastar al mejor
postor las próximas elecciones. Para la Constitución el sufragio en efectivo no es
elección; para el tribunal, en cambio, sí lo es.
14

15. De ahora en adelante las elecciones serán ganadas por el candidato y el partido
que más dinero de procedencia ilícita gaste, por el partido y el candidato que más
empresas fantasmas utilicen para triangular sus donativos ilegales; por el
candidato y partido que más votos compre.
Podría llegar el momento, y pensémoslo ya, que ya no existan elecciones
constitucionales. Hagamos subastas periódicas de cargos de representación
popular en un mercado libre y abierto. Éste es el daño mayor e irreparable que ha
generado este fallo fallido. Las máximas autoridades electorales mandaron al
diablo a la Constitución, y eso es imperdonable. Al calificar una elección los
tribunales cortesanos y de consigna terminan descalificándose a sí mismos.
Con todo lo anterior, los magistrados prevaricadores violaron flagrantemente, entre
otras cosas, lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 191 fracciones XIX y XX, 220 y
239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales a la letra
dicen:
LGSMIME
Artículo 3
1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:
a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten
invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad;
y…
Ley Orgánica del PJF
Art. 191…
XIX.- Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos del
Instituto Federal Electoral, de las autoridades federales, estatales o municipales, de los
partidos políticos, agrupaciones u organizaciones políticas, o de particulares, pueda
servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, siempre que ello no sea
obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes;
XX.- Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna diligencia o se desahogue o
perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de
los plazos establecidos en las leyes;
Artículo 220.- Los magistrados electorales estarán impedidos para conocer de aquellos
asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 146 de esta
ley, en lo que resulte conducente.
Asimismo, a los secretarios y actuarios de las Salas, les será aplicable, en lo conducente, lo
dispuesto en el artículo 149 de esta ley.
Artículo 239.- Todos los servidores públicos y empleados del Tribunal Electoral se conducirán
con imparcialidad y velarán por la aplicación irrestricta de los principios de
constitucionalidad y legalidad en todas las diligencias y actuaciones en que intervengan en el
desempeño de sus funciones y tendrán la obligación de guardar absoluta reserva sobre los
asuntos que sean competencia del Tribunal.
Violaciones todas las anteriores a los principios de legitimidad del Estado mismo y
a las garantías individuales o sociales, que tienen el carácter de graves y
sistemáticas, puesto que fueron perpetradas por una junta de prevaricadores, que
tenían la encomienda de guardar la constitución y respetar, proteger, y garantizar
el cumplimiento efectivo de los principios fundamentales del sistema electoral -
preludio indispensable de nuestra democracia y de la justificación del Estado
15

16. nación -, pero echaron por tierra la titánica tarea, y optaron por fallar en pro de la
anomia.
2.- Ataques a la libertad del sufragio. En esta hipótesis, para su delimitación
práctica por parte del órgano encargado de determinar su actualización, se
requiere, como lo ha aceptado una parte de la doctrina vernácula, la conjunción de
dos elementos, a saber: a) El ataque, el que puede definirse como la acción de
embestir o acometer en contra de algo o alguien con el ánimo de causarle un
daño; y, b) la libertad de sufragio, la cual, conceptualmente se ha definido como la
voluntad y capacidad para sufragar, esto es, emitir un voto para elegir a quien o
quienes vayan a ocupar un cargo público de representación.
En tal sentido, la hipótesis en comento supone que el servidor público lleve a cabo
una acción concreta con el ánimo de dañar a un individuo o un grupo de individuos
en su voluntad y capacidad para emitir su voto en una elección de representantes
a cargos públicos. Es decir, los servidores públicos tienen que desplegar una
acción o adoptar una actitud, por las cuales se hubiera logrado afectar o dañar a
una persona o grupo de personas en su voluntad y capacidad para votar, así como
el impedirle o impedirles que emitan libremente su voto.
En el presente caso, la coalición electoral Compromiso por México, integrada por
el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México
para promover el voto a favor de sus candidatos y de manera particular a favor del
su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, llevaron a cabo un sinfín de actos o
acciones que devinieron en flagrantes ataques a la libertad del sufragio, mediante
la compra, cooptación y coacción del voto, como se detalla en el apartado
correspondiente a los hechos.
No obstante, la actitud cínica, indolente, parcial y encubridora de los Magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituyó el
complemento necesario para garantizar el éxito de los subterfugios y tropelías del
candidato de la coalición Compromiso por México y de los partidos políticos
integrantes de la misma. La actitud de los Magistrados, la cual no se ajustó a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Lo cual se tradujo en que no obstante que las recientes elecciones no
fueron libres ni auténticas, los Magistrados convalidaron las violaciones flagrantes
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la emisión
de una resolución que constituye un caso paradigmático de prevaricación.
La misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
determinó en el juicio de revisión constitucional electoral (SUP-JRC-487/2000) que
los principios del artículo 41 de la Constitución deben observarse para considerar
que la elección es democrática y conforme a la Carta Magna. Si alguno de estos
principios fundamentales es vulnerado, se actualiza la invalidez de la elección,
siempre y cuando se trate de violaciones graves y generalizadas.
¿Qué significa que la elección sea auténtica?
 Es una elección en donde los ciudadanos, libremente y no las instituciones
gubernamentales o los poderes fácticos deciden quiénes serán sus próximos
gobernantes
16

17.  Es una elección en donde existe competencia política y los participantes en ella
están en igualdad de oportunidades para luchar por el acceso al poder.
 Una elección auténtica es aquella en donde existe equidad en la contienda.
 Una elección auténtica es aquella que se realiza en el respeto a la legalidad.
 Una elección auténtica es opuesta a las elecciones “apócrifas y fraudulentas”.
 Una elección auténtica se fundamenta en la libertad y en el voto razonado de
los ciudadanos.
 Es una elección en donde no existe la compra, coacción, presión o inhibición
del voto.
 Es una elección donde no existe rebase a los topes de gastos de campaña y
en donde las reglas y principios electorales son observados.
¿Qué significa que la elección sea libre?
 Es aquella en donde los ciudadanos puedes evaluar las diferentes ofertas
políticas, así como elegir de entre ellas de manera consciente e informada.
 Es aquella basada en el respeto pleno al derecho de información y los
ciudadanos tienen acceso amplio a todas las fuentes de información
relevantes.
 Es aquella que se ventila en un contexto de pluralismo informativo respecto a
los ciudadanos (de los medios y en los medios de comunicación).
 Es aquella fundada en el “voto razonado”.
 Es una elección no constreñida ni sesgada.
 Es aquella en dónde los medios de comunicación no orientan a través de
encuestas o de barras de opinión el sentido del voto de los ciudadanos para
favorecer a sus intereses.
 Es aquella en donde los ciudadanos ejercen su voto sin dádivas de por medio.
 Es en síntesis aquella en donde los ciudadanos ejercen su soberanía y control
originario sobre el poder político.
En el proceso electoral 2011-2012, se presentó una clara presión sobre los
electores, puesto que la coalición Compromiso por México realizó la compra
masiva de votos a través de diversos mecanismos, llamadas telefónicas el día de
la jornada electoral en las que se presionaba para votar por su candidato
presidencial, entrega de tarjetas de débito válidas en tiendas Soriana, realización
de encuestas en las que el candidato mejor posicionado fue siempre el candidato
de dicha coalición dando a ellas una amplia difusión especialmente en programas
de radio y televisión, por lo que se considera que la afectación constitucional
producida con las conductas en análisis es grave, en razón de que al desplegarla
se confronta de manera directa a la norma fundamental, así como a los principios
de equidad, certeza y legalidad, que al ser rectores del proceso electoral ponen en
evidencia una falta de entidad grande que resulta contraria al interés público en un
ánimo de obtener una ventaja indebida, respecto de los demás contendientes en
el proceso electoral local.
17

18. Dichos actos vulneraron a la Constitución federal y vulneraron a los principios de
Equidad, Certeza y Legalidad, rectores de todo proceso electoral, en contra de la
reforma constitucional en materia electoral de 2007 y legal de 2008, se trata
también de conductas graves y sistemáticas, ya que no se producen de forma
aislada sino que se advierte una preparación y clara dirección a utilizar los medios
de comunicación masivos, en el caso televisión, para posicionarse frente a los
demás contendientes de manera irregular.
La difusión de la propaganda electoral y política en análisis, así como la coacción
y presión ejercidas sobre el electorado sin duda generó efectos negativos, que
atentan en contra del principio de la libertad del voto, en tanto que pueden
constituir un factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su
elección electoral.
En efecto, la propaganda electoral y política debe estar orientada a la promoción
de los candidatos y a la difusión de los programas de gobierno, para que la
ciudadanía conozca las distintas opciones políticas y esté en condiciones de
ejercer su voto de manera razonada, así como a decidir por la mejor alternativa o
propuesta política, pero para considerarse lícita dicha difusión, se debe realizar
dentro de los tiempos asignados por el Instituto Federal Electoral, afecto de
garantizar que dicha trasmisión sea equitativa y conforme con los principios de
certeza y legalidad, lo cual no aconteció en la especie.
La propaganda electoral y política normalmente está dirigida a promover a un
determinado candidato o instituto político, divulgar su programa de gobierno, así
como su ideología y propuestas políticas, sociales, culturales, etcétera, que
promueven. A través de las campañas se pretende la participación de los
ciudadanos en el proceso electivo; informar a los electores para que (al contrastar
los programas y los candidatos) determinen el sentido de su voto; así como
persuadir a los ciudadanos para que descarten una determinada opción política.
La propaganda electoral y política, en los periodos en que fue difundida, puede
tener como efecto que los electores refuercen su orientación política, bien porque
los predisponga y confirme la idea de sufragar en un determinado sentido, o bien,
porque los desaliente respecto de la propuesta previamente adoptada, para optar
otra.
En ese orden, la publicidad propagandística, si bien es un elemento trascendental
para que el ciudadano oriente su voto, no es el único factor que influye para la
predisposición, confirmación o modificación del sentido del sufragio.
Lo anterior, en virtud de que existen otros elementos que pueden determinar la
voluntad del ciudadano, toda vez, que los electores pueden decidir su voto, por el
interés personal o conveniencia, por comulgar con un determinado modelo político
o económico de gobierno, por convicción personal o simple creencia respecto de
la idoneidad de alguno de los candidatos, las propuestas que hagan en sus
campañas, la viabilidad de éstas, o por otros factores ajenos incluso al análisis
razonado de las opciones políticas, como la mera simpatía o antipatía que le
genere un determinado candidato, la congruencia de éste con sus actos o la
conducta indebida que observe, su proceder durante el proceso electoral, o
cualquier otro motivo que incluso de último momento, lleve al ciudadano a emitir
su voto a favor de alguna propuesta concreta.
En esas condiciones, es dable arribar a la conclusión de que las conductas
desplegadas incidieron en el ánimo del elector y en consecuencia dieron lugar a
desequilibrar la contienda en favor de la coalición Compromiso por México, que a
pesar de estar constituido como una entidad de interés público, vulneró
18

19. dispositivos constitucionales y trastocó los principios de equidad, certeza y
legalidad, rectores de todo proceso electoral, no obstante que al tener dicho
carácter, se encuentra obligado a observar y cumplir la Constitución y la ley.
Contando para ello con la anuencia y la complicidad de los Magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes mediante la
interposición del juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-
359/2012, se les puso al tanto de todas las circunstancias irregulares que
violentaban el estado de derecho, y optaron por adoptar una actitud parcial y
totalmente contraria a la justicia.
El sentido de la sentencia definitiva dictada el treinta de agosto de dos mil doce,
por los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
judicial de la Federación, dentro del juicio de inconformidad identificado con la
clave SUP-JIN-359/2012, refrendó los ataques a la libertad del sufragio,
perpetrados directamente por la Coalición Compromiso por México y su candidato,
Enrique Peña Nieto, pero indirectamente por los Magistrados.
La libertad de sufragio se inscribe en el umbral de la democracia. Ésta (en su
dimensión electoral) tiene como presupuesto una serie de principios: entre otros,
las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y
directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas
electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la
organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principio
rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para
el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control
de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.
Como consecuencia de lo anterior, si esos principios son fundamentales en una
elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que
cuando en una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido
perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de
tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la
credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta
procedente declarar la invalidez de la elección.
Lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse a pautas determinadas para
que las elecciones puedan calificarse como democráticas, pautas que parten de
una condición previa: la universalidad del sufragio.
La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con
la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a
asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho
público.
La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las
libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión,
intimidación o coacción alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no
deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del
sufragio.
El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de su libertad,
considerada desde la óptica individualista. El secreto del voto es en todo caso un
derecho del ciudadano-elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.
Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del derecho al
voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el autor del
19

20. acto no votó libremente, ya que fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la
expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos. Incluso, ese acto, si
no cumple con los requisitos esenciales es posible estimar que no se ha
perfeccionado y que no debe producir efectos.
Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial del acto del sufragio
y por ende de la elección propiamente dicha, para que pueda ser considerada
democrática.
En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la expresión de la
voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan la jornada
electoral y definen su resultado. Su significado como concepto, está marcado por
un dualismo de contenido.Por una parte puede tener un sentido neutro o "técnico",
y por la otra, un sentido sesgado u "ontológico".
El significado neutro de elecciones puede ser definido como "una técnica de
designación de representantes". En esta acepción no cabe introducir distinciones
sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas electorales, las normas
que regulan su verificación y las modalidades que tienen su materialización.
El significado ontológico de "elecciones" se basa en vincular el acto de elegir con
la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre
ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que
garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual
constituye su esencia.
En ese sentido se da una confluencia entre los conceptos técnico (proceso
electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible) de la elección, como método democrático para designar
a los representantes del pueblo.
Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y
gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas
reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe
tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría
opción.
Las elecciones democráticas deben efectuarse siguiendo diferentes principios
(procedimientos) formalizados. La garantía de esos principios constituye el
presupuesto esencial para que se reconozcan las decisiones sobre personas
postulantes y contenidos políticos a través de las elecciones, que son vinculantes
para el electorado, por parte de los propios electores.
Entre estos principios que procuran la capacidad legitimadora de las elecciones, y
que gozan al mismo tiempo de una importancia normativa para una elección libre
son:
1) la propuesta electoral, que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos
de la elección (debe ser libre, competitiva) y por otro, no puede sustituir a la
decisión selectiva de electorado;
2) la competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre
posiciones y programas políticos;
3) la igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura y
campaña electoral);
4) la libertad de elección que se asegura por la emisión secreta del voto;
20

21. 5) el sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe
provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen
la dinámica política;
6) la decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral.
Estos principios se consagran en la Constitución Federal y se reflejan en el
sufragio universal y el derecho al voto libre, secreto, igual y directo.
El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido,
es sobre todo un principio, el más básico de la democracia, o hablando en
términos más precisos del Estado democrático. La solidez de este aserto parece
indiscutible en la medida en que si se reconoce que la soberanía reside en el
pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que
mediante el ejercicio del voto.
Un clima de libertad es aquel en que circula ampliamente una abundante y variada
información sobre los asuntos públicos: lo que se oye o se lee suele ser discutido
y las personas se agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión.
En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertad de
palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado
económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique
las leyes establecidas.
De ello se sigue que, en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas
formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su
voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo
ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que
emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades
públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado
de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos
políticos.
Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a cumplir con
el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del
sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla
con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático,
representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos,
derive de la propia intención ciudadana.
Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran
intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en
donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no
es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado
democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los
favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.
Se parte de la base que el derecho al sufragio, con las características precisadas
en las disposiciones constitucionales mencionadas, constituye la piedra angular
del sistema democrático; de ahí que si se considera que en una elección, el
sufragio no se ejerció con las características antes citadas, ello conduce a
establecer que se han infringido los preceptos constitucionales invocados y que se
ha atentado contra la esencia del sistema democrático.
Se tiene en cuenta que para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión
del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento
de votar, el acto fue producto de la manifestación de una decisión libre, es decir,
21

22. de una voluntad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al
sufragio se ha ejercido con libertad es necesario establecer, si en la elección han
existido otra serie de libertades, sin cuya concurrencia no podría hablarse en
propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de
asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera.
Se debe tener presente que para que realmente el ciudadano esté en aptitud de
ejercer el sufragio con libertad, se requiere que en la organización de las
elecciones se dé a los contendientes políticos un margen de equidad en aspectos
tales, como el acceso a los medios de comunicación, entre los que destaca el
televisivo. Si se garantiza ese margen de equidad entre los distintos partidos y
candidatos que participan en las elecciones, quedará asegurado también, que el
elector tendrá varias opciones entre las cuales podrá escoger realmente, con
absoluta libertad, la que más se apegue a su convicción política y no será víctima
de inducciones provenientes del hecho de que, por ejemplo, en la inequidad en el
acceso a medios de comunicación con que cuenten partidos políticos y
candidatos, se haga incurrir en error al ciudadano, de modo que éste piense que
no tiene otras alternativas más que la resultante de la saturación publicitaria de
quien ha contado ampliamente con ventaja de esos medios de comunicación, lo
cual afecta desde luego, esa libertad que debe tener el elector al ejercer el
derecho al sufragio. La desproporción en el acceso a un importante medio masivo
de comunicación afecta el derecho al sufragio en dos vertientes:
Por una parte, según se vio con anterioridad, se ocasiona una limitación en las
opciones que tiene el elector para decidir libremente entre las distintas propuestas
de los partidos políticos que participan en los comicios, puesto que el ciudadano
está más en contacto con la plataforma política de quien ha aparecido más en el
medio de comunicación indicado y en mayor o menor medida se le hace perder el
contacto con los partidos políticos que menos aparecen en el propio medio de
comunicación, lo cual afecta la libertad con la que se debe ejercer el derecho al
sufragio.
Por otra parte, la neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la
salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si
no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio en el sufragio se ve
afectada.
Ahora bien, en el caso de la autoridad jurisdiccional en materia electoral, como lo
son los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, no solo no mostraron neutralidad en su proceder, sino que, por el
contrario, fueron parciales y condescendientes con las serias violaciones a los
principios más elementales del procesos electoral, consagrados en el artículo 41
constitucional, perpetradas directamente por el candidato de la coalición
Compromiso por México, y por los partidos que integran dicha coalición. Logrando
con ello defraudar al electorado mexicano, dejando en la completa impunidad
todos aquellos actos que repercutieron negativamente en su voluntad y capacidad
para votar. Es decir, la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recaída al juicio de inconformidad interpuesto por
la coalición Movimiento Progresista, constituyó un acto que convalida la serie de
ataques a la libertad del sufragio.
Hubo deferencia de estos altos funcionarios a la visión cínica, corrupta y
corruptora de los miembros de la coalición Compromiso por México y su
candidato, los cuales promovieron, entre otras cosas, la abierta intervención de los
gobernadores de extracción priísta a favor del candidato presidencial en comento,
con el cual acordaron en una reunión celebrada en la ciudad de Toluca, el 12 de
22

23. junio la cuota de votos que se comprometían a conseguir. La gravedad de esta
reunión, reconocida por los propios funcionarios del PRI, fue que derivó en una
cuidadosa operación de compra del voto, que incluyó manejo ilegal de cuentas
bancarias, doble contabilidad, aplicación sesgada de los programas sociales y
coacción de ciudadanos. Hay evidencias de que gobernadores y servidores
públicos participaron ilegalmente en este operativo nacional en apoyo del
candidato del Pri, vulnerando con ello, los principios de imparcialidad y equidad en
la contienda electoral.
Ejemplo de ello son los 56 millones de pesos no pagados por el equipo de Peña al
Grupo Financiero Monex bajo el acuerdo de posicionar su imagen; los convenios
millonarios otorgados por gobernadores priistas al Grupo Soriana para repartir
miles de tarjetas con el fin de comprar millones votos; la aportación de dinero de
particulares, y un paquete de 37 facturas y tres listados del Grupo Financiero
Monex por un monto de 240 millones de pesos, con el registro de “recompensas
corporativo carga de saldos prepago”.
La triangulación de recursos estuvo en buena parte a cargo de empleados de la
educación y maestros, así como de militantes priistas, porque al PRI le
preocupaba el resultado de los comicios sobre todo en seis entidades: Jalisco,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal.
El operativo en apoyo de Peña Nieto funcionó como un reloj y fue escandaloso, un
dispendio de dinero y una descarada utilización de las dependencias de la
administración pública estatal principalmente. Como se denunció oportunamente,
en la reunión en casa del C. Eruviel Ávila, Enrique Peña Nieto dio la orden a los
gobernadores de los estados del PRI de sacar los votos a como diera lugar. Los
gobernadores, a su vez, designaron de entre sus colaboradores a los
responsables por municipio y por distrito y los proveían de recursos para operar la
compra de voto. Luego de eso, los funcionarios encargaron la operación de
compra de voto a sus subalternos. Lo hicieron regalando despensas, dádivas,
materiales para construcción, haciendo gestión, otorgando créditos para vivienda,
becas, y hasta descuentos y condonación total de impuestos estatales.
Como ejemplo, cabe mencionar el caso absolutamente documentado del estado
de Zacatecas. Se denunció y se presentaron todas las pruebas de la apertura de
varias cuentas con dinero cuyo origen se desconoce, a nombre de Víctor Manuel
Rentería López, secretario particular del Oficial Mayor del Gobierno del Estado,
para operar el Segundo Distrito. De esa cuenta se pagó a empresas proveedoras
de materiales que fueron entregados para influir en la determinación del voto, y a
operadores políticos encargados de conseguir los votantes.
El operativo de coacción del voto se culminaba en las “Casas Amigas”, ahí se
verificaba por los operadores, habilitados por el IFE como “observadores” del PRI,
con la lista nominal en mano, que los ciudadanos que habían recibido algún
apoyo, emitieran su voto a favor del PRI. Esta fase se denominó “Bingo” y en ella
se verificaba que efectivamente quienes se habían comprometido a votar por el
PRI lo habían hecho.
Asimismo resultó violatorio de la normatividad electoral y un ataque directo a la
libertad de sufragio, la escandalosa distribución por parte de militantes del Partido
Revolucionario Institucional de tarjetas de débito de la Tienda Comercial Soriana,
otorgadas como condición para que se votara por el candidato del PRI, dinero que
no provino del financiamiento público ordinario ni del destinado para gastos de
campaña y que no sólo se convirtió en una violación a los gastos de campaña
previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino
23

