Los 7 acusados expresan su preocupación por las violaciones a sus derechos durante el proceso judicial en su contra. Señalan que no se ha garantizado un juicio justo e imparcial y temen recibir una sentencia condenatoria por motivos políticos más que por razones legales. Piden solidaridad a organizaciones de derechos humanos y gobiernos para que vigilen la audiencia programada para el 15 de julio, y solicitan al gobierno ecuatoriano que garantice la independencia del poder judicial en el caso.