El documento presenta un resumen de una clase sobre transparencia judicial en la que se discutió la opinión pública argentina sobre temas como la justicia y la corrupción. Se destaca que la sociedad se muestra preocupada por la inseguridad y la educación, pero que éstas quedan relegadas con respecto a otros temas. Para combatir la inseguridad, se argumenta que es clave mejorar la educación y el sistema de justicia, ya que éstos permiten prevenir el delito y actuar ante él, respectivamente.

1. Nombre: Volpe, Ezequiel Alejandro.
Documento: D.N.I. 40766950
Profesión: Estudiante de 1º Año de Abogacía.
Título del trabajo: La opinión pública
comprometida como factor clave de
transparencia institucional.
Módulo: trabajo basado en clase dada dentro de
“Transparencia judicial”.

2. Presentación:
En la clase del 27 de abril, dictada por el Licenciado Manuel Mora y Araujo, se explicó con
gran claridad cuál es la visión que tiene la opinión pública argentina sobre distintas temáticas.
Aquella explicación versó sobre “Justicia y corrupción en la opinión pública”, en el marco de la
segunda materia del módulo “Transparencia Judicial”.
En aquella oportunidad, el licenciado mencionó varios tópicos que intentan dar una
aproximación sobre lo que piensa el argentino acerca de temas fundamentales para nuestra vida
política como ciudadanos.
La posibilidad de ver estos trabajos, que buscan abarcar sectores amplios de la sociedad, permite
dimensionar de manera clara cuáles son las deudas sociales fundamentales de nuestro país.
En determinado momento de la clase mencionada, me llamó poderosamente la atención ver
cómo la sociedad se mostraba, aun con el paso de los años, absolutamente preocupada (y con
mucha razón) por la problemática de la inseguridad y el delito, un flagelo que dejó muchas
familias destrozadas en la Argentina durante nuestra aún joven democracia.
Sin embargo, la preocupación por la inseguridad reconoce sus razones en otros aspectos
expuestos durante la exposición de Mora y Araujo. Allí era posible apreciar cómo las muestras
tomadas mostraban una preocupación por la educación y la Justicia que no eran consecuentes
con la pesadumbre visible en el pueblo por el hecho de vivir rehenes de una coyuntura que no le
permite a la gente estar tranquila cuando un familiar “anda por la calle”.
La educación y la Justicia, dos cuestiones de una preponderancia suprema, quedaban siempre
relegadas con respecto a otros tópicos. Y de allí se desprende en buena parte, justamente, por
qué la inseguridad es un dolor tan grande para nuestra sociedad.
Desarrollo:
Hoy en día, es imposible desconectar la delincuencia – en líneas generales- de los contextos
sociales en los cuales aparece. Sin intención de desconocer la existencia del libre arbitrio que
permite a cualquier persona elegir qué hacer discerniendo entre diferentes posibilidades1
, el
delito se da en un marco social y ello no debe ser ajeno a las personas que integramos la
sociedad política.
Si hacemos un análisis extensivo del flagelo de la falta de seguridad en la vía pública, nos
encontraremos con un momento que resulta de mayor preponderancia para el común de la gente:
aquel en que se consuma el delito. Encontraremos en el centro de nuestro análisis ese momento
que es tan temido por todos nosotros, que es la posibilidad de, sencillamente, ser asaltados.
Esto, sin ningún lugar a dudas, constituirá siempre una preocupación central ya que es el
instante dentro del “camino de la inseguridad” que se vuelve más perceptible a nuestros sentidos
y que permanece como el más sensible a nuestros miedos.
Especificado lo susodicho, lo fundamental pasa a ser el análisis de cómo se evita pasar por estas
circunstancias. Sin dudas, las fuerzas de seguridad deben tener un entrenamiento adecuado para
combatir realmente el delito y no ser factores de criminalización de los sectores más carenciados
de la sociedad, como sucede en muchas ocasiones en los barrios más precarios.
1
Creus, Carlos. Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Astrea, 2015, pp. 129 y 130.

