2. LA SEGURIDAD PÚBLICA EN
LOS GOBIERNOS LOCALES
Documento N°10
Jorge Mardones
Roberto Lagos
3. 2
Instituto Chileno de Estudios Municipales
Universidad Autónoma de Chile
Comité Editorial
Teodoro Ribera N.
Rector Universidad Autónoma de Chile
Georg Spee
Vicerrector Universidad Autónoma de Chile
Sergio Thiers
Director Acreditación Universidad Autónoma de Chile
Ricardo Israel
Director Ejecutivo Ichem
Andrés Chacón
Secretario General Ichem
Tamara López
Editora Ichem
4. La seguridad pública en los gobiernos locales
3
Índice
Autores................................................................. 5
La seguridad y la res pública............................................. 7
El posicionamiento de la seguridad pública como issue................. 8
La seguridad en la agenda local....................................... 10
En torno al concepto de seguridad........................................ 13
Seguridad Pública Vs. Seguridad Ciudadana........................... 15
Políticas públicas, descentralización y seguridad.......................... 17
Consideraciones........................................................ 23
Bibliografía............................................................. 25
8. La seguridad pública en los gobiernos locales
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La seguridad y la res pública
Desde el espacio de lo público, hoy existe abundante literatu-ra
sobre el problema de la violencia, la delincuencia y la victi-mización;
en este contexto, se establece un amplio consenso
en la importancia que ha adquirido este fenómeno desde la
vuelta a la democracia, profundizándose desde principios de
los años 90, al punto de asomar en verdaderos tratados de po-líticas
públicas en los programas presidenciales de estas últimas
elecciones.
Actualmente la problemática de la seguridad, asociada por la
opinión pública con la delincuencia, se mantiene a la vanguar-dia
en las encuestas sobre los principales problemas que afec-tan
a los chilenos: posee amplia cobertura mediática, a través
de la televisión, las columnas de prensa, reportajes y artículos
académicos. Todo ello da cuenta de un fenómeno que empie-za
a adquirir fundamento no sólo por esta instalación comuni-cacional,
sino también gracias a los valiosos aportes de centros
de estudio, institutos y organismos de investigación que han
contribuido, tanto al análisis de la materia como en la búsque-da
de soluciones para esta problemática de nuestro tiempo.
La delincuencia, entonces, entendida como una dimensión,
entre otras tantas, constitutivas del problema de la seguridad
pública, ha sido admitida por los actores públicos y privados
como un tema fundamental que atraviesa y se instala entre las
preocupaciones propias de la res pública (en lo que se refiere
al sistema mixto de distribución de poderes), que es parte de la
9. 8
La seguridad y la res pública
civitas (en lo relativo a la agrupación de hombres basada en el consenso
de la ley) y que merece, por lo tanto, el liderazgo de los decisores públi-cos
y un diseño institucional adecuados para ser superada1.
El posicionamiento de la seguridad pública como issue
El fenómeno de la delincuencia ha alcanzando mayor importancia que
otras situaciones paradigmáticas del campo del gobierno; como lo son el
desempleo, la pobreza, la salud, la vivienda, la educación, etc.2 Lo que
lo ha convertido en uno de los principales issues, tanto de las campañas
políticas: locales, parlamentarias, presidenciales, como de la agenda
de gobierno3. Por lo tanto, un problema de alto impacto social como
la seguridad pública, donde la delincuencia es tan sólo una de sus ma-nifestaciones,
ha vivido un proceso de crecimiento e instauración en el
discurso y práctica pública, ha superado a los guardianes de la agenda
pública4, quienes han contribuido a su clasificación como issue. Este po-sicionamiento
demuestra que no todos los “problemas” se convierten en
“problemas públicos”, y no todos los “problemas públicos” se transforman
o clasifican en issues en torno a los cuales se desencadena un proceso
que culmina con decisiones públicas5. Sobre la base de lo expuesto, se
hace evidente que existe un campo de estudio de sumo interés politoló-gico,
social y jurídico; en definitiva académico, y con amplitud de apli-caciones
de carácter práctico. En este sentido, se sigue el planteamiento
analítico, señero y todavía vigente de Lasswell quien proponía que las
“ciencias de
La res pública, es en esencia un contrato entre la sociedad y el pueblo, en el cual existen poderes que se contra-pesan,
check and balances y propenden a la estabilidad del regnum. Para mayor ahondamiento Godoy, Oscar.