24. que constituyó un mecanismo de compra del voto, con lo cual se violentó el
contenido del Artículo 41 fracción I, párrafo segundo de nuestra Norma
Fundamental que establece el voto libre.
Del mismo modo, la difusión de la propaganda electoral y política en análisis, así
como la coacción y presión ejercidas sobre el electorado sin duda generó efectos
negativos, que atentan en contra del principio de la libertad del voto, en tanto que
constituyeron un factor determinante que influyó en el ciudadano para orientar su
elección electoral.
3.- Además de lo anterior, incurrieron en actos y omisiones graves en el
ejercicio de su responsabilidad, en virtud de que desde el inicio del periodo de
campañas políticas, el candidato de la coalición Compromiso por México dio
muestras del dispendio que se escondía tras el rubro de gastos de campaña. Por
ello, el Movimiento Progresista, por conducto de sus representantes, en reiteradas
ocasiones presentó las quejas correspondientes ante el Consejo General del IFE.
Habiendo sito totalmente omiso respecto del cauce y resolución de todas y cada
una de ellas, puesta hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno de parte
de los representantes de dicho instituto.
El artículo 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
establece cuales son las causales de nulidad de la elección de presidente de la
república:
Artículo 77 Bis
1. Son causales de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos cualquiera de las siguientes:
a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo
1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento
de las casillas instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se hayan
corregido durante el recuento de votos, o
b) Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más
de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, o
c) Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible.
Por otra parte, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
solo podrá declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente
se establezcan en las leyes.
Artículo 99
…
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en
los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala
Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una
elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
24

25. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de
validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que
hubiese obtenido el mayor número de votos.
Sin embargo, los Magistrados, en lugar de realizar su función conforme a derecho,
se volvieron cómplices del fraude y omisos en sus obligaciones legales porque
renunciaron, entre otras, a su obligación de actuar como tribunal de pena
jurisdicción, garante de la Constitución. Porque no vieron, ni analizaron ni
investigaron, como debían, la violación de la Constitución, y menos aún el
incumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Como se señaló, la Coalición “Movimiento Progresista” acudió ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la atribución de
realizar la declaración de validez de la elección del presidente de la República, y
que también es un tribunal constitucional con facultades para revisar la
constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral. Dicho tribunal,
emitió una resolución que no se apega a los principios constitucionales y legales
que rigen la materia electoral, agraviando a la Coalición Movimiento Progresista y
a los ciudadanos mexicanos entre otras, por las siguientes razones:
A) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue omiso al
desahogar las pruebas de la impugnación que declaró infundada.
Lo anterior, porque ignoró de plano diversos artículos de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) en los que
se le faculta para "desahogar pruebas" "requerir autoridades" y "suplir agravios"
Artículo 14
…
3. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando
la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen
determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular
el acto o resolución impugnado.
Artículo 21
1. El Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los
asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y
municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones
políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder,
pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación.
Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o
que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación
que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo
para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las
leyes aplicables.
Artículo 23
1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la Sala
competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los
agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.
…
25

26. Como se desprende de las transcripciones anteriores, el Tribunal tiene facultades
para "desahogar pruebas" "requerir autoridades" y "suplir agravios", pero aún así
no ordenó el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales ni de pruebas
periciales, no requirió documentos que puedan servir para sustanciar los medios
de impugnación (todo lo que el IFE omitió en la indagatoria sobre la propaganda
encubierta en Televisa), ni suplió deficiencias u omisiones en los agravios, ya que
desechó las pruebas presentadas pretextando su indebido ofrecimiento, y
culpando de ello a la coalición Movimiento Progresista.
En los casos en los que se admitieron pruebas, se realizó una inadecuada
valoración de ellas, con una interpretación letrista de las disposiciones legales
aplicables y sin buscar la protección más amplia de los derechos políticos de los
ciudadanos mexicanos, los cuales también son derechos humanos reconocidos en
los tratados internacionales suscritos por México.
Por si todo esto fuera poco, y como una prueba más de la deliberada actuación de
los magistrados, constan diversas declaraciones públicas de ellos, descalificando
incluso antes de recibirlos, nuestro juicio y nuestras pruebas. Como la declaración
del magistrado Manuel González Oropeza, el 16 de julio de 2012, mediante las
cuales ya argumenta lo mismo que argumentó en la sesión del fallo, pero además
trata de sustentar el criterio que defiende papel omiso del Tribunal con respecto a
agotar las investigaciones, en contravención clara con lo que señala la ley, como
expongo arriba.
B) Por otra parte, consideramos vulnerado el derecho de acceso a la justicia
ante la negativa del Tribunal para aplazar la declaración de validez de la elección
aun cuando no han sido resueltas las quejas administrativas presentadas ante el
Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con el rebase a los topes de
campaña y compra de votos; así como las denuncias presentadas ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de las cuales
puede deducirse la vulneración del derecho de los mexicanos de renovar cargos
de elección popular, el este caso la presidencia de la república, mediante
elecciones libres y auténticas, a través del voto libre, secreto y directo, derecho
que se encuentra establecido tanto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
C) Derivado de lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación deja en estado de indefensión a la Coalición Movimiento Progresista y
a los ciudadanos mexicanos, debido a la renuncia implícita en su fallo para ejercer
la facultad constitucional, derivada de las reformas de 2007, de erigirse en tribunal
con jurisdicción plena para investigar e invalidar normas que atentan contra los
26

27. principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y equitativas, como se
desprende del análisis de la sentencia emitida en el expediente SUP-JIN-
359/2012.
Los acusamos de mentirosos y falaces por decir que la Coalición “Movimiento
Progresista” no probó nada, por pretender que a nosotros correspondía “la carga
de la prueba”, por recurrir a subterfugios como el de que si “no me probaste, no te
doy la razón”, para eludir su responsabilidad y quedar bien con el PRI y con quien
ellos ungieron sobre la ley como “Presidente electo”.
Son cómplices de la imposición y encubridores del fraude porque ellos saben que
el Tribunal tenía facultades legales para dictar medidas que se llaman “para mejor
proveer” y no lo hicieron; es decir, que ellos podían haber investigado, porque el
TEPJF tiene plena jurisdicción, pero además porque “nadie está obligado a lo
imposible”, según reza un principio jurídico.
Ellos sabían y saben que el Tribunal no debía pedirnos que nosotros probáramos
muchos de los reclamos que hacíamos, porque no podemos acceder a la
información financiera, pues existe el secreto bancario; ni tampoco solicitar
información sobre empresas, ya que está la reserva fiscal; y mucho menos
podíamos decirle al Ministerio Público que nos entregara las averiguaciones
previas de las denuncias, pues es información bajo reserva. Las únicas
autoridades que podían haber superado estos secretos eran los ministros y los
consejeros electorales. En suma, la Coalición presentó pruebas que ellos debieron
ampliar para salvaguardar no nuestro interés, sino la Constitución. Y simplemente
no lo hicieron.
Acusamos a los 7 magistrados del Tribunal de incurrir en omisiones graves en su
responsabilidad, en perjuicio de la República y de todos los ciudadanos, porque
delegaron la carga de la prueba a quien demandó. Y porque finalmente resolvieron
cuando aún hay asuntos pendientes en el IFE, en la FEPADE y en otros
tribunales, que pudieran incidir en el balance del Juicio.
En lugar de actuar de conformidad con la ley, de acuerdo a la argumentación
vertida en la resolución, el Tribunal buscó en todo momento complejizar todavía
más la concreción de los agravios y así, por ejemplo, en la página 579 señala que
se tenía que demostrar que no únicamente se trataba de financiamiento prohibido,
sino que “además se haya llevado a cabo con una finalidad dirigida a materializar
la compra y coacción de votos”.
Es decir que de acuerdo con los magistrados el hecho de que se hubiese
construido toda una red de financiamiento paralelo no contravenía los principios
27

28. rectores; para que esto sucediera además éste se tenía que destinar a comprar
voluntades.
En lugar de hacer lo que debían se ocuparon en elaborar un discurso político con
descalificativos políticos que les permitieran encubrir y declarar Presidente Electo
por encima de la ley a quien actuó en todo el tiempo previo a la campaña y en la
campaña por encima de la ley.
3.- Concretamente señalamos a Salvador Nava Gomar por mentir cuando
afirmó que verificaron si en verdad se habían comprado 5 millones de votos, y
cuando aseguró que ellos vieron que eso no se acreditaba con pruebas porque ni
revisaron con responsabilidad lo que les ofrecimos ni hicieron ninguna
investigación, como les correspondía.
El tope de gastos de campaña establecido por el Instituto federal Electoral,
$336, 112,084.16, y como se desprende de la evidencia que se presenta a
continuación, el tope de gastos de campaña fue rebasado por mucho por el
candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de
México, Enrique Peña Nieto, con lo que queda evidenciado que el proceso
electoral no fue equitativo, ya que el uso de recursos fue desproporcional en
comparación con los otros candidatos que compitieron por la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que el proceso en si no fue legal,
legitimo y autentico, ya que al hacer mayor uso de recursos a los permitidos,
Enrique Peña Nieto llevó ventaja clara y evidente, además de que dichos recursos
fue utilizado para la manipulación, compra y coacción del voto.
Asimismo, el monto máximo que los partidos políticos y candidatos pueden
recibir por aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, $33, 611,208.42,
y en las evidencias que se presentan, queda demostrado que las aportaciones que
hicieron los particulares fue superada por un altísimo porcentaje, se ponen de
ejemplo las tarjetas SORIANA y las tarjetas de Monex, con las cuales se compró,
manipuló y coaccionó ilegalmente el sufragio de millones de mexicanos.
En este orden de ideas, en la especie, la conducta violatoria de la norma
electoral por parte del C. Enrique Peña Nieto, como candidato a la Presidencia de
la Republica, postulado por la coalición “Compromiso por México” integrada por
los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
de México y de dichas instituciones políticas, en el proceso electoral federal 2011-
2012 se vuelve a dar pero en mayor dimensión, puesto que se han dejado de
resolver las siguientes quejas en materia de fiscalización de los recursos de los
Partidos Políticos:
28

29. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
HABER EXCEDIDO EL TOPE DE
CAMPAÑA ESTABLECIDO POR EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
PUES ES “EVIDENTE EL DISPENDIO EN
CLARIDAD Y
PUBLICIDAD Y EXAGERADO
PARTICIPACI
1 Q-UFRPP 15/12 QUEJA PRI DERROCHE DE RECURSOS
ÓN
ECONÓMICOS QUE EL CANDIDATO
CIUDADANA
PRESIDENCIAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL HA
VENIDO HACIENDO A LO LARGO Y
ANCHO DE LA REPÚBLICA MEXICANA”.
1.- LA PROMOCIÓN EXCESIVA DEL
CANDIDATO EPN, TANTO EN
ESPECTACULARES, LONAS, MANTAS,
BARDAS Y PENDONES UBICADOS EN
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS 32
DISTRITOS QUE INTEGRAN EL PAÍS;
2.- LA PRESUNTA CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTO DE AVIONES Y
HELICÓPTEROS, UTILIZADOS POR EPN
PARA LOS TRASLADOS DE SUS
EVENTOS DE CAMPAÑA; EL
2 Q-UFRPP 16/12 QUEJA PAN PRI DENUNCIANTE ANEXA A SU ESCRITO
DE QUEJA EL ACUSE EN ORIGINAL DEL
OFICIO RPAN/531/2012, MEDIANTE EL
CUAL EL C. ROGELIO CARBAJAL
TEJEDA, SOLICITA A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES LAS BITÁCORAS DE
VUELO CORRESPONDIENTES AL
PERIODO DEL 30 DE MARZO HASTA LA
PRESENTACIÓN DEL OFICIO EN CITA
EN EL AÑO EN CURSO.
SE RECIBIÓ EL OFICIO DEL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ,
MEDIANTE EL CUAL REMITIÓ EL
COALICIÓN ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO POR
3 Q-UFRPP 18/12 QUEJA PAN COMPROMISO ROGELIO CARBAJAL TEJADA,
POR MÉXICO REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL
CONSEJO GENERAL DEL REFERIDO
INSTITUTO, A TRAVÉS DEL CUAL
HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESA
AUTORIDAD, CUESTIONES
29

30. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
PRESUNTAMENTE CONCULCATORIAS
DE LA NORMATIVA COMICIAL FEDERAL
ATRIBUIBLES A EL CANDIDATO DE LA
COALICIÓN COMPROMISO POR
MÉXICO; EN EL QUE DENUNCIÓ LA
PRESUNTA APORTACIÓN DE ENTRE
PROHIBIDO.
A 27 DÍAS DE LA CAMPAÑA DE LOS 90
QUE DURA, LA COALICIÓN
COMPROMISO POR MÉXICO Y SU
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, HAN REALIZADO UNA
OSTENTOSA CAMPAÑA ELECTORAL
CONSISTENTE EN LA DIFUSIÓN Y
PRD, COLOCACIÓN DE PROPAGANDA CON
MOVIMIENT COALICIÓN DERROCHE DE RECURSOS. POR LO
4 Q- UFRPP 22/12 QUEJA O COMPROMISO QUE SE ESTIMA QUE YA SE HA
CIUDADANO POR MÉXICO REBASADO EL TOPE DE GASTOS DE
Y PT CAMPAÑA, BAJO LOS SIGUIENTES
RUBROS: GASTOS DE PROPAGANDA,
GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA;
GASTOS DE PROPAGANDA EN
DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS
IMPRESOS; GASTOS DE PRODUCCIÓN
DE LOS MENSAJES PARA RADIO Y
TELEVISIÓN.
DETERMINAR SI EL ORIGEN DE LOS
RECURSOS QUE SE UTILIZARON PARA
LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA
COLOCADA EN AUTOBUSES DE
SERVICIO PÚBLICO EN CANCÚN, QUE
BENEFICIA AL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR
LA COALICIÓN COMPROMISO POR
MÉXICO, DE LA CUAL SEGÚN SE
5 Q-UFRPP 40/12 QUEJA PAN PRI DESPRENDE DE LA RESOLUCIÓN EN
PRIMERA INSTANCIA EL PRI Y EL
PVEM NEGARON HABERLA
CONTRATADO. EN ESTE SENTIDO, SE
DEBE DETERMINAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA FÍSICA O MORAL
RESPONSABLE DE SU CONTRATACIÓN
SI LA PROPAGANDA Y EN SU CASO,
DETERMINAR SI SE TRATA DE: 1)UNA
APORTACIÓN POR PARTE DE UNA
EMPRESA DE CARÁCTER MERCANTIL
30

31. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
2) UNA APORTACIÓN POR PARTE DE
UN SIMPATIZANTE Ó 3) UNA
APORTACIÓN DE ENTE NO
IDENTIFICADO. RESPECTO A UN
PRESUNTO REBASE DE TOPES DE
CAMPAÑA, SE PROPONDRÁ EL
SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE
EL REBASE DE TOPES DE GASTOS DE
ERNESTO CAMPAÑA, ESPECÍFICAMENTE POR
PRI, ENRIQUE
6 Q-UFRPP 41/12 QUEJA SÁNCHEZ LOS SPOTS DEL PRI EN DIVERSAS
PEÑA NIETO
AGUILAR SALAS DE CINE, TALES COMO
CINÉPOLIS, CINEMEX Y CINEMARK,
SE DENUNCIA QUE DE CONFORMIDAD
CON EL TESTIMONIO DEL C. JOSÉ
LUIS PONCE DE AQUINO, PRESIDENTE
DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE
FRONTERA TELEVISIÓN NETWORKS,
SE APORTAN INDICIOS PARA
SUPONER QUE LOS SERVICIOS DE
PUBLICIDAD QUE PRESTA DICHO
TESTIGO EN LOS ESTADO UNIDOS DE
AMÉRICA, FUERON UTILIZADOS PARA
ENCUBRIR LA OBTENCIÓN,
TRANSFERENCIA Y MANEJO DE
FONDOS FINANCIEROS PARA LA
CAMPAÑA DEL C. ENRIQUE PEÑA
NIETO, POR UN MONTO DE 56
COA MILLONES DE DÓLARES, DE
7 Q-UFRPP 42/12 QUEJA PAN COMPROMISO PROCEDENCIA DESCONOCIDA,
POR MÉXICO ASIMISMO MENCIONA FUE
CONTRATADO POR ALEJANDRO
CARILLO GARZA SADA, SOCIO DE
JIRAMOS, S.A. DE C.V., POR LA
CANTIDAD ANTES MENCIONADA,
DINERO QUE SE AFIRMA FUE
DEPOSITADO EN UNA CUENTA
BANCARIA EN EL BANCO MONEX Y
BANCA MIFEL. DICHO TESTIMONIO
ADEMÁS SE RESPALDA EN LA
DEMANDA PRESENTADA ANTE LA
CORTE DE DISTRITO DE CALIFORNIA,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR
FRAUDE, INCUMPLIMIENTO DE DEBER
FIDUCIARIO, FALSO TESTIMONIO PRO
NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y DESAGRAVIO POR
31

32. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
MANDATO JUDICIAL.
SE DENUNCIA QUE DE CONFORMIDAD
CON EL TESTIMONIO DEL C. JOSÉ
LUIS PONCE DE AQUINO, PRESIDENTE
DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE
FRONTERA TELEVISION NETWORKS,
SE APORTAN INDICIOS PARA
SUPONER QUE LOS SERVICIOS DE
PUBLICIDAD QUE PRESTA DICHO
TESTIGO EN LOS ESTADO UNIDOS DE
AMÉRICA, FUERON UTILIZADOS PARA
ENCUBRIR LA OBTENCIÓN,
TRANSFERENCIA Y MANEJO DE
FONDOS FINANCIEROS PARA LA
CAMPAÑA DEL C. ENRIQUE PEÑA
NIETO, POR UN MONTO DE 56
MILLONES DE DÓLARES, DE
COA PROCEDENCIA DESCONOCIDA,
8 Q-UFRPP 43/12 QUEJA PRD COMPROMISO ASIMISMO MENCIONA FUE
POR MÉXICO CONTRATADO POR ALEJANDRO
CARILLO GARZA SADA, SOCIO DE
JIRAMOS, S.A. DE C.V., POR LA
CANTIDAD ANTES MENCIONADA,
DINERO QUE SE AFIRMA FUE
DEPOSITADO EN UNA CUENTA
BANCARIA EN EL BANCO MONEX Y
BANCA MIFEL. DICHO TESTIMONIO
ADEMÁS SE RESPALDA EN LA
DEMANDA PRESENTADA ANTE LA
CORTE DE DISTRITO DE CALIFORNIA,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR
FRAUDE, INCUMPLIMIENTO DE DEBER
FIDUCIARIO, FALSO TESTIMONIO PRO
NEGLIGENCIA, INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y DESAGRAVIO POR
MANDATO JUDICIAL.
“EN DIVERSAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DE HA DETECTADO UNA
SUPUESTA PROMOCIÓN DE TELCEL A
COALICIÓN USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR
9 Q-UFRPP 47/12 QUEJA PT COMPROMISO QUE RECIBEN UN MENSAJE QUE DICE:
POR MÉXICO ¿ENVÍA ALTA PEÑA NIETO AL 4435?
CON LA OFERTA DE RECIBIR A
CAMBIO TIEMPO AIRE…”. TOMANDO
EN CUENTA QUE ESA PROMOCIÓN SE
REALIZA A TRAVÉS DE LAS ONDAS DE
32

33. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
RADIO QUE FUERON CONCESIONADAS
POR EL ESTADO A UN PARTICULAR.”
EL 19 DE JUNIO DE 2012, MEDIANTE
OFICIO SCG/5743/2012, EL
SECRETARIO EJECUTIVO REMITIÓ
DOS ESCRITOS DE DESLINDE
PRESENTADOS POR EL PRI, AMBOS EL
17 DE MAYO DE 2012, ASÍ COMO EL
ACUERDO DE RECEPCIÓN
CONDUCENTE, DE FECHA VEINTIUNO
DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
EL 20 DE JUNIO DE 2012 LA UNIDAD
DE FISCALIZACIÓN RECIBIÓ EL
ESCRITO DE QUEJA EN CONTRA DE LA
COALICIÓN COMPROMISO POR
MÉXICO, POR LA PRESUNTA
EROGACIÓN DE GASTOS QUE NO
COALICIÓN
CORRESPONDEN A LOS FINES
10 Q-UFRPP 48/12 QUEJA PT COMPROMISO
CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE
POR MÉXICO, EPN
PERMITIDOS PARA EL DESTINO DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, EN CONCRETO, DIVERSOS
OBJETOS QUE NO CORRESPONDEN A
PROPAGANDA ELECTORAL PARA LA
OBTENCIÓN DEL VOTO.
VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y EQUIDAD EN LA
CONTIENDA DEL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL DEL 2011-2012 POR
QUEBRANTAR EL PRINCIPIO DE
ELECCIONES LIBRES Y POR LLEVAR A
CABO UNA COACCIÓN Y COMPRA DEL
COALICIÓN VOTO DEL ELECTORADO AL EFECTUAR
11 Q-UFRPP 61/12 QUEJA PRD COMPROMISO REGALOS CON LA ENTREGA DE
POR MÉXICO, EPN “TARJETA DEL APRECIO” CON VALOR
DE HASTA MIL PESOS, QUE LOS
BENEFICIARIOS PUEDEN HACER
EFECTIVOS EN LAS TIENDAS
“SORIANA”, DE LAS CUALES, SE
PUEDO DETECTAR QUE HAY
ALREDEDOR DE 10,000 TARJETAS,
CON DIFERENTES MONTOS.
CORRESPONDENCIA QUE CONTIENE
12 QUEJA PRD COALICIÓN
UNA PROPAGANDA DEL PARTIDO
COMPROMISO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN
33

