El documento expresa preocupación sobre la adjudicación de varios contratos de publicidad institucional y difusión de información por parte del Gobierno de Cataluña a un grupo limitado de medios de comunicación por valor total de casi 3 millones de euros. Se pregunta si esto coloca a esa empresa en situación ventajosa sobre otros medios y si deberían haberse contratado anuncios con más medios para garantizar mejor difusión de la información. También cuestiona si la preparación y adjudicación de los contratos cumplió la Directiva sobre contratos públicos.