El poder ciudadano en Venezuela es un organismo autónomo que promueve y defiende los derechos humanos, compuesto por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general. Este organigrama es responsable de investigar y sancionar actos de la administración pública que violen la ética y está sujeto a elecciones por parte de la Asamblea Nacional. Los titulares de estas instituciones son elegidos por un período de siete años, con la posibilidad de ser removidos por la Asamblea Nacional a través de un proceso legal.