La ley de Delitos Informáticos tiene como objetivo proteger los sistemas de información y prevenir delitos contra la tecnología. El documento analiza esta ley y explica que existen diferentes clases de delitos informáticos, incluyendo aquellos contra sistemas de información, propiedad privada, privacidad y comunicaciones de personas, y el orden económico. También describe delitos informáticos como operaciones ilícitas en internet para dañar o destruir equipos y redes.

1. República Bolivariana de Venezuela
Universidad Bicentenaria de Aragua
Escuela de Derecho
San Joaquín de Turmero. Edo. Aragua.
Análisis de la ley de Delitos Informáticos
Autor: Ivon Bachour
CI: 8.734798

2. Análisis de la ley de los Delitos Informáticos
Actualmente la ley sobre los delitos informáticos, tienen como objetivo proteger los
sistemas que utilicen tecnología de información, prevenir y sancionar los delitos
cometidos contra el uso de esta tecnología. La Gaceta Oficial No. 37313 del 30 de
octubre del 2001, trata de una ley especial que descodifica el código penal y
profundiza la incoherencia y falta de sistematicidad de la legislación penal con el
deterioro de la seguridad jurídica.

3. El delito informático, que agobia con operaciones ilícitas
realizadas por internet o que sólo tiene n como objetivo dañar y
destruir, ordenadores medios electrónicos y redes de internet.
Sin embargo las categorías que definen un delito informático son
aún mayor como el fraude, el robo, chantaje, falsificación.

4. Clases de delitos
Contra los sistemas que utilizan tecnologías de
información.
Contra la propiedad.
Contra la privacidad de las personas y de las
comunicaciones.
Contra los niños, niñas y adolescentes.
Contra el orden económicos.

5. El delito informático que agobia con operaciones ilícitas
realizadas en el internet o que sólo tiene como objetivo dañar
o destruir ordenadores, medio electrónicos y redes de
internet. Sin embargo, las categorías que definen un delito
informáticos son aún mayor, como el fraude, el reportaje,
falsificación y la malversación de caudales públicos en los
cuales ordenadores y redes han sido utilizados.