El documento denuncia cómo las mineras en México contaminan el medio ambiente y evaden impuestos, favoreciendo a empresarios a expensas de los recursos hídricos y la salud pública. Además, critica la ineficacia del poder judicial al permitir que los ricos evadan la justicia mientras las prisiones están llenas de personas pobres. Se advierte sobre un posible estado de excepción en respuesta a protestas sociales por la crisis económica, lo que podría resultar en una represión autoritaria.