Este documento establece los derechos a una educación de calidad y gratuita para todos los individuos. El Estado se obliga a proporcionar servicios educativos de calidad que maximicen el aprendizaje de los estudiantes. La educación impartida por el Estado será nacional, contribuirá a una mejor convivencia humana, y se guiará por principios como el progreso científico y la lucha contra la ignorancia y la discriminación.