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Los archivos de la Operación Sirirí
Fabiola Lalinde sostiene la foto de su hijo desaparecido, Luis
Fernando Lalinde. Foto: VerdadAbierta.com.
Publicado el Lunes, 19 Enero 2015 Verdad Abierta.com
Durante décadas, Fabiola Lalinde creó uno de los archivos privados
más completos sobre una víctima, en este caso su hijo Luis Fernando,
asesinado y desaparecido por miembros del Ejército.
Treinta años han pasado desde que desaparecieron a su hijo Luis
Fernando, el mayor de los cuatro que tuvo, y 18 desde que el Ejército
le entregó los restos. Durante todo este tiempo, Fabiola Lalinde
guardó recortes de prensa, fotografías, expedientes y textos sobre su
caso y llenó agendas con información recogida de diversas fuentes
hasta conformar lo que es hoy el archivo más completo de la primera
ejecución extrajudicial por la que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA responsabilizó al Estado
colombiano.
Fabiola Lalinde creía que las desapariciones “sólo sucedían en
dictaduras como la de Chile o Argentina”, y recuerda que su hijo Luis
Fernando, un estudiante de último semestre de sociología en la
Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del
Partido Comunista Marxista Leninista, le explicó varias veces que él
tenía amigos desaparecidos.
Lo que no sospechó en aquella época era la tragedia que se le
avecinaba. El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando se convirtió en el
desaparecido número 329 en el país. Así lo registró Héctor Abad
Gómez, en ese entonces presidente del Comité de Derechos Humanos
de Antioquia y quien ayudó con el caso.
“Mi hijo trabajaba en la reinserción del Epl. El 2 de octubre se fue a la
vereda Verdún, en el municipio antioqueño de Jardín, para ayudar a
un guerrillero herido en combate”, recuerda Fabiola. Desde su llegada
a la Presidencia de la República, en 1982, Belisario Betancur se
acercó a las Farc, al M-19, a las Farc, a la Autodefensa Obrera (Ado)
y al Ejército Popular de Liberación (Epl) para unas posibles
negociaciones de paz. En marzo de 1984 se firmó el cese al fuego con
las Farc y el 23 de agosto con los demás grupos subversivos.
(Ver: Acuerdos de cese al fuego entre 1984 y 1986)
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4292-acuerdos-
del-cese-al-fuego-entre-1984-y-1986-con-las-farc-el-m-19-el-epl-y-
la-ado
Parte de los registros del archivo de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía
familia Lalinde.
Pero el archivo de Lalinde muestra que en zonas como Verdún las
operaciones contrainsurgentes adelantadas por las Fuerzas Militares
no cedieron. La prueba de ello fue la desaparición de Luis Fernando.
Campesinos del lugar le contaron a Mauricio Lalinde, otro hijo de
Fabiola, que habían visto a un hombre con las características de su
hermano capturado por tropas del Ejército.
“A las 5 y media de la mañana del 3 de octubre un encapuchado lo
cogió y lo colgó en una pesebrera hasta las 8. Luego lo amarraron a
un árbol a todo el frente de la escuela, cuando los niños estaban
entrando. La gente lo vio muy golpeado, botaba sangre, y asegura
que los soldados le pegaban patadas. A las 6 de la tarde lo montaron
en un camión del Ejército con rumbo desconocido. De ahí en
adelante, los militares siempre aseguraron de que había un NN alias
‘Jacinto’, del que primero dijeron que había muerto en combate y
luego que había sido dado de baja por intento de fuga”, recuerda
Fabiola.
La información que recopiló la familia Lalinde sobre el Batallón
Ayacucho adscrito a la Brigada VIII del Ejército, unidad militar
responsable de ese crimen, le sirvió a Fabiola para concebir lo que
luego ella llamó la Operación Sirirí. “Los militares hicieron la
Operación Cuervos para desaparecer a Luis, entonces yo me inventé
mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un Sirirí y
cuando le pregunté el significado, me respondió que era un pájaro
muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos”,
detalla la señora.
Su archivo personal comenzó a construirse en noviembre de 1984,
cuando decidió anotar todo lo que ocurría sobre su hijo en una de las
libretas que tenía de cuando trabajaba en los almacenes Ley. En ella,
y en muchas más a través de los años, fue registrando los eventos
más importantes, como cuando Abad Gómez envió el caso a la CIDH
en 1985, su asesinato a manos de paramilitares, las decisiones
judiciales que se fueron tomando en el caso de Luis Fernando, los
inconvenientes con las exhumaciones y los hechos que muestran
cómo nadie ha sido culpado por esta ejecución extrajudicial, a pesar
de las pruebas existentes. (lea la resolución de 1988)
https://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/Colombia9620.htm
A las madres que ha conocido durante los últimos 30 años y que
viven casos similares al suyo les recomienda que escriban todo en
una libreta y guarden los documentos que vayan consiguiendo. “Si yo
he sido capaz de hacer esto, que no tenía experiencia, que creía en el
Estado y que enfrenté la cárcel y el exilio, los otros pueden
alentarse”, dice. El archivo de la familia Lalinde es una de las
documentaciones privadas más completas sobre una víctima, por eso
decenas de académicos lo han consultado desde 1998.
