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Programa Municipal
Ayuntamiento de Madrid
2011 upyd.es

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LA ALTERNATIVA NECESARIA

Querido conciudadano,

Soy David Ortega, candidato a la alcaldía de Madrid por Unión Progreso y Democracia. Madrid
es una ciudad de gente acogedora y abierta y por eso atrae cada año a millones de visitantes
de todo el mundo, pero nuestro Ayuntamiento no está a la altura de los vecinos. Nos maltrata
convirtiendo la vía pública en una carrera de obstáculos para los niños, mayores y discapacitados;
olvida la limpieza y tolera botellones y ruido mientras propone una ley para “retirar” a los sin techo
de las calles. Nos exprime para continuar el derroche en obras faraónicas y absurdas que nos han
endeudado para mucho tiempo. Necesitamos con urgencia un alcalde preocupado por la gestión de
la ciudad: la vivienda, el tráfico, el transporte, la limpieza y los servicios sociales, y no por convertir
Madrid en un trampolín personal para hacer carrera política. Un alcalde que comparta la calle con
los madrileños y les implique en la política municipal, en vez de rodearse de miles de asesores
obsequiosos nombrados a dedo, tan prescindibles como ruinosos.

También en Madrid hemos sufrido el peor gobierno con la peor oposición, y por eso nuestra ciudad
tiene el dudoso honor de asumir casi la mitad de toda la deuda municipal española. Y hemos
soportado las consecuencias de los enfrentamientos personales de los políticos del Ayuntamiento,
la Comunidad y el Gobierno del Estado, sean del mismo partido o diferente. Cajamadrid tiene graves
problemas financieros por la gestión partidista pero proponen privatizar empresas públicas eficaces y
necesarias cuando siguen creando otras inútiles. Pero no debemos resignarnos: es posible cambiar
la política municipal de Madrid como está siendo posible cambiar la nacional, obligando a PP y
PSOE a debatir problemas que consideraban intocables. Por eso el voto a UPyD es el voto más útil.

No pactaremos con nadie la Alcaldía a cambio de concejalías o empresas públicas. Madrid no es
una isla sino la capital de España, y los partidos que quieran nuestro voto deberán comprometerse
a reformar la Ley Electoral para hacerla más justa y equitativa, y a devolver la competencia de
educación al Estado. Y después exigiremos al Ayuntamiento ocuparse de los problemas reales,
terminar el derroche, sanear las finanzas e instaurar una gestión realmente transparente y
austera, acorde con la grave crisis económica que padecemos. Pediremos el cierre de los entes
públicos superfluos y rechazaremos nuevas obras que no sean sostenibles ni resuelvan auténticas
necesidades. Haremos que el Ayuntamiento de Madrid se ocupe de sus competencias sin invadir
las de la Comunidad o el Estado. Trabajaremos para que Madrid sea una ciudad tan hospitalaria,
abierta y moderna como lo son la mayoría de sus vecinos. Este es nuestro compromiso. Y por eso
Unión Progreso y Democracia es tu voto útil.
www.upyd.es

David Ortega
Candidato a la Alcaldía de Madrid

Programa Municipal Elecciones Locales Mayo 2011 Madrid - UPyD

INTRODUCCIÓN 3

Una visión nacional para la regeneración de nuestro sistema político.

CAPÍTULO I.- EL AYUNTAMIENTO 6

1.- CONCEJALES Y ALTOS CARGOS 6

2.- HACIENDA, ECONOMÍA Y PATRIMONIO: RECORTE DEL GASTO EN EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID 6

Competencias impropias - Transparencia en las cuentas públicas - Empresas y organismos públicos
- Recorte en las subvenciones a empresas municipales - Empresa mixta Madrid Calle 30 -
Renegociación de contratos de servicios - Gestión del agua - Madrid Salud

3.- LOS RECURSOS HUMANOS 12

Optimización de los recursos humanos - Personal eventual y de confianza - Secretario, Interventor
y Tesorero - Administración electrónica - Transparencia en la Administración - Gestión directa de
infraestructuras públicas - Gestión privada de servicios públicos

4.- LAS TASAS Y LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 16

Congelación del I.B.I. - Criterios de equidad en los tributos - Uso particular del dominio público -
Reducción de la presión recaudatoria

CAPÍTULO II.- LA CIUDAD 21

1.- VIVIENDA Y URBANISMO 21

Principios generales en materia de vivienda - Huella urbana - Adecuar la oferta de suelo a la
demanda real de los ciudadanos - Transformación del interior de la ciudad frente a la creación de
nuevos desarrollos residenciales - Fomento del acceso a la vivienda de alquiler - Empresas públicas
de vivienda presentes en el municipio de Madrid - Suelo público y gasto corriente - Transparencia
en los concursos de adjudicación de vivienda - Promoción cooperativa - Desaparición de los
poblados de infraviviendas - Preservación del patrimonio heredado - Participación ciudadana y
transformación de la ciudad

2.- MEDIO AMBIENTE 30

Transporte urbano y colectivo - Contaminación atmosférica, acústica y lumínica - Gestión integral
de residuos - Limpieza viaria - Ahorro energético

CAPÍTULO III.- EL VECINO 34

1.- SERVICIOS SOCIALES 34

Aspectos básicos - Familia y menores - Violencia doméstica o intrafamiliar - Discapacidad, Mayores
y Dependencia - Inmigración y atención a extranjeros, Cooperación al desarrollo y Voluntariado

LA ALTERNATIVA NECESARIA www.upyd.es/madrid/madrid 1


2.- EDUCACIÓN Y JUVENTUD 42

Educación - Juventud

3.- SEGURIDAD 46

Cuerpo de Bomberos - Plantilla de la Policía local - Coordinación de los distintos cuerpos de Policía
-Recursos materiales - Agentes tutores - Locales de ocio. Acceso e inspección

4.- MOVILIDAD Y TRANSPORTES 51

Equilibrio entre los distintos medios de transporte – Taxi - Estacionamiento disuasorio - Reducción
de las tarifas de transporte colectivo fuera de “horas punta” - Servicio de Estacionamiento
Regulado - Mejora de la seguridad de las infraestructuras - Soterramiento de la M-30 al paso por el
Estadio Vicente Calderón - Carga y descarga - Paradas de autobuses - Madrid Río, eje Prado
Recoletos y operación Chamartín

CAPÍTULO IV.- SOCIEDAD DE VECINOS 57

1.- ARTE Y CULTURA 57

Política cultural - Patrimonio cultural - Actividad cultural de la ciudad - Educación y cultura - Acceso
a los espacios culturales - Administración local, asociaciones culturales y de artistas

2.- DEPORTE 60

3.- TURISMO 61

4.- PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 63

5.- PYMES Y AUTÓNOMOS 63

6.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 64

7.- VEINTIÚN DISTRITOS 64

Arganzuela – Barajas – Carabanchel – Centro – Chamartín – Chamberí - Ciudad Lineal - Fuencarral-
El Pardo – Hortaleza – Latina - Moncloa–Aravaca – Moratalaz - Puente de Vallecas – Retiro –
Salamanca - San Blas – Tetuán – Usera - Vallecas Villa – Vicálvaro – Villaverde



INTRODUCCIÓN

Una visión nacional para la regeneración de nuestro sistema político.

Los próximos comicios autonómicos y municipales de Mayo de 2011 no serán unas elecciones territoriales al
uso, en las que primen las visiones particulares centradas en las necesidades concretas de cada uno de los
distintos escalones del poder territorial. La crisis del sistema político español nos exige concurrir a las
elecciones con una visión nacional y de conjunto que ponga en relación todas las partes de nuestro sistema
político ahora que la aguda crisis económica ha desnudado otra crisis aún mayor y de consecuencias más
peligrosas: la crisis política del modelo de Estado nacido de la Constitución de 1978.

Una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en España radica en que el entramado
institucional tejido en los últimos años ha producido una estructura administrativa ineficaz, insolidaria y en
gran medida inviable, que lastra nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro.

Tener una visión nacional no significa que debamos desentendernos de los problemas y necesidades
concretas de Madrid. Al contrario, UPyD sostiene que la política debe ejercerse a pie de obra, cerca del
ciudadano y de sus problemas, y éste va a seguir siendo el compromiso de nuestros futuros representantes.
Pero hay que explicar a la ciudadanía que en la hora presente las cuestiones más domésticas están
absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político en su conjunto, que es preciso regenerar de
forma urgente si queremos encontrar solución a la mayoría de los problemas cotidianos a los que debemos
enfrentarnos diariamente los españoles.

Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. Esto implica reformar las instituciones
públicas desde el punto de vista de sus competencias y su organización, y también acometer una verdadera
regeneración de la vida política, aquejada por la demagogia y el desgobierno que permite campar a sus
anchas al partidismo, la corrupción y la manipulación de las instituciones.

Como recogen las Resoluciones de nuestro I Congreso, hay que convertir el trabajo político en una
herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a las
instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de los fondos
públicos y comprometidos con el impulso ético de la vida política. Y por eso los representantes públicos
elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen, desde esta primera hora, a trasladar a todas las
instituciones en que participen el Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro I Congreso y que
forma parte no sólo de nuestro Estatutos, sino que aspira a ser el código genético de este partido. Este
Código obliga a todos los cargos públicos, entre otros puntos, a hacer declaración notarial de sus bienes e
intereses, a abstenerse de participar en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés personal y a
ejercer el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos.

Sabemos que ninguno de los cambios que España debe acometer para tener futuro será posible si no
conseguimos que los ciudadanos asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política, si,
en definitiva, no conseguimos una sociedad civil fuerte que sea capaz de liberarse del control oligopólico que
ejercen los partidos políticos hasta el último rincón del tejido social.

El problema más determinante entre los que acucian al Ayuntamiento de Madrid es, sin duda, la precariedad
financiera que amenaza con quebrar el sistema. El Ayuntamiento, puerta de entrada al sistema de
prestaciones de servicios públicos, ha terminado asumiendo multitud de competencias impropias, en unos
casos por la presión social resultante de constituir el escalón administrativo más accesible, y en otros por
falta de previsión y derroche en la generación de infraestructuras.



