A partir del 1 de julio, los ciudadanos podrán arrestar a delincuentes atrapados en flagrancia y entregarlos a la policía según un dictamen aprobado por el Congreso. La ley modifica artículos del Código Procesal Penal para permitir arrestos ciudadanos inmediatamente después de cometerse un delito, en lugar de esperar 24 horas. Cualquier persona ahora tendrá la facultad de retener a un delincuente en cualquier parte del país, siempre y cuando lo entregue de inmediato a la policía más cercana.