“Republicanismo, Liberalismo y Democracia” en Revista Estudios Públicos. N° 99, Santiago, invierno 2005.
Ante la pregunta: ¿Cuál considera usted que es el problema más importante en el país?, sólo Chile, Guatemala y
México señalaron mayoritariamente que la «delincuencia/seguridad pública» era más importante que el desem-pleo,
éste último lidera las preocupaciones de la opinión pública de América Latina. Véase www.latinoarómetro.
org. Además, hace seis años la delincuencia estaba en el cuarto lugar de las principales preocupaciones, en 2006
es la primera prioridad, véase www.cepchile.cl.
Un Issue es considerado desde la politología como el principal problema en la agenda pública y ante el cual los
candidatos/dirigentes se pronuncian con el objeto de influir en sus electores/representados.
Grupos de interés, gobierno, burocracia y partidos se convierten en guardianes de la agenda pública en virtud de
sus recursos de poder y permiten la entrada o no de ciertos issues.
Fernández, Antoni. “Las Políticas Públicas” en Caminal, Miguel. (compilador) Manual de Ciencia Política. Madrid,
Editorial Tecnos, 1996, p.439.
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10. La seguridad pública en los gobiernos locales
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las políticas públicas”, es decir, la aproximación práctica que intenta pro-poner
el presente artículo, deberían ser contextuales, orientadas hacia
los problemas y multimetódicas6.
Ahora bien, un tema como la seguridad (un issue vanguardista, prototipo
del enfoque contemporáneo de las políticas públicas), también es inter-ferido
o infiltrado por los mass media.
«Criminalidad / delincuencia / seguridad pública» reciben la influencia
de los medios de comunicación masivos, los cuales generan un nuevo
vínculo entre el issue, tal cual es comprendido en líneas anteriores y los
receptores de él: percepciones de seguridad-inseguridad, sensación de
temor, violencia pública y privada; existe una “carga emotiva” en lo que
dice relación con la seguridad pública que otros temas de igual o ma-yor
importancia no presentan (por ejemplo, el presupuesto nacional). En
consecuencia, se añaden una serie de connotaciones o atributos a este
issue en particular, puesto que es «encuadrado» por los medios debido
a las dimensiones afectivas y cognitivas que el problema público posee.
Puesto que como fenómeno social constituye una “amenaza para la
gente común”, y, en este sentido, la hipótesis indicaría que cuanta mayor
proximidad psicológica posea un issue o “problema público” mayor será
el grado de relevancia del issue ante la opinión pública7. Se compren-den,
de este modo, las particularidades del fenómeno social que consti-tuye
la seguridad pública, sus vínculos con los medios y que no pueden
ser omitidas en cualquier tipo de análisis sobre la materia con el propósito
de superar la dualidad moderna entre el saber y la aplicación práctica,
aplicando con rigor una de las virtudes fundamentales que Aristóteles
asignaba a la política: phrónesis, entendida como la sabiduría práctica
en el ámbito de los asuntos públicos, el distinguir con perfección los me-dios
adecuados para alcanzar el bien de la comunidad.
Lasswell, Harold D. “La orientación hacia las políticas”. En Aguilar, Luis. Et. Al. El estudio de las políticas públicas.
México, Miguel Porrúa, 1994.
Para una completa revisión del tratamiento de los medios y los issues políticos: Casermeiro de Pereson, Alicia.
Los Medios en las Elecciones. La agenda setting en la ciudad de Buenos Aires. Bs. As., Ed. EDUCA, 2003.