La nueva Ley de Haciendas Locales, reiteradamente prometida, ha vuelto a ser retrasada. En el actual
contexto económico parece que el Gobierno no tiene mucho interés en acometer esta imprescindible
reforma financiera. Entre otras cosas porque la descentralización del gasto público no ha beneficiado a los
municipios en proporción a las demandas de que son objeto.

El sistema de competencias de la Ley de Bases de Régimen Local no consigue dotar a los gobiernos locales de
un núcleo competencial propio acorde con su autonomía. Muchas leyes sectoriales incrementan las
obligaciones, responsabilidades o cargas municipales, lesionando la autonomía local al no poner a
disposición de los Ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirlas. Por tanto, clarificar el mapa de
competencias municipales es el primer paso para solucionar sus problemas de gestión.

La política municipal española se basa en la preponderancia de la figura del Alcalde, de atribuciones
amplísimas, tanto en materia de gestión económica como de gestión y jefatura de personal, contrataciones y
concesiones o gestión urbanística. En característica disfunción general de la política española, se ha
instaurado el hábito de nombrar discrecionalmente a personas de confianza para cargos administrativos que
ejercen la gestión de manera poco profesional y nada autónoma, condicionados por la libre designación del
político de turno.

La política municipal debe evolucionar desde su estructura actual, basada en un hombre fuerte, hacia la
articulación en torno a una administración fuerte, con políticas transparentes, eficientes y eficaces. Se
precisa restablecer una efectiva y verdadera separación de poderes donde el papel de los funcionarios de
Habilitación Estatal (antes nacional), actualmente preteridos en sus funciones, juegue un papel principal.

Para construir el cambio en el Ayuntamiento de Madrid nos apoyaremos en Cuatro Pilares:

- Gestión eficaz y responsable de nuestros impuestos, centrada en las necesidades de los
madrileños.

- Honestidad, respeto y transparencia en la política municipal.

- Mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad.

- Rendición de cuentas a los ciudadanos: la Administración al servicio de los madrileños.

Respeto por el patrimonio de los madrileños. Debemos garantizar la gestión responsable del dinero de todos
los vecinos y comerciantes de Madrid. Madrid es un ejemplo de derroche irresponsable (como muestra el
despilfarro de 124 millones de euros anuales en el Palacio de Correos, los 160 millones en la Caja Mágica o el
injustificado aumento del gasto corriente, especialmente en personal de alta dirección) que nos ha llevado a
la quiebra financiera y al aumento generalizado de impuestos (tasa de basuras, aumento de multas y
aumento del I.B.I. en un 200%). Frente al derroche y el aumento de los impuestos es necesario disminuir los
gastos superfluos e innecesarios, con una gestión eficaz, responsable y que luche contra el derroche.

Transparencia y honestidad en la política Municipal. Debe garantizarse una gestión transparente y eficaz. El
Ayuntamiento de Madrid es un lamentable ejemplo de cómo los partidos políticos tradicionales han utilizado
las instituciones para politizar y aumentar desmesuradamente los cargos de confianza. Necesitamos una
política honesta, que luche contra la corrupción y que devuelva a los funcionarios de carrera su labor de
gestión y control del Ayuntamiento. Nuestras instituciones no están hechas para servir a los partidos
políticos sino para servir a los ciudadanos.

Calidad de vida en nuestra ciudad. Garantizar la igualdad de servicios a todos los ciudadanos de Madrid es
objetivo prioritario. Madrid se ha convertido en una ciudad incómoda e insolidaria, donde el gasto (se ha



realizado gasto y no inversión) se ha dilapidado en obras faraónicas y se ha abandonado el día a día de los
barrios. Frente a la ciudad de las obras permanentes, proponemos una ciudad de las personas, que mejore
su calidad de vida en los barrios, donde hay que mejorar los servicios a los jóvenes, a las familias y a nuestros
mayores.

Rendición de cuentas a los ciudadanos. Tras veintidós años de mayorías absolutas del mismo partido (y nulo
control por parte de la oposición), Madrid se ha convertido en un ejemplo de prepotencia, falta de
participación ciudadana en la gestión de nuestra ciudad y malas prácticas democráticas. Frente a la
arrogancia y la falta de control y participación de los ciudadanos nos marcamos como objetivo una
administración al servicio de los madrileños, en la que el control de la política y la participación vuelvan a
manos de los ciudadanos, de las que nunca debió salir.

Hacer real la previsión constitucional de una Administración Local autónoma y eficaz, instaurando un nuevo
modelo de organización y funcionamiento del gobierno local, entidad política más cercana al ciudadano
como primer y principal motor del proceso de regeneración democrática.



CAPÍTULO I.- EL AYUNTAMIENTO

1 CONCEJALES Y ALTOS CARGOS

El primer compromiso que adquirimos los representantes de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid será
impulsar una reducción de las retribuciones de los concejales y altos cargos en un 10%, así como la
congelación de las mismos durante toda la legislatura.

2 HACIENDA, ECONOMÍA Y PATRIMONIO: RECORTE DEL GASTO EN EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID

2.1.- Competencias impropias

El Ayuntamiento de Madrid afirma haber presupuestado, para 2011, 1.070 millones en gastos para
competencias impropias, dato no obstante cuestionable, que incluye un 40% en gastos de seguridad. El
coste que supone la imprecisa definición de funciones entre las distintas Administraciones Públicas es un
tema central en nuestro programa, que propone acometer un recorte drástico, acompañado de una postura
beligerante frente a las demás Administraciones Publicas no sólo pidiendo cambios normativos, sino
exigiendo la aplicación de las normas actuales y extremando el rigor en la negociación de convenios
bilaterales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid tolera que la Comunidad de Madrid aplique bajo mínimos sus
obligaciones de transferir recursos para cubrir gastos de su competencia, “impropios” del Ayuntamiento. Sus
exiguas transferencias ni siquiera cumplen lo presupuestado. En el presupuesto de 2009 se contemplaban
transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid por 110 millones de euros; se ha liquidado la cuenta
definitiva con un importe de 73 millones de euros, de los cuales a final de año sólo estaban pagados 23
millones de euros.

En la problemática de gastos impropios e insuficiencia financiera de los Ayuntamientos, partimos de la idea
de preconizar una reforma legislativa que precise al máximo el deslinde de competencias y funciones, con el
principio de no atribuir a los Ayuntamientos funciones o competencias que hoy no tienen, de manera que
únicamente necesitarían un ligero ajuste al alza en las transferencias incondicionadas de las CC.AA. En todo
caso, en tanto no haya cambios legislativos o recursos adicionales, los gastos impropios deben recortarse.

Proponemos que se exija a la Comunidad Autónoma de Madrid el cumplimiento estricto de la
normativa vigente, con una mayor implicación en los gastos en competencias impropias.

Proponemos reducir en un 50% todos los gastos en competencias impropias por los que no se
obtengan recursos de otras Administraciones Públicas, como medida política que priorice la
importancia del rigor en el deslinde de funciones y competencias.

2.2.- Transparencia en las cuentas públicas

Aunque en sí misma haya sido una noticia positiva, sorprende la relativa facilidad con la que el
Ayuntamiento, cuando se ha visto sin liquidez, ha reducido determinadas partidas de gastos corrientes. Por
poner sólo un ejemplo, los denominados “gastos administrativos” o “de funcionamiento” han pasado de 154
millones de euros en 2008 a 78 millones en 2011. El ciudadano tiene derecho a saber en qué se gastaban los
75 millones anuales que han resultado ser prescindibles.



Por otra parte, se hace necesario un mayor control de la Cámara de Cuentas de Madrid, que, en este caso,
no debería limitarse a la rutinaria revisión de la cuenta general de cada año, focalizada en el cumplimiento
de las obligaciones formales de rendición de cuentas, y debería realizar informes de fiscalización específicos
sobre determinados capítulos o partidas de gasto, para lo cual está habilitada legalmente.

Así, en lo que se refiere a los resultados de la tasación de los activos de Madrid Exposiciones y Congresos y la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, si ésta fuese muy dispar con respecto a los valores que
constan en los activos correspondientes, se exigirán las responsabilidades políticas.

Proponemos que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid haga un informe detallado de
la liquidación de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid de los años 2007 y 2008, analizando las
partidas de gastos corrientes que en 2011 han registrado un descenso respecto de aquellos años
superior al 40%.

Encargar a una empresa externa una auditoría de gestión y tasación de activos de las empresas
Madrid Espacios y Congresos y Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.

2.3.- Empresas y organismos públicos

2.3.1.- Recorte en las subvenciones a empresas municipales

El Ayuntamiento de Madrid debe amortizar 294 millones de deuda en 2011 y unos 500 millones anuales en
2012, 2013 y 2014. Debido a su ratio deuda / ingresos corrientes, la ley estatal le impedirá refinanciarla,
salvo autorización del gobierno que, si es coherente con su plan de reducción del déficit, no lo concederá,
por lo que se necesitará generar superávit presupuestario por esas magnitudes.

En el presupuesto de 2011 este superávit se ha generado de manera forzada; en concreto se prevé un
excedente, antes de amortización de deuda, de 337 millones de euros, que tras la amortización de 294
millones de deuda, arroja un superávit de 43 millones; sin embargo, el excedente se corresponde con la
previsión de un incierto ingreso de 328 millones de euros por la privatización del Canal de Isabel II. Ello
significa que el presupuesto arroja un resultado latente real cero, antes de destinar importe alguno a
amortizar deuda.

Entre 2012 y 2014 no será fácil cuadrar la cuenta, cuando vencen unos 500 millones de euros anuales. Si se
consigue, y se atienden esas amortizaciones, la deuda se habría reducido en 4 años a unos 5.000 millones de
euros, si no hay nuevos déficit y la EMVSM no ha “explotado”, y el ratio legal ya sí permitirá la refinanciación
en torno a 2015.

Por consiguiente, no es posible defender una política de congelación de la presión fiscal sin prever de dónde
va a surgir el mencionado necesario superávit, para ese período de en torno a 4 años, que casualmente se
asimila a la legislatura.

En concreto, detener la escalada del I.B.I., que hubiera aportado incrementos progresivos anuales de entre
70 y 90 millones de euros, puede compensarse con un recorte drástico en las subvenciones a sociedades
municipales que suponen unos 70 millones anuales.

