Quistes burocráticos

La administración de Aristóteles Sandoval heredó múltiples problemas, entre ellos el de los trabajadores de confianza,
muchos de los cuales se aferran a sus cargos. Son cientos los que piden su indemnización o bien que se les ratifique, a
sabiendas de que su encomienda terminó con la administración anterior. El abogado laboralista Antonio Manzano Uribe
aconseja a las autoridades pagar los finiquitos y deshacerse de una vez por todas de esos quistes burocráticos.
En su primer mes y medio de gestión, el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz enfrentó 179 demandas laborales
de servidores públicos que se niegan a dejar sus puestos de confianza sin el pago de indemnización que les corresponde;
algunos de ellos pelean incluso lo que consideran “su derecho” a seguir en el cargo.
Según datos de la Secretaría de Administración, alrededor de 10% de los 5 mil 500 burócratas de confianza (525) se
separaron sin mayor problema, entre ellos quienes ocuparon secretarías de gobierno y mandos medios superiores en la
administración del panista Emilio González Márquez.
Además, en diversas áreas del Ejecutivo se alcanzaron acuerdos con 110 trabajadores para que abandonen la fuente de
empleo previo pago de prestaciones –las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones– y una indemnización.
Normalmente se les ofrece entre 15 días y tres meses de sueldo.
Por lo que atañe a quienes se aferran a la burocracia hay de todo. Lo mismo policías, quienes presentaron sus demandas
ante el Tribunal Administrativo de lo Contencioso, que empleados de organismos públicos descentralizados, quienes
acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El resto de los 179 inconformes buscan el apoyo del Tribunal de
Arbitraje y Escalafón.
Según funcionarios de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval consultados por la reportera y pidieron omitir sus
nombres, cuando los panistas perdieron las elecciones del año pasado, los jefes sugirieron a sus subordinados que
permanecieran en los puestos hasta que las nuevas autoridades les hicieran una nueva oferta de trabajo.
Si los despedían, les aconsejaron negociar por lo menos un mes de sueldo; en caso de no lograrlo, agregaron los
entrevistados, podían ir a los tribunales a pedir su reinstalación. Les dijeron incluso que la Secretaría de Administración
dispone de una bolsa de 10 millones de pesos para el pago de liquidaciones.
El caso Huerta
Antonio Manzano Uribe, experto en derecho laboral, recomienda a los funcionarios otorgar a los inconformes los tres
meses de finiquito de ley para evitar mayor desfalco financiero en las arcas estatales y para evitar que las autoridades
laborales emitan laudos favorables al trabajador.
Cuando algún empleado comprueba que sostuvo una relación de trabajo por más de seis meses tiene todo a su favor;
más cuando el patrón no corta el vínculo laboral cuando se da un cambio de gobierno, como sucede ahora, sostiene
Manzano Uribe, catedrático e investigador de varias universidades.
Esta situación está afectando tanto a los ayuntamientos como al Congreso local, donde las anomalías se incrementan
cada cambio de gestión, agrega el litigante, quien durante el trienio 2007-2009 se desempeñó como director jurídico del
ayuntamiento de Chapala. Recuerda que en esa época el municipio disponía de un presupuesto cercano a los 28 millones
de pesos, parte del cual utilizó para el pago de laudos por demandas laborales heredadas.
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“Nos dejaron unas 50 demandas laborales, juicios que se perdieron y tuvimos que pagar. Hicimos frente a otros
problemas que comprometían las finanzas (…) Para colmo, dos meses antes de concluir su periodo, el presidente Arturo
Gutiérrez Tejeda, del PAN, autorizó 400 nombramientos que sirvieron incluso para algunas basificaciones”, expone.
Admite que aun cuando la mayoría de los trabajadores de confianza tienen derecho a presentar una demanda laboral,
también es cierto que la ley obliga a los empleados que ocupan puestos directivos a dejar sus cargos cuando concluye la
gestión administrativa de quien los contrató. Como no lo hacen, dice el abogado, la burocracia sigue creciendo.
“Casi siempre demandan, no se diga cuando la autoridad que llega es de otro partido”, como ocurre en Chapala, donde el
ayuntamiento enfrenta la presión de varios directores –entre ellos algunos excompañeros del propio Manzano– que
interpusieron y ahora reclaman incluso sus salarios caídos desde 2009.
El abogado estima que 20 de los 26 directores de la administración 2007-2009, encabezada por el priista Gerardo
Degollado, presentaron su demanda laboral; hoy varios compañeros suyos tienen laudos por más de 1 millón de pesos.
Uno de esos funcionarios, el panista Joaquín Huerta –quien ocupaba la dirección del Sistema Municipal operador del
Agua y Alcantarillado (Simapa)–, llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegura Manzano, quien
llevó el caso. “Quisimos ganar tiempo –cuenta–, porque teníamos que pagarle 1.3 millones de pesos de salarios caídos y
no había ese dinero”. Ahora, Huerta es alcalde de Chapala.