3. Pero hecha esta salvedad, podemos plantear primeramente un punto anterior al delito: es ese
momento en el que todavía tenemos la posibilidad (sociedad y Estado) de evitar que la acción
típica, antijurídica y culpable se realice. Ese momento debería ser fundamental en todo sentido,
y sin embargo, en las encuestas mostradas por el licenciado Mora y Araujo, se encuentra muy
por debajo del término “inseguridad” en sí mismo.
Ese punto al que hago referencia es la educación. Por más que pasen los años, la educación
permanecerá siempre como principal factor de inclusión social y, por propiedad transitiva, de
prevención del delito.
Es fundamental en los tiempos que corren, y más aún ante las crisis sociales de toda índole que
atraviesa nuestro pueblo, que tengamos un conocimiento acabado de la necesidad de enseñar a
todos los niños y jóvenes para (ante todo) dotarlos de una dignidad que les permita llevar una
vida plena y desarrollando sus virtudes, alejándolos de esa manera de todo vicio que puede
terminar en una vida vacía y a merced de cualquier persona con malas intenciones que quiera
utilizarlo a su conveniencia.
De hecho, podemos encontrar ejemplos de la importancia de la asistencia social como forma de
combatir el delito ya en el Siglo I de nuestra era, más particularmente en el Imperio Romano. En
ese entonces, Roma atravesaba una situación muy grave de desigualdad social y eran una
cuestión cotidiana los hechos delictivos llevados a cabo por chicos en situación de calle. Es en
este contexto que los Príncipes Antoninos, siendo Nerva y Trajano los que comienzan con la
idea, deciden instaurar las Instituciones Alimentarias y acompañar a los niños desposeídos,
fomentando la idea de la alimentación y la acción social.2
Mencionado este precedente, nosotros en pleno año 2016 debemos comprender que la
educación es un derecho fundamental al que deben acceder equitativamente todos los niños y
jóvenes no solo de nuestro país, sino también del mundo.
Hecho este breve introito de la significación que tiene la cuestión educativa en la lucha por la
dignidad humana y, como dijimos, también en la prevención del delito, debemos mencionar que
el hecho de que la sociedad no tenga un conocimiento acabado de esto colabora fuertemente con
situaciones íntimamente ligadas a la exclusión social, la cual deriva en muchos casos en la
delincuencia.
Si bien educar a un niño o a un joven debería ser ya de por sí una aspiración inherente a la
persona humana por una cuestión altruista, es necesario que, al menos, los distintos actores
integrantes de la sociedad civil tengan conciencia de que la educación debería ser una
preocupación tanto o más importante que la inseguridad en sí misma.
Debemos comprender inmediatamente que es imposible concebir una sociedad segura en un
país donde la exclusión social esté a la orden del día y la misma permanezca como una
preocupación casi superflua para el ciudadano promedio.
Con la intención de afianzar el concepto, quiero reafirmar que es fundamental pensar de una vez
por todas en una sociedad altruista que considere menester la adecuada preparación de los
jóvenes para ser integrados al sistema.
De más está decir que seguirá habiendo en todo tiempo gente interesada en que los argentinos
tengamos la menor cantidad posible de conocimientos para poder manejarnos a su gusto y
2
Costa, José Carlos. Manual de Derecho Romano Público y Privado. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2016,
pp. 97 a 100.

4. antojo, en pos de beneficios personales y de otorgar prerrogativas a determinados intereses
económico-financieros que, para algunos poderosos, deben predominar sobre el bien común.
Es dable mencionar que en nuestros tiempos la preocupación ciudadana por dotar de dignidad a
los jóvenes mediante la educación debe ser fundamental. Durante años, nos hemos visto
inmersos en gobiernos que intentaron subordinar a los argentinos a intereses espurios, y por ello
la educación ha permanecido y aún permanece siendo ofendida por las conducciones políticas
en los distintos niveles estatales.