Aunque desde 2009 ha habido un importante recorte de gasto corriente, especialmente por la rebaja salarial
y la reducción de los gastos más superfluos, existe aún margen para recortar, si hay voluntad política para
acometer cambios reales en la estructura del gasto reducción de personal no funcionario, límites severos a
los gastos de estudios, aprovechamiento de inmuebles propios y abandono de alquileres.



Asimismo deben minimizarse las transferencias a empresas municipales supuestamente rentables que ni
siquiera parecen haber aplicado aún la reducción de costes que sí ha aplicado el Ayuntamiento, y siguen
recibiendo fondos de él vía ampliaciones de capital, como Madrid Exposiciones y Congresos, o subvenciones
como todas las demás. Para sobrevivir a la falta de apoyo, deben recortar sus gastos y vender activos. Tienen
margen para hacerlo y deben hacerlo hasta donde sea necesario para cubrir ese objetivo, que debe ser
explicitado a sus gestores. Es además necesario para evitar que a medio plazo el Ayuntamiento tenga que
asumir su deuda como propia.

La Empresa Municipal de Transportes sí debe mantener transferencias, aunque no se exime de la reducción
del gasto y venta de activos no ligados directamente a su actividad.

Proponemos la optimización de la gestión de inmuebles, y un recorte general de gastos corrientes,
que permitirán obtener recursos adicionales para amortizar deuda; si bien sería también necesario
drenar fondos de Madrid Exposiciones y Congresos atendiendo a su balance, debería ser capaz de
funcionar tras una reducción de fondos propios de 200 millones.

Proponemos la venta de activos, tanto más agresiva cuanto menos éxito haya en la reducción de
gastos corrientes y menos se flexibilicen las exigencias del Gobierno para refinanciar deuda, que
también permitirá obtener recursos adicionales.

Proponemos hacer un recorte significativo en las subvenciones a empresas municipales:

Reducir al 50% las subvenciones de sociedades que prestan básicamente servicios al Ayuntamiento
como las empresas Madrid Arte y Cultura y Promoción Madrid.

Eliminar la subvención a las de empresas comerciales como la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Madrid. Manteniendo en todo caso las transferencias a la E.M.T.

2.3.2.- Reducción y reconversión de empresas municipales

Las sociedades municipales deberán reducir gastos, incluyendo recortes de plantilla (especialmente en la
estructura directiva, que se encuentra sobredimensionada) y venta o hipoteca de activos.

Asimismo, tanto en el Ayuntamiento como en las empresas municipales se optimizará el uso de inmuebles
propios: o se adecúan a uso propio reduciendo costes de alquileres, o en su caso se explotan
comercialmente cuando sea viable, incluido parcialmente el Palacio de Correos. O se venden, agotando las
posibilidades legales de esta política en la medida en que la ley estatal siga impidiendo refinanciar la deuda.

Las empresas municipales generan un importante déficit de explotación que debe ser sufragado por el
Ayuntamiento. La teórica flexibilidad en la estructura de costes que debería aportar su naturaleza
empresarial no está funcionando, destacando la no reducción de gastos en momentos en los que se deben
aplicar políticas de austeridad.

Estas empresas favorecen el clientelismo y el amiguismo, con plantillas y estructuras directivas excesivas
para su actividad. También sirven para camuflar deuda municipal o para financiar al Ayuntamiento con
nueva deuda que no se computa como deuda municipal; ejemplo de ello tenemos la reciente operación de
venta parcial de Mercamadrid a Madrid Espacios y Congresos. Aunque de forma contable no sea
propiamente el Ayuntamiento quien se endeuda, finalmente tendrán que hacer frente a esa deuda los
madrileños, puesto que las empresas no generan por sí mismas los recursos necesarios para sostenerse.



La venta de activos de empresas municipales, basada en criterios de racionalidad económica y financiera,
contribuiría a la reducción de deuda del Ayuntamiento, aportando liquidez que las empresas revertirían al
Ayuntamiento por la vía de la reducción de capital. Tendremos que asumir minusvalías contables, por la
valoración de los bienes al precio de mercado actual, pero el aspecto de mejora financiera es prioritario en la
coyuntura económica actual. La medida deberá asimismo servir para ajustar la estructura de las empresas,
reduciendo costes.

Es necesario analizar la posibilidad de vender o alquilar algunos de los activos fijos del Ayuntamiento (si
están en desuso y no son susceptibles de ser utilizados sustituyendo alquileres), quedando en cualquier caso
excluidos los edificios singulares.

La empresa en la que existen más posibilidades para actuaciones de este tipo es Madrid Espacios y
Congresos, y hacemos referencia concreta a bienes inmuebles como Caja Mágica, Madrid Arena y Centro de
Deportes Acuáticos. Por último, en el área de Arte y Cultura parece adecuado valorar la desinversión de
alguno de los 3 teatros municipales.

En la empresa Vivienda y Suelo es prioritario analizar si las existencias de suelo no son excesivas para una
demanda de viviendas que a todas luces se encuentra estancada, a pesar del voluntarista presupuesto de
ventas de esta empresa para 2011. Asimismo es necesario redefinir la actividad de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo, llevándola a cabo de forma consorciada con el resto de empresas públicas de vivienda
presentes en el término municipal de Madrid.

Para ello proponemos reconvertir en departamentos del Ayuntamiento algunas empresas
municipales:

- Integrar totalmente como departamentos del Ayuntamiento de Madrid las siguientes
empresas municipales: Promoción Madrid, integrada en el Organismo Autónomo Patronato de
Turismo de Madrid, y Madrid Movilidad.

- Integrar en los correspondientes departamentos del Ayuntamiento de Madrid las actividades
no comerciales (fundamentalmente las de carácter social y cultural y que dependen
exclusivamente de las subvenciones públicas) de la empresa municipal Madrid Arte y Cultura.

Proponemos eliminar la política de subvenciones para la EMVS, que sumó 67 millones de euros en el
año 2009 y se concreta otros 46 millones en el presupuesto de 2011. Para paliar esta reducción del
gasto se propone alternativamente la venta de activos y el recorte del gasto corriente.

Proponemos redimensionar y reducir la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos pasando
fondos propios al Ayuntamiento y financiándolos con venta o hipoteca de activos y con recorte del
gasto en el capítulo de personal, principalmente en las estructuras directivas, que están
manifiestamente sobredimensionadas. La reducción de fondos propios en favor del Ayuntamiento
debe transmitir una liquidez de unos 200 millones de euros en los próximos dos años.



2.4.- Empresa mixta Madrid Calle 30

La empresa mixta Madrid Calle 30 tiene por socio minoritario a Empresa de Mantenimiento y Explotación
M30, que es a la vez el proveedor principal y subcontratista que realiza la práctica totalidad de la actividad
de la empresa.

El único cliente de Madrid Calle 30 es el Ayuntamiento de Madrid, por lo que lo idóneo sería integrarla en el
Ayuntamiento como actividad de mantenimiento vial, al igual que otra calle cualquiera, ya que esta
autopista es una calle más de Madrid por decisión del Ayuntamiento. Sin embargo, tal integración sería
difícil en razón de la estructura jurídica de la empresa.

Por todo ello, se propone revisar el marco de relación con el socio-proveedor para permitir un
mayor nivel de actuación del Ayuntamiento en el control del gasto y en la eliminación de
burocracia. Al mismo tiempo se propone replantear y renegociar, en su caso, las condiciones
acordadas de retribución de la inversión del socio.

2.5.- Renegociación de contratos de servicios

Para llevar a cabo una verdadera reducción del gasto aplicando una gestión más eficiente y eficaz es
obligada la renegociación de los contratos de servicios a largo plazo. Esto favorecerá el aumento del margen
de maniobra del Ayuntamiento para seleccionar en cada momento los mejores contratistas en precio y
calidad, y que a su vez atiendan a los objetivos previstos para la prestación del servicio. Ello implica un
consecuente fortalecimiento de los mecanismos de control que imposibiliten las concesiones que pudieran
verse afectadas por corruptelas, clientelismos, amiguismos u otros fenómenos no deseables en la vida
pública.

Renegociar todos los contratos de servicio establecidos con duración superior a 1 año, tanto los
realizados directamente por el Ayuntamiento de Madrid como por sus empresas municipales y
organismos autónomos es una de nuestras propuestas para mejorar la gestión, reducir el gasto y
dificultar hasta impedir las prácticas corruptas. Dicha renegociación debe girar en torno a tres
aspectos básicos:

- el plazo, fijando como máximo una duración anual prorrogable en todo caso a instancias del
Ayuntamiento, excepto que se precisara realizar inversiones para prestar el servicio, en cuyo
caso el plazo máximo se igualaría al periodo de amortización de los activos según tablas del
Ministerio de Hacienda.

- la calidad del servicio, para lo que se establecerán los correspondientes estándares de calidad,
primando en todo caso la atención a las necesidades de los ciudadanos.

- el precio, ateniéndose de manera estricta a las condiciones del mercado en cada momento, y
con la debida supervisión de la Intervención Municipal.

2.6.- Gestión del agua

El alcantarillado y la depuración de aguas, competencia del Ayuntamiento de Madrid según Ley 7/85 de 2 de
Abril, artº 25 y 26, ha sido encomendado al CYII, mediante el Convenio. Convenido y firmado entre la
Comunidad de Madrid, CYII y Ayuntamiento de Madrid que pone de manifiesto, la “venta” por parte del
Ayuntamiento de la gestión del servicio por 25 años, ampliables a 40 -Instalaciones de depuración y
alcantarillado pagadas por el Ayuntamiento de Madrid-al CYII a cambio de 700 millones de euros, y



renunciar a la recaudación de la Tasa de Saneamiento, que aseguraba con creces el mantenimiento y
conservación de dichos servicios en condiciones inmejorables y hasta ahora rentables y realizadas con
eficiencia y calidad mucho más evidente que las actuales.

A todas luces se observa que no se ha valorado correctamente la Tasa de Saneamiento y no se entiende
cómo se ha recibido a cambio sólo 700 millones de euros cuando dicha tasa del 18% en el precio del recibo
del agua, para Madrid, suponían unos ingresos del orden de 150 millones euros por año, lo cual hubiese
supuesto, sin calcular actualizaciones, un monto de 3.750 millones en 25 años. Por otro lado se debe evaluar
el estado y valor de las instalaciones existentes, tanto en la actualidad como cuando caduque la
encomienda.

