Este recurso busca suspender, de manera definitiva, la concesión minera de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) en una parte de la cordillera del Cóndor, entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, al sur del país.

1. Defensa de la naturaleza se traslada a los juzgados
El Universo, Quito, Domingo 24 de febrero del 2013
Son las 07:45 del viernes último sobre la calle Gil Ramírez Dávalos,
en el norte de Quito. La gente camina presurosa. Un hombre con
vestimenta oscura y un sombrero vaquero de color negro llama la
atención. Su atuendo desentona con el de decenas de adultos
vestidos de terno y pintas juveniles de estudiantes universitarios.
Con su mirada en alto, aquel hombre busca algo. Pregunta a un
vendedor de caramelos dónde queda la antigua Comandancia de
Policía. El caramelero le indica con el dedo y él vuelve a preguntar:
“¿Y el edificio de juzgados de Pichincha?”. Nuevamente, el dedo
señala el sitio.
El hombre habla con cuatro personas que lo siguen, se frota las
manos, se limpia el sudor bajo del sombrero, pone las manos en su
cintura y, luego de un suspiro, mira a un lado de la calle, mira al otro
y decide cruzar.
Va directamente hacia una mujer vestida con un traje indígena de la
Sierra, que tiene entre sus manos una abultada carpeta. Se presenta
como José Arcentales y pregunta si ahí va a darse la audiencia para
definir el futuro de la acción de protección interpuesta por varias
organizaciones sociales contra el Estado.
Este recurso busca suspender, de manera definitiva, la concesión
minera de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA) en una parte de la
cordillera del Cóndor, entre las provincias de Morona Santiago y
Zamora Chinchipe, al sur del país.
Ella le responde que sí, que ahí es. La mujer se presenta como
Verónica Yaquilema, abogada de la Fundación Regional de Derechos
Humanos (Inredh), una de las ONG que también respaldan la acción
interpuesta.
Dos horas antes de este encuentro, Arcentales, coordinador de los

2. Pueblos del Sur en Zamora Chinchipe, había llegado a Quito, luego de
viajar 16 horas en tres buses diferentes desde la parroquia El Pangui.
Junto con dos comuneros de su zona, el hombre de 54 años llegó a la
capital para saber si su futuro “continuará en riesgo por la minería a
gran escala”, autorizada por el Gobierno.
La acción de protección fue presentada para sorteo, el 15 de enero
pasado, en el Consejo de la Judicatura de Pichincha. La iniciativa
tiene el respaldo de la Conaie, Confiniae, Cedhu, Acción Ecológica,
entre otros colectivos sociales.
El proceso recayó en el Juzgado 25º de lo Civil, al mando de Paúl
Narváez, quien primero fijó la fecha para la audiencia, a fines de
enero, pero esta no se dio. El sorpresivo llamamiento judicial hizo que
los accionantes no pudieran concurrir a la diligencia. Inmediatamente
se hizo la nueva convocatoria: 08:30 del viernes 22 de febrero.
Tres policías dispuestos en la puerta del edificio judicial deciden, con
hoja en mano, quién entra y quién no a la audiencia pública. Por
orden del juez, la prensa no está autorizada a ingresar, responde uno
de los asistentes judiciales que acompaña a los gendarmes.
Desde las 08:15, defensores de ambas partes empiezan a pasar a la
sala de audiencias del área civil, ubicada en el primer piso. La
habitación, de algo más de 5 metros por lado, comienza a quedar
pequeña ante la presencia de asistentes y acompañantes de los
involucrados.
Se escogió este lugar para la diligencia, pese a que existía la
posibilidad de que llegaran Wilson Pástor, ministro de Recursos
Naturales no Renovables; Lorena Tapia, ministra del Ambiente; Li
Dongqing, apoderado general de ECSA; y Diego García, procurador
general del Estado.
La pequeña sala obliga a los abogados de los ministerios del
Ambiente y de Recursos Naturales, así como a los de la Procuraduría,
a compartir mesa con Yuquilema y Silvana Rivadeneira, dos de los
cinco abogados accionantes. El lugar físico es lo único que comparten
los profesionales en este día.
Luego de atender a varios medios de comunicación en la calle,
Arcentales se quita el sombrero e ingresa a la sala. Se ubica de pie
en el centro y empieza a escuchar con atención a todos. Los
argumentos van y vienen, de parte y parte.
Los accionantes afirman que con la explotación minera de ECSA,
empresa de capitales chinos, las fuentes de agua para consumo
humano y animal y la generosa biodiversidad de la cordillera del

