Los ex presidentes de México reciben pensiones vitalicias, recursos para apoyo y seguridad, financiados por el erario público, a pesar de que no hay base legal para estos acuerdos. Las pensiones, implantadas desde 1987, han suscitado debates sobre su justificación, especialmente dado que los ciudadanos promedio reciben pensiones mucho menores, a pesar de haber trabajado gran parte de sus vidas. La pregunta persiste: ¿por qué conceder pensiones millonarias a ex mandatarios por un servicio de solo seis años, en medio de una crisis económica agravada por su gestión?