Ante el deterioro del servicio de mantenimiento y conservación de alcantarillado y depuración, así como
para asegurar el abastecimiento de agua de la ciudad de Madrid, y ante la preocupación por el abandono y
desconsideración del CYII hacia éste Ayuntamiento, por el uso político de las instituciones, parece oportuno
recuperar la gestión y realizar la misma de forma directa, ya que el CYII ha dado evidentes muestras de su
deficiente gestión, la politización antes referida, el aumento de su organigrama, por la parte alta, de forma
alarmante, con aumentos en el precio del agua en los últimos 5 años en más del doble. Además su
privatización hace necesario reconsiderar la gestión y los convenios hasta ahora firmados entre el
Ayuntamiento de Madrid y el CYII.

La gestión integral del agua, singular y esencial, propia del Municipio de Madrid, tiene un peso del 80% en el
conjunto de la Comunidad de Madrid, y por ello debemos exigir que dicha gestión sea realizada de forma
directa por su Ayuntamiento, en especial lo que es de su exclusiva competencia, ya que tiene los medios y
personal suficiente para llevarlo a cabo, con unos servicios técnicos que siempre han prestado el servicio con
eficiencia y a coste más económico que el actual.

UPyD propone la recuperación por parte del Ayuntamiento de Madrid de los servicios de
abastecimiento, conservación y mantenimiento de alcantarillado y depuración aguas como una
competencia ineludible y esencial, sin posibilidad de cesión, encomienda o gestión indirecta a
través de otra empresa pública o privada.

2.7.- Madrid Salud

(48) Madrid Salud gestiona competencias a través de las que se prestan servicios esenciales para los
madrileños, pero algunos de sus departamentos tienen difícil encaje dentro del mismo organismo así como
en otros se producen duplicidades innecesarias, en ‘competencia’ directa con la administración autonómica,
como es el caso de la intervención por adicciones. Igualmente parece pertinente que se analice la
adecuación de otras competencias y en su caso la integración de estas en departamentos análogos de otros
organismos o viceversa.

Proponemos crear una red única de atención a las adicciones en el municipio de Madrid que
integre a todos los recursos presentes de atención a drogodependientes, erradicando así la actual
duplicidad de recursos y servicios del Ayuntamiento y de la Comunidad.



3 LOS RECURSOS HUMANOS

3.1.- Optimización de los recursos humanos.

Los años trascurridos desde la llegada a la Alcaldía de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón han supuesto una
pequeña gran revolución en ciertos aspectos del funcionamiento de la administración del municipio. Una
gran cantidad de personal procedentes de otras administraciones públicas -Administración General del
Estado y Comunidad de Madrid principalmente- se han sumado a los efectivos de plantilla preexistentes en
el Ayuntamiento, encareciendo considerablemente los gastos de personal.

Por un lado el personal eventual crece de la mano del gobierno municipal y por otro no se estudia la
aplicación de lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/07, en lo relativo a los procesos
de consolidación de empleo para el personal funcionario interino de acuerdo a la citada norma.

Así, mientras en una ciudad como Gijón ascienden dichos gastos a unos 200 euros por habitante y año, en
Madrid se alcanzan los 450, produciéndose además un efecto añadido de solapamiento de dos estructuras
distintas y duplicadas, la inicialmente existente, vaciada parcialmente de contenido por el aluvión de nuevos
cargos, y la nueva estructura resultante de la acomodación a sus funciones de los nuevos empleados, con
una media de retribución individual alta.

UPyD propone la reducción de los gastos de personal mediante las siguientes actuaciones:

- Retorno a las administraciones públicas de origen de los funcionarios de la Comunidad de
Madrid y de la Administración Central, cubriendo los puestos ocupados por ellos que se
consideren imprescindibles con el personal propio del Ayuntamiento de sus cuerpos y escalas
específicas.

- Modificación de la estructura orgánica de puestos del Ayuntamiento, reduciendo las
retribuciones asignadas a complementos de jefatura y el número de total de este tipo de
puestos.

- Establecimiento de un horario de trabajo adaptado a las pautas normales de los países del
entorno europeo, con adaptación de los complementos retributivos asociados al horario a las
pautas del Estado.

- Para facilitar las operaciones indicadas, se debería producir una reasignación de personal
destinado en las Juntas de Distrito para su traslado a Servicios centralizados.

- Supresión de la gran mayoría de los coches oficiales asignados a cargos del Ayuntamiento,
manteniendo únicamente los necesarios para realización de misiones de servicio.

- Adecuar la Oferta de Empleo Público Municipal a las necesidades reales de efectivos. Para ello
se establecerá una política de no reposición de plazas por jubilación o fallecimiento en aquellos
grupos profesionales que en la actualidad se encuentren sobredimensionados o susceptibles
de amortización de puesto. Asimismo, se convocarán las plazas necesarias para cubrir aquellas
plazas que se encuentren vacantes y cuya cobertura sea indispensable.

Proponemos el establecimiento de un régimen claro de incompatibilidades para los empleados
públicos del Ayuntamiento para el ejercicio de actividades privadas, con especial atención a las
relacionadas con el puesto ocupado en el Ayuntamiento.



Para aquellos colectivos de empleados públicos del municipio que vieran reducida su potencialidad
de servicio como consecuencia de circunstancias tecnológicas o las devoluciones de competencias
a otras administraciones, proponemos que mediante la realización de un programa especial basado
en la actuación de los organismos dedicados a la formación en el Ayuntamiento de Madrid se
reconviertan los perfiles profesionales para pasar a atender las áreas deficitarias de plantilla.

3.2.- Personal eventual y de confianza

El art. 105 de la Ley 41/1975 de Bases de Estatuto de Régimen Local establece que el cese del personal
eventual se produce de forma automática con el de la Corporación que los nombró.

Evitar las contrataciones arbitrarias y de clientelismo político son objetivos prioritarios para UPyD.

En los presupuestos 2011 se contemplan 279 personas como Personal Eventual, con unos costes globales de
13 millones de euros, lo que representa unos costes medios por persona de 46.439 €/año. Una reducción de
las dos terceras partes de personal eventual dejaría los costes en 6,1 millones de euros, lo que representaría
un ahorro global del orden de los 7 millones de euros en presupuesto. Es cierto que el coste medio por
persona aumenta, pero hay que tener en cuenta que habrá mucho personal de los niveles indicados
subempleado, por lo que mucho de ese coste ya está incluido en presupuestos.

Proponemos la revisión de los contratos de todo el personal eventual.

Asimismo proponemos que los funcionarios de carrera se hagan cargo de las funciones que les
corresponden, impidiendo que cualquier otro personal pueda producir duplicidades en la gestión
pública, garantizándose así la imparcialidad de la administración y recortando el gasto innecesario
que produce la duplicidad de personal para una misma actividad.

Reducir en un plazo de 3 años, hasta alcanzar el número de contratados laborales, cargos de
confianza, personal eventual existentes en el año 2004. Personal que durante estos años ha ido
incrementándose al margen de las necesidades reales de aumentos de plantillas de funcionarios y
empleados públicos que realmente ha de tener el Ayuntamiento.

Se hace prioritario el establecimiento normativo de la obligación por parte del Ayuntamiento de
Madrid de acompañar cualquier incremento de plantilla de una memoria y estudio de viabilidad,
que justifique dicha necesidad así como el correspondiente incremento en los ingresos que
satisfaga el nuevo coste generado. La memoria y el estudio de viabilidad deben contemplar unos
ingresos por encima del 150 % del coste para cubrir posibles desviaciones presupuestarias, así
como que los mismos se van a mantener a lo largo del tiempo o, al menos mientras la nueva
contratación forme parte de la plantilla. Todas las contrataciones o incremento de la plantilla de
empleados públicos estarán presididas por los principios de mérito, capacidad, igualdad y
publicidad.

Proponemos una reducción de personal eventual, que supondrá en torno a 20 millones de euros de
reducción del gasto como objetivo razonable.

Para evitar la proliferación de los “asesores” del Ayuntamiento no contemplados claramente en los
presupuestos, de acuerdo con los datos que se barajan y que son de muy difícil comprobación dada
la opacidad de la práctica, proponemos:



- Auditar el personal de empresas contratistas y concesionarios del Ayuntamiento de Madrid
para verificar el destino adecuado de todas las plantillas y así evitar que asesores y personal de
confianza, presente en el Ayuntamiento, puedan estar destinados a otro fin del de su relación
laboral real.

- Es igualmente necesario estudiar en profundidad la actual estructura “periférica” del
Ayuntamiento, en especial las Juntas Municipales de Distrito, en las que en todo caso parece
en principio excesiva la estructura de personal, sobre todo en los niveles altos -Gerentes,
Coordinadores, Asesores, etc.

3.3.- Secretario, Interventor y Tesorero

UPyD propone restablecer el sistema de realización de las funciones de Secretario, Interventor y
Tesorero del Ayuntamiento de Madrid por los miembros de los correspondientes cuerpos
nacionales del Estado de funcionarios de esas especialidades, con asignación de destinos mediante
concurso nacional, sin que sea posible la libre designación. Para su efectiva implantación
necesariamente exige la intervención de otras instancias y una normativa de regulación estatal.

3.4.- Administración electrónica

La actual situación en cuanto a disponibilidad de herramientas y medios tecnológicos adecuados -acceso,
equipos y programas-y la extensión a casi todos los ámbitos de su disponibilidad, hacen posible que la
transparencia y la Administración electrónica sean una realidad a corto-medio plazo con voluntad real de
avanzar.

Todas las solicitudes y tramitaciones de los ciudadanos y empresas, así como los documentos que las
diferentes gestiones a efectuar hagan necesaria su aportación deberían poder ser entregados en modo
telemático sin que la presencia física en las dependencias municipales fuera necesaria; actualmente no es
posible casi nunca.

UPyD propone avanzar en la administración electrónica para facilitar la comunicación entre
ciudadanos y empresas y el Ayuntamiento de Madrid, en especial para la realización de trámites
ante esa administración, impulsando decididamente su extensión más allá de lo dispuesto en la
legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos.

3.5.- Transparencia en la Administración

La transparencia, entendida como el conocimiento con detalle por parte de los ciudadanos y las distintas
entidades de la información contenida en los archivos y documentos de la Administración Municipal, deberá
ser un objetivo prioritario en la actuación del municipio en los próximos años.