En los últimos años, de hecho, las pocas conquistas obtenidas en materia educacional han
llegado gracias a la lucha incansable de estudiantes y trabajadores del área que
desinteresadamente, en la mayoría de los casos, han buscado la inclusión en detrimento de los
intereses de algunos poderosos.
Todas estas cosas demuestran que si queremos una sociedad más segura e inclusiva, debemos
empezar por nuestras humildes posturas. Sin embargo, esto será expuesto con mayor
detenimiento en las conclusiones de este trabajo final.
Planteados ya el instante del delito y el momento en que subsiste la posibilidad de prevenir,
ahora es tiempo de dedicar algunos párrafos a la instancia donde se puede actuar con el hecho
delictivo ya consumado (sin olvidar que la ley también tiene elementos preventivos).
Este tiempo es el correspondiente a la Justicia, tema central del segundo módulo del presente
Diplomado en Transparencia Institucional.
Durante el transcurso de la citada clase dictada por el Licenciado Mora y Araujo, sentí una gran
tristeza al ver que –al igual que sucede con la educación- lo relativo a la Justicia permanece
como un tema de menor importancia.
Al igual que en el caso anterior donde está la posibilidad de prevenir el delito antes de que se
consume, la falta de una verdadera conciencia social sobre la importancia de la Justicia muestra
nuevamente a qué se debe que la inseguridad permanezca como principal factor de
preocupación en la población.
Pero nuevamente tenemos que decir que este factor, si queremos combatir el flagelo del delito,
debería estar entre las máximas preocupaciones de la sociedad junto con la inseguridad.
Mientras permanezca la inseguridad como motivo central de pesadumbre en nuestro pueblo, lo
educativo y lo judicial deberían ir de la mano con ella, logrando de esta manera que a través del
tiempo lo delictivo deje de ser algo que cause pánico. Es por ello que considero que si las
temáticas de la educación y la Justicia fueran una mayor preocupación para nuestra sociedad,
seguramente deberíamos preocuparnos menos por la delincuencia.
El planteo se muestra como inversamente proporcional: si al pueblo le interesa más la educación
y la Justicia, deberemos preocuparnos menos por la inseguridad. Mientras lo educativo y lo
judicial se mantengan como cuestiones relegadas, nuestra preocupación por la reiteración de
sucesos delictivos irá en crecimiento.
Pero yendo más puntualmente a la Justicia, es importante concebir una sociedad que la conozca,
la aprecie y la respete de una buena vez por todas. Hoy en día, tenemos una población que es en
gran parte ignorante de nuestro sistema jurídico –tanto nacional como internacional-, y esto va
mucho más allá de las posibilidades socio-económicas de la persona.
Durante la exposición del Licenciado Mora y Araujo, fue posible oír de su boca un caso muy
interesante y bastante dramático, donde una persona encuestada dijo que “al que roba hay que
matarlo y no se le debe dar segundas oportunidades”.

5. Este desconocimiento absoluto de la normativa y de los derechos fundamentales que son
inherentes a cualquier ser humano, genera que los ciudadanos (que al fin y al cabo son sujetos
de derecho inmersos en un sistema legal) estén desprovistos de cualquier defensa ante un
posible avance de la Justicia sobre su persona.
Asimismo, esta creencia que se da en algunos casos que plantea prácticamente volver a la
venganza de sangre, desconoce las posibilidades que puede dar la Justicia de colaborar en el
combate contra la inseguridad.
Según la teoría relativa de la pena, la misma sirve para una prevención general y una prevención
especial. La prevención general implica que el agente no cometa un delito debido a la sanción
que conllevaría hacerlo. Entretanto, la prevención especial está orientada a reinsertar a la
persona que delinquió en la sociedad, de manera que ese “delincuente” deje de ser tal. 3
Igualmente, claro está que el fundamento de la pena no se agota allí, pero sí se puede ver cómo
la ley penal en sí misma incluye elementos destinados a la prevención del delito.
