Un opositor presenta una queja ante la Defensora del Pueblo sobre el proceso de selección de profesores de enseñanza secundaria en la Comunidad de Madrid. El opositor afirma que (1) solo se permite reclamar la nota y no conocer los criterios reales de corrección, (2) los tribunales aplican criterios diferentes que producen un agravio comparativo, y (3) los criterios de evaluación no son claros ni objetivos.

1. Sra. Defensora del Pueblo:
Mi nombre es xxx, con DNI xxx, y mi queja se produce por causa de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Expongo:
Estoy participando en el proceso selectivo para Profesores de Enseñanza
Secundaria, por la especialidad de Lengua castellana y Literatura, que está
teniendo lugar en estos días en la Comunidad de Madrid. El 25 de junio de
2016 han salido las notas del primer examen y se producen al menos tres
hechos ante los que me siento indefenso: solo cabe una reclamación de la
nota, ningún opositor conoce los criterios reales de corrección, los que se
refieren a los contenidos, y se ha producido un agravio comparativo entre unos
tribunales y otros por la gran diferencia en las notas y el número de aprobados.
Se supone que todo el mundo que recibe una evaluación o calificación de un
tercero, bien sea de un trabajo, de un estudio o en una oposición, debe
conocer los criterios y los procedimientos de la misma. En nuestra oposición se
publicaron unos dos días antes de las pruebas, por primera vez en las últimas
seis convocatorias, unos criterios que muestran unos puntos muy generales de
dicha calificación (se los remito en archivo adjunto); pero no sabemos
realmente cómo se califica dicha prueba, ya que cumpliendo una parte de
dichos criterios, la nota no se corresponde con lo esperado. Mis sospechas de
algo desconocido e irregular en este punto se han venido a confirmar cuando
una compañera me ha contado lo siguiente: “cuando yo fui tribunal hace dos
años, nos pasaron una lista de contenidos “mínimos” para el tema que eran
prácticamente una fotocopia de los de una academia y un montón de reglas
absurdas para evaluar la fase práctica. En mi tribunal no hicimos caso, en otros
sí”. No es el único testimonio que tengo al respecto, pero sí el más fiable, y la
compañera está dispuesta a hablar de ello y a dar fe de lo que ocurrió.
Al yo reclamar ahora, como le decía, no puedo más que reclamar la nota, no
los criterios que han llevado a la misma. Sabemos los criterios “formales”, que
puede comprobar en el documento adjunto, pero no conocemos los
conceptuales: nos examinamos de algo que no es claramente objetivable y
desconocemos de qué manera se van a evaluar esos contenidos (la mayor
parte de las veces, en una materia de humanidades, puede haber muy
diferentes posturas y enfoques ante un tema).
Por otro lado, se ha producido un agravio comparativo muy llamativo en el que
hay tribunales perjudicados con un número de aprobados muy bajo, junto a los
cuales hay otros con una mayor cantidad de aprobados y mejores notas, en
general. Le adjunto dos ejemplos de los listados sin nombres de las notas del
Tribunal x y del x…
Me animo a presentar esta queja porque, como ya he dicho, me siento
indefenso completamente ante la actitud de la Consejería de Educación de
Madrid: llevo trabajando en ella x años como profesor interino, he aprobado las
pruebas en x ocasiones, pero sin plaza al no tener suficientes puntos de
concurso; y esta vez, como en las dos anteriores (2014 y 2015) nos hemos

2. encontrado con unos ejercicios prácticos cuyo planteamiento nos es totalmente
desconocido, es decir, no sabemos cómo se van a plantear las preguntas, con
lo que eso conlleva para la preparación de los mismos; y en estas tres últimas
ocasiones las notas generales han sido bajísimas. Además de todo esto, mis
argumentos para este escrito me parecen claves: no se nos evalúa a todos y
a todas por igual, y desconocemos los criterios reales por los que se
miden los contenidos evaluables.
Muchas gracias por la atención.
Atentamente: