Este documento establece medidas para combatir la morosidad en el pago de deudas comerciales en España. Introduce un plazo máximo de pago de 30 días a falta de acuerdo, establece el devengo automático de intereses de demora y permite al acreedor reclamar costes de cobro. También permite pactar cláusulas de reserva de dominio y acciones colectivas contra cláusulas abusivas. Modifica la ley de contratos públicos para ajustarla a la directiva europea sobre esta materia.