El poder judicial se organiza para garantizar los derechos constitucionales y está dividido en una corte suprema y tribunales inferiores establecidos por el congreso. Este sistema incluye un consejo de la magistratura para la selección y administración de jueces y un ministerio público que promueve la justicia. La justicia electoral es responsable de supervisar los comicios nacionales, y cada provincia tiene su propia estructura judicial según la autonomía constitucional.