La ley establece las reglas y principios generales para regular la función archivística del Estado. Abarca a la administración pública en todos sus niveles y a entidades privadas que cumplen funciones públicas. Define conceptos clave como archivo, documento de archivo y función archivística. Establece un Sistema Nacional de Archivos que articula las instituciones archivísticas para homogenizar y normalizar los procesos. Define los diferentes tipos de archivos según su jurisdicción, competencia y organización territorial o del Estado. Obliga a las entidades públicas