El juez deniega la solicitud de excarcelación de Lázaro Antonio Báez, quien está acusado de lavado de dinero. El juez argumenta que existen riesgos procesales como la posibilidad de fuga debido a los recursos financieros y medios de transporte a su disposición, así como el riesgo de entorpecer la investigación, citando amenazas previas a testigos. El juez concluye que la detención es necesaria para asegurar los fines del proceso penal de descubrir la verdad y aplicar la ley.
Para no excarcelar hacen falta peligros procesales y no mera pena en expectativa. Acuerdo N 1/2008, en Plenario N 13. Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 30 de octubre 2008. www.iestudiospenales.com.ar
Este documento presenta un resumen del proceso penal común en Perú según el Nuevo Código Procesal Penal. Describe las distintas etapas e instancias del proceso, incluyendo la investigación preparatoria realizada por el Ministerio Público, la etapa intermedia en la que el juez evalúa la acusación, el juicio oral ante el juez y la sentencia final. El objetivo es brindar una visión general del flujo del proceso desde la denuncia inicial hasta la resolución del caso.
Incidente de excarcelacion de gerardo ismael billiis causa 1235 17Fundacion ACCION 13
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nro 2 - 03/02/2017
Rechaza el pedido de excarcelación efectuado por la defensa del anestesista acusado de golpear a una joven durante la madrugada del último 31 de enero. Señala que si bien el imputado posee constatado su domicilio real y no se opuso al acceso del personal policial al mismo al momento de los sucesos investigados, no debe soslayarse que en el estado incipiente en que se encuentra la pesquisa es imposible establecer una certera significación jurídica de la conducta que se le reprocha. Caso del anestecista Gerardo Ismael Billiris.
Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal...casobelsunce
Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal Oral 1: detallado y preciso recurso de casación que explica paso por paso las falencias de la sentencia del tribunal. Aquí se explica con la prueba documentada como fueron los tiempos reales y porqué la posición de la fiscalía y del tribunal en su sentencia no tienen asidero. Las pruebas que fueron "interpretadas" alejandose de lo que se escuchó en el debate y la manipulación para llegar a una sentencia condenatoria.
El proceso penal venezolano sigue el procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual consta de varias fases destinadas a establecer la verdad de los hechos de manera jurídica y justa. El procedimiento se divide en la fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución de penas.
Este documento describe las principales etapas del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, incluyendo la investigación preparatoria dirigida por el fiscal, la etapa intermedia dirigida por el juez de investigación preparatoria, y el juzgamiento dirigido por el juez. También resume los principios y derechos fundamentales reconocidos en el nuevo código, como la presunción de inocencia, igualdad procesal y el debido proceso.
El juez analiza un pedido de excarcelación de Amado Boudou, quien se encuentra detenido en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Aunque los delitos imputados prevén penas mayores a 8 años, el juez considera que deben analizarse también los riesgos procesales. Dado que Boudou participó activamente en el proceso y no hay indicios de que pueda darse a la fuga o entorpecer la causa, el juez entiende que no corresponde denegar la excarcelación sólo por las pen
Recurso de Insistencia de la ProcuraduríaPlazasVega
El Procurador General de la Nación insiste en la selección de un caso de tutela para revisión por la Corte Constitucional, argumentando que se vulneraron los derechos fundamentales del demandante. El demandante lleva más de 6 años en detención preventiva mientras su caso penal está en proceso de casación, lo que supera los parámetros de plazo razonable. Adicionalmente, no existe claridad sobre cuándo se puede conceder la libertad provisional una vez celebrada la audiencia pública.
Para no excarcelar hacen falta peligros procesales y no mera pena en expectativa. Acuerdo N 1/2008, en Plenario N 13. Cámara Nacional de Casación Penal, rta. 30 de octubre 2008. www.iestudiospenales.com.ar
Este documento presenta un resumen del proceso penal común en Perú según el Nuevo Código Procesal Penal. Describe las distintas etapas e instancias del proceso, incluyendo la investigación preparatoria realizada por el Ministerio Público, la etapa intermedia en la que el juez evalúa la acusación, el juicio oral ante el juez y la sentencia final. El objetivo es brindar una visión general del flujo del proceso desde la denuncia inicial hasta la resolución del caso.