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11. 10
La seguridad y la res pública
La seguridad en la agenda local
Sin embargo, y pese a las variadas posibilidades de abordar el estudio
de la seguridad pública, no sólo desde su significado o multicausalidad
–sino desde sus soluciones- es que debemos reconocer la importancia y
el rol que adquieren las comunidades locales en el tratamiento de la de-lincuencia.
Ya con el primer gobierno concertacionista, aparecieron los
primeros intentos por abordar este fenómeno como problema país; el en-tonces
gobierno del presidente Aylwin orientó sus esfuerzos en el mejora-miento
del sistema penitenciario; posteriormente, el presidente Frei llevó
adelante la reforma procesal penal; luego en el gobierno del presidente
Lagos se abordó esta problemática desde una perspectiva local.
No obstante, y a pesar de los avances que se han logrado con los gobier-nos
de la Concertación en esta materia; aún existen importantes desafíos
por cumplir en esta nueva intención por abordar este problema desde el
ámbito local; sobre todo, si entendemos la relevancia de los gobiernos
locales en el ámbito de la res pública, donde las municipalidades se ins-talan
como sistemas de gobierno comunal, ampliamente trascendentes
para el ciudadano común donde es pertinente reflexionar, discutir y pro-poner.
Teniendo en cuenta la relevancia de lo local, es que necesariamente
debemos preguntarnos sobre el rol de los municipios en el abordaje de
políticas públicas que establezcan lineamientos de acción: Entonces, las
municipalidades, como fundamento y pieza clave de la res pública ¿se
han hecho cargo de los problemas de seguridad pública local? ¿Cómo
el ingreso de este issue, con los atributos que posee debido a la presen-cia
de los medios de comunicación, puede ser enfocado adecuada-mente
por los decisores locales? ¿Pueden o deben las municipalidades
abordar el problema de la seguridad pública? ¿Está la seguridad pública
circunscrita en la agenda pública local? ¿Están capacitadas o tienen la
competencia para diseñar e implementar políticas locales en materia de
prevención del delito? En otras palabras, ¿están dadas las condiciones
para aplicar al saber práctico (phrónesis) en cuestiones relativas a la se-guridad
pública local?
12. La seguridad pública en los gobiernos locales
11
Ambicioso resultaría responder a todos estos cuestionamientos en este ar-tículo,
sin embargo, se intenta una aproximación al fenómeno, se busca
orientar la discusión desde la dicotomía de la seguridad y lo local.
14. La seguridad pública en los gobiernos locales
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En torno al concepto de seguridad
Se ha intentado circunscribir el fenómeno de la delincuencia
relevando el rol de los municipios y de las comunidades locales
en esta materia; sin embargo, ¿cómo atreverse a responder los
cuestionamientos planteados, sin conceptualizar el significado
de seguridad pública8?
La consolidación de un concepto en el área de las ciencias
sociales es un proceso complejo y dinámico, éste atiende a
las realidades coyunturales de cada sociedad y a los intereses
que se busquen con la significación del término. Sin embargo,
al tratar de responder acerca de los cuestionamientos de la se-guridad
pública y su relación con el ámbito local, nuevamente
surgen preguntas que atender. Entonces, ¿qué seguridad? ¿Se-guridad
de qué? y ¿Qué tipo de seguridad?
Sin el afán de parecer antojadizos frente al relativismo que se
pudiese apreciar en la conceptualización del fenómeno; lo que
se intenta establecer es que si bien existen tantos conceptos
de seguridad como diversidad de intereses hay; la naturaleza
En este punto se siguen las recomendaciones de Ortiz, Richard y José Reinoso: «definir es tomar
decisiones»; es decir, todo consenso respecto a un concepto tiene implicaciones y por tanto no
es ingenuo, y sólo se estima correcto cuando resulta útil para la investigación, cuando se cons-truye
con valor analítico o empírico. Ortiz, Richard y Reinoso, José. “Nohlen, Dieter, Rainer-Olaf
Schultze et al. 2006. Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos”. En Revista de
Ciencia Política. Nº 26, Santiago, 2006, p. 244-250.