Acto de desprendimiento
Parte de los registros de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia
Lalinde.
A finales de octubre de 2014, Fabiola decidió entregarle una copia del
archivo que tiene en su casa al Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH), entidad que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras, es la encargada de recopilar y preservar todos los archivos
que evidencien las graves violaciones de los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario. Su deber fundamental es con la
información institucional, pero también con los archivos privados de
las personas u organizaciones que los entreguen voluntariamente.
“Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la operación Sirirí:
memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática,
memoria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos
[...] Es lección de muchas cosas, pero también una apuesta muy
constructiva por la colaboración entre la memoria y la justicia”,
afirmó Gonzalo Sánchez, director del CNMH, durante el recibimiento
del archivo de Fabiola.
Parte de esa apuesta se convertirá un documental con la historia de
Luis Fernando que debe producirse antes de que termine 2015 y
proyectarse en todas las salas de cine del país, en colegios y
escuelas, como le ordenó el Consejo de Estado al Ministerio de
Defensa en octubre de 2013. El cortometraje lo hará el CNMH. Ver
sentencia http://www.leyex.info/juris/sentenciace19939de2013.htm
Antes de entregar una copia, Fabiola expresó que su requisito era que
“lo hicieran circular, ojalá digitalmente y entre la gente joven, para
que conozcan la historia”. Su petición de subirlo a la web es porque
teme que “lo elimine cualquier gobierno que siga” o que los militares
borren la información, como asegura que sucedió con varios papeles
que quemaron en la Brigada VIII, relativos a Luis Fernando.
El archivo privado consta de cartas dirigidas a la Procuraduría,
Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría y a muchas más entidades del
Estado, que reflejan la insistencia de la familia Lalinde para que
atendieran su caso; también contiene los documentos relativos al
proceso de búsqueda de Luis Fernando, recortes de prensa, textos
elaborados a máquina y a mano durante los últimos 30 años, y de
fotografías de la exhumación.
La decisión de entregar toda esta documentación va por la misma
línea de la política pública de manejo de archivos de derechos
humanos y derecho internacional humanitario que está construyendo
el CNMH. En la semana en la que Fabiola decidió entregar una copia
de sus documentos, esta entidad estatal difundió un primer borrador
con los elementos para conservar esta clase de archivos.
“El acopio de archivos siempre pretenderá hacerse por medio de
copias fidedignas, garantizando que los propietarios o competentes
mantengan la tenencia y la responsabilidad de los archivos originales
y de manera íntegra”, se aclara en el informe. Además, el CNMH
pretende que la preservación sea más virtual que física.
Fabiola entregó una copia de su documentación privada sin conocer
esta propuesta de política pública, pero afirma que lo hizo porque
“confío en el Centro de Memoria Histórica. No es un asunto de
partidos que dependa de las alcaldías, sino un equipo
interdisciplinario”.
La confianza es la base para conservar los archivos privados. Así lo
asegura Patricia Linares, abogada asesora del CNMH: “Toda esa
documentación como la de Fabiola u otras personas u organizaciones
puede significar la reconstrucción de la verdad de lo que ha pasado
en más de 50 años de conflicto, especialmente en los procesos
judiciales donde no hay una prueba reina”.
Linares asegura que la historia de otros países ha demostrado que
estos archivos son más vulnerables cuando se acerca un proceso de
paz porque muchas partes no querrán que sus verdades se conozcan.
Por eso la importancia de decidir qué entidad los preservará. “Hay
desconfianza de las víctimas frente al Estado, con el agravante de
que el conflicto continúa. No había legitimidad en ninguna institución
para ser depositario de semejante confianza. El Legislador lo tuvo en
cuenta y por eso en la Ley 1448 de 2011 (De Víctimas) le da esa
tarea a un ente autónomo, como el Centro de Memoria Histórica”,
señala Linares.
Memoria, confianza y verdad es lo que está en juego con los archivos
tanto públicos como privados y en medio de todo está el dolor de las
víctimas. “La denuncia permanente me ha ayudado a aliviar mi dolor.