Incidente de excarcelacion de gerardo ismael billiis causa 1235 17Fundacion ACCION 13
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nro 2 - 03/02/2017
Rechaza el pedido de excarcelación efectuado por la defensa del anestesista acusado de golpear a una joven durante la madrugada del último 31 de enero. Señala que si bien el imputado posee constatado su domicilio real y no se opuso al acceso del personal policial al mismo al momento de los sucesos investigados, no debe soslayarse que en el estado incipiente en que se encuentra la pesquisa es imposible establecer una certera significación jurídica de la conducta que se le reprocha. Caso del anestecista Gerardo Ismael Billiris.
Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal...casobelsunce
Recurso de Casación de la defensa de Bartoli contra la sentencia del Tribunal Oral 1: detallado y preciso recurso de casación que explica paso por paso las falencias de la sentencia del tribunal. Aquí se explica con la prueba documentada como fueron los tiempos reales y porqué la posición de la fiscalía y del tribunal en su sentencia no tienen asidero. Las pruebas que fueron "interpretadas" alejandose de lo que se escuchó en el debate y la manipulación para llegar a una sentencia condenatoria.
El proceso penal venezolano sigue el procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual consta de varias fases destinadas a establecer la verdad de los hechos de manera jurídica y justa. El procedimiento se divide en la fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución de penas.
Este documento describe las principales etapas del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, incluyendo la investigación preparatoria dirigida por el fiscal, la etapa intermedia dirigida por el juez de investigación preparatoria, y el juzgamiento dirigido por el juez. También resume los principios y derechos fundamentales reconocidos en el nuevo código, como la presunción de inocencia, igualdad procesal y el debido proceso.
El juez analiza un pedido de excarcelación de Amado Boudou, quien se encuentra detenido en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. Aunque los delitos imputados prevén penas mayores a 8 años, el juez considera que deben analizarse también los riesgos procesales. Dado que Boudou participó activamente en el proceso y no hay indicios de que pueda darse a la fuga o entorpecer la causa, el juez entiende que no corresponde denegar la excarcelación sólo por las pen
Recurso de Insistencia de la ProcuraduríaPlazasVega
El Procurador General de la Nación insiste en la selección de un caso de tutela para revisión por la Corte Constitucional, argumentando que se vulneraron los derechos fundamentales del demandante. El demandante lleva más de 6 años en detención preventiva mientras su caso penal está en proceso de casación, lo que supera los parámetros de plazo razonable. Adicionalmente, no existe claridad sobre cuándo se puede conceder la libertad provisional una vez celebrada la audiencia pública.
Este documento resume una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana había fallado que Argentina violó la libertad de expresión en un caso relacionado con un periodista y ordenó dejar sin efecto una condena civil previa. Sin embargo, la Corte Suprema argentina determinó que no podía cumplir esta orden, ya que ello convertiría a la Corte Interamericana en una "cuarta instancia" de apelación, lo que va en contra de los
El documento resume un caso judicial sobre la denegación de una solicitud de suspensión del juicio a prueba. El defensor público presentó un recurso de casación argumentando que el tribunal omitió considerar el consentimiento del fiscal y se basó exclusivamente en un precedente. La Cámara Nacional de Casación analizó si el consentimiento fiscal es vinculante y el alcance del precedente citado por el tribunal inferior.
Los fiscales solicitan la detención de Irene Hurtig basándose principalmente en que su voz se escucha en segundo plano en la llamada al servicio de emergencias realizada el día del homicidio. Sin embargo, el juez encuentra que la presentación de los fiscales carece de un análisis sólido de las pruebas y no logra establecer con certeza la participación de Hurtig en el hecho.
Este documento resume el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso de daños y perjuicios. El dictamen establece que la sentencia de la Cámara no consideró adecuadamente la posible defensa de verdad de las declaraciones de la demandada, ni las actuaciones de la causa penal relacionada. Por lo tanto, la Corte Suprema ordena a la Cámara que vuelva a analizar el caso considerando estos elementos antes de fallar.