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15. 14
En torno al concepto de seguridad
de ésta no se debe buscar desde la generalidad del concepto, sino des-de
la particularidad de lo específico9. Esta salvedad conceptual, permite
identificar la seguridad pública como un asunto público vinculado a los
fenómenos sociales de la delincuencia, la violencia y la victimización;
donde los puentes de respuestas a estas problemáticas se ciñen en los
ámbitos de la prevención, el control y la pena.
El concepto de seguridad tiene su origen en la palabra latina securitas /
securus, lo cual quiere señalar: “libre de preocupaciones o problemas”, el
cual deriva del término sine cura que significa sin problemas o preocupa-ciones;
en definitiva, se refiere a estar -libre de- dejar de lado las preocu-paciones
o amenazas, que para los efectos de la seguridad pública, se
enmarcan dentro de las intimidaciones delictivas asociadas al fenómeno
de la violencia.
Entonces, la seguridad pública lo que intenta es proteger al ciudadano
de ser víctima de actos delictivos, atendiendo a sus necesidades de res-guardo
personal, familiar, social y material.
Desde esta lógica, se presenta la seguridad pública como una necesi-dad
social del ciudadano a ser respetado en el desenvolvimiento de sus
libertades, sin que éstas se interpongan entre sí.10
Esta vinculación conceptual entre la seguridad pública y las libertades
individuales, pueden también apreciarse desde la naturaleza de la liber-tad
positiva: “Normalmente se dice que yo soy libre en la medida en que
ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad.
En este sentido, la libertad política es, simplemente, el ámbito en el que
un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros”11.
Este racionamiento se enmarca dentro de la lógica de igualdad que señala Amartya Sen, en cuanto a la naturaleza
de lo específico: Sen, Amartya. Nuevo examen de la desigualdad. Madrid, Alianza Editorial, 2004. 10 Hobbes,
Thomas. El Ciudadano. Madrid, Editorial Alianza, 1993.
Hobbes, Thomas. El Ciudadano. Madrid, Editorial Alianza, 1993.
Berlin, Isaiah. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p.191.
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16. La seguridad pública en los gobiernos locales
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Seguridad Pública Vs. Seguridad Ciudadana
Ahora bien, si se quiere dar respuesta a la conceptualización de la seguri-dad
pública, es necesario distinguir entre este concepto y la definición de
seguridad ciudadana; sobre todo, si observamos la confusión que existe
en la sociedad civil en cuanto a la connotación de ambos términos; y por
otro lado, las abundantes definiciones que entregan no sólo los centros
de pensamiento vinculados con esta materia, si no las autoridades públi-cas
encargadas del ámbito.
Se han definido las fronteras que establecen los límites de la seguridad
pública; la delincuencia, la violencia y la victimización, aparecen como
los problemas a resolver por esta concepción de seguridad.
Sin embargo, al definir los límites de la seguridad ciudadana, nos encon-tramos
con igual equivalencia en cuanto a las problemáticas a ser abor-dadas;
entonces, la seguridad pública y ciudadana tienen su punto de
encuentro en los fenómenos sociales por resolver; la delincuencia, la vio-lencia
y la victimización.
Este encuentro entre lo pública y lo ciudadano pudiese ser el que ge-nere
discusión o despiste entre ambas nociones de seguridad, e incluso
pueden parecer como sinónimos conceptuales a la hora de ser tratados
o abordados por investigadores, autoridades o por la sociedad civil. No
obstante la semejanza de objetivos entre ambos conceptos, es necesario
establecer algunas distinciones vitales, que permitan despejar el camino
terminológico, con el objeto de asentar o restringir los lineamientos de
acción de cada una de las expresiones de seguridad.