34. TIPO DE
EXPEDIENT PROCED DENUNCIAD
NO. ACTOR RESUMEN DE HECHOS
E IMIENT O
O
POR MÉXICO, EPN LA QUE SE INDICA QUE DICHO
PARTIDO LE ENVÍA UNA TARJETA
“PREMIUM PLATINO” “QUE INCLUYE
BENEFICIOS EN MILES DE
ESTABLECIMIENTOS”, DANDO LAS
GRACIAS “POR SIMPATIZAR CON LAS
PROPUESTAS DEL PARTIDO VERDE”,
ENUNCIANDO CUATRO PROPUESTAS
DE SU PLATAFORMA Y CAMPAÑA
ELECTORAL, LA TARJETA DE COLOR
GRIS INCLUYE EL EMBLEMA DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, NÚMERO DE TARJETA 1301
3028 0135 4556, MIEMBRO DESDE EL
06/12 Y VENCE 06/13, CON UN
HOLOGRAMA CON LA MARCA “MAS
DESCUENTOS”, EN SU PARTE
POSTERIOR INCLUYE NÚMEROS DE
RENOVACIONES, CENTRO DE
ATENCIÓN A CLIENTES.
Bajo este contexto, es pertinente que a simple vista, con debido desahogo
de las etapas procesales de los procedimientos en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos antes relacionados, como mínimo, se obtiene
que en el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica,
postulado por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos Políticos
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, dentro de
las campañas electorales del proceso electoral federal 2011-2012, se realizaron
los siguientes erogaciones:
Dentro del expediente identificado con el número Q- UFRPP 22/12, se
acreditó que a 27 días de la campaña electoral del proceso federal 2011-2012, la
coalición Compromiso por México y su candidato a la presidencia de la república,
han realizado una ostentosa campaña electoral consistente en la difusión y
colocación de propaganda con derroche de recursos, por lo que desde el día 26
de abril del 2012, fecha en que se presentó la queja en comento, ya se había
rebasado el tope de gastos de campaña establecido por el Instituto Federal
Electoral mediante acuerdo identificado con el número CG432/2011, con la
utilización de erogaciones en los rubros de gastos de propaganda, gastos
operativos de campaña; gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios
impresos; gastos de producción de los mensajes para radio y televisión,
34

35. conceptos que si bien es cierto son permitidos por la norma electoral, también lo
es, que estas erogaciones no deben rebasar la cantidad de $336,112,084.16,
como de manera antijurídica se realizó por parte del C. Enrique Peña Nieto,
candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México.
En este orden de ideas, en el escrito de queja identificado con en número
Q- UFRPP 22/12, se ofrecieron las pruebas atinentes y pertinentes, con las que
se acredita que al día 26 de abril del 2011, el C. Enrique Peña Nieto,
candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México habían erogado la
cantidad de $374,920338.21, importe gastado, entre otros, los siguientes
rubros: Producción de spots de TV; Página y anuncios de Internet; eventos
de campaña; publicidad visual externa; y cinespots.
Ante dicha situación, se debe resaltar el hecho de que mediante
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
POR EL QUE SE ACTUALIZA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA
PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 EN
CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO CG382/2011, marcado con el número CG432/2011, se
determinó que el tope de gastos de campaña para la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal 2012 es de
$336,112,084.16, Instrumento jurídico normativo del que como se dijo con
anterioridad el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su
facultad garante establecida en el artículo 119 numeral 1 inciso d) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en “Vigilar el
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo”, debió estar al
cuidado de que los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones Electorales
participantes en el proceso electoral federal 2011-2012 lo cumplieran cabalmente,
máxime que, con la interposición del medio de defensa legal marcado con el
número Q-UFRPP 22/12, se le hizo saber la irregularidad que se estaba
ocurriendo en esa temporalidad, es decir, al 26 de abril del 2012, el C. Enrique
Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, habían rebasado el tope de gastos
previamente establecidos mediante acuerdo identificado con la clave
CG432/2011, tal y como se acredita y especifica en la siguiente tabla:
35

36. TOPE DE GASTOS DE MONTO DE GASTOS
GASTO DE CAMPAÑA DE
CAMPAÑA FIJADO POR EL DE CAMPAÑA
ENRIQUE PEÑA NIETO
CONSEJO GENERAL DEL IFE EXCEDIDO AL DÍA
ESTIMADO DÍA 21 DE
21 DE ABRIL DE
Acuerdo.- CG432/2011 ABRIL DE 2012
2012
$336,112,084.16 $374,920338.21 $38,808,254.05
En este orden de ideas, es pertinente especificar que la irregularidad
demandada no es respecto de los conceptos contratados, sino el importe gastado
en ellos, operaciones contractuales que, como se dijo exceden por la cantidad
de $38,808,254.05, sin olvidar mencionar la posible comisión de
irregularidades a la normatividad electoral, respecto del origen de los
recursos utilizados, por la posible aportación de recursos de personas
prohibidas por el articulo 77 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
En este contexto, lo que esta probado es que desde el 26 de abril del 2012,
el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica, postulado
por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, ya había rebasado el
tope de gastos de campaña por la cantidad de $38,808,254.05; bajo esta premisa,
en buena lógica jurídica se desprende que la conducta antes descrita se ubica
dentro de la hipótesis de los artículos 38, 342 párrafo 1 incisos a), b), c) y f) y 344
párrafo 1 incisos b), c), e) y f) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dado que dichos entes políticos incumplen con las
resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, concretamente el
identificado con la clave CG432/2011, conducta con la que incurren en la
infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y
fiscalización que les impone el Código Comicial Federal al exceder los topes de
gastos de campaña, por lo que deben ser sancionadas en términos de lo
establecido en el articulo 354, párrafo 1 inciso a) numerales II y VI y c) fracción III,
del código ante mencionado, es decir a los Partidos Políticos, con un tanto igual al
del monto ejercido en exceso del tope de gastos de campaña; otro tanto igual al
del monto de los donativos y/o aportaciones de personas prohibidas por la ley, y
otro por el recibido en exceso los limites de personas permitidas por la legislación
electoral y al C. Enrique Peña Nieto, con la cancelación del registro de candidato a
Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos.
No omito mencionar que la responsable, por conducto de la Unidad de
Fiscalización de los Recurso de los Partidos Políticos, además de violar lo
36

37. establecido en el articulo 119 numeral 1 inciso d) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que le impone la obligación de “Vigilar
el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo”, puesto que se
conduce con una actitud pasiva y omisa en cuidar el cumplimiento del ACUERDO
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL
QUE SE ACTUALIZA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 EN CUMPLIMIENTO AL
RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
CG382/2011, marcado con el número CG432/2011, medio por el cual se
determinó “Primero.- Se actualiza el tope de gastos de campaña para la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el Proceso Electoral Federal
2012 el cual se fija en $336,112,084.16 (trescientos treinta y seis millones ciento
doce mil ochenta y cuatro pesos 16/100 M. N.), en cumplimiento del resolutivo
Segundo del Consejo General del Instituto Federal Electoral identificado con el
número CG382/2011”, también quebranta las disposiciones legales contenidas en
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
377 párrafo 4 y 378 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Lo anterior en virtud de que, de manera por demás flagrante, deja de
cumplir las normas generales y principios rectores del procedimiento, toda que
artículo y 377 párrafo 4 y 378 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, preceptos legales que impone la obligación a la
autoridad electoral consistente en que los proyectos de resolución de las quejas
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos deben
presentarse al Consejo General del Instituto Federal Electoral a mas tardar 60
días, contados a partir de la fecha en que se dicta el auto de admisión y el propio
Consejo procederá a aprobar dichos proyectos imponiendo las sanciones que
corresponda, las cuales, en el caso que nos ocupa son las contempladas en los
artículos 354, párrafo 1 inciso a) numerales II y VI y c) fracción III, del código ante
mencionado.
Ahora bien, no debió de pasar por desapercibido de esa H. Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el escrito de queja
en comento, se presentó el día 26 de abril del 2012, por lo que si tomamos en
cuenta un parámetro de 3 o 4 días contados a partir de la presentación de la
queja, el auto de radicación y admisión, se debió dictar a mas tardar el 30 de abril
del año en curso, luego entonces, el proyecto de resolución se debió de haber
presentado a más tardar el día 30 de junio del 2012 fecha en que debió de ser
aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral; esto en virtud de
que, si bien es cierto que artículo 376 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, no establece termino para que Unidad de
37

38. Fiscalización de los Recurso de los Partidos Políticos debe pronunciarse sobre la
admisión de los recursos de queja, también lo es que en otros asuntos similares al
que ahora nos ocupa, pero en contra de la coalición electoral “Movimiento
Progresista” en promedio, dentro de los 4 días después a al presentación, se ha
emitido el auto de admisión correspondiente, tal y como se refleja en la siguiente
tabla:
FECHA DÍAS PARTES
EXPEDIENTE PRESENTACIÓN AUTO DE DE
ACTORA DEMANDADA
DE QUEJA ADMISIÓN DIFERENCIA
PARTIDO
Q-UFRPP 32/12 31 DE MAYO DE 2012 4 DE JUNIO DE 2012 4 días REVOLUCIONARIO COALICIÓN
INSTITUCIONAL “MOVIMIENTO
PROGRESISTA”
PARTIDO ACCIÓN
Q-UFRPP 33/12 1 DE JUNIO DE 2012 4 DE JUNIO DE 2012 3 días y ANDRÉS
NACIONAL
MANUEL
PARTIDO LÓPEZ
Q-UFRPP 36/12 8 DE JUNIO DE 2012 12 DE JUNIO DE 2012 4 días REVOLUCIONARIO OBRADOR
INSTITUCIONAL
En merito de lo anterior, acorde a lo establecido en el artículo 377 párrafo 4,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en lo
conducente establece “Los proyectos de resolución deberán ser presentados al
Consejo General en un término no mayor a sesenta días naturales, contados a
partir de la recepción de la queja o denuncia por parte de la Unidad de
Fiscalización…”, y tomando en cuenta que el escrito de queja que nos ocupa fue
presentado el 26 de abril del 2012, la Unidad de Fiscalización de los Recurso de
los Partidos Políticos, a más tardar el 30 de abril del 2012 debió emitir el acuerdo
de radicación y admisión del escrito de queja, por lo que, atendiendo a la
disposición legal contenida en el articulo antes invocado, a partir del 30 de abril del
2012 , corre el término de 60 días para emitir la resolución, plazo que vence el día
30 de junio del 2012, fecha en la que se debe presentar al Consejo General del
Instituto Federal Electoral el proyecto de resolución del Procedimiento marcado
con la clave Q- UFRPP 22/12 y como consecuencia aprobarse el mismo,
aplicando las sanciones establecidas en el artículo 354, párrafo 1 inciso a)
numerales II y VI y c) fracción III, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, situación que a la fecha en plena violación a los
principios de legalidad, transparencia, seguridad y equidad se ha omitido emitir la
resolución correspondiente al expediente marcado con la clave Q- UFRPP 22/12.
38

39. A mayor abundamiento, los días 5 de junio del 2012 y 10 de julio del mismo
año, ante la Dirección Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, con la atención de
la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se
presentaron sendos escritos de ampliación de la queja en comento, libelo
mediante el cual, con las probanzas atinentes se probó que del periodo
comprendido del día 21 de abril del 2012 al 2 de junio de la misma anualidad y del
2 de junio al 27 del mismo mes y año, respectivamente, medios por los cuales, se
acredita que el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica,
postulado por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos Políticos
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en toda la
etapa de campaña electoral erogó la cantidad de $1,892,987,873, por
concepto de gastos de propaganda, gastos operativos de campaña; gastos
de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos; gastos de
producción de los mensajes para radio y televisión, por lo que, en buena
lógica jurídica SE OBTIENE QUE LA EXISTENCIA DE UN REBASE DE
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA POR LA CANTIDAD DE $1,556,875,788.65.
RESUMEN DE GASTOS DE CAMPAÑA
REALIZADOS POR EL C. ENRIQUE PEÑA NIETO,
CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
POSTULADO POR LA COALICIÓN “COMPROMISO POR MÉXICO”
Expediente.- Q- UFRPP 22/12
GASTO DE GASTO DE GASTO DE TOTAL DE GASTOS TOPE DE GASTOS EXCEDENTE DEL
CAMPAÑA DE CAMPAÑA DE CAMPAÑA DE CUANTIFICABLES DE CAMPAÑA TOPE DE GASTOS
ENRIQUE PEÑA ENRIQUE ENRIQUE PEÑA CAMPAÑA EPN, FIJADO POR EL
NIETO ESTIMADO PEÑA NIETO NIETO ESTIMADO CONSEJO
DÍA 20 DE ABRIL ESTIMADO DÍA 3 DE JUNIO DE GENERAL DEL IFE
DE 2012 DÍA 21 DE 2012 AL 27 DE
ABRIL DE JUNIO DE 2012
2012 AL 2 DE
JUNIO DE
2012
$374,920,338.21 $344,580,651 $1,173,486,884 $1,892,987,873 $336,112,084.16 $1,556,875,788.65
EXCEDENTE DEL TOPE DE GASTOS $1,556,875,788.65
En merito de lo anterior y ante la violación flagrante de los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 119 numeral 1
39

40. inciso d), 377 párrafo 4 y 378 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, por parte del Instituto Federal Electoral, se solicita de
esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que en el ámbito de sus atribuciones, se requiera a la Unidad de Fiscalización la
remisión de los autos originales que integran el expediente marcado con el
número Q-UFRPP 22/12 y sea ese órgano judicial el encargado de resolver dicho
medio de defensa legal, a efecto de que, junto con el que por esta vía se presenta,
se resuelvan en definitiva el fondo de ambos asuntos, con los que se podrá
determinar el rebase de los topes de gastos de campaña por parte de Enrique
Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México y como la aplicación de sanciones que
establecen los artículos 354, párrafo 1 inciso a) numerales II y VI y c) fracción
III, del código ante mencionado, es decir a los Partidos Políticos, con un
tanto igual al del monto ejercido en exceso del tope de gastos de campaña;
otro tanto igual al del monto de los donativos y/o aportaciones de personas
prohibidas por la ley, y otro por el recibido en exceso los limites de personas
permitidas por la legislación electoral. Así mismo, el C. Enrique Peña Nieto,
con la cancelación del registro de candidato a Presidente de la Republica de
los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo establece el artículo antes
invocado, independientemente de la existencia de la comisión de
infracciones a la norma electoral por haber recibido aportaciones prohibidas
por la ley, provenientes de las personas enunciadas en el numeral 2 del
articulo 77 del Código Comicial Federal; situación que servirá de base para
resolver el presente juicio de inconformidad.
Igual suerte corre lo relativo al procedimiento marcado con el número de
expediente Q-UFRPP 15/12, relativo al escrito de queja interpuesto por
CLARIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en el que se denunció al C.
Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la
coalición “Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por haber excedido el
tope de campaña establecido por el instituto federal electoral, al ser mas que
“evidente el dispendio en publicidad y exagerado derroche de recursos
económicos que el candidato presidencial del partido revolucionario institucional
ha venido haciendo a lo largo y ancho de la República Mexicana” y el identificado
con el número Q-UFRPP 16/12, relativo al escrito de queja interpuesto por el
Partido Acción Nacional, en el que se denunció al C. Enrique Peña Nieto,
candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, por la promoción excesiva del
candidato Enrique Peña Nieto, tanto en espectaculares, lonas, mantas, bardas y
40

41. pendones ubicados en diversas localidades de los 32 distritos que integran el país,
así como por la presunta contratación de arrendamiento de aviones y helicópteros,
utilizados por Enrique Peña Nieto para los traslados de sus eventos de campaña,
medio de defensa legal, del que se tiene conocimiento que el denunciante anexó a
su escrito de queja el acuse en original del oficio RPAN/531/2012, mediante el
cual el C. Rogelio Carbajal Tejeda, solicita a la Dirección General de Aeronáutica
Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las bitácoras de vuelo, de
los cuales, tomando en cuenta el número progresivo de cada uno de ellos, es
lógico deducir que fueron interpuestos en fechas anteriores al expediente número
Q-UFRPP 22/12 que se presentó el 26 de abril del 2012.
Ante estas circunstancias, de igual manera, el Instituto Federal Electoral, a
violado de manera flagrante las disposiciones legales y procedimentales
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 119 numeral 1 inciso d), 377 párrafo 4 y 378 párrafo 1 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues a la fecha ha
dejado de emitir la resolución correspondiente; por lo que, del mismo modo, se
solicita de esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que en el ámbito de sus atribuciones, se requiera a la Unidad de
Fiscalización la remisión de los autos originales que integran los expediente
marcados con los números Q-UFRPP 15/12 y Q-UFRPP 16/12, con la finalidad de
que sea ese órgano judicial el encargado de resolver dichos medios de defensa
legal, junto con el número Q-UFRPP 22/12 y el que por esta vía se presenta, con
los que se podrá determinar el rebase de los topes de gastos de campaña por
parte de Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la Republica,
postulado por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos Políticos
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y como la
aplicación de sanciones que establecen los artículos 354, párrafo 1 inciso a)
numerales II y VI y c) fracción III, del código ante mencionado, es decir a los
Partidos Políticos, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso del
tope de gastos de campaña, independientemente de la existencia de la
comisión de infracciones a la norma electoral por haber recibido
aportaciones prohibidas por la ley, provenientes de las personas enunciadas
en el numeral 2 del articulo 77 del Código Comicial Federal.
El 21 de junio de 2012, el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid en su
calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática, presentó queja
en contra de Enrique Peña Nieto, la coalición “Compromiso por México”, integrada
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México,
por actos de presión y coacción a los electores, realizados como parte de la
campaña electoral de la elección a Presidente de la República.
41

42. En la que se denuncia la entrega de tarjetas para llamadas telefónicas y de
descuentos en comercios, es decir de ofrecimiento de “beneficios” en descuentos
en establecimientos mercantiles, de otorgamiento de llamadas telefónicas
gratuitas y descarga de canciones como parte de la propaganda y campaña
electoral del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de
México, integrantes de la coalición Compromiso por México que vulnera el
derecho de voto libre.
El 28 de junio de 2012 el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid en su
carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática, presento
queja en contra de Enrique Peña Nieto, candidato a Presidente de la República;
María Elena Barrera Tapia, candidata a Senadora por el Estado de México y la
coalición Compromiso por México, por actos de presión y coacción de naturaleza
económica a los electores.
En dicha queja que se tramita con el número de expediente Q-UFRPP
61/12, se da cuenta entre otros cuestiones de una videograbación en la que
aparece la C. María Elena Barrera Tapia, candidata Senadora por el Estado de
México, postulados por la coalición “Compromiso por México” dirigiéndose en una
reunión a un grupo de personas, se dice, con ministras de la iglesia católica en el
salón Atenas, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, en donde
como forma de promocionar el voto de las candidaturas denunciadas entrega
tarjetas de prepago de la tienda departamental Soriana y con el logo de la CTM,
por lo que derivado de este hecho, asimismo se nos hicieron llegar 1950 tarjetas
plásticas de la tienda departamental “Soriana” con el emblema de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), tarjeta provista de banda
magnética y una clave numérica de 16 dígitos y que refiere que su uso se rige por
el “programa de lealtad” de la citada tienda departamental, su elaboración se
adjudica a la empresa MyCard, S.A de C.V., que la describe en la página
electrónica http://www.mycard.com.mx/comerciales.html como un producto
comercial de la siguiente manera: “Como Referencia: Una tarjeta de crédito es
calibre 30, laminada con banda magnética embozada. Una tarjeta de Pre-Pago es
calibre 13 sin laminar.” Que la empresa Soriana en su página
http://www1.soriana.com/site/default.aspx?p=10176 describe como “tarjeta del
aprecio” y en la dirección http://www1.soriana.com/site/default.aspx?p=10284 , se
establecen las condiciones del “Programa de la lealtad”.
Sin que hasta la fecha se haya dictado resolución alguna.
También debe tenerse en consideración que es obligación de las
autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizar la
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales como lo
dispone la base VI del artículo 41 constitucional
Artículo 41.
42

43. VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación
en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o
el acto impugnado. En tal sentido, la H. Sala Superior emitió el siguiente criterio:
Tesis X/2001
ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN
OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA
VÁLIDA. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para
que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que
importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades
federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su
parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes
de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los
estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que
serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas
se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección
democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se
considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema
jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales,
que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden
público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son,
entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal,
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus
campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las
elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso
electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los
partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La
observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el
cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados.
En atención a lo anterior, nadie, bajo circunstancia alguna, puede, en el supuesto
ejercicio de un determinado derecho, violar dichos principios rectores, porque,
como ya se mencionó, los mismos rigen y constituyen las bases para la
celebración de comicios en los términos y forma que establece la Constitución
federal y que, por su naturaleza, prevalecen y subsisten por encima de un
aparente derecho individual, cuando este último reviste un ejercicio abusivo y con
transgresión de los limites y principios precisados.
43

