La ley de Delitos Mediáticos establece que los dueños de medios de comunicación, periodistas, locutores, artistas y cualquier persona que se exprese a través de los medios pueden ser acusados de cometer delitos si dicen algo "indebido". Esto significa que prácticamente cualquier persona en Venezuela podría terminar en la cárcel si manifiesta opiniones contrarias al gobierno a través de los medios, por lo que la ley debe ser objeto de oposición.