El documento presenta observaciones a un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público. Señala que la prohibición actual es amplia y limita los derechos de familiares de funcionarios públicos a contratar con el Estado. Propone enmendar el texto para ampliar la prohibición a cuando un funcionario participe como delegado o representante en otra entidad del Estado, como miembro de un directorio.