Así, por un lado la «seguridad pública» intenta dar respuesta a los fenó-menos
delictivos de violencia y de temor, a través de un enfoque integral
de respuesta; que asegure una intervención preventiva del delito; desde
un enfoque promocional, situacional y psicosocial12; que establezca un
Modelos de Prevención del Delito, establecidos por la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del In-terior
del Gobierno de Chile, a través de su Plan Comuna Segura y circunscrito dentro de la Política Nacional
de Seguridad Ciudadana propuesta por el gobierno del ex presidente Lagos. El primero; promoción, apunta al
fortalecimiento de las redes sociales, empoderamiento de las comunidades y a establecer el concepto de la co-responsabilidad
social; el segundo, definido como prevención situacional, tiene como objeto el mejoramiento
de los espacios públicos que generan situaciones de riesgo y facilitan la comisión de delitos y en tercer lugar, la
prevención psicosocial; son iniciativas que se enfocan a acoger, orientar y dar atención especializada a personas
en situación de riesgo social; donde su principal objetivo, es el trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad,
a fin de evitar el ingreso de éstos a la carrera delictual.
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17. 16
En torno al concepto de seguridad
orden público, por medio de un eficiente control de las autoridades po-liciales
y que promueva un afianzamiento del imperio de la ley, a través
de la institucionalización de penas a quienes delinquen.
La «seguridad ciudadana», por otro lado, define su estrategia por me-dio
de una repuesta ciudadana a los problemas que intenta resolver; en
tal sentido, su escenario de acción se establece en el ámbito de la pre-vención,
donde la seguridad ciudadana “es abordada desde el punto
de vista de sus habitantes, de aquellas situaciones que viven y que los
afectan, y no sólo del punto de vista de las instituciones”. Por tanto, “esta
visión de seguridad debe ser abordada desde el punto de vista de todos
los ciudadanos y desde el punto de vista tanto de las víctimas, como de
los que transgreden las reglas”13.
En consecuencia, la seguridad ciudadana, a diferencia de la pública,
se desarrolla en un ámbito mucho más específico - no menos relevante
- cuyo concepto remite la importancia de la idea de lo ciudadano, de
la capacidad de la comunidad de transformarse en agentes activos que
promuevan la seguridad y contribuyan en la disminución del temor.
Vanderschueren, Franz; Marcus, Michel; Lunecke, Alejandra y Jean Pierre Buffat. Políticas de Seguridad Ciuda-dana
en Europa y América Latina. Santiago. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, 2004, p.
155.
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18. La seguridad pública en los gobiernos locales
17
Políticas públicas, descentralización
y seguridad
En torno a los procesos de regionalización, desconcentración y
descentralización que han operado en Chile durante las últimas
décadas, la seguridad pública ha permanecido en un nivel de
importancia secundario, pese a su constitución como tema pú-blico
de relevancia y a su inclusión en la agenda de la res públi-ca;
se puede señalar que la seguridad ha quedado - al parecer
- a la retaguardia del proceso descentralizador y permanece
más bien en un estadio ulterior a la educación o salud pública.
Cabe destacar que desde la transición a la democracia ha
habido un marcado énfasis en reformas descentralizadoras,
proceso entendido como “una transferencia de poder político,
dineros fiscales y/o atribuciones administrativas a gobiernos sub-nacionales
autónomos, (...) en esencia (...) una redistribución
de recursos de unos actores a otros”14.
Dentro de este contexto, una impresión fundamentada podría
llevar a indicar lo siguiente: el proceso de modernización del
aparato estatal no ha incorporado la materia de seguridad en
su diseño y ha permanecido radicada en la estructura estatal
primaria: el gobierno central; en otras palabras, la seguridad
pública no ha sido ingresada a este proceso, no ha alcanza-do
la prioridad necesaria y tal vez no llegue a ser considerada,
Mardones, Rodrigo. “Descentralización y transición en Chile”. Revista de Ciencia Política, Nº 26,
Santiago, 2006, p.4.
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19. 18
Políticas públicas, descentralización y seguridad
existiendo variadas interpretaciones para este diseño institucional, una
de ellas la multidimensionalidad del fenómeno que comprende la pre-vención,
el control y la pena.
No obstante lo anterior, es posible señalar que ha habido una “inclusión
ambigua” de este fenómeno alrededor de ciertas prácticas de descen-tralización
de funciones públicas, algunos avances han corrido por cami-nos
paralelos a la descentralización y pueden corresponder al ciclo na-tural
de articulación de políticas: un proceso de adopción, implantación
y evaluación de prácticas “tecno-políticas” alejadas del proceso antes
descrito.