44. Más aún, si quien transgrede lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales celebrados por
México, así como en las Constituciones y leyes estatales, representa una
autoridad del máximo nivel ejecutivo dentro de una demarcación territorial, dichas
violaciones trascienden en mayor grado.
En un Estado de Derecho las elecciones no pueden darse o realizarse de
cualquier forma y no pueden consistir en una simulación. En un Estado de
Derecho las elecciones deben ser democráticas acordes con los parámetros
constitucionales y legales. Uno de los elementos fundamentales de un sistema
democrático consiste en que las elecciones sean libres y auténticas. El artículo 41
de nuestra Constitución señala que “las elecciones deben de ser libres, auténticas
y periódicas.”
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
determinó en el juicio de revisión constitucional electoral (SUP-JRC-487/2000) que
los principios del artículo 41 de la Constitución deben observarse para considerar
que la elección es democrática y conforme a la Carta Magna. Si alguno de estos
principios fundamentales es vulnerado, se actualiza la invalidez de la elección,
siempre y cuando se trate de violaciones graves y generalizadas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en recientes sentencias
ha sostenido que la violación a estos principios constitucionales – elecciones
auténticas y libres- dan lugar a la nulidad de la elección. Se mostrarán algunos
ejemplos:
 En la decisión SUP-JRC-165/2008 señaló que no solamente la ley es fuente
para regular o establecer causales de nulidad, sino que la violación a principios
constitucionales o la presencia de irregularidades graves o violaciones
generalizadas pueden dar lugar a la nulidad de una elección.
 En la sentencia ST-JRC-117/2011 la Sala de Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la federación señaló que la violación a principios
constitucionales puede implicar la anulación de la elección si las violaciones
son graves. En el caso concreto, durante los días previos a la elección en la
ciudad de Morelia, el PRI violó flagrantemente la prohibición del artículo 41
Constitucional que impide a los partidos comprar o adquirir tiempos en radio o
televisión. Además, el cierre de campaña del candidato a gobernador fue
trasmitido íntegramente en esos tiempos adquiridos indebidamente y, el
boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su
calzoncillo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao. A juicio del
tribunal, estas irregularidades pusieron en duda la certeza de la victoria del PRI
que se realizó con menos de 2,000 sufragios respecto al segundo lugar.
 En otro caso, en la resolución ST-JRC-15/2008, se anularon elecciones en
Zimapán, Hidalgo porque se transgredió el artículo 130 constitucional, pues el
párroco del municipio llamó a votar por el candidato del PRD en su misa
celebrada el mismo día de la elección.
Los ejemplos anteriores, más otros emblemáticos como la anulación de las
elecciones en el estado de Tabasco, Colima, o en los municipios de Cd. Juárez o
Tijuana, prueban que de hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha invalidado elecciones cuando se infringen principios
constitucionales.
44

45. En este tenor, las violaciones constitucionales y legales que mediante el juicio de
inconformidad se hicieron valer, debieron ser suficientes para decretar la invalidez
de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las
conductas señaladas en el apartado correspondiente de los hechos, atentan
gravemente en contra los principios constitucionales que rigen los procesos
electorales, especialmente el principio de equidad.
En efecto, el principio de equidad se vulnera cuando los partidos políticos o
terceros, contraten o utilicen espacios en radio y televisión fuera de los tiempos
pautados por el Estado para difundir propaganda electoral y política, debido a que
con ello se transgrede a lo previsto en el artículo 41, Base III, apartado A,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
relación con los numerales 49, párrafo 3; 342, párrafo 1, inciso a) e i) y 344,
párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y procedimientos
electorales.
Es así, que en el caso se presentó una vulneración directa a la Constitución
federal, específicamente al artículo 41, Base III, apartado A, penúltimo párrafo, así
como a los principios de equidad y certeza.
En ese orden, el principio de equidad en la contienda se configura como uno de
los valores superiores del ámbito electoral, debido a que se materializa en
diversos rubros como el financiamiento, la propaganda electoral y política, así
como la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otros.
En el caso de la pasada elección federal para Presidente de la República, se
irrogó al principio de equidad, en razón de que existieron transmisiones en forma
de notas informativas y comentarios tanto en radio como televisión que
favorecieron al candidato de la coalición “Compromiso por México”, las cuales no
fueron autorizadas ni ordenadas por el órgano constitucional autónomo facultado
de forma exclusivamente para ello, es decir, por el Instituto Federal Electoral, con
lo cual se dejó en desventaja a los demás contendientes y se posicionó de manera
indebida a la coalición “Compromiso por México” frente a los electores que
siguieron las campañas a través de la radio y televisión en sus espacios de
noticias; además de la adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, se
presentaron algunas otras conductas igualmente graves y que atentaron en contra
de los principios rectores de los procesos electorales, como son:
Rebasar los topes de gastos de campaña, el acceso a financiamiento prohibido
por la constitución, presión y coacción sobre los electores en diversas
modalidades, vulnerando con dichas conductas lo dispuesto por el artículo 41,
párrafo segundo, bases I y II párrafo tercero, de la Constitución federal, dichas
conductas además de conculcar el principio de equidad provocan lesión a los
principios de certeza y legalidad propios de la función electoral, en razón de lo
siguiente:
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado
que dichos principios consisten en lo siguiente:
 El principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las
autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
Dicho principio que se ve afectado, dado que se inobservó el mandato
constitucional y legal que impone a los partidos políticos ajustar la difusión de su
propuesta política y electoral exclusivamente a los tiempos de radio y televisión
45

46. asignados por el Instituto Federal Electoral, lo cual pone en evidencia que la
coalición “Compromiso por México” a pesar de conocer con claridad las reglas
propias del proceso electoral y de la difusión de propuesta política y electoral,
pasó por alto las mismas, a pesar de encontrarse obligado a observarlas y
cumplirlas.
 El principio de legalidad en la garantía formal para que los ciudadanos, los
partidos políticos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o
desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo,
lo cual incluye a los partidos políticos como entidades de interés público, atento
a lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La vulneración al principio de legalidad resultó evidente, dado que al inobservar la
constitución y la ley, se produjeron conductas caprichosas y arbitrarias, que deben
inhibirse en todo Estado democrático.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 144/2005, con el rubro
“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.”
Los actos y actitudes desplegados por la coalición “Compromiso por México”
vulneraron a la Constitución federal y vulneraron a los principios de Equidad,
Certeza y Legalidad, rectores de todo proceso electoral, en contra de la reforma
constitucional en materia electoral de 2007 y legal de 2008, se trató también de
conductas graves y sistemáticas, ya que no se produjeron de forma aislada sino
que se advirtió una preparación y una clara intención de utilizar los medios de
comunicación masivos, en el caso televisión, para posicionarse frente a los demás
contendientes de manera irregular.
De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos
fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser
imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular
de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna,
que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden
público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principio son,
entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal,
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus
campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen
privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y
autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como
principio rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de
equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación
social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales.
Como consecuencia de lo anterior, si esos principios son fundamentales en una
elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que
cuando en una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido
perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de
tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la
credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta
procedente declarar la invalidez de la elección.
46

47. Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del derecho al
voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el autor del
acto no votó libremente, ya que fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la
expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos. Incluso, ese acto, si
no cumple con los requisitos esenciales es posible estimar que no se ha
perfeccionado y que no debe producir efectos.
Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial del acto del sufragio
y por ende de la elección propiamente dicha, para que pueda ser considerada
democrática. En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la
expresión de la voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan
la jornada electoral y definen su resultado. Su significado como concepto, está
marcado por un dualismo de contenido.
Por una parte puede tener un sentido neutro o "técnico", y por la otra, un sentido
sesgado u "ontológico". El significado neutro de elecciones puede ser definido
como "una técnica de designación de representantes". En esta acepción no cabe
introducir distinciones sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas
electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que tienen
su materialización.
El significado ontológico de "elecciones" se basa en vincular el acto de elegir con
la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre
ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que
garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual
constituye su esencia.
En ese sentido se da una confluencia entre los conceptos técnico (proceso
electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible) de la elección, como método democrático para designar
a los representantes del pueblo.
Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y
gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas
reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe
tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría
opción.
En la penosa resolución que recayó al juicio de inconformidad presentado por la
coalición Movimiento Progresista, emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con notoria parcialidad se observa que los magistrados
optaron por acatar un sentido meramente neutro o técnico de elección, más no el
sentido ontológico. En palabras del Magistrado presidente de dicho tribunal: “Tal
es el objeto de la calificación de la elección presidencial, cuyo proyecto se
presenta ante el Pleno de esta Sala Superior, y que, en tanto acto de control
jurisdiccional, no persigue otro propósito que el de garantizar la aplicación de los
principios constitucionales, para validar con ello el triunfo de quien obtuvo más
votos de la ciudadanía, como fundamento de la legitimación de la autoridad en
nuestro Estado democrático de derecho…
Las elecciones democráticas deben efectuarse siguiendo diferentes principios
(procedimientos) formalizados. La garantía de esos principios constituye el
presupuesto esencial para que se reconozcan las decisiones sobre personas
postulantes y contenidos políticos a través de las elecciones, que son vinculantes
47

48. para el electorado, por parte de los propios electores.
Entre estos principios que procuran la capacidad legitimadora de las elecciones, y
que gozan al mismo tiempo de una importancia normativa para una elección libre
son:
1) la propuesta electoral, que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos
de la elección (debe ser libre, competitiva) y por otro, no puede sustituir a la
decisión selectiva de electorado;
2) la competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre
posiciones y programas políticos;
3) la igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura y
campaña electoral);
4) la libertad de elección que se asegura por la emisión secreta del voto;
5) el sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe
provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen
la dinámica política;
6) la decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral.
Estos principios se consagran en la Constitución Federal y se reflejan en el
sufragio universal y el derecho al voto libre, secreto, igual y directo. El derecho de
sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido, es sobretodo
un principio, el más básico de la democracia, o hablando en términos más
precisos del Estado democrático. La solidez de este aserto parece indiscutible en
la medida en que si se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra
forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que mediante el
ejercicio del voto.
Para llegar a él, como se dijo, el elector debe elegir, cuando menos entre dos
alternativas, y sólo puede hacerlo si conoce las propuestas de los candidatos. El
conocimiento de la oferta política del partido, deriva de la comunicación que tiene
con el electorado. Resulta obvia la importancia que tienen los medios de difusión
en este intercambio de información.
La importancia de acceder en condiciones equitativas a los espacios en la radio,
televisión y distintos medios de difusión, deriva en la gran eficacia y penetración
que tienen en la ciudadanía. Pues a través de estos medios de difusión los
partidos políticos y candidatos tienen la oportunidad de exponer los puntos de
vista sobre la forma de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía, los
aspectos sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideológicos del
instituto político y la opinión crítica de la posición que sostienen sus adversarios.
Entonces, la equidad en las oportunidades para la comunicación constituye, entre
otros, uno de los elementos esenciales en una elección democrática, cuya
ausencia da lugar a la ineficacia de la elección.
Todo lo anterior nos lleva a estimar el clima de libertad que debe imperar en una
elección, para que cumpla con el principio democrático que prevé la Constitución
Federal, pues es obvio que no es posible una elección si se celebran en una
48

49. sociedad que no es libre.
Tratar de definir el concepto libre, nos enfrenta ante un término relativo, pues
dependerá de la concepción histórica y social de cada grupo social que la defina.
Sin embargo, existe un común denominador, las elecciones no pueden ser libres,
si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas.
La noción de libertades públicas puede concebirse en términos de un clima social
o en términos de derechos y garantías señalados por la ley. Un clima de libertad
es aquel en que circula ampliamente una abundante y variada información sobre
los asuntos públicos: lo que se oye o se lee suele ser discutido y las personas se
agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión.
En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertad de
palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado
económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique
las leyes establecidas.
De ello se sigue que, en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas
formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su
voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo
ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que
emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades
públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado
de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos
políticos.
Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a cumplir con
el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del
sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla
con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático,
representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos,
derive de la propia intención ciudadana.
Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran
intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en
donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no
es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado
democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los
favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.
Se parte de la base que el derecho al sufragio, con las características precisadas
en las disposiciones constitucionales mencionadas, constituye la piedra angular
del sistema democrático; de ahí que si se considera que en una elección, el
sufragio no se ejerció con las características antes citadas, ello conduce a
establecer que se han infringido los preceptos constitucionales invocados y que se
ha atentado contra la esencia del sistema democrático, como de hecho aconteció
en las pasadas elecciones federales.
El juicio de inconformidad se presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para impugnar y solicitar la invalidez de la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2012 a
2018, por la violación a los principios constitucionales de certeza, legalidad,
libertad del sufragio y de equidad en la contienda, ya que durante la jornada
49

50. electoral se cometieron violaciones sustanciales de manera generalizada, pues la
Coalición Compromiso por México rebasó los topes de gastos de campaña y con
dichos gastos compró los votos de los electores, lo que se traduce en que la
libertad y el sufragio de los ciudadanos fue coaccionada y la voluntad expresada
se encuentra viciada, pues en efecto solamente la voluntad del pueblo, expresada
mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por
sufragio universal e igual y por voto secreto es legal, legítima y democrática, tal
como lo establecen el artículo 21.1, párrafo 3, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Político; y, el artículo 23, inciso b), de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos. Por tanto, la elección impugnada no se puede considerar como
democrática.
A mayor abundamiento, hemos de precisar que la reforma constitucional al artículo
primero ha abierto un nuevo espectro en la interpretación de las normas
constitucionales y legales, privilegiando la protección de los derechos humanos
sea que se encuentren consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales, adquiriendo la misma
jerarquía.
En tal sentido, los derechos políticos de los ciudadanos se encuentran protegidos
entre otros en los artículos 1, 6, 7, 9, 41 y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23, 30 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), y 2, 3 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Estos preceptos armonizan los derechos políticos de los ciudadanos permitiendo
su plena vigencia aun en contra de disposiciones legales (como en el caso de lo
dispuesto por el artículo 77 bis de la Ley General del Sistema Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en el cual se establecen las causas de nulidad
de la elección de Presidente los Estados Unidos Mexicanos), en tanto que son
considerados derechos humanos, cuyo concepto es
una construcción social, política, histórica, y geográfica, inclusive, ya que su
definición esta intrínsecamente ligada y trastoca todos los elementos que
coexisten, confluyen y subyacen dentro de un núcleo social, esto es: las
condiciones sociales bajo las cuales vive esa comunidad, como está organizada
políticamente, cuáles son sus orígenes y costumbres y en donde se ubica, como
viven, sus necesidades y mucho mas, se dice que existirá mayor tutela efectiva
y respeto a los derechos humanos tanto que determinamos la evolución social,
histórica y política de una comunidad.
Los derechos humanos son universalísimos por excelencia, existen tanto existan
seres humanos en virtud de la dignidad que estos poseen y merecen por el solo
hecho de serlo, pero es importante destacar que existen ciertos factores,
elementos o condiciones necesarias para que se concrete positivamente
el desarrollo evolutivo, defensa, protección y tutela efectiva de ellos.
Una de esas condiciones necesarias para el reconocimiento, defensa y protección
de los derechos humanos es el régimen político imperante socialmente en un
territorio determinado, para entenderlo mejor, cabe recordar el tema de la
libertad ante la necesidad y la libertad ante el miedo. Recordemos que uno de los
pilares, y porque no decirlo la naturaleza de la existencia misma de estos
derechos, se debe a la limitación que debía y debe existir para con el poder que
ha sido otorgado a los administradores del estado, para que en ejercicio del mismo
50

51. se garantizara a los particulares ciertos derechos fundamentales o esenciales: el
respeto a la dignidad humana, a la libertad, igualdad, la vida, el libre tránsito,
la salud, la educación, etc., pero esto solo se podría dar si dentro de un estado
existe un régimen político y social que reconozca abiertamente y defienda en
condiciones cónsonas estos derechos, ya que muy difícilmente se podría
favorecer el respeto a los derechos esenciales si se desarrolla dentro de territorio
determinado un régimen autocrático, autoritarista o absolutista, como por ejemplo
una monarquía antigua o una dictadura instituida de hecho o simuladamente.
Ya que un tirano no tendría límites legales más que su mera voluntad, de hecho es
lo que sucedía antes de desatarse las revoluciones de hace dos siglos: la
norteamericana, la francesa y la latinoamericana (escenificada en el siglo XIX, aun
cuando existen vestigios anteriores a esta fecha, como las rebeliones indígenas
protagonizadas por caudillos como Túpac Amaru II), las cuales pretendieron el
reconocimiento de que el poder soberano lo poseía el pueblo, dando así origen a
nuevas formas o sistemas de gobiernos, que ese soberano tenia derechos y
libertades que merecían protección, y que el estado debía tener límites legales o
constitucionales, naciendo así el concepto de Estado de Derecho moderno o
constitucionalismo moderno, produciéndose a la par de estos hechos la progresiva
institucionalización de mecanismos nacionales de protección de derechos
humanos mediante su efectiva constitucionalización.
El Estado democrático de derecho es quizás el producto más acabado del
constitucionalismo moderno, e indudablemente ha sido ápice fundamental en
cuanto al reconocimiento y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos,
la democracia es un régimen político destinado a asegurar el gobierno del pueblo,
cuya voluntad debe expresarse siempre mediante mecanismos que garanticen al
pueblo, configurado en los ciudadanos, el derecho a la participar en la gestión de
los asuntos públicos, conforme a los principios de igualdad, libertad, pluralismo
y tolerancia. Esa expresión de voluntad puede manifestarse directamente por el
pueblo, mediante instrumentos de democracia directa; y además, en el mundo
contemporáneo, siempre, mediante la elección de representantes, dando origen a
la democracia representativa. Los gobernantes representantes, en ella, siempre
tienen que estar sometidos tanto al control del propio pueblo y de
sus organizaciones políticas y sociales, como al control por parte de los diversos
poderes públicos, asegurando un balance entre ellos.
La democracia no se constituye únicamente en la facultad que tiene el pueblo de
elegir a sus gobernantes y el la posibilidad de los ciudadanos de participar
activamente en la políticas públicas que diseñen los gobernantes, es mucho más
que eso, implica que para hablar verdaderamente de un estado democrático
deben confluir por lo menos cuatro principios cruciales: el principio de la limitación
y control del poder, que es la base del estado de derecho con el objeto de
garantizar los derechos esenciales y la democracia misma, en segundo lugar el
reconocimiento de que la legitimidad popular reside intransferiblemente en el
pueblo quien podrá ejercerla de manera directa o indirectamente y el estado debe
promover la participación efectiva de los ciudadanos.
En tercer lugar el principio de la legalidad, mediante la cual todas las actuaciones
del estado deben estar apegadas a la constitución y a las demás leyes formuladas
válidamente, y como cuarto principio, y no menos importante, está la declarativa
de los derechos humanos y su garantía mediante el constitucionalismo de los
mismos, ello va desde el reconocimiento de la existencia de los mismos, la
defensa, protección, y los distintos procesos que han atravesado como la
universalización y ampliación progresiva, la constitucionalización e
51

52. internacionalización, el fortalecimiento de los organismos y acciones judiciales.
Pero quizás el aspecto más importante que encierra es el de la necesaria
consolidación de los elementos de la democracia representativa como condición
indispensable para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de protección
de los derechos humanos, ya que difícilmente bajo un sistema absolutista sería
imposible navegar bajo el umbral de la libertad, la igualdad, el principio de la
legalidad y por ende el respeto a los derechos fundamentales.
La Carta Democrática Interamericana adoptada por la Organización de los
Estados Americanos en septiembre de 2001, establece que la democracia deberá
tener los siguientes elementos esenciales: 1) el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales; 2) el acceso al poder y su ejercicio con sujeción
al Estado de derecho; 3) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y
basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del
pueblo; 4) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y 5) la
separación e independencia de los poderes públicos (art. 3), con lo que
evidentemente se ratifica que el reconocimiento, respeto y defensa de
los derechos humanos son una condición esencial de todo sistema que se
considere verdaderamente democrático, el cual debe propiciar su defensa sin más
restricciones que las establecidas legalmente por razones de orden público y de
convivencia, a la vez que los derechos humanos se constituyen para el sistema
democrático en uno de sus pilares fundamentales.
Pero estos elementos esenciales de la democracia, además, se complementan
con otros componentes fundamentales de su ejercicio, que también enumera la
misma Carta Democrática Interamericana, y que son 1) la transparencia de las
actividades gubernamentales; 2) la probidad y la responsabilidad de los gobiernos
en la gestión pública; 3) el respeto de los derechos sociales; 4) el respeto de
la libertad de expresión y de prensa; 5) la subordinación constitucional de todas
las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y 6) el
respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de
la sociedad (art. 4), que no son más que derechos considerados esenciales para
un ser humano, fundamentados en el principio y valor supremo de libertad.
Es imprescindible señalar que el proceso de fortalecimiento de los mecanismos y
defensas para la protección de los derechos humanos además de constituir
indudablemente la voluntad del soberano, del pueblo, es una obligación
internacional de los estados parte de la OEA, y quienes han suscrito las distintas
convenciones, pactos o demás instrumentos internacionales emanados al
respecto.
La posibilidad efectiva de la defensa y protección de los derechos humanos y de
los mecanismos de protección establecidos legalmente en una sociedad dependen
de que tan fortalecido este el sistema democrático dentro de la nación. Tal como lo
establece el (art. 7), de la carta democrática Interamericana, cuando menciona
que es indispensable la democracia para el ejercicio efectivo de las libertades
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e
independiente, consagrado en las respectivas constituciones de los estados y en
los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. No
podríamos concebir una protección efectiva y real de los derechos humanos bajo
un sistema democrático absolutista, autocrático y autoritario, ya que es necesario
que confluya bajo un sistema en donde la libertad, el pluralismo, la igualdad,
la dignidad y la tolerancia sean posibles, y esto es así o por lo menos se acerca
solo bajo el sistema democrático.
52

53. No existe democracia donde no haya una verdadera garantía de los derechos
humanos, y estos no podrán ser efectivamente garantizados sino bajo un régimen
democrático, ambos elementos se sustentan, se complementan esencialmente
para ser lo que son, una esperanza al camino de una sociedad justa, equilibrada
en donde seamos todos considerados iguales, en donde se derrumben las
barreras de las diferencias, de las desigualdades, sociales, políticas, económicas y
culturales.
Ahora bien tomando en consideración los valores de libertad y respeto por los
derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas
mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su
vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización
efectiva de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido elaborados aún más
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una
multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias
significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21, fracción
tercera de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece:
«La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto».
De lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Carta Magna –artículo que condensa la
mayoría de los avances en materia de derechos humanos, presentados en la
última reforma constitucional-, se advierte que las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley
Fundamental y con los tratados internacionales en la materia suscritos por el
Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección
más amplia.
Tal principio constitucional fija un parámetro obligatorio de carácter interpretativo,
ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una
norma que obliga a los órganos jurisdiccionales a interpretar las disposiciones
aplicables conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales en
materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la
protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro homine o pro
persona.
Asimismo, respecto a la disposición constitucional en comento, se precisa que
todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, en
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En ese sentido, cuando el precepto constitucional bajo análisis dispone que todas
las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, ello implica que se haga de manera universal, esto es, a
53

