SEMANA revela nuevas irregularidades en el escándalo de los títulos mineros: oficinas paralelas, venta de información privilegiada en la cafetería de la entidad y cacería de brujas contra quienes no participaron de la piñata.

1. La olla podrida de Ingeominas
SEMANA revela nuevas irregularidades en el escándalo de los títulos
mineros: oficinas paralelas, venta de información privilegiada en la
cafetería de la entidad y cacería de brujas contra quienes no
participaron de la piñata.
Más de una "piñata", como lo dijo la semana pasada el ministro de
Minas, Carlos Rodado Noriega, lo que sucedió en Ingeominas se
parece a una olla a presión en la que se cocinaron todo tipo de
irregularidades. Y esa olla finalmente estalló. Detrás de esta piñata
que celebró Ingeominas sin ningún control, dando títulos a cualquiera
que presentara un plano topográfico, un formulario, la cédula y
pagara el costo de un pin, SEMANA descubrió una mina de denuncias,
manipulaciones políticas, compraventa de información privilegiada,
oficinas paralelas, y el montaje de un nuevo y millonario Catastro
Minero Colombiano (CMC) que nunca funcionó.
Compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos
empezaron a solicitar títulos mineros de manera voraz ante
Ingeominas en los últimos ocho años. Todos querían parte de la
piñata. Según datos oficiales, hasta la fecha se entregaron casi 9.000
títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4 por ciento del
territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila,
equivalentes al 20 por ciento del territorio. Muchos de los títulos y
solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos,
parques naturales, reservas forestales y humedales. "Nos abrimos de
piernas", dijo a SEMANA un exfuncionario del Ministerio de Minas y
Energía.
Aunque algunos sectores académicos y ambientalistas venían
denunciando estas irregularidades desde 2009, es ahora, cuando la
minería se ha convertido en una de las puntas de lanza del desarrollo,

2. que estas irregularidades empiezan a impresionar al país. Colombia
aspira a recibir más de 40.000 millones de dólares por la explotación
minera en los próximos diez años y se supone que Ingeominas, una
institución débil, fortín de los políticos y sin dientes, es la que debe
supervisar esta danza de los millones que, presuntamente, nos va a
catapultar hacia una era de prosperidad.
El primer problema que enfrenta la entidad es que no sabe lo que
tiene. El Catastro Minero Colombiano (CMC), que lanzó Julián
Villarruel, exdirector de Ingeominas, como una gran plataforma
tecnológica, falló desde el principio y los técnicos siguieron
trabajando con un sistema paralelo antiguo, que finalmente colapsó a
finales de 2009. Poniéndole remiendos al sistema, el CMC volvió a
lanzarse dos veces más, la última, con bombos y platillos durante la
Convención Nacional Minera que se celebró en el Hotel Tequendama
en julio del año pasado. Pero tanta pompa y más de 6.000 millones
de pesos en contratación no consiguieron el propósito. Hoy la
plataforma es, como dijo el ministro Rodado, no un catastro, sino una
catástrofe: no permite sacar reportes estadísticos, no tiene funciones
de seguimiento y control, modifica los decimales de las áreas
entregadas y a veces las superpone sobre otras, le asigna plazos a
cierto tipo de concesiones que ni la ley permite, no excluye las zonas
ambientales protegidas y, lo que es peor, la información no está
encriptada y ha sido objeto de ataques de hackers. Si la plataforma
hubiera funcionado desde un inicio, las irregularidades de titulación
habrían sido evidentes.
"Hay algo profundamente oscuro y perturbador cuando la información
que se supone que debe ser pública no lo es", dice Julio Fierro,
geólogo y exfuncionario del Ministerio del Medio Ambiente, que desde
esa entidad solicitó al Ingeominas en 2008 que le entregara
información sobre títulos otorgados en zonas protegidas, pues ya
entonces sabían que la entidad había otorgado más de 30 títulos en
parques naturales. En lugares tan claves como el Macizo Colombiano,
donde nacen los principales ríos del país, hoy hay 30 títulos mineros
otorgados, según denunció la semana pasada el representante
caucano Crisanto Piso en debate ante la Comisión Quinta de la
Cámara.
Esta semana, el ministro Rodado denunció algo más grave: que
incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que
prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero
de 2010, la entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías.
Y, según pudo establecer SEMANA, apenas unos días antes le
otorgaron a la minera multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en
páramos, la mayoría en la zona de Santurbán. Es difícil que esto
hubiera sucedido sin información interna de la entidad, pues no se
explica de otra manera que estas solicitudes, que estaban en fila