3. Cóndor, que incluye a especies únicas como la musaraña Caenolestes
condorensis, están en inminente peligro.
Para la argumentación toman los mismos informes de la empresa que
realizó el estudio de impacto ambiental para la minera cuestionada.
Los accionados, es decir, los representantes legales de ECSA, y los
abogados de las tres instituciones estatales sostienen que los
contratos impugnados no han contravenido ninguna norma
constitucional o legal y niegan que el legítimo derecho del Estado a
explotar racionalmente los recursos naturales esté poniendo en riesgo
a la población de la zona, a las fuentes de agua o a la biodiversidad.
Las horas de viaje empiezan a pasarle factura a José Arcentales. Sus
ojos vidriosos y unas nacientes ojeras son prueba de ello. Pese a su
situación, él no pierde de vista a quien habla.
Durante los procesos de réplica, tanto Cecilia Delgado, de la
Procuraduría General, como Luis Silva, del Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables, señalan como argumento, para que el juez
deseche la acción, que la vía constitucional escogida por las
organizaciones sociales no es la correcta.
Ellos objetan que, si existe algún supuesto incumplimiento del órgano
rector, los afectados deben primero reclamar por vía administrativa.
La contraparte niega esa posibilidad. Por un lado, Mario Melo, otro de
los abogados de las organizaciones sociales, aclara que este es un
problema de afectación constitucional, que no se limita a simples
legalidades administrativas. Mientras que, por otro, Rivadeneira, en
tono irónico, expone que a los afectados por la petrolera Texaco
también debieron haberles dicho que reclamen sus derechos por vía
administrativa.
Los representantes de ECSA, Raúl Brito y Jaime Galán, por medio de
infografías y estudios de impacto ambiental del proyecto minero
Mirador, buscan posicionar la idea de que, mediante una explotación
técnica, no se afectará a nadie y que, en el caso “no consentido” de
existir algo parecido, la empresa y el contrato han previsto garantías
de carácter económico para solventar el problema.
Cada vez que intervienen los abogados de las instituciones estatales
o de Ecuacorriente, Arcentales se rasca la cabeza, se frota las manos
por los ojos y regresa a ver a sus compañeros.
“No puedo creer que los abogados del Estado ecuatoriano se junten a
una empresa privada para defender una afectación que, a todas
luces, será tremenda. La verdad no sé qué pensar”, comenta.

4. “Todos los que suscribimos este recurso estamos sumamente
preocupados por las consecuencias nefastas y depredadoras de este
modelo extractivista. No solamente viola derechos de la naturaleza,
sino también el derecho al agua y al territorio de las comunidades
indígenas y campesinas”, señala Elsie Monge, de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).
Dos horas y veinte minutos después de iniciado el proceso, el juez
Narváez concluye la diligencia. Da cinco días para legitimar las
intervenciones de quienes participaron y apunta que entra en un
periodo de receso para analizar la abundante documentación
entregada.
Antes de cerrar por completo la audiencia, Narváez niega la
posibilidad planteada por Rivadeneira, de ir junto al juez hasta la
zona para conocer de primera mano todo lo argumentado por las
partes. Explica que lo expuesto en la audiencia es más que suficiente
para tomar una decisión.
Los presentes empiezan a salir de la sala, pero José se queda
arrimado a un anaquel del lugar. Luego se dirige hacia una ventana
y, tras abrir las persianas, su mirada se pierde.
José tenía la esperanza de que el juez Narváez adoptara una decisión
favorable a sus compañeros comuneros y a su selva que jamás le
dejó sin comer. “En El Pangui hemos hablado de este problema y
estamos seguros de que si hay que defender con la vida lo nuestro, lo
haremos”.
Cerca de mediodía del viernes, José y sus compañeros comenzaron
su viaje de retorno.