La Ley Especial contra delitos informáticos tiene como objetivo proteger y prevenir delitos contra sistemas que utilizan tecnologías de información. Establece sanciones como penas de prisión y multas para delitos como los cometidos contra la propiedad, privacidad o niños/adolescentes. Además de las sanciones penales, incluye penas accesorias como decomiso de equipos, trabajo comunitario e inhabilitación para ejercer cargos públicos o trabajar en empresas relacionadas a tecnologías de información.