Las personas o entidades interesadas en la tramitación correspondiente podrán consultar la situación del
procedimiento que les afecte y podrán también exigir la entrega por el Ayuntamiento de copias electrónicas
certificadas de los documentos del expediente.

UPyD propone que se ejerza por parte del Ayuntamiento la máxima transparencia en cuanto a
personal del Ayuntamiento de Madrid, haciendo público, con acceso universal a la información las
relaciones de puestos de trabajo actualizadas, las retribuciones de cada puesto, la Normativa
relativa a personal, etc.



Proponemos la habilitación en toda la estructura administrativa del Ayuntamiento de Madrid de un
“Canal ético” para posibilitar la denuncia de actuaciones que supongan violación de normas éticas,
incumplimientos de la legislación o conflictos de intereses.

Dicho “canal” deberá hacer posible la comunicación en modo confidencial del tipo de actuaciones
antes aludido por parte tanto de ciudadanos como de empleados del propio Ayuntamiento, sin que
de esta denuncia puedan derivarse represalias.

3.6.- Gestión directa de infraestructuras públicas

La gestión privada de algunas infraestructuras como polideportivos, por ejemplo, ha dado lugar a una
impresión generalizada de poca eficacia y diferencias innecesarias en el tratamiento a los usuarios.

Para subsanar estas deficiencias se propone:

- Unificación de políticas tarifarias entre todos los centros del mismo tipo, con similares sistemas
de acceso, abono, etc. y homologación de horarios de utilización de los servicios.

- Proporcionar mayores y mejores servicios en estas infraestructuras, aumentando en lo posible
los horarios y temporadas de utilización de las instalaciones.

- Con objeto de no suponer un gasto para el Ayuntamiento deberá tenderse a la recuperación
del coste real del servicio en estas infraestructuras a través del establecimiento de un sistema
objetivo de tarifas, pero estableciendo las necesarias bonificaciones o exenciones entre los
usuarios con atención a las características de cada caso.

Proponemos la gestión directa por el Ayuntamiento de las infraestructuras de los Polideportivos,
Bibliotecas, Casas de Cultura, etc., estableciéndose en todo caso, hasta alcanzar este objetivo, un
control e inspección de los servicios, tarifas, etc., exhaustivo por parte del Ayuntamiento.

3.7.- Gestión privada de servicios públicos

Proponemos que se haga un estudio pormenorizado de la actual externalización de aquellas
funciones del Ayuntamiento cuyo ejercicio implique el uso de la potestad administrativa. Y en todo
caso que no se proceda a externalizar más servicios que impliquen el uso de la potestad
administrativa.

Un caso paradigmático del tipo de funciones a las que se refiere la propuesta es el caso de la gestión de
Licencias de diversos tipos por parte del Ayuntamiento, que ha sido externalizado mediante concesión a
diversas entidades.

La gestión de este tipo de funciones por parte del personal del Ayuntamiento, sin concesiones a otras
entidades, debe conllevar la creación, o reforzamiento, de una unidad de Inspección de Servicios del
Municipio, con capacidad para inspeccionar los servicios realizados tanto en modo “de oficio” como a
requerimiento de los ciudadanos interesados, a los que deberá dar cuenta del resultado de sus inspecciones
en un plazo preestablecido en la normativa que corresponda.

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4 LAS TASAS Y LOS IMPUESTOS MUNICIPALES

4.1.- Congelación del I.B.I.

La situación presupuestaria exige medidas de un impacto muy superior al de una modulación gradual en los
tributos propios del Ayuntamiento. El potencial de reducción de gastos es superior al de una subida de
impuestos. Una política de congelación efectiva de los ingresos tributarios no supone un coste, respecto a
mantener la tendencia creciente, que no se pueda compensar con un esfuerzo en otras áreas.

De hecho, cabe pensar que la razón por la que el Ayuntamiento mantiene su política de congelar tipos de
I.B.I., y aprovechar la subida de bases para incrementar las cuotas en torno a un 10% anual de media, está
más basada en transmitir un cierto mensaje a los mercados financieros que en la estricta necesidad de
disponer de ese plus de recaudación. Ese mensaje a los mercados puede transmitirse por el lado del gasto,
exhibiendo la ruptura de sus inercias.

Por otra parte, la presión fiscal que sufren los madrileños es excesiva, pese a lo que alega el Ayuntamiento.
En contra de lo que dicen sus comparaciones sesgadas, el simple ejercicio de dividir el capítulo 1 del
presupuesto de ingresos (cuya principal partida es el I.B.I.) entre el número de habitantes pone a Madrid en
el primer lugar de las diez mayores capitales de provincia. Aunque los tipos del I.B.I. estén en la media del
rango, las cuotas de I.B.I. son de las más altas, por existir unos mayores valores catastrales que, sin embargo,
tratándose de la vivienda habitual, no determinan una mayor capacidad tributaria.

Es un hecho que pagamos más, y no es cierto que nos suponga menor esfuerzo por tener más capacidad. Se
debe reconocer la realidad de unos tributos altos, mostrar un propósito de enmienda, asumir el compromiso
de congelarlos de modo efectivo a medio plazo, reducirlos a largo plazo, y no quebrar ese compromiso por la
existencia de un período singular de cuatro años, por crítico que sea, cuyos problemas apenas se alivian con
una subida de impuestos.

El objetivo presupuestario debe ser reducir el gasto corriente, permitiendo unos superávits hasta 2014 que
permitan reducir la deuda a un nivel razonable (75% de los ingresos) que permita su refinanciación,
respetando la ley y reduciendo la prima de riesgo. Pero no tiene sentido plasmar ese esfuerzo de 4 años en
nuevas subidas de impuestos, con la natural tendencia a que después ya no bajen, sino con un recorte del
gasto y ventas selectivas de activos. En definitiva, se trata de redimensionar por lo bajo y no por lo alto.

Concretamente, la legislación del I.B.I. atribuye a la Administración Central de Estado la cuantificación de la
base imponible -valor catastral con sus reducciones-y al Ayuntamiento la fijación del tipo impositivo, dentro
de un rango que va de un mínimo de 0,4% y máximo de 1,1% para viviendas y superior para otros inmuebles.
Asimismo permite supuestos muy limitados de exenciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden
modular. La escalada del I.B.I. tiene su origen en 2002, cuando el Gobierno aprobó una muy sustancial
subida de las bases imponibles. El “catastrazo” se plasmó, en Madrid, en una subida de valores catastrales
del 170%, a escalonar en 10 años en el periodo 2002-2011.

Por tanto, aun suponiendo fijo el tipo impositivo, el I.B.I. se habrá incrementado entre 2001 y 2011 en un
170%, esto es, en un 17% cada año respecto de 2001 aunque si se mide cada subida respecto al año
inmediatamente anterior el porcentaje lógicamente supera ese 17% en los primeros años y es inferior en los
últimos. Ante una situación tan onerosa, Madrid optó inicialmente por no subir los tipos impositivos; así,
mantuvo el 0,512% como tipo para viviendas desde 1996 hasta 2004; pero a partir de 2005 incrementó el
tipo todos los años, hasta alcanzar en 2009 el 0,581% para viviendas un 13,5% mayor que el tipo de 2004,
tipo que mantiene en 2010 y 2011, anunciándolo como congelación.

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Sumando, por tanto, los efectos de subida de bases y de tipos, la conclusión es que donde en 2001 se
pagaba 100, en 2011 se pagará 306. Para otros inmuebles no viviendas, las subidas de tipos han sido incluso
superiores.

Proponemos la congelación efectiva de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles en los
próximos 4 años al nivel del año 2010, reduciendo para ello los tipos impositivos, de modo que se
compense la subida de bases-ligada al valor catastral-. UPyD se opone a la falsa congelación
anunciada por el Partido Popular que encubre prolongar la actual escalada del I.B.I.

Entendiendo por congelación no sólo una no-subida de tipos, como dice el Ayuntamiento, sino una
congelación de cuotas, reduciendo los tipos para absorber la subida de bases imponibles.

Proponemos para 2011 una reducción del actual tipo del 0,581% a un 0,545%.

Proponemos para 2012 y sucesivos, ante la posibilidad, prácticamente ya confirmada, de que el
catastro, conforme a su normativa, apruebe una nueva subida de valores catastrales (normalmente
se hace cada diez años), y se inicie un nuevo ciclo de subidas, asumir el compromiso de seguir
bajando tipos para absorber los efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, no debería descartarse a medio plazo una pequeña reducción de las
cuotas de I.B.I., mediante una reducción de tipos mayor. Una bajada efectiva de un 5%, minoraría
la recaudación en 50 millones de euros, lo que representa un 1% del presupuesto. Consistiría en
reducir el tipo del 0,581% actual, no sólo hasta el 0,545% de congelación, sino hasta el 0,518%, aún
superior al de 2004.

4.2.- Criterios de equidad en los tributos

La política de moderación de la presión fiscal debe acompañarse de ajustes de equidad que corrijan
injusticias comparativas, permitiendo una cierta mejora en la recaudación sin necesidad de incrementar la
carga de la generalidad de los contribuyentes.

Junto con la congelación de la presión fiscal para particulares, debe agotarse la posibilidad, respetando la
legalidad y la equidad, de gravar a empresas con capacidad tributaria.

Por otra parte, cabría reconsiderar las escasas exenciones y bonificaciones que la ley permite y el
Ayuntamiento modula en lo que al I.B.I. se refiere. Las principales exenciones o bonificaciones hoy, en
Madrid, son, por obligación legal, las de ciertos edificios de la AAPP, la Iglesia Católica, otras confesiones y
ciertas entidades sin ánimo de lucro, y por posibilidad legal, a la que se acoge Madrid, los colegios
concertados y las familias numerosas.

Según el informe publicado por el propio Ayuntamiento como anexo al presupuesto, el IBI dejado de
recaudar por estos beneficios fiscales ascenderá en 2011 a 139 millones de euros. A este respecto, hay que
insistir en exigir políticamente a la Administración Central del Estado compensaciones por las exenciones
legalmente obligadas, comprobar con rigor la legitimidad, inmueble a inmueble, ya que los requisitos son
exigibles por uso individualizado, de la aplicación de la exención a confesiones religiosas y entidades sin
ánimo de lucro. Así como modular la bonificación de familias numerosas limitando a 21 años la edad de los
hijos, y la de colegios concertados, sustituyendo, por ejemplo, la actual exención por una bonificación
porcentual.