54. todas las personas por igual, lo que implica que el ejercicio de un derecho humano
necesariamente debe ser respetado y protegido, conjuntamente con los
demás derechos vinculados; los cuales no se deberán dividir ni dispersar, y cuya
interpretación se debe hacer de manera progresiva, prohibiendo cualquier
retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.
De ahí que la Sala Superior tenga la ineludible obligación constitucional de
proteger y garantizar los derechos humanos. Observando para ello no solo la
normatividad vernácula, sino lo dispuesto por los tratados internacionales del
derecho internacional de los derechos humanos, e incluso, la jurisprudencia de los
organismos regionales jurisdiccionales, imbricados en la red internacional de
protección de los derechos humanos. Así, es dable señalar que el Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios
912/2010, en sesión de catorce de julio de dos mil once, determinó, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
-Es un hecho inobjetable que la determinación de sujeción de los Estados Unidos
Mexicanos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es
una decisión ya consumada del Estado mexicano.
Las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción
ha sido aceptada por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos
del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte
en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no
solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de
los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.
Así verbigracia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Garrido
y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de
1998, párrafo 68, sostiene que todo Estado Parte de la Convención “ha de adoptar
todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente
cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de
la Convención”. También ha afirmado que los Estados “deben adoptar medidas
positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho
fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un
derecho fundamental”. La obligación contenida en el artículo 2 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos reconoce una norma consuetudinaria que
prescribe que, cuando un Estado ha celebrado un convenio internacional, debe
introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la
ejecución de las obligaciones internacionales asumidas.
Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido que Los derechos políticos
consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos
internacionales1, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo
político. Ese Tribunal ha expresado que “la democracia representativa es
determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye
“un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA,
1
Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2,
3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21);
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) de 1993; Protocolo No. 1 al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).
54

55. instrumento fundamental del Sistema Interamericano”2.
Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva
de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el
carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos,
pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad
con el artículo Primero Constitucional cuya reforma se publicó el diez de junio de
dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en particular en su párrafo
segundo, donde establece que:
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
Con base en el artículo Primero Constitucional reformado, todas las autoridades
del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar
no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales
firmados por el Estado mexicano, sino también por
los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, adoptando la
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se
entiende en la doctrina como el principio pro persona.
De este modo, este tipo de interpretación por parte de los juzgadores presupone
hacer:
a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país,
al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar
el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley
acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en
los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no
afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo,
sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la
primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es
parte.
En tal sentido, es preciso reiterar que todas las autoridades del país, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes
haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección
más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de
las mismas.
2
Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humano,
supra nota 49, párr. 34.
55

56. Con motivo de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del diez de junio de dos mil once, las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
De modo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 116, fracción IV, incisos
b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se
establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral y, en
particular, de las autoridades encargadas de la organización de las elecciones, los
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo
5°, se establece que ninguna disposición del Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos encaminados a la obstrucción de
cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación
en mayor medida que la prevista en él.
De igual forma, se establece que no podrá admitirse restricción o menoscabo de
ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Lo anterior resulta de suma importancia, porque hace patente la obligación de los
órganos de los Estados parte, de realizar una interpretación de las normas
contenidas en dicho Pacto, de manera tal que no se atente contra los derechos y
libertades reconocidos en él, asimismo, se instituye la prohibición de establecer en
cualquier ordenamiento jurídico, incluso en el derecho consuetudinario, normas
que restrinjan o menoscaben alguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes.
Así, cuando se trate de la interpretación de una norma, el juzgador debe privilegiar
aquella que amplíe el uso y goce de los derechos humanos fundamentales, que
permita y garantice su pleno ejercicio.
Lo anterior también se establece como método de interpretación de la Convención
Americana de Derechos humanos, la cual, en su artículo 29, establece que
ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de
permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea
parte uno de dichos Estados; excluir otros derechos y garantías que son
inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno.
56

57. Queda claro pues que el Estado, no sólo tiene la obligación general establecida en
el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de garantizar
el goce de los derechos, sino que tiene directrices específicas para el
cumplimiento de su obligación. El sistema electoral que los Estados establezcan
de acuerdo a la Convención Americana debe hacer posible la celebración de
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta
especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los
aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la
expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para
implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la
Convención. Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado,
simplemente, no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos y también otros
previstos en la Convención como el derecho a la protección judicial, son derechos
que “no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los
consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una
detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional,
económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la
propia Convención […], si no hay códigos o leyes electorales, registros de
electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de
votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste
sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que
no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan los tribunales
que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible”3.
Una vez analizadas las disposiciones constitucionales e internacionales que
otorgan protección a los derechos humanos, y refiriéndonos específicamente en
esta ocasión a los derechos políticos y al derecho que tenemos todos los
ciudadanos para gozar de un régimen democrático en el que se celebren
elecciones auténticas, libres y periódicas, resulta inconcuso que la H. Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba
compelida a garantizar la libre expresión de la voluntad de los electores y
privilegiar los principios que rigen la contienda electoral.
El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral de la nación, es al mismo
tiempo la piedra angular del sistema electoral vigente en el Estado mexicano. De
hecho, la etapa culminante de todo el proceso electoral, como lo es la etapa de
dictaminación, de declaración de validez de la elección y de la de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, corre a cargo de dicho tribunal. Por lo que recae
ineludiblemente sobre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, la obligación de garantizar los derechos amparados por el artículo
41 de nuestra Carta Magna y por el artículo 25 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, a efecto de asegurar en última instancia la libre expresión
de la voluntad de los electores.
3
Cfr. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie
A No. 7, Opinión Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, párr. 27.
57

58. En este sentido, las múltiples violaciones perpetradas por los miembros de la
coalición Compromiso por México y su candidato, debieron analizarse
concienzudamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral, a través del enfoque
de la máxima protección a los derechos político electorales de los mexicanos. En
tal virtud, los hechos materiales consignados en el mencionado juicio de
inconformidad, debieron considerarse como constitutivos de la realización de una
serie de delitos o de ilícitos, cuyos autores trataron de ocultar, y por esa razón,
son de difícil demostración, como la de cualquier hecho que implica la comisión de
delitos de esta índole. Por lo que la acreditación de los hechos narrados en el
medio de impugnación en comento, no podía llevarse a cabo de otra manera, sino
a través de presunciones y de pruebas indiciarias.
“Una elección es libre porque existan condiciones para ejercer la libertad de
expresión y se ejerce el derecho a la información”.
No por el hecho de no probar a la entera satisfacción de los miembros del Tribunal
Electoral que las empresas monopólicas de los medios masivos de comunicación
están coludidas con grupos de poder político, para manipular la información, se
sigue que en México, por el contrario, gozamos de plenas condiciones para ejercer
el derecho a la libertad de expresión y de libre acceso a la información. Pensar de
esta manera resulta completamente irresponsable y parcial.
Ahora resulta que los señores magistrados no encendieron la televisión o la radio
en meses, no leyeron periódicos, no salieron a las calles para ver lo que la
mayoría del pueblo de México vio, para constatar la inmensa cantidad de recursos
que el candidato presidencial del PRI utilizó en su campaña. Aquí no existió la
imparcialidad. La unanimidad de los integrantes del Tribunal da la impresión de
que su resolución se elaboró en la mesa de redacción de los grandes consorcios
televisivos, del duopolio televisivo, los cuales meses antes ya daban como
triunfador al candidato del PRI.
Qué desagradable contradicción, los responsables de hacer valer la ley,
convalidan su violación. El Tribunal emitió una sentencia que valida una elección
injusta, que violenta el Estado de derecho, que agravia a la mayoría de los
mexicanos. No actuaron a la altura de las circunstancias y con esa actitud
degradan y desprestigian a las instituciones.
Hoy los garantes de la legalidad, están en duda y bajo sospecha.
HOMBRES QUE SE ESCONDEN TRAS UNA TOGA PARA LEGITIMAR A LOS
GRUPOS DE PODER, A LOS PODERES FÁCTICOS, MEDIANTE EL DISCURSO
JURÍDICO PROPIO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO. ATIENDEN A LA
TEORÍA PURA DEL DERECHO DE JOHN KELSEN, PARA ASEGURAR EL
HERMETISMO EN UN CAMPO SOCIAL EXCLUSIVISTA Y GARANTIZAR AL
MISMO TIEMPO UNA POSICIÓN DE PRIVILEGIOS. DEJANDO DE LADO LA
REALIDAD TREPIDANTE QUE NOS ENVUELVE, EN DONDE HAN COBRADO
RELEVANCIA LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN EN UN CONTEXTO DE
GLOBALIZACIÓN Y DE CONSTANTES CAMBIOS EN LA MANERA DE
ACCEDER, PROCESAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN.
TODO ELLO PARA JUSTIFICAR, LEGITIMAR - DESDE UN DISCURSO QUE EN
TÉRMINOS SOCIOLÓGICOS CONSTITUYE UN CAPITAL SIMBÓLICO Y
CULTURAL, QUE POR TRADICIÓN O REPRODUCCIÓN DE INSTITUCIONES
CULTURALES CONVENIENTES A LAS ELITES, SE HA ARRAIGADO EN EL
IMAGINARIO DE LA COLECTIVIDAD COMO UN FIEL PARA DETERMINAR
58

59. VALIDAMENTE EL DERECHO QUE LE ASISTE A CADA QUIEN- LAS
CHICANAS, TROPELÍAS Y SUBTERFUGIOS DE UN GRUPO QUE EN
REALIDAD NUNCA DEJÓ EL PODER POLÍTICO, Y AL CUAL LA SUPUESTA
TRANSICIÓN TAN SOLO LE AYUDÓ A OBRAR EL MILAGRO DE RESUCITAR
UN INSTITUTO POLÍTICO QUE PARECÍA MUERTO; POR SU ANACRONISMO,
SUS PRÁCTICAS CORRUPTAS, POR LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DERECHOS HUMANOS MÁS ELEMENTALES, POR SU ABUSO Y
CONCENTRACIÓN DE PODER.
DESDE EL CAMPO SOCIAL DEL DERECHO, CHARLATANES QUE
PRETENDEN CONDUCIRSE COMO CIENTÍFICOS SOCIALES, JUZGAN Y
PREJUZGAN SOBRE LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, TESIS
Y TEOREMAS DE GENUINOS ESTUDIOSOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
PARTIENDO DE LA FALCIA DE QUE LA CIENCIA JURÍDICA SE ASIENTA
SOBRE SUS PROPIOS PRESUPUESTOS, SE AFERRAN TAN SOLO A MEROS
SILOGISMOS PERIPATÉTICOS Y OTROS MÉTODOS, QUE CONSTITUYEN UN
EXIGUO MOLDE EN DONDE VACIAR LA REALIDAD PARA DESPUÉS
CRIBARLA.
SIN EL MENOR MIRAMIENTO DESESTIMAN Y SOSLAYAN COMPLETAMENTE
UNA SERIE DE INDICIOS, EVIDENCIAS, PRUEBAS, ANÁLISIS Y ESTUDIOS,
TILDÁNDOLOS DE ABSTRACCIONES, GENERALIDADES, OLVIDANDO CON
ELLO QUE AÚN AHORA RESULTA DIFÍCIL PARA LOS PRACTICANTES DE
LAS CIENCIAS SOCIALES DEFINIR CON PRECISIÓN LA DELIMITACIÓN
ENTRE LO QUE CONSTITUYE UN TRABAJO DE CORTE CUALITATIVO O
CUANTITATIVO.
ABUSAN DEL PRINCIPIO GENERAL DE DERECHO DE QUE UN JUEZ PERITO
DE PERITOS, CON MAYOR RAZÓN SI TOMAMOS EN CUENTA QUE VIVIMOS
UNA ERA EN LA QUE YA NO TIENEN VIGENCIA LAS PARCELACIONES
ENTRE LAS TEORÍAS OBJETIVAS O SUBJETIVAS, NATURALISTAS O
POSITIVISTAS, EMPIRISTAS O CONSTRUCTIVISTAS, INDIVIDUALISTAS O
ESTRUCTURALISTAS.
DE HECHO PODRÍA DECIRSE QUE PARTE DE ESTAS INQUIETUDES
FUERON RECOGIDAS POR EL LEGISLADOR, AL CONSIDERAR QUE LA
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS SE DEBE LLEVAR A CABO CON BASE EN
LA LÓGICA, LA SANA CRÍTICA Y LA EXPERIENCIA. ES DECIR, CON BASE EN
NOCIONES NO SOLO DE CARÁCTER OBJETIVO –COMO RESULTADO DE
AXIOMAS Y TEOREMAS QUE GOZAN DE RECONOCIMIENTO Y TRADICIÓN,
DONDE CABEN DISCIPLINAS COMO LA LÓGICA- SINO ADEMÁS CON BASE
EN LA EXPERIENCIA, PUES LA EXPERIENCIA ES EL COMPLEMENTO
NECESARIO DE CARÁCTER CUALITATIVO PARA ACERCARNOS A UN
ADECUADO ANÁLISIS DE UN EVENTO, UN ACONTECIMIENTO O UN
FENÓMENO DE CARÁCTER SOCIAL.
CUANDO SE APORTAN UNA GRAN CANTIDAD DE PRUEBAS PARA
EVIDENCIAR UN CONTEXTO SOCIAL ESPECÍFICO Y DETERMINADO, COMO
LO ES LA COOPTACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN POR
INTERESES OLIGÁRQUICOS, EL TRIBUNAL DECIDE ANALIZAR LAS
PRUEBAS POR SEPARADO, PASANDO POR ALTO SU CARÁCTER DE
ELEMENTOS ADMINICULADOS Y ARMÓNICOS, Y RESTÁNDOLES TODO SU
VALOR INDICIARIO Y SISTEMÁTICO. ASÍ, COMO OBJETO AISLADO DE
ANÁLISIS, NINGUNA PRUEBA SE ESCAPA DEL PRESUPUESTO
59

60. RECALCITRANTE DE QUE DE NINGUNA FORMA TAL PROBANZA ACREDITA
PLENAMENTE LA AFECTACIÓN AL DESARROLLO DEL PROCESO
ELECTORAL Y SUS RESULTADOS.
Resulta absurdo como los magistrados se esfuerzan por desconocer una serie de
axiomas, como el hecho de que en la era del Homo videns4, la ausencia de un
marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de frecuencias
radioeléctricas (de radio y televisión principalmente) y la inexistencia de
mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación, reduce la calidad
de la democracia y constituye un franco óbice al desarrollo de cualquier tipo de
proceso electoral. El mismo Comité de Derechos Humanos ha reconocido lo
anterior al señalar que “La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación
son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben
protegerse plenamente”.5
Es como si lográramos acreditar que en una isla que se presume desierta, se
encontraron fotografías, un celular, un anillo con brillantes y otros objetos
personales en una choza, además de un bote salvavidas varado en la playa, pero
que todo esto no sea suficiente para comprobar plenamente que tal isla está o
estuvo habitada, porque no se encontró físicamente a la persona de carne y
hueso.
Solo una persona que tenga totalmente atrofiada su capacidad de mnemotecnia o
asociación o que tenga problemas serios en el proceso de sinapsis en su cabeza,
podría sostener que tales elementos probatorios o indicios, como lo son los
enceres domésticos o los artículos personales, no son suficientes o no
demuestran plenamente que en el lugar habita o habitó una persona. Del mismo
modo, resulta totalmente absurdo o ridículo que los magistrados del tribunal
electoral no reconozcan o acepten que se violaron los principios constitucionales
consagrados en los artículos 39, 41 y 134 de nuestra Carta Magna, durante el
proceso electoral para definir al próximo Presidente de la República, puesto que
no se trató de una elección libre, auténtica ni transparente y se violentó la libertad
del sufragio.
Cuando si se concedió por parte de los juzgadores (aunque sea parcial o
hipotéticamente), la concentración de los medios de comunicación de radio y
televisión en pocas empresas o sujetos (y que por eso ostentan un gran poder
fáctico); la deficiencia normativa legal y reglamentaria en materia de propaganda
gubernamental; la insuficiencia de las reformas en materia de radio y televisión y
telecomunicaciones; la cuestionable labor institucional en materia de
telecomunicaciones; la manipulación de las encuestas, su uso como propaganda
electoral y su influencia en las preferencias electorales; el otorgamiento de tiempo
extra por los medios de comunicación (lo que evidencia el fraude a la ley
perpetrado por muchos de los comunicadores, especialmente los relacionados con
el duopolio televisivo); así como la ineficacia de las autoridades electorales y las
sanciones en la materia, etcétera.
Los magistrados parten del supuesto de que todo hecho, acción u omisión
llevados a cabo por cualquiera de las personas físicas o jurídicas involucradas en
lo que a todas luces constituye una gran maquinación para lograr la imposición del
nuevo Presidente de la República, es de carácter impersonal, apolítico y
desinteresado. Echando al traste con ello hasta las teorías económicas o
4
Obra del reconocido politólogo internacional
5
En su Observación General número 25, párrafo 12 (1996)
60

61. sociológicas más convencionales, como el funcionalismo o la teoría de la elección
racional. Para dichos juzgadores es nula la inferencia lógica a partir de hechos
notorios o demostrados, olvidando la máxima de: “dame los hechos y yo te daré el
derecho” y omitiendo por completo, como si no existieran en el ordenamiento
jurídico mexicano, la utilización adecuada de la prueba indiciaria, la prueba
presuncional o humana: “…los resultados de las encuestas no pueden ser
determinantes en la preferencia electoral de toda una colectividad…”
Además, resulta necesario señalar que los hechos materia del presente juicio de
inconformidad no se pueden considerar como aislados, sino que por el contrario,
se deben considerar acciones reiteradas del Partido Revolucionario Institucional
con las que busca y ha buscado ganar a cualquier costo los distintos comicios a
puestos de elección popular, pues aun cuando por principio el poder es lo más
importante para los políticos, ya que sin éste dejarían de serlo, nada justifica la
realización de actos irregulares o ilegales para obtenerlo, pues si así fuera no
tendrían sentido la democracia, ni la realización de las elecciones para la
designación de los gobernantes
Por eso los acusamos de encubrir el fraude, y muy especialmente cuando por voz
del Magistrado Salvador Nava Gomar éste afirma, y ellos avalan, que no hubo
intervención de los gobernadores priístas para presionar y coaccionar el voto a
favor de Peña, negando la existencia, de sobra probada, del “operativo Agora” y
que hubo uso ilegal de recursos públicos por parte del gobierno de Zacatecas.
Sencillamente no vio o no quiso ver en la Caja 11 correspondiente a Zacatecas los
cuatro talonarios de chequeras -dos del banco Banorte y una de INBURSA-, ni los
documentos oficiales y los membretados del PRI dando todas las claves del
operativo, ni el cuaderno tamaño francés y tres tamaño profesional con los
nombres de los promotores y sus jefes, ni el talonario de recibo de dinero, ni las
fotos, ni los testimonios escritos y videograbados. El dice simplemente que “bajo la
técnica jurídica más estricta podrían calificarse de inoperantes, vagos e
imprecisos, esto es que no acreditan lo que pretenden”.
Acusamos al Magistrado Nava Gomar de encubrir la adquisición encubierta
de tiempos en radio y TV y revistas, con Televisa y Grupo Fórmula en particular,
cuando declara que nuestro alegato es inválido diciendo que porque el IFE lo
declaró infundado, y porque luego lo ratificó el Tribunal, es decir ellos mismos, con
eso bastaba para desecharlo.
También encubre el sesgo informativo que se denunció hubo en el manejo de
programas que no eran de noticias, lo que acreditamos entre otras pruebas con el
monitoreo de la UNAM, cuando responde sencillamente que como el IFE dijo que
no habría monitoreo de las barras de opinión sino solo de los noticieros, lo que
alegamos no vale. Es decir que lo desecha no porque no se hubiera dado el
hecho, sino porque lo consideró “irrelevante”.
Y todavía es más cínico al responder a nuestro cuestionamiento sobre la
utilización de las encuestas como instrumentos de propaganda y de inducción del
voto diciendo falsamente que como, “curiosamente, el candidato de la Coalición
MP había dicho que tenía otros datos de otras encuestas que tampoco coinciden
con el resultado, su argumento sería al mismo para demostrar que no tiene razón
en lo que está alegando”.
Lo que es una absoluta mentira puesto que todo mundo sabe que nuestro
candidato no hizo pública ninguna encuesta.
61

62. 2.- Acusamos a Flavio Galván de mentir y de torcer deliberadamente la
justicia en favor del PRI y su candidato cuando afirma que el Juicio de
inconformidad era anecdótico. “Hay un juicio sin acto que impugnar” aseguró. Y
dijo otra gran mentira al sostener que como el Juicio era por nulidad de toda la
elección se presentó “fuera de tiempo”, que era extemporáneo, jactándose
inclusive de que “una forma sencilla de concluir este juicio hubiera sido el
desechamiento”, pero que los magistrados, tan benevolentes, nos dieron la
oportunidad de revisarlo.
Lo que este señor no dice es que el núcleo del juicio lo constituía la
hipótesis, contenida en el artículo 41 constitucional, de la nulidad de toda la
elección, y eso tiene otros tiempos y también otra lógica legal que ellos eludieron
todo el tiempo.
Por si eso fuera poco, Galván miente una vez más al pasar por alto que
precisamente para cuidar todos los aspectos de la presentación del Juicio, la
Coalición “Movimiento Progresista” hizo consulta el 10 de julio al Secretario
Ejecutivo de IFE, Edmundo Jacobo Molina, vía el representante del partido
Movimiento Ciudadano en ese instituto, y la respuesta escrita del funcionario fue
indicándonos la manera como computar los tiempos de manera correcta, lo que
nos permitió presentar nuestro recurso en tiempo y forma.
3.- Acusamos al Magistrado Galván de mentiroso y encubridor pero además
de complicidad con los ilícitos porque cuando aborda el asunto de las tarjetas de
Soriana, para descalificar nuestro alegato, usa maliciosamente nuestras pruebas.
Cita tres actas, las usa a su antojo, les resta validez por haberse entregado las
tarjetas en las oficinas del PRD, por ejemplo, y por persona anónima; porque el
notario era del DF y no del Estado de México donde se dieron los hechos, y
porque algunas de las tarjetas presentadas en el juicio no fueron repartidas y eso
basta para que según él no sirvan para demostrar nada. Simplemente no le da fe
pública al único funcionario que puede dar fe pública y las tarjetas, por el hecho de
no haberse usado, no son indicio de nada.
Un esfuerzo que se hizo por parte de la Coalición MP a lo largo de todo el
tiempo que duró el juicio fue proveer del mayor número de indicios y pruebas
físicas de la existencia de las tarjetas, de sus distintas modalidades y de su
ubicación en todo el país. Eso se hizo puntualmente; se lograron acreditar, por
ejemplo, hasta 7 especies diferentes de tarjetas Soriana, y algo que no se dice es
que la mayoría de ellas se relacionaron con hechos concretos, declaraciones de
personas que las recibieron y también de algunos promotores que reconocieron
estarlas repartiendo con la consigna de coaccionar el voto.
62

