Una red de corrupción compuesta por funcionarios de la CFE, jueces de Sinaloa y peritos independientes obligó a la CFE a realizar pagos indebidos por más de $1,300 millones de pesos a campesinos representados por "coyotes". Tres personas han sido detenidas como parte de esta red, incluido un juez. La Secretaría de la Función Pública y la CFE están investigando y han presentado denuncias penales contra más de 60 personas involucradas en esta red de corrupción.

1. Denuncian director de la paraestatal y la SFP red de corrupción; ya hay tres detenidos
Quebranto por $1,300 millones en la CFE; implicados, funcionarios y jueces de Sinaloa
Obligaron a la empresa a hacer pago indebido a campesinos representados por coyotes,
afirman
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 13
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió un nuevo quebranto a su patrimonio, el
de mayor cuantía, por más de mil 300 millones de pesos, causado por una red de corrupción
compuesta por 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces del estado de Sinaloa y 20
peritos independientes.
Los funcionarios de la paraestatal laboraban bajo la responsabilidad del director de
operación, Néstor Moreno Díaz –prófugo de la justicia luego de ser acusado de
enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos–, y otros con el abogado de la CFE
en la divisional noroeste, Francisco Rodríguez Retes, quien ya ha sido detenido como
presunto responsable.
Fueron aprehendidos también José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia
de Mocorito, Sinaloa, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.
Las fianzas que se les impusieron van de 2.5 millones a 4.5 millones de pesos, sin que a la
fecha puedan cubrirlas.
Así lo dio a conocer anoche el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador
Vega, junto con el director general de la CFE, Antonio Vivanco, y el subprocurador de
delitos federales de la Procuraduría General de la República, Irving Barrios Mojica.
En conferencia de prensa realizada en la SFP, Vega refirió que los 60 involucrados en la
red de corrupción operaron de forma tal que obligaron a la CFE al pago indebido de mil

2. 320 millones de pesos a campesinos representados por coyotes, que emprendieron 232
juicios contra la paraestatal en demanda del pago de derechos de servidumbre (uso de su
terreno para pasar líneas de conducción de energía eléctrica) en el estado de Sinaloa.
Detalló que ni las áreas jurídica ni de operaciones de la CFE, incluyendo la divisional
noroeste, defendieron adecuadamente a la empresa, e incluso en algunos casos no hicieron
defensa alguna contra las demandas.
En 190 juicios se realizó el pago a los demandantes, pese a que prescribieron sus derechos;
en 18, la autoridad judicial declaró rebeldía, porque los abogados no contestaron las
demandas; en 184 no se realizó ninguna acción para impugnar las sentencias contra la CFE,
y además se realizaron pagos de servidumbre sin documentación probatoria, refirió el
titular de la SFP.
En todos los casos, según se documentó, la CFE realizó pagos muy superiores al valor real
de los terrenos, entre otras irregularidades.
Los juicios se iniciaron en Sinaloa, que de cuatro pasaron a 308, en 2006, y a más de 2 mil
en 2007. Fue en 2008 cuando la CFE detectó que en la división noroeste se hicieron pagos
fuera de la normalidad por concepto de juicios perdidos ante juzgados incompetentes,
declaró el director general de la paraestatal, Vivanco Casamadrid.
Tras notificar a la SFP e iniciar las auditorías respectivas, la CFE presentó 131 denuncias
penales ante la PGR, pues se detectó que ciertos funcionarios de los jurídicos locales (de la
CFE) actuaron irregularmente, en complicidad con los abogados demandantes y
funcionarios del Poder Judicial de Sinaloa.
Se detectó –dijo– que 97 por ciento de las sentencias no fueron impugnadas y los juicios
civiles fueron conocidos y resueltos por jueces del fuero común, incluso fuera de su propia
jurisdicción.
En éste que llamaron el daño más relevante al patrimonio de la CFE, han sido destituidos e
inhabilitados por 10 años cinco funcionarios; ocho fueron multados por un total de 475
millones de pesos, y están por ser denunciados penalmente 11 servidores de la gerencia
divisional noroeste y otros tres de las áreas centrales de la paraestatal, además de los tres
detenidos.
http://www.jornada.unam.mx/2011/11/24/politica/013n1pol