En cuanto a inmuebles distintos de viviendas, parece oportuno, dada la situación actual, no extender a ellos
el esfuerzo presupuestario de congelación, manteniendo sus tipos específicos. Tampoco cabe plantear
subirlos, dado que están prácticamente en máximos.



En relación a la tasa por recogida de residuos, consideramos que su aplicación es inadecuada, siendo el
sistema aplicado inseguro en la adecuada correspondencia de gastos y tasa pero también injusto, porque
reparte los gastos en base a una variable (superficie de vivienda o local) que no tiene nada que ver con la
razón de su exacción. Por tanto, parece necesario que, a la menor brevedad, se plantee otro sistema que
permita la adecuación de la tasa al servicio realmente ofrecido.

Nuestra propuesta se centra en acercar más la magnitud individualizada de la tasa a lo que debería ser su
razón de ser, el uso del servicio de recogida de residuos, y eliminar las discriminaciones existentes,
permitiendo mantener la recaudación global o reduciéndola ligeramente.

Si extrapolamos a la tasa de basuras los datos del impacto de las exenciones de I.B.I. concluimos que el coste
de esta injustificada exención de la tasa ascendería a unos 21 millones de euros; aun suponiendo que la
mitad fuera exigible a otras administraciones, exigibilidad mediatizada por un proceso administrativo más
complejo, habría un importe de no menos de 10 millones de euros.

Sobre el acercamiento de la tasa individualizada al uso del servicio, es necesario iniciar el estudio que no se
hizo en su momento por la urgencia recaudatoria, y buscar un sistema de medición del uso del servicio
basado en elementos objetivos y más razonablemente correlacionados con la generación de residuos; por
ejemplo, muchas ciudades usan el consumo de agua como parámetro.

En cuanto a las medidas de redistribución, pueden adoptarse tanto si temporal o permanentemente se
mantiene el empleo del valor catastral como si se sustituye por otro procedimiento. En primer lugar, es
preciso modificar el parámetro que se destina supuestamente a medir la capacidad económica del
contribuyente, como es el I.R.P.F., por otros parámetros más justos.

El I.R.P.F. hace tiempo que dejó de ser un impuesto que mide la capacidad económica del contribuyente
para pasar a gravar mediante una tabla progresiva casi únicamente los rendimientos del trabajo, mientras
que el resto de los rendimientos gozan, por distintos procedimientos legales, de menor tributación. Así,
crear otro tributo referenciando sus parámetros al I.R.P.F. no es sino profundizar en el injusto exceso de
gravamen que se produce sobre los rendimientos del trabajo.

Proponemos revisar y aumentar el control en la aplicación de exenciones del Impuesto de Bienes
Inmuebles y de la Tasa de Basuras. Revisar, igualmente, sus criterios para hacerlos más equitativos,
evitando la excesiva conexión con las bases declaradas de I.R.P.F., criterio que castiga a los
perceptores de rendimientos del trabajo.

Proponemos la promoción de los cambios legislativos necesarios para establecer recargos del I.B.I.
en inmuebles de personas jurídicas, lo que, debidamente coordinado con la legislación del I.R.P.F. e
Impuesto de Sociedades, equivaldrá a una mayor gravamen de las casas vacías.

- En particular, proponemos instar desde la F.E.M.P. al Parlamento para que modifique la Ley de
Haciendas Locales, con el objeto de aprobar un recargo en el I.B.I. de inmuebles cuyos titulares
sean personas jurídicas, deducible en la cuota del Impuesto sobre Sociedades que paguen por
alquileres obtenidos. El efecto global sería el de un gravamen sobre los pisos vacíos de
personas jurídicas, equitativo con el gravamen existente en el I.R.P.F.

- Por su dificultad práctica, los ayuntamientos no aplican la posibilidad legal de imponer un
recargo del I.B.I. de hasta un 50% en las viviendas vacías. El Ayuntamiento de Madrid no debe
renunciar a ese plus de ingresos.



Girar la tasa de basuras a las entidades sin ánimo de lucro y modificar sus parámetros para ligarlos
más, aún si cabe, al efectivo uso del servicio de recogida de residuos urbanos.

Proponemos la sustitución de la referencia al I.R.P.F.; se aplicaría la reducción del 100% a las fincas
de valor catastral muy reducido y a aquellas habitadas por mayores de 65 años que además tengan
una renta inferior a 2.5 veces el salario mínimo interprofesional y en las que no estén
empadronados otros adultos. Asimismo, se aplicaría una reducción del 50% para familias
numerosas, considerando hijos no mayores en ningún caso los de más de 21 años.

Proponemos eliminar la tasa de recogida y tratamiento de basuras en su actual acepción en el más
corto tiempo posible, tras presentar los estudios necesarios para demostrar la viabilidad de su
cambio por remuneración directa por servicio prestado.

4.3.- Uso particular del dominio público

Al contrario de lo que ocurre con las tasas por servicios, el Ayuntamiento tiene un gran margen legal para
incrementar la recaudación en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio
público o vía pública. Así lo ha hecho con la tasa de estacionamiento y la tasa de vados o, forzando las
posibilidades legales, con la tasa para las empresas explotadoras de servicios de suministros y de telefonía.

Sin embargo, no ha aplicado similar efectividad recaudatoria en otros supuestos de aprovechamiento. Es
difícil no ver en esta distribución un tanto arbitraria de un gravamen de tan ambigua definición una cierta
intencionalidad política. Por alguna razón, el Ayuntamiento ha querido gravar a las empresas eléctricas y de
telefonía, y no en cambio a otras entidades, como bancos y cajas de ahorro, susceptibles de ser gravadas por
los cajeros automáticos en vía pública (gravamen existente en muchas ciudades).

Por ello proponemos la creación de una tasa por utilización de espacio público con una modalidad
para los cajeros automáticos en vía pública, gravamen existente en muchas ciudades.

Además del caso de los cajeros, se deben analizar las posibilidades de extender esta tasa a otros
contribuyentes que disfrutan de esa utilización privativa de espacio público, o bien de revisar y en
su caso incrementar las tasas existentes atendiendo a la rentabilidad económica obtenida por ese
uso. Con estas medidas podrían obtenerse ingresos del orden de 20 millones de euros de acuerdo a
los cálculos estimativos.

4.4.- Reducción de la presión recaudatoria

Partiendo de la escalada de la presión fiscal que soporta el ciudadano en Madrid, y de que no es posible a
corto plazo más que una congelación, no deja de ser necesario que el Ayuntamiento reconozca estos hechos.

Para final de 2014 se habrán amortizado unos 2.150 millones de euros de la deuda del Ayuntamiento de
Madrid por lo que, al estar por debajo del ratio que lo permite, podrá refinanciarse nuevamente.

Proponemos que el Ayuntamiento reduzca antes de final de la legislatura aquellas cargas donde la
presión recaudatoria ha sido mayor.

Debemos valorar que la recaudación de tributos, al margen del I.B.I., ha sufrido en los últimos años un
deterioro que no obedece a una voluntad de reducción de la presión fiscal. Con la excepción de la reducción
de en torno a un 10% de la tasa de basuras en 2011 respecto a 2010, no ha habido en los últimos siete años
ninguna medida de reducción de tributos. La tasa de basuras se eliminaría si la venta de activos hubiese



cubierto las expectativas que permitirían suprimir para los particulares dicha tasa.

La gran reducción de ingresos cíclicos como la ventas de terrenos, ICIO e IIVTNU, unida a una reducción en
las transferencia del Estado, ha obligado al Ayuntamiento a buscar nuevos ingresos y lo ha hecho yendo a lo
fácil: incrementando las partidas que gravan directamente al ciudadano, como el I.B.I. y el suplemento del
I.B.I. que es de facto la tasa de basuras, o las multas y otras tasas como la de vados. En concreto, entre 2008
y 2011 el I.B.I., con su “suplemento” de basuras, se ha incrementado en un 54% y ha pasado de representar
un 15% de los ingresos a un 27%.

Proponemos que para el 2014 se elimine la tasa de basuras para particulares, dejándola sólo para
empresas.

Con todo, la agresividad fiscal frente al ciudadano, además de injusta, es torpe e ineficiente. En la liquidación
final de la cuenta de 2009 podemos constatar que de los ingresos del capítulo 3 -básicamente tasas y multas-
, que han ascendido a 957 millones de euros, existe a final de año un importe de 354 millones de euros
pendiente de cobro. Dato que denota una gran litigiosidad que, además de exigir el empleo de recursos
administrativos, constituye un problema financiero.

Entre las tasas, han tenido importantes subidas las tasas de estacionamiento y de vados. En relación con la
tasa de estacionamiento (87 millones de euros año de recaudación), consideramos que una cierta reducción,
además de fijar un precio más razonable por la utilización privativa del espacio público si se compara con un
aparcamiento privado, a cuyo coste se acerca ofreciendo un menor servicio, tendría un impacto limitado
para la recaudación y sería bien recibido por los usuarios, que lo valorarían como una reducción de la
presión fiscal.

Proponemos que antes de final de la legislatura se reduzca en un 20% la tarifa de parquímetros,
tasas de vados y multas de circulación.

Por su parte, la recaudación anual de la tasa por entrada de vehículos (42 millones de euros) parece
desproporcionada para su contenido, percepción confirmada en los recibos individuales. En particular, el
valor del espacio de los vados de Madrid no puede suponer la mitad (42 millones de euros respecto a 87
millones de euros de estacionamiento) de lo que valen todas las plazas de aparcamiento en la calle, ya de
por sí caras. Con un fin recaudador, se olvida de nuevo el sentido del propio tributo, pensando más en la
magnitud límite de lo que puede soportar la ciudadanía que en lo legítimamente justo.

En cuanto a las multas, el Presupuesto de 2011 incluye ingresos por infracciones de circulación por 220
millones de euros. Hay que subrayar tanto su gran magnitud, fin recaudador, como la litigiosidad que, de
hecho, reduce ese potencial generador de ingresos. La cuenta general de 2009 incluye la escandalosa cifra
143 millones de euros como multas pendientes de cobro a final de año; aun suponiendo que pudieran estar
en período voluntario un 10-20% del volumen anual, habría en litigio más de 100 millones de euros.