Evidentemente, un conocimiento mayor de la Justicia por parte de la sociedad permitiría
incorporarla dentro de la opinión pública como un factor de gran preponderancia en la lucha
contra la criminalidad. Como se puede ver, el sistema jurídico prevé elementos para combatir la
delincuencia.
El gran problema que se presenta aquí es que, si la sociedad deja de mirar a la Justicia, permitirá
sin ningún atisbo de preocupación que la misma se prostituya y quede al servicio de diferentes
intereses que atentan contra una sociedad inclusiva, justa, democrática y segura.
De los motivos expuestos precedentemente se desprende que tenemos que volver a pensar como
sociedad en las causas de la inseguridad y no únicamente en el problema material. El hecho
delictivo que podemos apreciar en la vida cotidiana se puede combatir antes y después de
consumado, y los elementos para emprender ese combate se encuentran a disposición en nuestro
sistema democrático. Para poder utilizarlos, es fundamental la conciencia social de que un
sistema inclusivo y justo donde los derechos humanos estén en primer lugar debe ser el pilar
fundamental de nuestra postura frente a la política.
Nosotros, los habitantes de la Argentina, tenemos en nuestras manos la composición de la
opinión pública. Claro está que sin una opinión pública comprometida es imposible tener
instituciones que estén a la altura de las problemáticas que plantea la coyuntura actual.
La propuesta no busca ser pomposa, sino que simplemente intenta alcanzar a todos los
habitantes de este suelo que actúen de buena fe y sueñen con un mundo mejor: si queremos
atacar nuestras problemáticas, la única posibilidad es el propio compromiso. Es por esto que la
propuesta más concreta que –creo yo después de haber cursado el Diplomado- se puede
aplicar al mejoramiento de las instituciones democráticas es que nosotros, los ciudadanos
de a pie, comencemos a formar una opinión pública comprometida con la tan añorada
transparencia a la que busca aportar el presente curso. Y esa opinión pública
comprometida solamente la podemos construir a través de nuestro interés por alcanzar
una sociedad mejor.
Así las cosas, lo expresado ut supra se podría graficar de la siguiente manera:
3
Creus, Carlos. Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Astrea, 2015, pág. 8

6. Ámbito de aplicación:
El ámbito de aplicación de la presente propuesta es en la vida cotidiana, en el día a día. La
propuesta debe enmarcarse y aplicarse en una democracia participativa, donde el ciudadano
comprenda que sus derechos políticos no terminan con las elecciones, sino que los comicios son
apenas el punto de partida. Tener conocimiento de esto permitirá a la persona que vive en este
suelo entender la importancia de las instituciones de la República y de esa manera inmiscuirse
en ellas de manera directa o indirecta, aportando a través del conocimiento de sus derechos y
ejerciendo prerrogativas que le son reconocidas, como el derecho a peticionar a las autoridades,
el derecho a la libertad de expresión y todos los derechos implícitos propios de la forma
republicana de gobierno, reconocidos estos por el art. 33 de la Constitución Nacional, entre
otros.
Conclusiones:
Lo fundamental para atacar el problema, en la práctica, no pasa por nada que esté muy alejado
de nuestras posibilidades.
Cuando el ciudadano piensa en las “instituciones democráticas”, ello suena muy lejano y
exclusivo de un grupo de gente poderosa que tiene el manejo de la Argentina en sus manos. Y
esta creencia que se da en el marco de una gran pasividad solo da lugar a que efectivamente ese
pensamiento se concrete en la práctica.
Desde este espacio, se propone recordar las palabras del Licenciado Mora y Araujo al momento
en que se dispuso a responder una pregunta de otro alumno del Diplomado: “opinión pública es
aquello que la gente habla entre sí”.
Y “la gente” no es nada más ni nada menos que nosotros. Por ello, tener instituciones
democráticas que sirvan a los intereses sociales depende principalmente del pueblo.
Si la posibilidad de construir un país mejor está en gran parte en nuestras manos, solo quedará
una cosa por hacer: usemos esa posibilidad. Siempre pensando en el bien común de la sociedad.