Señalar la existencia de una inclusión ambigua implica atenerse a la rea-lidad
del problema público, a su configuración única y cambiante de
factores endógenos y de contexto. Además, admite comprender un pro-ceso
de toma de decisiones como de “ensayo y error”, presume realizar
un ejercicio de aprendizaje, que incluye negociación con actores socia-les
e institucionales, supone la incorporación paulatina de prácticas de
desconcentración previas a la agenda reformista, requiere el consenso
de los “guardianes de la agenda”, y necesita el acuerdo de agentes
investidos de poder que alimenten el desarrollo del proceso de inclusión
en el gobierno local como práctica política definitiva; en suma, la pro-ducción
de mecanismos que institucionalicen el proceso de inserción de
la seguridad en los planos locales.
Por una parte, se sostiene en esta línea argumentativa que las decisio-nes
gubernamentales han tendido a implementar políticas con «énfasis»
local, políticas nacionales «orientadas» a los territorios comunales. Esta
premisa se basa en la existencia de un “discurso explícito”, proveniente
de las autoridades nacionales, y una “acción política”, emanada de la
administración central, que tiende a vincular la seguridad y la ciudada-nía
en el espacio de las comunas, todo ello propiciado por los últimos
gobiernos concertacionistas (con especial intensidad en los mandatos
del ex presidente Lagos y la Presidenta Bachelet). En consecuencia, hay
dos fases del proceso: un sistema de creencias (prioridades valorativas
y supuestos) y un sistema de operaciones (políticas, planes, programas,
proyectos), donde el segundo deriva del primero y se esfuerza por con-vertir
en acción las apuestas del gobernante.
20. La seguridad pública en los gobiernos locales
19
Hasta hoy, las apuestas de la Administración Central no se han radicado
en los gobiernos locales y se han traspasado esas fronteras locales sólo
para actuar cooperativamente, sin delegación trascendente de funcio-nes.
Estas “políticas centrales con visiones locales” han procurado constituir
coaliciones territoriales en la prevención del delito, conjurando así un sis-tema
de multi-agencias en torno a la seguridad pública local15.
Este modelo de gestión del espacio local y la prevención del delito cons-tituye
una ampliada práctica de difusión en América Latina, y se nutre
de experiencias exitosas de prevención del delito en Europa16. Las cuales
conforman prácticas de una agenda estratégica propia, con metodolo-gías
y bases teóricas fundamentadas, y que se mantienen bajo el escru-tinio
público y la producción de estudios avanzados que permitan ahon-dar
tanto en la evaluación de estas políticas, como en su terminación, tal
vez la etapa del proceso de políticas menos profundizada17.
Existe, en efecto, un ámbito privativo de la seguridad, radicado en el
gobierno central, lo que determina que el desplazamiento hacia los go-biernos
comunales se realice sobre la base de la cooperación y la con-formación
de alianzas con estos subsistemas de gobierno, en ningún
caso trasladando funciones y competencias. Sin temor a equivocarse,
se podría decir que esto constituye otra forma de “subsidiar” a los go-biernos
locales, quienes más que ver la oportunidad de enfrentar el tema
de la seguridad con medios propios, reproducen un modo de interven-ción
ya sancionado. Es decir, reciben los elementos (básicamente recur-sos
económicos y ciertos lineamientos técnicos) para ejecutar prácticas
más bien estandarizadas o normadas por el centro decisorio18; teniendo
Existen modelos de gestionar la seguridad desde el espacio local como el Plan Cuadrante de Carabineros de Chile
y el Plan Comuna Segura, de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Los aportes del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, (CESC-U.Chile), el Programa de Estudios Seguridad
y Ciudadanía de FLACSO y la Fundación Paz Ciudadana, han sido fundamentales para diseñar, monitorear y eva-luar
los modelos comunitarios de prevención del delito, relevar el papel de las coaliciones territoriales y promover
la creación de sistemas de información de alta calidad metodológica, permitiendo así contribuir notablemente al
tratamiento de la criminalidad y la violencia en general .