Proponemos una nueva ordenanza de circulación que, con una reducción de en torno a un 20% de
las multas en términos generales, transmita al ciudadano una voluntad de cambio, potenciando
aún más el incentivo al no recurso, sin descartar una campaña de amnistía de recargo, que permita
a quien retire sus recursos pagar con la rebaja por conformidad inicial.



CAPÍTULO II.- LA CIUDAD

1 VIVIENDA Y URBANISMO

1.1.- Principios generales en materia de vivienda

Todas las políticas que las Administraciones ensayen en materia de vivienda deben tener como punto de
partida el mandato constitucional enunciado en el artículo 47, que exige a los poderes públicos promover las
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los
españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Dentro de este marco normativo UPyD propone que la labor municipal en materia de vivienda debe
desarrollarse de acuerdo, al menos, a los siguientes principios:

- Universalidad e igualdad de oportunidades: Principios que exigen que las políticas de vivienda
respeten el derecho de cualquier ciudadano a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con
independencia de circunstancias personales tales como la edad, número de hijos, estado civil o
condición económica.

- Cohesión social, participación ciudadana y transparencia, que son la mejor garantía contra la
especulación y la corrupción. Asimismo se orienta para evitar situaciones de exclusión social
facilitando la integración de los ciudadanos y vecinos en sus barrios y municipios y eliminando
la infravivienda y el chabolismo, así como otras situaciones de ilegalidad y marginalidad.

- Sostenibilidad medioambiental, económica y social, basada en la protección del patrimonio y
del paisaje urbano, en la accesibilidad y la adecuación de la movilidad, principios que considera
básicos para la ciudad del siglo XXI.

- En materia puramente urbanística, queremos una ciudad en la que todas las actividades se
desarrollen de una forma respetuosa con el medio ambiente, que sea energéticamente
eficiente, económicamente desarrollada, socialmente equilibrada, libre de contaminación, que
busque la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, que promueva los valores del ahorro y
los hábitos de comportamiento ecológico de los ciudadanos.

- Los objetivos urbanísticos y de vivienda que propugnamos están basados en la austeridad
presupuestaria y en la optimización de los recursos existentes.

1.2.- Huella urbana

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, actualizada en 2010, incorporó un principio de fuerte
carga ideológica, según el cual "todo suelo no especialmente protegido es potencialmente edificable". Desde
entonces establece tres clases de suelo: Urbano, urbanizable y no urbanizable de protección. Esto significa
que sólo el suelo "no urbanizable de protección" queda libre de de desarrollos urbanísticos y por tanto de
edificación.



La ciudad necesita espacios simplemente libres de edificación, zonas de esponjamiento territorial que
limiten su huella urbana y pongan freno a su crecimiento. Necesita disponer de suelo "no urbanizable" sin
ningún tipo de uso y sin que necesariamente tenga que estar protegido a fin de contener y por supuesto de
no incrementar su huella urbana.

Aunque esta propuesta debería afectar a todo el territorio de la Comunidad, proponemos que desde
el Ayuntamiento de Madrid se inste a una reforma de la Ley del Suelo autonómica a fin de que se
eliminen las disposiciones que actualmente permiten considerar “todo suelo no especialmente
protegido" como edificable, volviendo a introducir en ella la categoría de suelo "no urbanizable".

Nuestra propuesta no resultaría completa si además de al “esponjamiento territorial” no nos refiriéramos al
“esponjamiento urbano”. Por ello desde el Ayuntamiento de Madrid instaremos a que se promueva la
modificación puntual de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 36, apartado 5.a) en
el siguiente sentido: “Para la red general de zonas verdes y espacios libres, el 50 por ciento de la superficie
ocupada por los nuevos Planes Parciales se destine a zona verde y espacios libres, de forma cada una de
tales zonas verdes y espacios libres, para admitirse como integrante de esta red, habrá de tener dimensión
suficiente y emplazamiento adecuado a su función estructurante”.

El nuevo Plan Regional de Estrategia Territorial, cuyo documento de Bases está aprobado desde 1996 pero
aún no se ha presentado, deberá, además de poner fin a los 14 años que lleva sin redactarse, canalizar los
recursos públicos con criterios de gestión estratégica, contemplando las vinculaciones con las comunidades
autónomas limítrofes y siendo gestionado por áreas territoriales y por objetivos encaminados a alcanzar la
sostenibilidad del desarrollo territorial en el que se encuentra inmersa la ciudad de Madrid.

Revisar la legislación vigente a fin de evitar el incremento de la huella urbana y la consiguiente
ocupación innecesaria del escaso bien que constituye el suelo en el término municipal de Madrid
articulando instrumentos legales que incentiven la construcción residencial de calidad en altura en
detrimento de las viviendas unifamiliares, que en realidad fomenta la ocupación ineficiente del
territorio, el encarecimiento de las inversiones en infraestructuras sociales y de transporte, y el
agotamiento del suelo no urbanizado, a la vez que dificultan la movilidad al hacer alargar los
desplazamientos regulares de la población.

1.3.- Adecuar la oferta de suelo a la demanda real de los ciudadanos

El artículo 38 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid dice exactamente que "el 10 por 100 de la
superficie del área de reparto de suelo urbanizable sectorizado y de cada sector resultante en suelo
urbanizable no sectorizado, será destinado a la tipología de viviendas que libremente determine cada
Ayuntamiento. En el 90 por 100 restante del área de reparto de suelo urbanizable sectorizado y de cada
sector resultante en suelo urbanizable no sectorizado, deberá destinarse, como mínimo, el 50 por 100 de las
viviendas edificables a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y de estas sólo podrá
destinarse, como máximo, un 25 por 100 a Viviendas de Precio Tasado o figuras similares que puedan
aparecer en el futuro y aumenten los niveles de renta en la consideración de la protección pública".

Es necesario que se impulsen desde el Ayuntamiento de Madrid las modificaciones necesarias en la
normativa para cuantificar claramente el porcentaje de vivienda protegida, de tal modo que se sustituya el
texto del artículo 38 de la Ley del Suelo por el siguiente: “El 50% de las viviendas en los nuevos desarrollos
urbanísticos tendrán "algún tipo de protección pública".



Proponer desde el Consistorio la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid a fin
de adecuar la oferta de suelo residencial a la demanda real efectiva de los ciudadanos y no a la
necesidad de los ayuntamientos de “hacer caja” mediante el uso asignado al suelo. Esta propuesta
significa directamente la ampliación del actual porcentaje de Vivienda protegida en todos los
desarrollos residenciales del término municipal de Madrid.

1.4.- Transformación del interior de la ciudad frente a la creación de nuevos desarrollos residenciales

En los próximos años gran parte de la actividad del sector inmobiliario y de la construcción va a estar
centrada en la regeneración de los barrios de la periferia que se construyeron ente los años 40 y 60, muy
rápidamente y bajo una normativa muy poco exigente. No estamos hablando del casco antiguo de la ciudad
de Madrid, cuyo proceso de rehabilitación hace treinta años que está en marcha y cuyos procedimientos han
servido como modelo a los programas de rehabilitación integral de los cascos antiguos -no necesariamente
cascos históricos-de otras grandes ciudades españolas, europeas y latinoamericanas.

En el casco antiguo y en los ensanches del siglo XIX, el Ayuntamiento deberá agilizar y simplificar el proceso
de concesión de licencias al gran número de edificios pendientes aún de rehabilitación, así como gestionar
con los operadores privados la obtención de recursos para rematar los pequeños espacios urbanos
pendientes de reacondicionar.

Nos referimos expresamente a los barrios periféricos de la ciudad de Madrid, que al igual que los de las
ciudades de su área metropolitana, han ido degradándose con el paso de los años. Se debe implicar a la
iniciativa privada y trabajar en la regeneración urbana y en la gestión medioambiental de estos barrios sobre
parámetros de eficiencia energética mucho más exigentes que los actuales.

Es necesario incorporar a las entidades financieras como impulsores de esta iniciativa haciéndoles ver, desde
la firmeza política, la "urgente necesidad de su concurso inmediato" en los procesos de renovación y
regeneración urbana, de creación de entornos medioambiental y socialmente sostenibles, y de
rehabilitación integral de la ciudad. Este es uno de los dos campos en los que está justificado explorar los
instrumentos más idóneos para que el Banco Europeo de Inversiones financie las operaciones.

Potenciar los Consorcios entre la Administración y los propietarios privados para su desarrollo y gestión,
incorporando a ellos la figura del “Agente Rehabilitador”, buscando atraer a la iniciativa privada mediante la
concesión de incentivos fiscales y urbanísticos y propiciando los Convenios urbanísticos, muy útiles para
desbloquear las dificultades de gestión que sin duda se darán con la actual normativa, no concebida para
éstos nuevos procesos de regeneración urbana.

Por otra parte, pese a las campañas sobre ahorro en el consumo de agua y energía, ni la mayoría de las
viviendas construidas, ni gran parte del parque residencial edificado actualmente, ni la práctica totalidad de
los edificios terciarios levantados hace más de diez años, ni el conjunto de los servicios de barrio, ni mucho
menos urbanos o metropolitanos, están diseñados, construidos, utilizados ni mantenidos con criterios de
ahorro generalizado y de eficiencia en los consumos.

Al igual que para reducir los accidentes de automóvil hay que trabajar simultáneamente en tener las
carreteras a punto y en hacer campañas para que los conductores conduzcan bien, para optimizar los
consumos también hay que trabajar en varios frentes.

Planteamos por tanto trabajar por "el cambio de valores necesario para asumir que estamos obligados a
aprender a vivir bien con mucho menos gasto material". Lo que en términos urbanos, más que urbanísticos y
de vivienda, quiere decir: recuperar los valores del ahorro y promover hábitos de comportamiento
ecologista cotidiano de los ciudadanos.



Proponemos considerar como eje de la actividad urbanística y residencial municipal, la
transformación del interior de la ciudad frente a la creación de nuevos desarrollos residenciales,
promoviendo una política masiva de regeneración de los barrios periféricos degradados, cuyo
objeto comprenderá la rehabilitación del parque de viviendas, así como la mejora del espacio
urbano, en ambos casos con los máximos niveles de eficiencia energética.