3. desde 2005 y 2008, fueran aprobadas entre el 28 de enero y el 2 de
febrero de 2010, justo antes del cambio de la norma.
Como suele suceder cuando los procedimientos estatales son oscuros
e ineficientes, floreció la corrupción. Los interesados empezaron a
comprar información directamente a algunos técnicos que sí sabían
qué áreas estaban libres, cuándo iban a devolver un título y en dónde
había yacimientos importantes de minerales. Era tal el descaro que
los negocios paralelos se realizaban en la cafetería de la misma
entidad.
Varias fuentes también aseguraron a SEMANA que operaban una
suerte de oficinas paralelas que adjudicaban títulos de manera
fraudulenta en tres puntos distintos de Bogotá, y se supo porque los
usuarios se quejaban de que allá, por una "platica adicional", sí los
atendían rápidamente. En un estudio que realizó el propio gobierno
encontró que una solicitud para obtener un título tardaba en
promedio 600 días en definirse, pero para algunos apenas demoraba
un mes. Un informe del Ministerio Público explica que algunas
personas llegaban con oficios de las gobernaciones pidiendo tramitar
de manera expedita su solicitud, con la excusa que había escasez de
carbón en su departamento.
La falta de transparencia también contribuyó a que se creara un gran
mercado especulativo de compra y venta de títulos en el país. "Esto
es lícito y pasa también en otros lugares del mundo, pero no en la
escala de lo que sucedió aquí", dice un exfuncionario de Ingeominas.
Personas que nunca han estado interesadas en minería simplemente
solicitaron títulos para revenderlos a las grandes compañías y muchos
no los inscribieron en el Registro Minero Nacional para no pagar el
canon superficiario, una especie de arriendo que se le paga al Estado
por el área entregada en concesión. Como consecuencia, el monto
que recibió la entidad por concepto de los cánones se quedó corto en
varios miles de millones de pesos.
Además de la abrumadora solicitud de títulos, Ingeominas no pudo
responder ante miles de recursos que interponían los abogados de los
mineros cuando se les negaba un título porque el área ya había sido
concedida a alguien más. Un abogado que trabajó como contratista
externo de la oficina jurídica de la entidad en ese entonces le dijo a
SEMANA que durante los primeros años la fiebre de títulos solicitados
era el carbón, pero luego fue el oro. "Para oro había dos grandes
empresas multinacionales que ganaban la mayoría de los recursos",
dice.
A la cabeza de este desprestigiado instituto capturado por los
políticos conservadores estuvieron Julián Villarruel y Mario
Ballesteros, entre 2004 y 2010. Ambos tienen investigaciones

4. disciplinarias en la Procuraduría por posibles irregularidades
presupuestales. SEMANA buscó a ambos funcionarios para conocer su
versión sobre lo que sucedió en Ingeominas, pero no pudo hablar con
ellos.
Algunos funcionarios cuentan que a veces era imposible encontrar
parqueadero porque las camionetas de los políticos invadían el lugar
y por el largo corredor que conduce hasta la oficina de la Dirección
General eran vistos con frecuencia parlamentarios conservadores,
como los senadores Jorge Hernán Pedraza, Juan de Jesús Córdoba y
Hernán Andrade, quien como presidente del Senado condecoró a
Ballesteros en julio de 2009. Córdoba, quien hace parte de la
Comisión Quinta de Senado, le dijo a SEMANA que con frecuencia iba
a la entidad para acompañar a algunos alcaldes que buscaban
gestionar recursos para Boyacá. Pedraza dijo que hace más de cinco
años no va. A pesar de varios mensajes telefónicos, no fue posible
hablar con el senador Andrade.
A la representante de La U y miembro de la Comisión Quinta de la
Cámara Lucero Cortés también la vieron varias veces por los pasillos
de la entidad, aunque ella asegura que no fueron tantas y que cuando
fue lo hizo para tratar algunas denuncias sobre lo que ocurría dentro
de la entidad, que luego utilizó en algunos debates de control político
en los que citó a Ballesteros. Sin embargo, un hermano de la
congresista, Ernesto Felipe Cortés Méndez, tuvo contratos con
Ingeominas. Ella le dijo a SEMANA que no tenía conocimiento de esos
contratos.
Pero del político del que se habla más en voz baja, y de quien varias
fuentes coinciden en que fue padrino del nombramiento de
Ballesteros en la dirección del instituto, es el senador conservador de
Boyacá Ciro Ramírez, condenado por parapolítica.
Además de Ballesteros y Villaruel, hay otros 23 funcionarios que
están siendo investigados por los órganos de control y serán ellos los
que determinen quiénes fueron los culpables del relajo en una
entidad que además funcionaba como una rueda suelta y mal
engranada con el Ministerio de Minas y con las secretarías de Minas
delegadas de seis departamentos, que también otorgaron títulos
mineros sin mucho control.
"El gran reto de este país es ponerle orden a la minería", dijo el
viceministro de Minas, Tomás González, y explicó que ya han tomado
algunas medidas para sanear a Ingeominas. Con recursos del Banco
Mundial y asesoría de expertos internacionales en catastros mineros,
reformarán la fallida plataforma tecnológica y crearán una Agencia
Nacional de Minería, que se encargará de regular el sector, al igual
que lo hace hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Habrá que ver

5. si el ministro puede devolverle a Ingeominas la reputación que alguna
vez ostentó como centro de investigación geológica. Nadie mejor que
los empleados honestos que llevan más de veinte años en el servicio
geológico y minero del país y que vieron desparecer a Minercol hace
unos años por escándalos de corrupción similares