La Ley Núm. 5 estableció el primer programa de administración de documentos públicos en Puerto Rico en 1955 para preservar documentos de valor histórico y eliminar los innecesarios. La Ley Núm. 12 enmendó la Ley Núm. 5 en 1995 para permitir la venta de documentos inservibles y crear fondos para el reciclaje de papel. Juntas, estas leyes crearon el marco para administrar de manera sistemática los documentos públicos en Puerto Rico.