Proponemos: la reducción de emisiones contaminantes de los edificios, la reestructuración
energética de los barrios y de la ciudad y el replanteamiento de los planes de ordenación territorial
con criterios de eficiencia en toda la gama de consumos y emisiones.

- Para ello se promoverá el reforzamiento de los criterios bioclimáticos en el diseño urbano
mediante un estudio climatológico previo para tener en cuenta en el trazado, las formas,
distancias, alturas y orientaciones óptimas de la edificación y de los espacios públicos teniendo
en cuenta además el soleamiento horario y estacional y la dirección de vientos dominantes y el
papel regulador esencial de la vegetación urbana.

- Igualmente se hará hincapié en la generalización del uso de energías renovables (solar,
geotérmica, biomasa, etc.) en la edificación, tanto en los edificios que se construyan de nueva
planta como en el actual parque edificado, atendiendo a criterios de máxima eficiencia y
ahorro energético.

Propondremos promover la mezcla de usos y densidades suficientes para acercar los
equipamientos, los comercios y los puestos de trabajo a los habitantes, favoreciendo los
desplazamientos cortos a pie y la interrelación entre los vecinos, reservando las plantas bajas de las
edificaciones para usos comerciales, administrativos, artesanales, de reunión y uso colectivo, etc.,
así como los espacios intermedios para implantar en ellos áreas de juegos, deportivas, infantiles,
etc.

Promover un modelo de ciudad “policéntrico”, con tipologías edificatorias residenciales
respetuosas con el medio ambiente, el entorno urbano y nuestra tradición histórica, con mixtura
de usos, dotando a los nuevos barrios de identidad propia con el fin de establecer una vinculación
emocional entre el vecino y su lugar de residencia.

1.5.- Fomento del acceso a la vivienda de alquiler

En la actualidad, se tiende a que la práctica totalidad de las viviendas protegidas de Promoción Pública que
construye la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid sean destinadas al alquiler. Nuestra
propuesta es enfatizar este tratamiento casi absoluto que se le da a la vivienda protegida en alquiler de
Promoción Pública, bien directamente a través de las propias EMVS o IVIMA si éstas tuvieran financiación
suficiente, bien por medio de una concesión a promotores privados que edifiquen los inmuebles y cobren un
canon mensual a la administración, la cual gestionaría los arrendamientos por un período de entre 10 y 25
años a través del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, con un precio máximo de arrendamiento
establecido “políticamente”, tomando como base el metro cuadrado útil de vivienda.

Se trata de acabar con la situación actual en la que resultan mucho más gravosos para los ciudadanos los
precios de alquiler que los de compra de la vivienda. Para ello, en las promociones privadas de alquiler a
través de empresas patrimonializadoras que puedan llevarse a cabo en la ciudad de Madrid, la herramienta
más eficaz para conseguir dicha adecuación de los precios de arrendamiento es establecer una vinculación
entre éstos y el valor catastral de los inmuebles. Dado que estas promociones estarán situadas
fundamentalmente en la periferia de la ciudad o en barrios a regenerar, dicho valor se aproximará al real al
estar muy despejados de interferencias en su entorno.



El actual Plan de Vivienda Joven de la C.A.M. establece estímulos para que los jóvenes menores de 35 años
entren como inquilinos en una VPPAOC durante 10 años y a partir del 5º puedan tomar la decisión de
comprarla. En esta línea, nos planteamos ampliar la aplicación de estos estímulos al conjunto de las
Promociones Públicas de alquiler.

De igual manera estimamos conveniente trasladar esas mismas ayudas al resto de los segmentos de edad.
Por una parte para favorecer también la movilidad de los mayores de 35 años, por otra para extender las
ayudas a los mayores que, a la vez que ocupar una vivienda en alquiler, de superficie y costo más ajustados a
sus posibilidades y necesidades. Planteamos también incrementar el parque de “Viviendas de alquiler
tuteladas”, públicas y privadas, especialmente acondicionadas para las personas de la Tercera Edad, a ser
posible en el mismo barrio en que éstas residan, requisito sin el cual la medida pierde sentido.

La Comunidad de Madrid ha suprimido la cesión del aprovechamiento lucrativo a los ayuntamientos. Se
deberá establecer un periodo de congelación transitoria de entre tres y
cinco años para "estimular fiscalmente" al sector, tras el cual considera que el porcentaje de cesión vigente
hasta Diciembre de 2010 debería restablecerse a fin de ir incrementando el patrimonio público del suelo,
adscribiéndolo siempre a la EMVS y debiendo destinarlo con carácter obligatorio a la construcción de
Viviendas de Protección Pública en régimen de alquiler en los términos señalados.

Es necesario potenciar el mercado de alquiler en el ámbito de la promoción privada de vivienda no
protegida, siendo conscientes de la dificultad de movilizar a un sector tradicionalmente reacio. Sin embargo,
para dinamizar el mercado hasta el punto de conseguir un reducción de precios, no basta con actuar en un
segmento, como el de la vivienda protegida, de forma que a fin de llegar a un mayor número de usuarios y
sin tener que aportar financiación pública, el Ayuntamiento la EMVS puede, en cooperación con otras
administraciones públicas, potenciar los instrumentos de defensa de los legítimos intereses de los
arrendadores actuando como catalizador de fórmulas de colaboración público privada, o de acuerdos entre
agentes privados, promoviendo y coordinando acuerdos entre propietarios de viviendas vacías e inversores
dispuestos a arrendarlas, previo saneado y puesta a punto de la vivienda, a cambio de la explotación
temporal en alquiler.

El Ayuntamiento de Madrid, y el conjunto de las administraciones públicas, deberían estimular fiscalmente a
la iniciativa privada en general que desarrolle viviendas protegidas de promoción privada,
patrimonializándolas en régimen de alquiler.

Asimismo aprovechar las sinergias con el sector privado, estableciendo fórmulas que propicien la
colaboración entre los agentes privados y los poderes públicos en estos tiempos en que la administración se
encuentra ante una falta de liquidez sin precedentes.

Proponemos fomentar el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento tanto del parque público
como del privado de este tipo de viviendas, en consonancia con los países de nuestro entorno. En
ellos el alquiler representa el 40% de la vivienda frente al 11% en España. El resultado es una
capacidad de movilidad laboral muy superior que lleva aparejada mayores oportunidades de
trabajo.

Asimismo proponemos impulsar desde instancias políticas la adecuación de los precios de alquiler
respecto a los de compra y relacionarlos con el porcentaje razonable de sus ingresos que debe
destinar una persona al pago de la vivienda.

Proponemos la potenciación, siempre en promociones de vivienda protegida de carácter privado,
del producto que desde su aparición ha constituido el eje de la vivienda de alquiler en la región de



Madrid: La Vivienda de Protección Pública de Alquiler con Opción a Compra (VPPAOC), objeto de
un amplio consenso político, pues ha sido recogida en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 y generalizada en el Plan de Vivienda 2009-2012 de la Comunidad de Madrid.
Manteniendo en todo caso el principio general de que todas las promociones de vivienda
protegidas de carácter público serán exclusivamente viviendas de alquiler.

Proponemos la adopción de medidas que incentiven la puesta en el mercado del gran parque de
viviendas vacías pertenecientes a ahorradores privados:

- Promocionando las reformas legales necesarias para que se cumplan escrupulosamente los
mínimos plazos procesales previstos para los desahucios, importando de la Jurisdicción Social
el principio de responsabilidad del Juez por incumplimiento de plazos en materia de despidos.

- Creando un “Fondo de Garantía de Alquileres” a constituir con las Fianzas en metálico de los
contratos de arrendamiento, entregadas obligatoriamente en concepto de depósito sin interés
en el organismo autonómico competente. Dicho “Fondo de Garantía de Alquileres”
indemnizaría a los propietarios de viviendas alquiladas por los importes de las mensualidades
no percibidas que excedan del plazo legal para la terminación del procedimiento de desahucio.

- Proponemos que una de las actividades de la EMVS que adquiera mayor relevancia se centre
en incrementar el volumen actual de Adquisición, saneado y puesta en alquiler de viviendas,
actualmente vacías, ubicadas en diferentes inmuebles, con un sistema de monitorización y
mantenimiento adecuados llevado a cabo por personal de la EMVS. Dichas viviendas serían
destinadas tanto a realojo como a arrendamiento permanente.

(P.56) UPyD propone la potenciación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario (SOCIMIS), tan extendidas en los países europeos y en EEUU, a las que se les
conceden importantes beneficios fiscales sobre los dividendos que repartan. La introducción de esta
figura permitirá redireccionar el ahorro del pequeño inversor hacia el mercado del alquiler,
canalizando los fondos hacia el desarrollo y diseño de barrios enteros destinados al alquiler y que las
empresas hoy sólo promotoras, diversifiquen su actividad y reorienten parte de su excedentes no
vendidos al alquiler, y otro tanto el sector bancario con todos aquellos pisos que reciba vía embargos
o daciones en pago.

En las promociones tanto públicas como privadas de viviendas de alquiler, UPyD considera también
adecuado recurrir para su financiación al Banco Europeo de Inversiones, presentándole proyectos
que cumplan con criterios de alta eficiencia energética en la línea que el BEI, a partir del Tratado de
Lisboa, ha establecido a fin de contribuir financieramente a mitigar los efectos del Cambio Climático.

Proponemos redefinir la actividad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, llevándola a cabo de
forma coordinada por una parte con el resto de empresas públicas de vivienda presentes en el
término municipal de Madrid (IVIMA, ARPEGIO, SEPES y SEGIPSA) y por otra con la Sociedad Pública
de Alquiler estatal y el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, propiciando a su vez la concertación
con el sector privado.

1.6.- Empresas públicas de vivienda presentes en el municipio de Madrid

En el ámbito del urbanismo y la vivienda, operan sobre el término municipal de Madrid cinco empresas
públicas. Dos son nacionales -SEPES (suelo) y SEGIPSA (promoción)-, dos regionales -ARPEGIO (suelo) e
IVIMA (promoción)- y una municipal -EMVS (suelo y promoción). Coexisten también dos Agencias públicas
de alquiler (estatal y autonómica).


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