Aunque documentar lo sucedido duele mucho, sirve para que la
muerte de un ser querido no sea en vano, para que él no se muera
del todo”, concluye Fabiola.

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Los archivos de la Operación Sirirí

  • 1. Los archivos de la Operación Sirirí Fabiola Lalinde sostiene la foto de su hijo desaparecido, Luis Fernando Lalinde. Foto: VerdadAbierta.com. Publicado el Lunes, 19 Enero 2015 Verdad Abierta.com Durante décadas, Fabiola Lalinde creó uno de los archivos privados más completos sobre una víctima, en este caso su hijo Luis Fernando, asesinado y desaparecido por miembros del Ejército. Treinta años han pasado desde que desaparecieron a su hijo Luis Fernando, el mayor de los cuatro que tuvo, y 18 desde que el Ejército le entregó los restos. Durante todo este tiempo, Fabiola Lalinde guardó recortes de prensa, fotografías, expedientes y textos sobre su caso y llenó agendas con información recogida de diversas fuentes hasta conformar lo que es hoy el archivo más completo de la primera ejecución extrajudicial por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA responsabilizó al Estado colombiano. Fabiola Lalinde creía que las desapariciones “sólo sucedían en dictaduras como la de Chile o Argentina”, y recuerda que su hijo Luis Fernando, un estudiante de último semestre de sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del Partido Comunista Marxista Leninista, le explicó varias veces que él tenía amigos desaparecidos. Lo que no sospechó en aquella época era la tragedia que se le avecinaba. El 3 de octubre de 1984, Luis Fernando se convirtió en el
  • 2. desaparecido número 329 en el país. Así lo registró Héctor Abad Gómez, en ese entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y quien ayudó con el caso. “Mi hijo trabajaba en la reinserción del Epl. El 2 de octubre se fue a la vereda Verdún, en el municipio antioqueño de Jardín, para ayudar a un guerrillero herido en combate”, recuerda Fabiola. Desde su llegada a la Presidencia de la República, en 1982, Belisario Betancur se acercó a las Farc, al M-19, a las Farc, a la Autodefensa Obrera (Ado) y al Ejército Popular de Liberación (Epl) para unas posibles negociaciones de paz. En marzo de 1984 se firmó el cese al fuego con las Farc y el 23 de agosto con los demás grupos subversivos. (Ver: Acuerdos de cese al fuego entre 1984 y 1986) http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/4292-acuerdos- del-cese-al-fuego-entre-1984-y-1986-con-las-farc-el-m-19-el-epl-y- la-ado Parte de los registros del archivo de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde. Pero el archivo de Lalinde muestra que en zonas como Verdún las operaciones contrainsurgentes adelantadas por las Fuerzas Militares no cedieron. La prueba de ello fue la desaparición de Luis Fernando. Campesinos del lugar le contaron a Mauricio Lalinde, otro hijo de Fabiola, que habían visto a un hombre con las características de su hermano capturado por tropas del Ejército. “A las 5 y media de la mañana del 3 de octubre un encapuchado lo cogió y lo colgó en una pesebrera hasta las 8. Luego lo amarraron a
  • 3. un árbol a todo el frente de la escuela, cuando los niños estaban entrando. La gente lo vio muy golpeado, botaba sangre, y asegura que los soldados le pegaban patadas. A las 6 de la tarde lo montaron en un camión del Ejército con rumbo desconocido. De ahí en adelante, los militares siempre aseguraron de que había un NN alias ‘Jacinto’, del que primero dijeron que había muerto en combate y luego que había sido dado de baja por intento de fuga”, recuerda Fabiola. La información que recopiló la familia Lalinde sobre el Batallón Ayacucho adscrito a la Brigada VIII del Ejército, unidad militar responsable de ese crimen, le sirvió a Fabiola para concebir lo que luego ella llamó la Operación Sirirí. “Los militares hicieron la Operación Cuervos para desaparecer a Luis, entonces yo me inventé mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un Sirirí y cuando le pregunté el significado, me respondió que era un pájaro muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos”, detalla la señora. Su archivo personal comenzó a construirse en noviembre de 1984, cuando decidió anotar todo lo que ocurría sobre su hijo en una de las libretas que tenía de cuando trabajaba en los almacenes Ley. En ella, y en muchas más a través de los años, fue registrando los eventos más importantes, como cuando Abad Gómez envió el caso a la CIDH en 1985, su asesinato a manos de paramilitares, las decisiones judiciales que se fueron tomando en el caso de Luis Fernando, los inconvenientes con las exhumaciones y los hechos que muestran cómo nadie ha sido culpado por esta ejecución extrajudicial, a pesar de las pruebas existentes. (lea la resolución de 1988) https://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/Colombia9620.htm A las madres que ha conocido durante los últimos 30 años y que viven casos similares al suyo les recomienda que escriban todo en una libreta y guarden los documentos que vayan consiguiendo. “Si yo he sido capaz de hacer esto, que no tenía experiencia, que creía en el Estado y que enfrenté la cárcel y el exilio, los otros pueden alentarse”, dice. El archivo de la familia Lalinde es una de las documentaciones privadas más completas sobre una víctima, por eso decenas de académicos lo han consultado desde 1998. Acto de desprendimiento