Manzano propone modificar la Ley de los Servidores Públicos para homologarla con la Ley Federal del Trabajo y acabar
con los trabajadores de primera, que conforman la “burocracia de oro” –la cual goza de excelentes prestaciones y
beneficios– y los comunes, que somos el resto.
De su propio chocolate
Entre los nombramientos más recientes del gobernador Aristóteles Sandoval llama la atención el de Susana Pérez
Sánchez, quien desde hace 30 años ha trabajado en Zapopan, donde obtuvo una plaza de base como auxiliar
administrativa. En los últimos cuatro trienios ocupó puestos directivos, hasta que en enero pasado fue cesada.
Pérez Sánchez acumuló varios señalamientos por presuntos actos de corrupción, incluso fue sometida a un largo y
tortuoso proceso penal, pero al final fue exonerada. Hoy es directora del Instituto de Formación para el Trabajo (Idefet),
que depende del gobierno estatal.
Pérez incluso demandó al ayuntamiento zapopano ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para combatir su baja y exigir
su reinstalación como directora de Recursos Humanos (expediente 625/2013). Alegó que su cese fue injustificado, “toda
vez que no se dio causa o motivo alguno (…) violentando mis derechos y principio de estabilidad e inamovilidad en el
empleo que todo servidor público tiene”, según el documento.
Desde octubre de 2012, cuando asumió la presidencia el priista Héctor Robles, Pérez siguió cobrando como directora,
pese a que el cargo lo ocupa Karla Soto.
En su demanda, cuya copia obtuvo este semanario, Pérez expresa que no es su deseo renunciar y que el oficial mayor
administrativo le comunicó que “por órdenes del presidente (Héctor Robles) tenía prohibida la entrada a las áreas del
ayuntamiento”. Se le recordó que firmó su baja en forma anticipada, misma que la hicieron efectiva. El conflicto llegó a su
fin el lunes 6 con el desistimiento de la demanda.
–¿Por qué desistió?
–Porque ya tengo trabajo.
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Con 30 años de servicio, Pérez es candidata a jubilarse y lo hará con el sueldo de directora que, dice, es el mismo que
devengaba en Zapopan: 53 mil pesos mensuales brutos.
En su desistimiento, del cual Proceso Jalisco tiene copia, ella solicita a las autoridades del Tribunal de Escalafón
y Arbitraje que se archive en definitiva su demanda laboral contra el ayuntamiento zapopano (expediente 625/2013) y
manifiesta su conformidad con los 188 mil 286.44 pesos de finiquito que recibió (cheque 09616 de Bancomer).
Pérez comenta a la reportera que recurrió a la justicia laboral luego de que el ayuntamiento se negó a respetar su plaza
de base, aun cuando en la demanda pedía su restitución como directora de área.
En 2007, durante la administración de Juan Sánchez Aldana, Zapopan demandó vía penal a Pérez por el faltante de losas
en la Dirección de Cementerios, de la que era titular, así como por supuestos cobros indebidos.
El coordinador de la Sindicatura del ayuntamiento, Francisco Uribe Tapia, informó en junio de ese año que “se presentó
una denuncia penal contra cuatro extrabajadores de la Dirección de Cementerios y quienes resulten responsables por la
autorización de títulos apócrifos en la administración pasada”.
El 21 de junio de 2007 el diario Milenio informó que los implicados eran “Susana Pérez Sánchez, exdirectora de
Cementerios, quien ahora trabaja como asesora del coordinador de la fracción edilicia del PRI; Jesús Casillas Romero;
Araceli Rábago Meléndez, exadministradora del Cementerio del Valle de Atemajac; Fernando Cortés Rodríguez, quien
firmaba en ausencia de la exdirectora, y Arnulfo Rosas Haro. (Ellos) fueron los firmantes de los títulos falsos: son falsos,
dado que se repite el número de folio, el sello no corresponde al que maneja el ayuntamiento y recibieron dinero que
nunca debieron haber recibido”, según dijo Tapia Uribe.
En aquella época los diarios locales destacaron que Pérez no enteró a la tesorería zapopana sobre el destino de cerca de
2 millones de pesos. Cinco años después, ella declaró que demostró su inocencia ante los alcaldes que le confiaron
cargos directivos: el panista Sánchez Aldana y el priista Héctor Vielma Ordóñez.
Ella misma entregó a este semanario copia de un escrito fechado el 31 de mayo de 2010 dirigido al juez, según el cual el
Ministerio Público solicita orden de aprehensión por fraude genérico (AP2617/2007) contra Araceli Rábago Meléndez,
quien trabajaba como secretaria en un cementerio.
Pérez desconoce si Rábago fue detenida o está prófuga; e insiste en que durante la gestión de Vielma, en una rueda de
prensa, se dio a conocer su inocencia y se le exoneró. Sin embargo, la reportera no encontró referencias periodísticas
sobre este asunto.
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