63. Lo acusamos de complicidad también cuando afirma, frente a los contratos
y fallos de licitación pública que entregamos al Tribunal y que prueban la relación
entre Soriana y los gobernadores del PRI (que por cierto, en un principio negaron),
que “se trata de actos jurídicos administrativos que llevan a cabo lo gobiernos de
los estados en cumplimiento de los programas de gobierno”, y cuando remata: “No
vamos a juzgar nosotros la licitud o ilicitud de estas licitaciones o adjudicaciones
que hacen los gobiernos de los estados”.
A pesar del cúmulo de testimonios notariales de la forma como se operó
con estas tarjetas, a pesar de que mostramos evidencias no de una sino de todas
las modalidades de tarjetas, miles de ellas, y no sólo en un estado sino en todo el
país; y por si eso no fuera suficiente, agregamos múltiples artículos en prensa
nacional y extranjera sobre las filas que cientos de personas realizaron en las
tiendas para vaciar los monederos electrónicos que ellos señalaron como
proporcionados por el PRI, el magistrado Galván reviró con una frase que apunta
a volverse un clásico de la política mexicana. "Hay pruebas que no hacen
pruebas", señaló.
Todavía más cínico es cuando, al quedar en evidencia el reparto hecho por
el gobierno del Edomex de 170 mil tarjetas a estudiantes, olímpicamente sostiene
que esto se hizo “en ejercicio de una actuación de gobierno”, y que “si está bien o
mal esta actuación no corresponde a la resolución del Juicio de Inconformidad
determinar su legalidad o ilegalidad, nosotros resolvemos sobre la elección”. Al
dejar el hueco del agotamiento de la investigación, todavía se dio el lujo de afirmar
que su dicho no era “una exoneración de lo que pueda haber”, que “existen
denuncias, en la Unidad de Fiscalización del IFE y en la PGR”, que “continuarán
seguramente y llegarán en algún momento a las conclusiones que correspondan”.
“¿Habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente?” Se pregunta, y él
mismo se responde: “Puede ser, serán las autoridades que corresponda las que
arriben a sus respectivas conclusiones, pero en materia electoral no esta
demostrada la ilegalidad de la elección”.
4.- Acusamos a Pedro Esteban Penagos de mentir y de encubrir la
relación comercial entre Peña Nieto y Televisa. A él le basta que la haya
negado el IFE, asegura que lo único que está demostrado es que existieron las
entrevistas pero que no se prueba que existiera un contrato para promocionar a
EPN, a pesar de que se les entregaron convenios y contratos como el de
Alejandro Iñiquez de Televisa, facturas de esa misma empresa, y a pesar de que
obran en autos declaraciones de funcionarios y empleados de esa misma empresa
reconociendo su existencia, información que se difundió ampliamente en los
medios nacionales y extranjeros; además de mediciones y reportes, incluidos los
monitoreos del propio IFE. Aún así este señor dijo que “las pruebas no son
63

64. idóneas”, omitiendo, aún en ese supuesto, el que ni siquiera hicieron ellos el
intento de abundar en las investigaciones, buscar testimonios esclarecedores,
careos, cumplir en fin, con su función legal.
El 9 de junio de 2012, Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Federal Electoral, interpuso queja en contra del C. Enrique Peña Nieto, el Partido
Revolucionario Institucional, el Gobierno del Estado de México y el Grupo Televisa
y otras empresas que resulten responsables, por adquisición encubierta de tiempo
en radio y televisión así como revistas para la promoción personal del C. Enrique
Peña Nieto.
En dicha queja se dio cuenta que desde el 19 de enero de 2005 el Partido
Revolucionario Institucional y el C. Enrique Peña Nieto, vienen realizando
contrataciones con la empresas del Grupo Televisa y empresas relacionadas,
como lo fue para la estrategia de su campaña por la gubernatura del Estado de
México a la empresa Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia, S. A. de
C. V., empresa del Grupo TV Promo, especializado en marketing, que tiene entre
sus socios a Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente de comercialización de
Televisa, participando como parte de dicha empresa la C. Yessica de Lamadrid
Téllez, asimismo se da cuenta que en octubre de 2005 se fraguo el plan de
publicidad denominado “ENRIQUE PEÑA NIETO Presupuesto 2005-2006”,
elaborado después de que Enrique Peña Nieto tomara posesión como Gobernador
del Estado de México, por el cual Enrique Peña Nieto convino con el grupo
Televisa un plan de publicidad en televisión y revistas de dicho grupo empresarial,
en el que incluye desde diseño de estrategia de comunicación: identificación
gráfica, entrenamiento a voceros, asesoría, producción, espacios publicitarios; así
como en mayor proporción, propaganda encubierta como son notas informativas,
reportajes, entrevistas, publirreportajes, infomerciales y programas. Existiendo
evidencias de que dicho plan de publicidad opero durante los 6 años en el que
Enrique Peña Nieto fue el Gobernador del Estado de México.
Tan sólo en el primer año de gobierno de la administración encabezada por
Enrique Peña Nieto se gastó presupuesto un gasto en mensajes de televisión de
691 millones 734 mil pesos en tiempos de televisión, de los cuales 327.4 millones
de pesos eran en espots y 364.3 millones de pesos en compra de información,
esto último incluye 180 notas informativas en los noticieros de Televisa. El citado
plan de publicidad ascendía a 724.11 millones de pesos que incluía 44.4 millones
de pesos en “estrategia integral de comunicación” más 10.7 millones de pesos en
inserción de 37 publirreportajes en 9 revistas de la empresa Televisa. Teniendo
como responsable de dicho plan de publicidad a la C. Yessica de Lamadrid Téllez,
de la empresa Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia, S. A. de C. V.,
64

65. empresa del Grupo TV Promo, especializado en marketing, que tiene entre sus
socios a Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente de comercialización de
Televisa.
La compra encubierta de tiempo y menciones fue reconocido
por uno de los principales conductores de la empresa Televisa S. A.
de C. V. el C. Carlos Loret de Mola, que al referirse a lo publicado por
el revista Proceso, refieren de manera espontánea la autenticidad del
plan de publicidad y propaganda descrito en el numeral anterior del
presente capítulo de hechos, así como las prácticas comerciales de
propaganda encubierta desde 2005.
En el año 2009 en la cobertura de la visita de Enrique Peña Nieto al Foro
Mundial del Agua en Turquía se evidenció una vez más la compra de publicidad
encubierta fraguado entre el Gobierno del Estado de México y la empresa Televisa
S. A. de C. V.
Otra evidencia es que el 10 de enero de 2012 la empresa Astron publicidad,
S.A. de C. V. expidió al Gobierno del Estado de México la factura número 1216
por el concepto de COMENTARIOS DE JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA
TRANSMITIDOS DENTRO DE SU NOTICIERO “LÓPEZ DORIGA” Y EN EL
NOTICIERO DE OSCAR MARIO BETETA, por un importe de 1’150,000.00 (un
millón ciento cincuenta mil pesos).
En el expediente SCG/PE/PAN/CG/110/2010 se evidenció que el Gobierno
del Estado de México siendo titular del Poder Ejecutivo el C. Enrique Peña Nieto
realizó contratos anuales con empresas concesionarias de televisión y radio por el
concepto de “Publicidad y propaganda en medios de comunicación
electrónicos, difundiendo información de mensajes y actividades
gubernamentales” que dan un total de $87’678,347.84 (ochenta y siete millones,
seiscientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete 84/100 pesos), de los
cuales $60’476,347.84 corresponden a Televisa.
Además que diversas publicaciones de carácter biográfico reflejan los tratos
de propagada encubierta entre Enrique Peña Nieto y Televisa, el 8 de junio de
2012 el periódico inglés The Guardian, publica en su edición en español e inglés
dio cuenta de que Televisa vendió cobertura Enrique Peña Nieto, y la autenticidad
de diversos documentos filtrado desde el año de 2005, relacionados con un plan
publicitario y de propaganda encubierta en radio, televisión y revistas en el que se
encuentran involucradas empresas relacionadas con el grupo Televisa y el
Gobierno del Estado de México para posicionar y promover personal y
políticamente a Enrique Peña Nieto.
65

66. 5.- Peor es la mentira a la que recurre el mismo Magistrado Penagos
cuando abordó el tema del financiamiento encubierto a través del banco MONEX,
para comprar votos. Dijo categórico que “la Coalición MP no demuestra que le
asista la razón”. Según él solo se prueba que el PRI entregó tarjetas de prepago “a
algunos de su representantes en diversas entidades federativas pero no se prueba
que haya entregado las tarjetas a ciudadanos en general para coaccionar el voto”.
Y como si mediara una investigación seria y profunda sobre los indicios que
presentó el Juicio, concluye que las tarjetas esta demostrado que fueron
entregadas a representantes del propio partido político, pero nada más.
Reconoce pues que esta acreditada su existencia, pero no que esté
acreditado que el PRI las hubiera distribuido y menos para pedir el voto a favor de
EPN. Dijo algo digno de ponerse en letras de oro en el muro de la abyección: “Las
denuncias que la Coalición MP hizo para probar el financiamiento encubierto solo
prueban que existen las denuncias”.
En este orden de ideas, es de señalarse que están en curso varias
investigaciones, junto con los expedientes marcados con los números Q-UFRPP
15/12; Q-UFRPP 16/12 y Q-UFRPP 22/12, también está pendiente de ser resuelto
el identificado como Q-UFRPP 41/12, relativo al escrito de queja interpuesto por
ERNESTO SÁNCHEZ AGUILAR, que se encuentra Radicado en la Unidad de
Fiscalización de los Recurso de los Partidos Políticos del Instituto Federal, en el
que se denunció al C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la
Republica, postulado por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos
Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
por el rebase de topes de gastos de campaña, específicamente por los spots del
partido Revolucionario Institucional en diversas salas de cine, tales como
Cinépolis, Cinemex y Cinemark, dado que en los cuatro existe la coincidencia en
hechos denunciados, es decir el rebase en el tope de gastos de campaña en que
han incurrido el ciudadano y los entes políticos antes mencionados y el
identificado con el número Q-UFRPP 40/12, relativo al escrito de queja interpuesto
por el partido Acción Nacional, en el que se denunció al C. Enrique Peña Nieto,
candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” y los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, mediante el cual se demandó
determinar si el origen de los recursos que se utilizaron para la contratación de
propaganda colocada en autobuses de servicio público en Cancún, en beneficia
del candidato a la presidencia de la república por la coalición “Compromiso por
México”, de la cual según se desprende de la resolución en primera instancia los
Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México negaron haberla contratado, por lo que se debe determinar el nombre de la
persona física o moral responsable de su contratación dado que se presume de
una aportación por parte de una empresa de carácter mercantil, una aportación
66

67. por parte de un simpatizante y/o una aportación de ente no identificado, actividad
con la cual, al contabilizarse, aportación con la se rebasa el topes de campaña,
previamente aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
además de la sanción por la infracción cometida al artículo 77 párrafo 2 del Código
Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, dada la aportación en
especie por personas prohibidas por la ley de la materia.
No se omite mencionar que dada la coincidencia en los hechos
denunciados en las quejas marcadas con los números Q-UFRPP 15/12; Q-
UFRPP 16/12; Q-UFRPP 22/12; Q-UFRPP 40/12 y Q-UFRPP 41/12, cabe la
posibilidad que algún gasto erogado por el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la
Presidencia de la Republica, postulado por la coalición “Compromiso por México” y
los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
de México dentro de la campaña electoral del proceso federal 2011-2012, este
considerado en los cuatro procedimientos, lo que se genera la conveniencia que
en una sola resolución se estudie el fondo de los 5 procedimientos a efecto de
evitar la emisión de resoluciones contrarias entre si.
Por esta circunstancia y ante la incertidumbre de los montos denunciados
en los expedientes Q-UFRPP 15/12; Q-UFRPP 16/12; Q-UFRPP 40/12 y Q-
UFRPP 41/12, si se puede establecer que en el asunto que nos ocupa, se
actualiza el rebase de tope de gastos de campaña acreditado en el expediente Q-
UFRPP 22/12, por la cantidad de $1,556,875,788.65, puesto que en este
procedimiento, si está mas que acreditado con las pruebas atinentes ofrecidas en
tiempo y forma a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Recursos de
los Partidos Políticos.
Aunado a lo anterior, el rebase de tope en el gasto de campaña del proceso
federal 2011-2012 en que incurrió el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la
Presidencia de la Republica, postulado por la coalición “Compromiso por México” y
los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
de México, se acredita aún mas con el contenido de las constancias procesales
que integran los expedientes marcados con los números Q-UFRPP 42/12 y Q-
UFRPP 43/12, relativos a las quejas interpuestas por los Partidos Políticos
Nacionales Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, en
los que se denunció que de conformidad con el testimonio del c. José Luis Ponce
de Aquino, presidente de la empresa estadounidense Frontera Televisión
Networks, se aportan indicios para suponer que los servicios de publicidad que
presta dicho testigo en los Estado Unidos de América, fueron utilizados para
encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros para la
campaña del C. Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares, de
procedencia desconocida, asimismo menciona fue contratado por Alejandro Carillo
Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de C.V., por la cantidad antes mencionada,
67

68. dinero que se afirma fue depositado en una cuenta bancaria en el Banco Monex y
Banca Mifel. dicho testimonio además se respalda en la demanda presentada ante
la corte de distrito de California, Estados Unidos de América, por fraude,
incumplimiento de deber fiduciario, falso testimonio pro negligencia,
incumplimiento de contrato y desagravio por mandato judicial; conducta con la que
de acredita de manera fehaciente el quebrantamiento a las disipaciones legales
contenidas en los artículos 38, 77 párrafo 2, 342 párrafo 1 incisos a), b), c) y f) y
344 párrafo 1 incisos b), c), e) y f) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Lo anterior es así en virtud de que, quedó debidamente aprobado que las
dos tarjetas que se presentaron como prueba en la queja forman parte de una
serie de 9,924 tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató con
MONEX, por el período de abril a octubre de 2012 y que el monto total fondeado
a las 9,924 tarjetas asciende a $70,815,534.00, tal y como se acredita con el
comunicado de prensa del Instituto Federal Electoral que se adjunta que a
continuación se reproduce:
Comunicado de Prensa
El 26 de junio el Partido Acción Nacional presentó una queja
en la que acusa al Partido Revolucionario Institucional de
realizar una presunta operación financiera con tarjetas de
MONEX por un monto de alrededor de 700 millones de pesos
para la compra y coacción del voto, lo cual podría implicar
además un rebase en los topes de campaña.
Por lo que respecta al supuesto rebase de topes de campaña:
La Unidad de Fiscalización está llevando a cabo las diligencias
necesarias. Hasta el momento tiene acreditado lo siguiente:
 Las dos tarjetas que se presentaron como prueba en la
queja forman parte de una serie de 9,924 tarjetas que
68

69. una persona moral de carácter mercantil contrató con
MONEX, por el período de abril a octubre de 2012.
 El monto total fondeado a las 9,924 tarjetas asciende a
70 millones 815mil 534 pesos.
Se continúa haciendo diligencias:
 A la persona moral de carácter mercantil que contrató
con MONEX, se le solicitará que proporcione nombre y
expedientes de los beneficiarios de cada una de las
tarjetas.
 A la Comisión Nacional Bancaria, una vez conocidos los
beneficiarios de las tarjetas, se le hará la solicitud
correspondiente.
 Al SAT se le solicitó la información fiscal de la persona
moral de carácter mercantil que contrató con MONEX
los monederos y de las personas físicas relacionadas
con la misma.
Por lo que respecta a la supuesta compra y coacción del voto:
La Comisión de Quejas y Denuncias no encontró indicios de
que los fondos que la persona moral de carácter mercantil
contrató con MONEX vayan a ser utilizados para la compra y
coacción del voto. Por lo tanto se declaró como improcedentes
las medidas cautelares.
La Comisión ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, conforme
a lo solicitado por el denunciante, el Partido Acción Nacional.
Esta decisión no prejuzga respecto de la existencia o no de los
hechos denunciados. La Secretaría Ejecutiva del Instituto
continuará con el procedimiento hasta su resolución definitiva
por el Consejo General.
Amen de lo anterior en los expedientes de merito, se encuentra debidamente
acreditado que la estructura de distribución de estas tarjetas de recompensas
“MONEX” es una operación que se extiende por todo el país, cuyo medio de
operación consiste en que las personas de la estructura territorial del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Guanajuatob, que han denunciado
esta violación a la normatividad electoral federal, llevada a cabo por ese dicho
instituto político, describiendo la operación de la entrega de dichas tarjetas de
69

70. monedero electrónico, de la siguiente manera:
 Cada representante general recibirá un bono por la cantidad de $17,500.00
(diecisiete mil quinientos) pesos, en pago de tres parcialidades, además
una compensación de $2,500.00 (dos mil quinientos) pesos a cada uno el
día siguiente de la elección, y siendo 32 (treinta y dos) representantes
generales la estructura electoral en ésta área, tiene un costo de
$640,000.00 (seiscientos cuarenta mil) pesos.
 Cada representante de casilla recibirá un bono de $600.00 (seiscientos)
pesos y son 1,200 (mil doscientos) representantes de casilla por lo que este
renglón de la estructura tiene un costo de $720,000.00 (setecientos veinte
mil) pesos.
ESTRUCTURA ELECTORAL, ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS MONEX
CANTIDAD DE
PERSONAS MONTO TOTAL
RECURSOS EROGADOS
$60,000.00 pesos
300 delegados
mensuales, por 3 meses $54,000,000.00
distritales
de operación.
19,490 $20,000 pesos por cada
representantes uno, compuesto por un
$389, 800,000.00
generales acreditados pago de $17,500 pesos y
por el PRI. un bono de $2,500 pesos.
$600.00 por cada
143, 151
representante de casilla.
Representantes de $257, 671,800.00
Existen alrededor de 3
Casilla
representantes por casilla.
Gran Total: $701, 471,800.00
Si bien es cierto que mediante “ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA
70

71. SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE
LUGAR, FORMULADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, EL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DOCE,
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
SCG/QPAN/CG/132/PEF/156/2012.”, de fecha 27 de junio del 2012, se sostuvo el
criterio de que no existían elementos para determinar que dichos fondos estén
siendo utilizados para una posible presión o coacción del voto en días de veda
electoral y durante el día de la jornada electoral, también lo es que quedó
acreditado que el C. Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la
Republica, postulado por la coalición “Compromiso por México” y los Partidos
Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
recibieron una empresa de carácter mercantil, de la que se han negado a
proporcionar el nombre, recibieron la cantidad de $70,815,534.00, para el pago de
la estructura electoral, como lo son los Delegados Distritales, Representantes
Generales de la Mesas Directivas de Casillas y Representantes de la Mesas
Directivas de Casillas, conducta que a todas luces resulta ser violatoria de las
disposiciones contenidas en el artículo 77 párrafo 2 inciso g) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos electorales que en lo conducente establece:
ARTÍCULO 77
1.- …
2 . No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) a f ) …; y
g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(…)
Bajo estas circunstancias y tomando en cuenta que el Reglamento de
Fiscalización del Instituto Federal Electora, establece:
Artículo 190.
1. Los gastos que deberán ser reportados por los partidos y coaliciones en los
informes de campaña serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la
fecha de registro de los candidatos en la elección que se trate y hasta el fin de las
campañas electorales, correspondientes a los rubros siguientes:
a) …
71

72. b) Gastos operativos de campaña: comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos, logísticas de planeación de campaña
y otros similares, que hayan de ser utilizados o aplicados durante el periodo de las
campañas electorales;
(…)
Artículo 212.
1. Los reconocimientos que los partidos y las coaliciones otorguen por
participación de apoyo político en campañas electorales federales, deberán estar
soportados con recibos que se expedirán de conformidad con lo señalado en el
capítulo IV, secciones I y III, del presente título.
Capítulo IV. De los recibos
Sección I. De los requisitos generales de los recibos
Artículo 236.
1. Para la expedición de los recibos que deban emitir los partidos, las coaliciones y
las agrupaciones, por los ingresos que reciban, así como por los egresos que
efectúen por concepto de reconocimientos a la participación en actividades de
apoyo político, deberán utilizar los medios electrónicos, así como aquellos
instrumentos o mecanismos de firma electrónica que se determinen por el Consejo.
2. Se entenderá por medios electrónicos los sistemas informáticos o cualquier
instrumento creado para obtener un eficiente intercambio de información de forma
automatizada.
Artículo 237.
1. Los recibos que expidan los partidos, las coaliciones y las agrupaciones por el
financiamiento privado que reciban por concepto de aportaciones, así como por los
pagos que efectúen por los reconocimientos por actividades políticas
(REPAP´S), en los términos establecidos por el Código y el Reglamento, deberán
de cumplir con los requisitos siguientes:
(…)
Sección III. De los recibos por reconocimientos por actividades políticas
Artículo 252.
1. Los recibos por concepto de reconocimientos por actividades de apoyo político
que otorguen los partidos, coaliciones y agrupaciones, deberán contener y señalar
todos los datos señalados en el sistema informático creado para su expedición.
72

