El documento discute el poder ciudadano en Venezuela, tal como se establece en la Constitución. Describe la función de los órganos del poder ciudadano, incluyendo el Defensor del Pueblo y la Contraloría General, encargados de garantizar la ética pública y la legalidad en la administración del estado. Se mencionan artículos constitucionales que respaldan la autonomía y las funciones de estos órganos.