Los estudios de terminación de las políticas (policy termination) han adquirido creciente relevancia y pretenden
evaluar o prescribir si una política se sustenta, se reformula, termina o se reemplaza.
En este circuito del proceso el papel de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) es fundamental,
como actor intermediario y ejecutor del proceso.
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21. 20
Políticas públicas, descentralización y seguridad
presente que estas orientaciones, no siempre apuntan a resolver las pro-blemáticas
desde el ámbito local o territorial, si no priorizan criterios polí-ticos,
que se difuman en el tentador interés cortoplacista de la solución
país.
Se actuaría, además bajo el supuesto de que, adicionalmente, los go-biernos
locales no tendrían la disposición ni los “recursos de poder” para
asumir nuevas funciones: los ejemplos de lo contrario serían minoritarios
y el horizonte no se vería prometedor. Una muestra de esto, se refleja en
los sectores de la salud y la educación municipal, los que sirven de mues-tra
para analizar las zonas de incertidumbre del proceso: competencias
locales sin el traspaso de recursos ni de instrumentos de gestión adecua-dos,
que generan interrogantes en el imaginario de las autoridades des-centralizadoras.
En virtud de esto, se puede apreciar la necesidad de
establecer las condiciones pertinentes para avanzar en un modelo de
descentralización que incorpore la seguridad pública no tan sólo como
issue comunicacional, sino también como parte de una política pública
orientada al fortalecimiento de lo local, a través de insumos técnicos,
políticos y legales.
Por otra parte, y no obstante lo anterior, no se pueden desconocer al-gunos
hechos que indicarían la preocupación de ciertos actores por im-plementar
acciones en materia de seguridad desde el espacio local. La
reforma municipal, liderada por actores políticos claves, como la Asocia-ción
Chilena de Municipalidades (ACHM), alcaldes, miembros del parla-mento,
la Asociación Nacional de Gestión Municipal (ANAGEM), entre
otros, han manifestado la intención de tratar este problema público des-de
un campo de operaciones específico y que permita abordarlo según
las particularidades del territorio local: las municipalidades. Lo anterior,
evidenciaría el inicio de un proceso que incorporaría la problemática en
el campo decisorio del gobierno comunal19.
Dentro de esta estructura de análisis se puede suponer que la seguridad
pública transite del actual modelo de “arriba hacia abajo” (Top-down)
Véase Bozán, Ángel. Documento de Trabajo: Comisión de Reforma Municipal. Santiago, mayo 2006, en http.//
www.munitel.cl. El tema de seguridad pública es referido en la agenda reformista en cuanto a los “temas trans-versales”
que son necesarios de estudiar e integrar.
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22. La seguridad pública en los gobiernos locales
21
a uno de “abajo hacia arriba” (Bottom-up), que defina las particularida-des
de lo local y, aunque considere plazos considerables, desemboque
en un tipo de descentralización de funciones, recursos y atribuciones con
los medios suficientes para tratar el problema público desde lo local.
Cabe destacar que este proceso debe incorporar, a modo de recomen-daciones
generales y, por ello, debatibles: una política pública nacional
que considere efectivamente los gobiernos locales, aumento de recursos,
traspaso de competencias, institucionalización de la respuesta - creando
organismos o unidades técnicas municipales - el desarrollo de una cultura
de apego/identidad con la comuna, fomento de la corresponsabilidad
y entrega a los municipios de atribuciones con respecto a las policías,
(mecanismos de revisión o reorientación de planes símbolos del Gobier-no;
como el Plan Comuna Segura y el Plan Cuadrante de Seguridad Pre-ventiva,
a modo de ejemplo), la posibilidad de avanzar en diagnósticos
locales propios, sistemas de medición de la criminalidad local y alineados
con los sistemas nacionales; regulaciones en torno a agentes privados
que se relacionan con la seguridad pública; en definitiva, acciones que
propenderían a consolidar una respuesta comunal al problema de la se-guridad
pública. Así, la confluencia del proceso de descentralización y
este asunto público considera cierta potestad municipal en función de
áreas de asuntos de seguridad local (issue areas) dejando ciertas decisio-nes
políticas y técnicas al amparo de los gobiernos comunales.