73. 2. Se deberá anexar a la póliza del registro contable del egreso, la copia legible por
ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la persona a la que se
otorgó el reconocimiento.
3. Los recibos que amparen pagos efectuados durante las campañas electorales,
especificarán la campaña correspondiente, así como el distrito o fórmula a la que
pertenecen.
Es dable arribar a la conclusión de que los pagos por reconocimientos que se
realicen a toda la estructura electoral de la Coalición “Compromiso por México”, es
decir, a sus representantes ante los Consejos Locales, Distritales, Generales y de
Mesas Directivas de Casillas, se efectúen directamente por dicha coalición
electoral, dado que éstos egreso, cumpliendo con la documentación soporte, se
encuentran plenamente justificados y como consecuencia no se tendría ningún
problema al momento de rendir el correspondiente informe de gastos de campaña,
la cantidad de $70,815,534.00 recibida por dicha coalición, que se encuentra
acreditas en los expedientes números Q-UFRPP 42/12 y Q-UFRPP 43/12,
debe ser sumada a la cantidad erogada plenamente acreditada en el marcado
con la clave Q-UFRPP 22/12, que es de $1,556,875,788.65; con lo que se
obtiene que por estos conceptos existe un rebase de topes de campaña por
la cantidad de $1,627,691,322.65, esto independientemente de las sanciones
derivadas de la figura del “Decomiso” que le corresponden por haber recibido
dinero proveniente de empresas de carácter mercantil.
Aunado a lo anterior, las violaciones a los preceptos legales mencionados
con anterioridad, queda robustecida con las probanzas ofrecidas el 5 de julio del
2012, por el C. CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, ante la Dirección General de la Unidad de Fiscalización
de Recursos de los Partidos Políticos, del Instituto Federal Electoral, dentro del
expediente Q-UFRPP 43/12, consistente en copia de 40 facturas expedidas por
BANCO MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, que en su conjunto hacienden a la cantidad $179,639,693.71,
mismas que a continuación se relaciona:
1) Factura número 24433, por la cantidad de $180,893.72, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 23 de abril de 2012
2) Factura número 24419, por la cantidad de $462,903.78, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 20 de abril de 2012
73

74. 3) Factura número 24417, por la cantidad de $2,848,720.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 20 de abril de 2012
4) Factura número 24401, por la cantidad de $203,480.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V, por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 20 de abril de 2012
5) Factura número 24213, por la cantidad de $702,006.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 18 de abril de 2012
6) Factura número 24124, por la cantidad de $1,392.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO TARJETAS TITULARES PREPAGO
$30, de fecha 16 de abril de 2012
7) Factura número 2637, por la cantidad de $600,025.42, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO DEVOLUCION DE CARGA DE
SALDOS PREPAG, de fecha 14 de junio de 2012
8) Factura número 2535, por la cantidad de $20,232,000.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V, por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 28 de mayo de 2012
9) Factura número 26890, por la cantidad de $20,232,000.00, emitida a favor
de GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 25 de mayo de 2012
10)Factura número 26857, por la cantidad de $116,870.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO TARJETAS TITULARES PREPAGO
$13, de fecha 25 de mayo de 2012
11)Factura número 26503, por la cantidad de $5,184,450.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 21 de mayo de 2012
12)Factura número 26321, por la cantidad de $5,184,450.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 17 de mayo de 2012 6
13)Factura número 26253, por la cantidad de $66,990.99, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
74

75. RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 16 de mayo de 2012
14)Factura número 26147, por la cantidad de $33,028.68, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO TARJETAS TITULARES PREPAGO $13
y RECOMPENSAS CORPORATIVO TARJETAS TITULARES PREPAGO
$30, de fecha 15 de mayo de 2012
15)Factura número 25979, por la cantidad de $8,092,800.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 15 de mayo de 2012
16)Factura número 25401, por la cantidad de $3,075,264.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 04 de mayo de 2012
17)Factura número 25344, por la cantidad de $404,640.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 04 de mayo de 2012
18)Factura número 2322, por la cantidad de $593,400.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO DEVOLUCION DE CARGA DE
SALDOS PREPAG, de fecha 03 de mayo de 2012
19)Factura número 25181, por la cantidad de $101,740.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 02 de mayo de 2012
20)Factura número 26890, por la cantidad de $20,232,000.00, emitida a favor
de GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 25 de mayo de 2012
21)Factura número 27546, por la cantidad de $2,409,530.04, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 04 de junio de 2012
22)Factura número 27547, por la cantidad de $3,075,264.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 04 de junio de 2012
23)Factura número 2544, por la cantidad de $121,392.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
75

76. RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 30 de mayo de 2012
24)Factura número 27179, por la cantidad de $120,000.04, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 30 de mayo de 2012
25)Factura número 27166, por la cantidad de $121,392.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 30 de mayo de 2012
26)Factura número 27051, por la cantidad de $20,232,000.00, emitida a favor
de GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 29 de mayo de 2012
27)Factura número 28329, por la cantidad de $3,793,500.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 15 de junio de 2012
28)Factura número 28328, por la cantidad de $11,036,556.00, emitida a favor
de GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 15 de junio de 2012
29)Factura número 28324, por la cantidad de $207,378.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 15 de junio de 2012
30)Factura número 28250, por la cantidad de $60,696.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 14 de junio de 2012
31)Factura número 28246, por la cantidad de $14,830,056.00, emitida a favor
de GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 14 de junio de 2012
32)Factura número 28221, por la cantidad de $928,143.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 14 de junio de 2012
33)Factura número 28193, por la cantidad de $134,037.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 14 de junio de 2012
76

77. 34)Factura número 28055, por la cantidad de $606,960.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 12 de junio de 2012
35)Factura número 27714, por la cantidad de $2,821,959.36, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 06 de junio de 2012
36)Factura número 27692, por la cantidad de $414,553.68, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 05 de junio de 2012
37)Factura número 27660, por la cantidad de $505,800.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 05 de junio de 2012
38)Factura número 2686, por la cantidad de $14,830,056.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 22 de junio de 2012
39)Factura número 2653, por la cantidad de $14,830,056.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
RECOMPENSAS CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, de
fecha 15 de junio de 2012
40)Factura número 28576, por la cantidad de $11,310.00, emitida a favor de
GRUPO COMERCIAL INIZZIO,S.A. DE C.V., por concepto de
MANTENIMIENTO RECOMPENSAS CORPORATIVO $13, de fecha 19 de
junio de 2012
Ante estas circunstancias y dado la existencia de medios de prueba idóneos,
es dable colegir que el importe del rebase de campañas por parte de la Coalición
“Compromiso por México”, equivale a la cantidad de $1,807,331,016.36, que se
obtiene de la suma de los importes plenamente acreditados en los
expedientes Q-UFRPP 22/12, por el importe de $1,556,875,788.65; Q-UFRPP
42/12, el Q-UFRPP 43/12, por la cantidad de $70,815,534.00, y el importe
derivado de las 40 facturas antes descritas que haciende a $179,639,693.71
independientemente de las sanciones derivadas de la figura del “Decomiso” que le
corresponden por haber recibido dinero proveniente de empresas de carácter
mercantil, dentro de las que se encuentra la denominada GRUPO COMERCIAL
INIZZIO, S.A. DE C.V.
No se omite mencionar que la aportación recibida por el C. Enrique Peña
77

78. Nieto, como candidato a la Presidencia de la Republica, postulado por la coalición
“Compromiso por México” por el Partido Revolucionario Institucional y por el
Partido Verde Ecologista de México, proveniente de la empresa mercantil
denominada GRUPO COMERCIAL INIZZIO, S.A. DE C.V., a través de BANCO
MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, que equivale a la cantidad de $179,639,693.71, fue utilizado para la
compra, presión y coacción del sufragio de los electores, dado que en las propias
facturas, se aprecia que fueron emitidas por concepto de RECOMPENSAS
CORPORATIVO CARGA DE SALDOS PREPAGO, conducta con la que se viola
flagrantemente los principios jurídicos de objetividad, legalidad, seguridad,
imparcialidad, certeza y equidad que rigen la materia electoral, PUES ADEMÁS
DEL REBASE DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA establecido en el acuerdo
marcado con el número CG432/2011, se cometieron en forma generalizada
violaciones sustanciales que se encuentren plenamente acreditadas, mismas
que fueron determinantes para el resultado de la elección, las cuales que son
imputables a dicho ciudadano en calidad de candidato, a la coalición “Compromiso
por México” y los Partidos Políticos que la integran, conductas antijurídicas con
las que, entre otras, se acredita el ejercicio de violencia mora, presión y
coacción sobre los electores para que, mediante la entrega de
gratificaciones económicas realizadas de diferentes maneras, emitieran el
voto a favor del C. Enrique Peña Nieto, votación que se encuentra viciada de
origen, por haber sido emitida bajo presión y coacción, conducta que viola
flagrantemente el bien jurídico tutelado en el articulo 4, párrafos 2 y 3 del Código
Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se encuadran
las causales de nulidad de la elección contenidas en los artículos 75 párrafo 1
incisos i) y k); 77Bis, 341 de la Ley General de Sistemas de Medios de
Impugnación, en relación con los artículos 38 párrafo 1 incisos a) y b); 119 incisos
a) y c); 342 párrafo 1 incisos a), b), c) y f); 344 párrafo 1 incisos b), c), e) y f); 354,
párrafo 1 inciso a) numerales II y VI y c) fracción III, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
6.- Acusamos a Ma. Del Carmen Alanis de mentir, manipular nuestras pruebas
y encubrir cuando concluye que no se afectaron los principios de imparcialidad y
de equidad en la pasada campaña. Miente cínicamente cuando se refirió al
operativo “Agora”, asegurando que “no está probado” y cuando afirma que en el
expediente había “sólo una denuncia” “elaborada por ellos mismos (por la
Coalición Movimiento Progresista) y un escrito por el que el Coordinador de la
Campaña de MP pidió a la Cámara Alta solicitar a la PGR y a la FEPADE abrir una
investigación”. Esta señora no vio o no quiso ver más bien la libreta de uno de los
promotores del PRI que obra en la caja 2 de Campeche y en la 11 de Zacatecas,
el cuaderno, las listas de registro del Operativo en todas sus fases, el seguimiento
78

79. de los “promotores” y la relación de votantes “pre-convencidos” y luego
verificados, una vez depositado su voto, en la fase final llamada “Bingo” que no
era otra cosa que la conclusión exitosa de todo el operativo y no sólo en un estado
sino en varios, lo cual está documentado en nuestras cajas. Por ejemplo, existen
en esas cajas testimonios notariales de la forma como se trabajaba en las “casas
amiga”, videos grabados in fraganti y muchas fotografías, además de la multitud
de notas periodísticas al respecto. Pero para ella nada de esto existió.
Y en cuanto al escrito del Coordinador de la Campaña de MP, el entonces
senador Ricardo Monreal, cabe aclarar que no sólo se trata de una petición, es
una relación de hechos susceptibles de investigación que detallaban el modus
operandi de “Agora”, en base aun documento del SNTE hecho público, algo que
ni siquiera menciona la señora magistrada, seguramente porque no le interesaba
evidenciar que eso no lo consideraron digno de investigación.
Más cinismo no cabe en su pretendido desmentido a nuestro alegato sobre la
intervención de gobernadores priístas en apoyo de Peña Nieto. Dice la señora
Alanís que si bien las pruebas demuestran la ocurrencia de la reunión en Toluca y
la asistencia de los gobernadores y el entonces candidato del PRI, “nada” prueba
que los referidos funcionarios hubieran intervenido indebidamente en el proceso
electoral mediante la utilización de recursos públicos para ejercer coacción sobre
el electorado.
No vio ella seguramente el documento emitido por el gobierno del Estado de
México contenido en la Caja 17 de ese estado; y otro documento oficial del
gobierno del Estado de Chiapas, contenido en la Caja 2, condicionando programas
sociales al voto por el PRI. Ni las pruebas de entrega de lámina, despensas,
dinero, animales, etc. en ese mismo estado. Y en Veracruz, Coahuila, Querétaro,
Sinaloa, entre otros estados. Tampoco da valor a la denuncia ante la FEPADE
señalando la intervención del gobierno de Colima en las campañas y el mismo día
de la elección, que obra en la caja de ese estado. Ni a la denuncia contenida en la
caja de Quintana Roo probando la intervención del gobernador y la compra de
votos. Ni las pruebas del uso electorero de programas sociales en Michoacán, en
Chihuahua y en Yucatán, entre otros.
7.- Y al abordar el tema de las encuestas, Alanís no sólo dice mentiras al
insistir en la ausencia de pruebas sino que las exhonera de plano señalando que
algunos de los agravios contra su actuación ya fueron revisados y juzgados tanto
por el IFE como por el Tribunal. Pero además recurre a una temeridad. Asegura
que nuestro alegato parte de una premisa falsa porque las encuestas no
encuadran en el concepto de propaganda que a ese respecto dice el COFIPE. Y
su publicación reiterada tampoco puede clasificarse como propaganda, según ella.
La señora es mentirosa al asegurar que “tampoco existe investigación
79

80. concluyente para determinar la influencia de las encuestas en una elección, ni en
nuestro país ni en ninguna democracia”, cuando en realidad existen no uno ni dos,
muchos estudios sociológicos serios al respecto en todo el mundo, y todos
concluyen que es innegable la influencia de las encuestas, y su uso por los
partidos, en la determinación del voto ciudadano. Cuestiona, por ejemplo, el efecto
“bandwagon”, el que se dice que puede tener como efecto que el electorado
pueda votar por el que encabeza las encuestas; pero ella invoca como contra-
argumento que existe otro efecto el llamado “bola de nieve”, y menciona el que se
produce cuando las simpatías benefician al perdedor. La verdad es que la señora
muestra su ignorancia o su mala fe cuando habla indistintamente del efecto “bola
de nieve” como si fuera otro distinto al “bandwagon”, siendo que se trata de lo
mismo, y cuando invoca el caso del efecto contrario, que se conoce como “efecto
Bradley”, simplemente miente porque no aplica para el caso de la elección del
pasado 1 de julio, pues se refiere al voto encubierto de ciudadanos que no desean
hacer pública su preferencia antes del día del voto pues a quien afecta no es al
que va debajo de las encuestas, sino al que va arriba, así que con esos
argumentos mañosos pretende concluir que las encuestas no tuvieron ningún
efecto en la elección pasada.
Sobre la compra y coacción del voto, asegura ella que hay formas lícitas de
inducir el voto, y que una de ellas es precisamente las campañas. Habló de la
“determinancia” de los hechos, esto es si fueron tan importantes como para influir
decisivamente, y afirma que las pruebas no fueron “aptas” para “crear convicción”
sobre las irregularidades aducidas pues, según ella, se quiso probar “con dichos o
aseveraciones de personas”, con notas periodísticas, videos, escritos “que ellos
mismos elaboran” o sea la Coalición MP, el dicho unilateral de las personas que
narran los hechos “sin ningún otro elemento probatorio que permita vincular con lo
afirmado”. Algo que es una llana mentira.
8.- Acusamos a Manuel González Oropeza de mentir y prestarse al atraco
electoral al negar la posibilidad de ampliar el plazo de resolución del Juicio hasta
en tanto no estuvieran desahogadas todas las investigaciones y concluidas todas
las indagatorias de las denuncias presentadas. A esta demanda de la Coalición
MP respondió que “no se puede aplazar la resolución hasta que se agoten las
quejas porque esa es una posición ilegal”, así la llamó, y concluyó diciendo que
“los plazos deben apegarse a la ley porque se tiene que resolver en los plazos y
términos que la Constitución y la ley establecen”.
Haciendo caso omiso del hecho de que aún durante los trabajos del tribunal la
Coalición consiguió nuevas pruebas para robustecer su exigencia de invalidez, por
lo que basándose en ellos pidió a los magistrados ampliar el plazo fatal del 6 de
septiembre González Oropeza negó este derecho y hasta festinó que resolvieran
apresuradamente, antes de ese plazo, ignorando que se pudo haber ampliar el
80

81. tiempo, así como el que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial apelando al
principio de exhaustividad, que garantiza la Constitución, así como al principio de
que se deben presentar sentencias íntegras y completas.
9.- Acusamos a Constancio Carrasco Daza de encubrir la triangulación de
recursos y el manejo de dinero ilícito durante la campaña, al negar valor jurídico a
la denuncia de José Ponce de Aquino y al contrato por 56 millones de dólares que
celebró con el PRI para promover la imagen de Enrique Peña, que incluimos en el
Juicio. En el caso particular de Ponce de Aquino, Carrasco asumió no solamente
una visión reduccionista al sostener que en el contrato sólo había dos firmas, la de
aquel y la de otra persona, ignorando olímpicamente que un contrato existe
simplemente por el acuerdo de voluntades, independientemente de que exista o
no el documento por escrito. Además de esto, Carrasco se erigió en cómplice al
no abundar en ello y esclarecer plenamente qué fue exactamente lo que pasó con
el dinero.
En tiempo y forma, interpusimos una demanda por financiamiento encubierto a
la campaña del priísta, concretamente por fraude a las empresas Frontera
Televisión Networks (FTN) e Intelimedia, SA de CV, para encubrir la obtención,
transferencia y manejo de fondos financieros en favor de su candidato
presidencial.
Como consta en el Contrato de Asociación celebrado por los CC. ALEJANDRO
CARRILLO GARZA SADA, FRANCISCO J. TORRES GONZALEZ, JOSE LUIS
GUTIERREZ MIRANDA, MANUEL GAZCON HURTADO Y JOSE LUIS PONCE
AQUINO O JOSE AQUINO, se acordó unir “intereses, infraestructura, contactos y
esfuerzos profesionales para lograr la adjudicación de una campaña publicitaria
para promocionar, en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, al
candidato del PRI”.
Según el denunciante, José Aquino, el fraude es por 56 millones de dólares,
presuntamente obtenidos de recursos públicos del estado de México y empresas
mercantiles, como el Consejo de Porcicultores Mexicanos, AC; las compañías
mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil Servicios Integrales al
Sector Agropecuario (SISA).
La obtención de financiamiento ilícito se ha distraído con un aparente contrato
de campaña en el extranjero por 56 millones de dólares que equivalen a más de
800 millones de pesos, es decir, más del doble del tope de gastos de campaña
para el cargo de Presidente de la República.
Reiteramos la petición a la Unidad de Fiscalización de acelerar la indagación
del origen y destino de los recursos que explican el dispendio exagerado de
propaganda, promocionales y artículos utilitarios, así como el pago de personal y
estructura que está desplegando el PRI, recursos que hasta el momento se
81

82. sustraen de la fiscalización del IFE.
Así que además de lo ilegal que resulta el estar haciendo campaña en e
extranjero, las sumas que en ese contrato se manejaron hacen pensar que se
trata de dinero ilícito y en el último de los casos de un fraude. Estamos hablando
de poco más de 56 millones de dólares, cuyo origen y destino son un misterio.
El 15 de junio de 2012 el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid presentó queja
por actividades de financiamiento encubierto a la campaña electoral del C. Enrique
Peña Nieto, candidato al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
por la coalición “Compromiso por México”, integrada por el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.
De dicha queja se aportaron indicios a partir del testimonio del C. José Luis
Ponce de Aquino, presidente de la empresa estadounidenses Frontera Television
Networks (FTN), y propietario de Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia, S. A. de C.
V., en el que aporta una serie de datos, como fechas, nombres y circunstancias
que arrojan una serie de indicios verosímiles que apuntan a que los servicios de
publicidad que presta dicho testigo en los Estados Unidos de América, fueron
utilizados para encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos
financieros para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56
millones de dólares, de procedencia desconocida", a partir de que fue
contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de C. V.,
para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto en los Estados Unidos de
América, proyecto que se había estimado en 56 millones de dólares, dinero que
afirma que le consta, fueron depositados en un solo día en una cuenta bancaria
"en el Banco Monex, Banca Mifel en Virreyes" (Banca Monex cuenta con una
sucursal en Paseo de la Reforma 284 y Banca Mifel en Lomas de Virreyes,
delegación Miguel Hidalgo).
Dicho testimonio además se respalda en una formal demanda en la Corte de
Distrito Central de California Estados Unidos de América, por fraude,
incumplimiento de deber fiduciario, falso testimonio por negligencia,
incumplimiento de contrato y desagravio por mandato judicial, radicada con el
número EDCV12-920 VAP DTBx, acción hecha valer el 7 de junio de 2012 en los
tribunales de los Estados Unidos de América, en contra de Alejandro Ramírez
González, director del Consejo de Porcicultores Mexicanos, A. C.; Manuel Gascón,
a las compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil
Servicios Integrales al Sector Agropecuario (SISA). Involucrando en su denuncia a
Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de C. V., a Hugo Vigues
(empresario), Alfredo y José Carrillo Chontkowsky (empresarios), David López
Gutiérrez (coordinador de Comunicación Social de Enrique Peña Nieto), Erwin
Manuel Lino Zárate (Secretario Particular de Enrique Peña Nieto), Roberto Calleja
Ortega (secretario de Prensa del Partido Revolucionario Institucional), Hugo
82

