Este documento discute la nueva ley de aguas en Ecuador. Argumenta que el agua es un derecho fundamental que no debe ser privatizado, y que debe ser administrado de manera igualitaria por entidades públicas o comunitarias. Critica al gobierno por querer privatizar el agua y beneficiar a grandes empresas en lugar de las comunidades indígenas y campesinas. Defiende que estas comunidades deben ser consultadas y tener voz en cualquier ley que afecte sus derechos sobre el agua.