Hoy, algunos municipios han modernizado su gestión al implementar
acciones en esta materia teniendo como soporte sus propias funciones
locales. Es así como las Direcciones de Seguridad Ciudadana, las Secre-tarías
Comunales de Prevención del Delito, e incluso las Direcciones de
Desarrollo Comunitario, han liderado procesos de prevención de la de-lincuencia,
trabajando en ciertos espacios locales que permiten esta di-námica.
Existen ejemplos locales en los cuales la asociatividad, el trabajo
en conjunto entre vecinos, policías y autoridades locales ha conseguido
beneficios en materia de seguridad. Sin embargo, las disposiciones institu-cionales
no permiten todavía asumir un rol protagónico en la formulación
de políticas públicas locales; más aún, las respuestas son únicas, a veces
intransferibles y en ello radica la importancia de la especificidad y la sa-biduría
práctica (phrónesis) de los agentes territoriales que les compete
gestionar su localidad.
24. La seguridad pública en los gobiernos locales
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Consideraciones
Hay que decir que hoy el issue de la seguridad pública está
instalado en los centros de poder y se asume como parte in-tegrante
de la agenda de la res pública. Además, el rol de las
municipalidades en la materia se mantiene en una incógnita
frente a los requerimientos de los ciudadanos, en sus barrios y
comunidades. Actualmente las autoridades locales cuentan
con un estrecho margen de acción debido al esquema institu-cional
que presenta la política pública nacional en materia de
seguridad.
La seguridad pública, en cuanto enfoque integral de respuesta,
ha transitado desde su «institucionalización social» (como fenó-meno
de violencia, delincuencia y victimización) a una «institu-cionalización
política» (issue o asunto público, en proceso de in-clusión
en la agenda de los gobiernos locales y con una batería
de respuestas de orden político práctico). Dicho de otro modo,
la seguridad pública ha pasado de estar en la agenda coyun-tural
a una agenda institucional, con tendencia a perpetuarse
y a ser considerada de manera regular por los actores políticos.
Resulta necesario, entonces, transitar desde la modernización
de ciertas prácticas municipales, de acciones simbólicas o for-males
a acciones operacionales a una respuesta institucional
en el plano local (con mayores recursos, más atribuciones, me-jor
tecnología y un nuevo orden en temas transversales), puesto
que los municipios son hoy en día los protagonistas de la refor-ma
a la estructura del Estado moderno, liderando los cambios
con actos y discursos visibles por la sociedad civil.
26. La seguridad pública en los gobiernos locales
25
Bibliografía
Berlin, Isaiah. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid,
Alianza Editorial, 1998.
Casermeiro de Pereson, Alicia. Los Medios en las Eleccio-nes.
La agenda setting en la ciudad de Buenos Aires. Bs. As., Ed.
EDUCA, 2003.
Dammert, Lucía y Gustavo Paulsen. Ciudad y Seguridad
en América Latina. Santiago, FLACSO, 2005.
Fernández, Antoni. “Las Políticas Públicas” en Caminal, Mi-guel.
(compilador) Manual de Ciencia Política. Madrid, Editorial
Tecnos, 1996.
Godoy, Oscar. “Republicanismo, Liberalismo y Demo-cracia”
en Revista Estudios Públicos. Nº 99, Santiago, invierno,
2005.
Hobbes, Thomas. El Ciudadano. Madrid, Editorial Alianza,
1993.
Lasswell, Harold. “La orientación hacia las políticas” en
Aguilar, Luis. Et. Al. El estudio de las políticas públicas. México,
Miguel Ángel Porrúa, 1996.
27. 26
Bibliografía
Mardones, Rodrigo. 2006. “Descentralización y transición en Chile”.
Revista de Ciencia Política. Nº 26, Santiago, 2006.
Marsh, David y Gerry Stoker (eds.) Teoría y Métodos de la Ciencia
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