83. Vigues y Luis Videgaray.
El testimonio del C. José Luis Ponce de Aquino implica un presunto fraude que
consistió en hacerle creer que sería contratado para realizar una campaña en
espectaculares, revistas, radio, televisión e internet, a favor de Enrique Peña Nieto
en los Estados Unidos de América por un monto de 56 millones de dólares.
Del testimonio público del C. José Luis Ponce de Aquino, así como de la
réplica de los C. C. Eduardo Sánchez, vocero del Partido Revolucionario
Institucional y Alejandro Ramírez que se dice Director de la Confederación de
Porcicultores y Raúl Cervantes, abogado general del Partido Revolucionario
Institucional, se obtienen los indicios siguientes:
a) Que en el mes de octubre de 2011 en el restaurante “Café de la O”, el C.
José Luis Ponce de Aquino, realizó ante los C. C. Alejandro Carrillo Garza
Sada, José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky una
presentación de un paquete de publicidad para la difusión de la imagen de
Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos de América, a petición de los
mismos quienes se presentaron como parte del Equipo de Enrique Peña
Nieto, indicando que buscaban una empresa que les diera publicidad en los
Estados Unidos de América, realizándose en dicho lugar más de una
reunión;
b) Que posteriormente los C. C. Alejandro Carrillo Garza Sada, José Carrillo
Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky introdujeron en las reuniones,
al Sr. Hugo Vigues que se presentó como allegado de David López que
sería la persona que autorizaría la campaña de publicidad así como los
fondos para la misma, así como la Srita. Gisel Moran “N” realizándose una
de las reuniones en el Hotel Intercontinental de Polanco, posteriormente el
25 de noviembre de 2011, otra reunión en las oficinas de Gisel Morán (al
parecer de la empresa GM Global Media, ubicado en Bosques de Ombues
81, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo y se dice propiedad Mario
Ignacio Morán) que identifica el declarante como Santa Fe.
c) Que el 27 de noviembre de 2011, día en que Peña Nieto tomó protesta
como precandidato único del Partido Revolucionario Institucional a la
Presidencia, el C. José Luis Ponce de Aquino sostuvo un encuentro en un
restaurante de Interlomas, en Huixquilucan, para ultimar los detalles, con
los C. C. David López (quien se retiró antes de concluir la reunión para
acudir al evento de Enrique Peña Nieto), Roberto Calleja, Alejandro Carrillo
Garza Sada y otros testigos. En esta ocasión se firmó el contrato de
83

84. prestación de servicios de publicidad en los Estados Unidos de América
entre la empresa;
d) Que el 28 de noviembre de 2011 se firmó el contrato entre la empresa
Frontera Television Networks (FTN), representada por José Luis Ponce de
Aquino y las compañías Jiramos S.A. de C.V., representada por Alejandro
Carrillo Garza Sada y GM Global Media, S.A. de C.V., representada por
Gisel Moran, para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto en los
Estados Unidos de América durante el periodo del 15 de enero al 15 de
junio de 2012, por la cantidad de 56 millones de dólares, ante la presencia
de Roberto calleja y los hermanos José Carrillo Chontkowsky y Alfredo
Carrillo Chontkowsky; recursos que recibirían del “Estado de México”;
e) Que el 6 de diciembre de 2011 los C. C. Alejandro Carrillo Garza Sada,
José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, informan al C.
José Luis Ponce de Aquino que las personas que financiarían el contrato de
publicidad, así como los C. C. David López Gutiérrez (coordinador de
Comunicación Social de Enrique Peña Nieto) y Erwin Manuel Lino Zárate
(Secretario Particular de Enrique Peña Nieto), habían rechazado el
contrato con la empresa Frontera Television Networks (FTN), por lo que
solicitaron la firma del contrato con otra empresa, para lo cual el testigo y su
representante Francisco Torres, se dieron a la tarea de preparar otro
contrato, ahora con la empresa Intelimedia, S. A. de C. V., como prestadora
del servicio de publicidad y los que adquirentes del servicio el C. Alejandro
Ramírez González, en calidad de director del Consejo de Porcicultores
Mexicanos, A. C.; y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector
Agropecuario (SISA).
f) El 6 de enero de 2012 con la promesa de que el convenio se llevaría a
cabo, el C. José Luis Ponce de Aquino firmó un nuevo contrato, ahora entre
su empresa Intelinmedia y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector
Agropecuario (SISA), que dirige Ramírez González de la Confederación de
Porcicultores Mexicanos, porque el C. Alejandro Carrillo le informó que
Hugo Vigues daría dinero en apoyo al candidato, pero no lo podría entregar
si los contratos salían a nombre de Frontera Television Networks, asimismo
que los fondos de los sectores agropecuario lo hacían en apoyo a la
campaña de Enrique Peña Nieto. Conviniéndose que el primer pago sería
de 15 millones de dólares a través de Banca Monex, en los 5 días
siguientes a la firma del contrato, lo que no ocurrió, alegando tramites
fiscales a cargo de un señor de apellido Peralta, refiriendo que cuenta con
84

85. información de diversos correos electrónicos, refiriendo compromisos
además con otras empresas de radiodifusión para realizar la citada
campaña;
g) Que José Luis Ponce de Aquino entre el 1 y 8 de diciembre de 2011
atestiguó la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de
procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel y otro
Portugués o Brasileño, a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en
Paseo de la Reforma 284, a nombre de Jiramos S.A. de C.V., por 56
millones de dólares, lo cual sucedió a petición de la garantía de pago de los
servicios contratados y del otorgamiento de las fianzas correspondientes.
También refiere haber presenciado saldos de tres cuentas bancarias del C.
Alejandro Carrillo Garza Sada, en Banca Monex, una de ellas con fondos
de 3 millones de pesos, lo cual refiere que sucedió en el mes de febrero de
2012.
h) Que el C. José Luis Ponce de Aquino hasta el mes de marzo recibió
promesas de cumplimiento del contrato, el 1° de marzo el C. José Luis
Ponce de Aquino por medio del representante de sus empresas el C.
Francisco Torres exige la entrega de los contratos entregados, recibiendo
como respuesta la imposibilidad de regresar los documentos solicitados
porque los mismos habían sido utilizados para la salida de recursos del
Gobierno del Estado de México;
i) Que a fines de abril de 2012 el C. José Luis Ponce de Aquino en reunión
con el C. Hugo Vigues y Alejandro Carrillo Garza Sada en el hotel
Intercontinental, en donde éstos últimos refieren que no harán entrega de
los contratos porque ya habían sido ingresados y con los que se justificaron
la salida de recursos del Gobierno del Estado de México y empresas que
contribuyeron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto;
j) Que a finales del mes de mayo el C. Francisco Javier Torres González en
reunión con José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky y
con Luis Miranda, este último en llamada con Luis Videgaray, propone
resolver el cumplimiento del contrato de referencia;
k) Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de
parte de los C José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky,
así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de
85

86. dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos
para el aspirante priista “procedían de empresas relacionadas con el narco”,
que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: “más vale que
no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a
quitar su empresa”, esto último por conducto de su representante el C.
Francisco Torres;
l) Que el representante de Frontera Television Networks, Francisco Torres, se
reunió con Luis Miranda, del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, a
quien pidió que, de no prosperar la campaña de promoción del candidato, le
fueran devueltos los contratos para poder justificarse legal y fiscalmente,
pues la empresa ya había reservado espacios en medios para los
promocionales. En esa reunión, C. José Luis Ponce de Aquino asegura,
que Luis Miranda notificó vía telefónica de este asunto a Luis Videgaray,
coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto;
m) De la réplica del C. Eduardo Sánchez, vocero del Partido Revolucionario
Institucional, confirma que en el mes de noviembre de 2011 miembros del
Partido Revolucionario Institucional (sin especificar nombres) recibieron del
C. Alejandro Carrillo Garza Sada una propuesta de compra de publicidad en
los Estados Unidos de América, que refiere haber rechazado. También
coincide que en el C. Francisco Javier Torres a nombre de José Luis Ponce
de Aquino, requirió al Partido Revolucionario Institucional (sin especificar
nombres) un pago de 5 millones de dólares, dando como fecha límite de
pago el 4 de mayo, amenazando con realizar un escándalo. Asimismo
reconoce que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y a la
campaña de Enrique Peña Nieto los involucrados Erwin Lino, David López y
Roberto Calleja;
n) El 14 de junio de 2012 ante la rendición del testimonio público del C. José
Luis Ponce de Aquino, el Partido Revolucionario Institucional presentó una
denuncia en el Procuraduría General de la República por el delito de
extorsión en contra del C. Francisco Javier Torres González;
o) Que al C. Alejandro Carrillo Garza Sada es proveedor del Partido
Revolucionario Institucional de insumos como playeras;
p) Que el C. Alejandro Carrillo Garza Sada, proporcionó al C. José Luis Ponce
de Aquino, los números de cuenta ABA0210089 de City Bank en Nueva
86

87. York y 36923384 de Banca Monex para el depósito de gastos notariales de
protocolización de los citados contratos;
q) Que el C. Alejandro Ramírez, que se ostenta como Director de la
Confederación de Porcicultores Mexicanos (cargo inexistente en el
Directorio de dicho organismo) que no hay “prueba evidente” de que haya
realizado un contrato por 15 millones de dólares, que los contratos no están
notariados, que sin razón la demanda en su contra se presenta en Estados
Unidos y no en México;
r) Que el C. Raúl Cervantes, abogado general del Partido Revolucionario
Institucional, no justifica porque presenta la denuncia por extorsión hasta
conocer la denuncia pública del C. José Luis Ponce de Aquino, a pesar de
reconocer que los hechos que denuncia tuvieron verificativo un mes antes,
solicitando dicho partido que se abran las cuentas del C. Alejandro Carrillo
Garza Sada, a quien originalmente dijo desconocer.
Y sobre los contratos que acreditan el financiamiento de las tarjetas MONEX, el
Magistrado Carrasco incurre en falsedad de declaración y además en
encubrimiento, pues aún cuando admitió que fue Comercializadora Inizzio la que
celebró el contrato con la empresa financiera, en ningún momento se preocupó, ni
él ni los otros magistrados, por averiguar la procedencia de los más de 76 millones
de pesos que se repartieron a través de esos monederos electrónicos.
El PRI reconoció que contrató los servicios de la empresa Alkino, Servicios y
Calidad, para conseguir y distribuir los recursos y, aunque ésta lo hizo a través de
Inizzio, el Tribunal no intentó conocer el origen de éstos. Exactamente lo mismo
ocurre con todas las otras empresas fantasma, cuya existencia y contratos con
Monex reconocen, pero sin investigación ni evidencia alguna de por medio
simplemente descartan su conexión con el PRI.
10.- En consecuencia, acusamos al Magistrado Carrasco, y con él a los demás
magistrados que lo secundaron, por eludir hacer uso de las atribuciones que les
daba la ley para sustanciar el expediente y acreditar o desacreditar las sospechas.
Para ellos no bastaron los indicios que se derivaban del número de empresas
constituidas por los mismos accionistas, ubicadas en el mismo domicilio y con
vínculos evidentes y claros con el PRI.
Carrasco es tan servil y mentiroso que refiere que aún cuando el PRI reconoció
el contrato con la empresa Alquino mediante un mecanismo de pago electrónico
de tarjetas, estas se repartieron “únicamente entre sus militantes para tareas
partidarias”. Toma pues como verdad lo que los priístas dicen,
independientemente de que hay una investigación en marcha.
87

88. Carrasco miente también cuando aborda el tema de la compra del voto y niega
que se haya podido probar el papel que en esa compra tuvieron las tarjetas de
prepago Soriana. Para sustentar, según él, la falta de consistencia de nuestras
pruebas, mañosamente pone un solo ejemplo, el de en una tienda de la avenida
Zaragoza de Iztapalapa. Y a partir de esa queja electoral descalifica una a una
todas las evidencias: diversas notas de periódicos nacionales, pruebas técnicas
que contienen los reportajes en video de BBC Mundo y Telesur, documentales
privadas, fe de hechos notariales y un total de 5,711 tarjetas Soriana en sus
diferentes tipos, de las cuales 2,043 dio fe de su existencia el Notario 128 del DF.
Asegura que todo esto “pudiera generar” indicios de que varias personas tuvieron
en su poder tarjetas Soriana en esas fechas, pero que “no es posible ser
concluyente” de que estas tarjetas fueron distribuidas por representantes del PRI,
y menos que se trató de un hecho generalizado en todo el territorio nacional. Así
que, a pesar de tenerse la prueba de los contratos celebrados entre gobiernos
estatales y municipales, para este señor “no es posible llegar a la convicción
pretendida por la Coalición MP”.
Los contratos con Soriana, aseguró, tienen su origen en licitaciones públicas
para la satisfacción de programas sociales, por lo que concluyó que no puede
afirmarse que se trate de prácticas indebidas desde el punto de vista legal ni
pueda considerarse que los beneficiarios que sean ciudadanos se despojan de su
voluntad para emitir el sufragio. Así se simple.
El problema es que este señor no vio los testimonios ni las tarjetas Soriana
que, contrario a lo que dice, no sólo se acreditaron en Iztapalapa. Hay pruebas de
esas tarjetas en las primeras cajas que se entregaron junto con el Juicio, en la del
Estado de México, en la de Nuevo León, en la de Tamaulipas, en la de Morelos,
en la de Chihuahua y en la de Veracruz, por ejemplo. Más tarjetas entregamos
después en las 56 cajas adicionales con pruebas que obtuvimos en las asambleas
en todo el país. Y en ellas hay testimonios y videos de operaciones similares a las
que el magistrado menciona, además de que no sólo hay uno o dos sino infinidad
de tickets de distintos ciudades y estados del país, todos ellos relacionados con
las tarjetas y con el testimonio de quienes las recibieron, que prueban la amplitud
de la operación priísta.
El caso de Soriana esconde el más oscuro contubernio entre gobiernos
estatales y una empresa con el claro fin de coaccionar y comprar el voto. Por eso
el agravio es aún mayor, puesto que el objeto de dicha acción fue comerciar
francamente con el hambre y las necesidades de la gente.
Fue, llanamente, la versión moderna de la entrega de despensas. Cada
representante general del PRI recibiría con la tarjeta un bono de 17 mil 500 pesos
en tres parcialidades, además de una compensación de dos mil 500 pesos, al día
siguiente de la elección.
Y no es el único. Se tiene conocimiento, y presentamos denuncia, de por lo
menos otras dos tarjetas más.
88

89. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y EQUIDAD EN LA
CONTIENDA DEL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL DEL 2011-2012 POR
QUEBRANTAR EL PRINCIPIO DE
ELECCIONES LIBRES Y POR LLEVAR A
CABO UNA COACCIÓN Y COMPRA DEL
COALICIÓN VOTO DEL ELECTORADO AL EFECTUAR
15 Q-UFRPP 61/12 QUEJA PRD COMPROMISO REGALOS CON LA ENTREGA DE
POR MÉXICO, EPN “TARJETA DEL APRECIO” CON VALOR
DE HASTA MIL PESOS, QUE LOS
BENEFICIARIOS PUEDEN HACER
EFECTIVOS EN LAS TIENDAS
“SORIANA”, DE LAS CUALES, SE
PUEDO DETECTAR QUE HAY
ALREDEDOR DE 10,000 TARJETAS,
CON DIFERENTES MONTOS.
El origen de todos estos recursos no se sabe, lo que sí se sabe es que la
triangulación de recursos estuvo en buena parte a cargo de empleados de la
educación y maestros, así como de militantes priistas, porque al PRI le
preocupaba el resultado de los comicios sobre todo en seis entidades: Jalisco,
Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal.
El ‘Sorianagate’ llega al Washington Post
La Redacción
3 de julio de 2012 · 79 Comentarios
Comicios 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- El escándalo
de las compras de pánico en Soriana
con tarjetas de regalo
proporcionadas por el PRI, llegó
hasta el diario estadunidense The
La nota en el sitio web de The Washington Post.
Washington Post.
En una nota firmada por la agencia
AP y que titula “Las tarjetas de
regalo”
alimentan las acusaciones sobre la compra de votos en las elecciones
89

90. en México”, se destaca:
“Miles de personas acudieron a las tiendas para canjear tarjetas
prepagadas que dijeron, les fueron regaladas por el partido que
ganó la Presidencia de México, desembocando en una jornada
empañada por la compra generalizada de votos”.
Y apunta:
“Según la ley electoral mexicana, dar regalos a votantes no es un
crimen a menos que el regalo esté condicionado a una votación
determinada o con la intención de influir en los resultados. Sin
embargo, el costo de los regalos debe ser notificado y no pueden
exceder los límites de gastos de campaña. En general, estas
prácticas no anulan las elecciones”.
El texto viene acompañado de varias declaraciones de
simpatizantes priistas que confirman haber recibido las tarjetas de
parte de candidatos del partido que postuló a Peña Nieto.
“Nos dieron las tarjetas en nombre del PRI y el diputado Héctor
Pedroza (candidato del PRI al Congreso), y me dijeron que
contaban con nuestro voto. Ellos nos dijeron que tenían 500 pesos,
pero cuando llegamos a la caja, tenían sólo cien pesos, dijo María
Salazar”.
Más de tres testimonios documentan que los votantes fueron engañados.
El reportaje que incluye fotos de las largas filas que se han registrado en
tiendas de Soriana, concluye con la negativa del candidato de izquierda,
Andrés Manuel López Obrador, a reconocer las elecciones.
“No vamos a aceptar un resultado fraudulento, dijo López Obrador”, retomó
el diario estadunidense.
También se incluye la denuncia del PAN de adquirir cerca de 9 mil
500 tarjetas prepagadas de esa misma cadena de supermercados
por un monto total de 71 millones de pesos.
El ‘Sorianagate’ fue dado a conocer en la primera plana del
90

91. periódico La Jornada con una fotografía que documenta las
compras de pánico en las tiendas de Soriana, epicentro de un
escándalo que podría derivar en sanciones al PRI, si el IFE pone en
marcha una investigación.
El texto original se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.washingtonpost.com/politics/congress/apparent-winner-of-
mexican-presidential-race-faces-struggle-for-
support/2012/07/02/gJQAqICPJW_story_1.html
Reports of gift card payments feed growing accusations of vote-
buying in Mexico’s election
91

92. 92

93. Before the election, the PRI accused the conservative National Action Party,
or PAN, whose candidate ran third in the presidential election, of passing out
groceries during the campaign, and claimed the leftist Democratic
Revolution Party, or PRD, had gotten illegal campaign financing. None of
those allegations have been proven.
On the Friday before the vote, the PRD issued a statement accompanied by
photos of dozens of the Soriana gift cards, saying they had been distributed
by a PRI-affiliated union, and it filed a complaint to electoral authorities. The
party’s presidential candidate, Andres Manuel Lopez Obrador, came in
second.
En suma, que con su actuación manifiesta, parcial, omisa para ejercer sus
funciones, a todas luces ilegal; con el fallo que emitieron respecto a nuestra
demanda de invalidez de las elecciones, los Magistrados violaron en primer lugar
el principio de legalidad, al carecer de la debida motivación y fundamentación, así
como de faltar a los principios de congruencia y exhaustividad, de tal suerte que
se violan los preceptos antes citados en los que se establecen los derechos de
legalidad y de acceso a la justicia pronta, imparcial y completa, así como las
obligaciones de la responsable en torno al trámite de las quejas por infracciones a
las normas constitucionales y legales electorales, así como la observancia a los
principios rectores de la función electoral, y por lo tanto al debido proceso.
III. ELEMENTOS DE PRUEBA
93

94. 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación con relación al Juicio de Inconformidad por
Invalidez de la Elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos interpuesto por la Coalición Movimiento Progresista.
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Versión Estenográfica de la Sesión
Pública del TEPJF de fecha 30 de agosto de 2012.
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Juicio de Inconformidad por
Invalidez de la Elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos interpuesto por la Coalición Movimiento Progresista.
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Boletín de Prensa Núm. 103/2012
titulado “ACTUARÁ TEPJF CON LA LEY EN LA MANO: LUNA RAMOS” del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en la pagina
electrónica del mismo, de fecha 3 de julio de 2012.
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en nota periodística aparecida en El
Universal de fecha 17 de julio de 2012, donde constan declaraciones del
Magistrado Luna Ramos negando sus declaraciones del día 3 de julio anterior.
6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Boletín de Prensa Núm. 110/2012
titulado “PRUEBAS, ÚNICA VÍA PARA MODIFICAR RESULTADO ELECTORAL:
GONZÁLEZ OROPEZA” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
disponible en la pagina electrónica del mismo, de fecha 16 de julio de 2012.
7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en nota periodística aparecida en la
página electrónica de Sin embargo, de fecha 16 de julio de 2012, titulada “Varios
miembros del Tribunal Electoral tienen historia que los vincula tanto al PRI como a
Peña Nieto”.
Las cuales acompaño al presente recurso.
Por lo antes expuesto y fundado;
A ESA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, atentamente pedimos:
Primero.- Se tenga por recibida la presente denuncia de Juicio Político en los
términos precisados, y designando como domicilio para oír y recibir notificaciones,
el señalado en el proemio de ésta.
Segundo.- Iniciar procedimiento de JUICIO POLÍTICO en contra de los C.C.
JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA;
MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA; SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR;
FLAVIO GALVÁN RIVERA; CONSTANCIO CARRASCO DAZA; PEDRO
ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, Magistrados de la Sala Superior del propio
Tribunal, indiciados en los términos de la presente demanda de Juicio Político y
proseguir la substanciación del mismo conforme al artículo 12 del mismo
ordenamiento para que una vez ratificado por los promoventes, esa Secretaría
General de la H. Cámara de Diputados turne a las Comisiones que corresponda y,
en específico, a la de Examen Previo para que declare su procedencia y a su vez
envíe a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales para
efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección
Instructora de la Cámara.
94

95. Tercero.- Se reciban todos los elementos de prueba que anexamos a la presente
denuncia y se declare en su momento procesal oportuno la responsabilidad de los
altos funcionarios mencionados en el apartado correspondiente, por las acciones u
omisiones señaladas en el cuerpo del presente libelo.
ATENTAMENTE
RICARDO MONREAL AVILA LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN
RICARDO MEJÍA BERDEJA ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ
NELLY VARGAS PEREZ MARTHA B. CORDOBA BERNAL.
AIDA F. VALENCIA R. JOSÉ SOTO MARTÍNEZ
JUAN IGNACIO SAMPERIO M. MERILYN GOMEZ POZOS
JOSE L. VALLE MAGAÑA VICTOR MANUEL JORRIN L.
ALFONSO DURAZO MONTAÑO JOSE ANTONIO HURTADO G.
JUAN LUIS MARTÍNEZ M. JOSÉ FRANCISCO CORONATO R.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 05 DE DICIEMBRE DE 2012
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