  • 4. Parte de los registros de Fabiola Lalinde. Foto: cortesía familia Lalinde. A finales de octubre de 2014, Fabiola decidió entregarle una copia del archivo que tiene en su casa al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entidad que, de acuerdo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es la encargada de recopilar y preservar todos los archivos que evidencien las graves violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Su deber fundamental es con la información institucional, pero también con los archivos privados de las personas u organizaciones que los entreguen voluntariamente. “Hay tanta memoria dolorosa reunida en torno a la operación Sirirí: memoria del coraje y la constancia de una madre emblemática, memoria de la persecución a la que ella y su familia fueron sometidos [...] Es lección de muchas cosas, pero también una apuesta muy constructiva por la colaboración entre la memoria y la justicia”, afirmó Gonzalo Sánchez, director del CNMH, durante el recibimiento del archivo de Fabiola. Parte de esa apuesta se convertirá un documental con la historia de Luis Fernando que debe producirse antes de que termine 2015 y proyectarse en todas las salas de cine del país, en colegios y escuelas, como le ordenó el Consejo de Estado al Ministerio de Defensa en octubre de 2013. El cortometraje lo hará el CNMH. Ver sentencia http://www.leyex.info/juris/sentenciace19939de2013.htm Antes de entregar una copia, Fabiola expresó que su requisito era que “lo hicieran circular, ojalá digitalmente y entre la gente joven, para que conozcan la historia”. Su petición de subirlo a la web es porque teme que “lo elimine cualquier gobierno que siga” o que los militares
  • 5. borren la información, como asegura que sucedió con varios papeles que quemaron en la Brigada VIII, relativos a Luis Fernando. El archivo privado consta de cartas dirigidas a la Procuraduría, Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría y a muchas más entidades del Estado, que reflejan la insistencia de la familia Lalinde para que atendieran su caso; también contiene los documentos relativos al proceso de búsqueda de Luis Fernando, recortes de prensa, textos elaborados a máquina y a mano durante los últimos 30 años, y de fotografías de la exhumación. La decisión de entregar toda esta documentación va por la misma línea de la política pública de manejo de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario que está construyendo el CNMH. En la semana en la que Fabiola decidió entregar una copia de sus documentos, esta entidad estatal difundió un primer borrador con los elementos para conservar esta clase de archivos. “El acopio de archivos siempre pretenderá hacerse por medio de copias fidedignas, garantizando que los propietarios o competentes mantengan la tenencia y la responsabilidad de los archivos originales y de manera íntegra”, se aclara en el informe. Además, el CNMH pretende que la preservación sea más virtual que física. Fabiola entregó una copia de su documentación privada sin conocer esta propuesta de política pública, pero afirma que lo hizo porque “confío en el Centro de Memoria Histórica. No es un asunto de partidos que dependa de las alcaldías, sino un equipo interdisciplinario”. La confianza es la base para conservar los archivos privados. Así lo asegura Patricia Linares, abogada asesora del CNMH: “Toda esa documentación como la de Fabiola u otras personas u organizaciones puede significar la reconstrucción de la verdad de lo que ha pasado en más de 50 años de conflicto, especialmente en los procesos judiciales donde no hay una prueba reina”. Linares asegura que la historia de otros países ha demostrado que estos archivos son más vulnerables cuando se acerca un proceso de paz porque muchas partes no querrán que sus verdades se conozcan. Por eso la importancia de decidir qué entidad los preservará. “Hay desconfianza de las víctimas frente al Estado, con el agravante de que el conflicto continúa. No había legitimidad en ninguna institución para ser depositario de semejante confianza. El Legislador lo tuvo en cuenta y por eso en la Ley 1448 de 2011 (De Víctimas) le da esa tarea a un ente autónomo, como el Centro de Memoria Histórica”, señala Linares.
  • 6. Memoria, confianza y verdad es lo que está en juego con los archivos tanto públicos como privados y en medio de todo está el dolor de las víctimas. “La denuncia permanente me ha ayudado a aliviar mi dolor. Aunque documentar lo sucedido duele mucho, sirve para que la muerte de un ser querido no sea en vano, para que él no se muera del todo”, concluye Fabiola.