El documento critica las renuncias obligadas impuestas por el presidente Rafael Correa a los servidores públicos en Ecuador. Argumenta que esta medida viola los derechos humanos y es inhumana, ilegal e inconstitucional. También señala que las renuncias deben ser voluntarias y no forzadas, y que obligar a las personas a renunciar es un acto despiadado. El documento concluye defendiendo el derecho de los servidores públicos a resistirse a esta medida y buscar protección parlamentaria.