El documento analiza la evolución de la jurisdicción indígena en Colombia. Explica que la Constitución de 1991 reconoció los derechos de los pueblos indígenas y permitió su participación política. También estableció una jurisdicción especial indígena que reconoce a las comunidades como sujetos colectivos de derechos, manteniendo los derechos individuales de sus miembros.