Pedido de jury de enjuiciamiento a molina picoMalu Falsetti
La Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense presentó una denuncia contra el fiscal Diego Molina Pico por incompetencia e incumplimiento de deberes en dos causas. En la primera causa, Molina Pico no solicitó pruebas médicas clave que llevaron a la absolución del acusado. En la segunda causa, Molina Pico detectó irregularidades en el velatorio de la víctima que sugerían un homicidio, pero no ordenó medidas importantes como la autopsia y preservación de la escena del crimen.
El documento resume un caso judicial en el que Raúl Norberto Rajneri fue acusado de interrumpir el tránsito en una ruta nacional durante una protesta. Un juez de primera instancia lo sobreseyó, pero una cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento y lo procesó directamente. Rajneri presentó un recurso de casación. El fiscal argumenta que el recurso debe ser admitido porque aunque el procesamiento no es una sentencia definitiva, en este caso existe un perjuicio a los derechos de Rajneri que no podría ser subsanado
El documento declara la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el Código Procesal Penal de la Nación que veda la admisibilidad del recurso de casación contra sentencias de tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena. Esto con el fin de garantizar el derecho a la doble instancia previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se declara procedente el recurso extraordinario presentado y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado.
El documento presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por violaciones al debido proceso legal. El denunciante, Carlos Carrascosa, fue condenado primero a prisión por encubrimiento y luego a prisión perpetua por homicidio de su esposa en 2002. Alega que el fiscal tergiversó pruebas y difundió acusaciones falsas en los medios para influir en la opinión pública y los jueces, violando su presunción de inocencia. Pide que se investiguen las
El documento presenta un resumen de los antecedentes y argumentos de un recurso de casación interpuesto por la defensa de Carlos Alberto Carrascosa. En primer lugar, la defensa alega que la sentencia impugnada otorgó al fiscal un derecho indebido a la revisión integral de la sentencia. Además, denuncia la violación de los principios de inmediación, oralidad y publicidad. Finalmente, el agravio central es la denuncia de arbitrariedad, violación al principio de inocencia y las reglas de la sana crítica.
Este documento resume un caso de recurso de casación (S. 1009. XXXII) presentado por Francisco Agustín Santillán. La Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que había absuelto a Santillán basándose en que el fiscal solicitó la absolución, a pesar de que la parte querellante solicitó una condena. La Corte determinó que el tribunal debía emitir un fallo sobre la culpabilidad teniendo en cuenta las posiciones de ambas partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó recursos de hecho presentados por la defensa de Ana María Fernández y por el Defensor Oficial de la Ciudad de Buenos Aires luego que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de especialidad y dejara firme la denegación de arresto domiciliario para Fernández. La Corte declaró procedentes los recursos extraordinarios al considerar que la sentencia carecía de sustento suficiente ya que ignoró argumentos vinculados a garantías constitucionales.
Este documento es un auto de un tribunal español que trata sobre la situación de varios políticos catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación. El auto analiza las pruebas presentadas hasta el momento y decide mantener las acusaciones contra los políticos, argumentando que aparentemente intentaron lograr la independencia de Cataluña de forma ilegal. El tribunal ordena mantener las medidas cautelares de prisión o comparecencia periódica contra los acusados mientras continúa la investigación.
Este documento presenta un resumen de una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú en un caso de hábeas corpus. El demandante solicitó que se declare la nulidad de una sentencia penal que absolvió a una acusada, alegando que esto violó sus derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, encontrando que la pretensión del demandante no estaba directamente relacionada con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, como la libertad personal.
El resumen describe un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana contra Argentina. La Comisión alega que Argentina violó los derechos de Oscar Alberto Mohamed durante un proceso penal en su contra por homicidio culposo luego de un accidente automovilístico. Específicamente, la Comisión alega que Argentina violó su derecho a recurrir la sentencia condenatoria, a preparar adecuadamente su defensa, y al debido proceso legal. La Corte analizará estos alegatos y determinará
Inadmisibilidad de los recursos de habeas corpus presentadosMalu Falsetti
Este documento resume las resoluciones de un tribunal de apelaciones sobre cinco recursos de hábeas corpus presentados en favor de cinco personas detenidas. Los jueces debaten si son admisibles estos recursos y analizan si la detención de las personas fue arbitraria o ilegal. Un juez vota a favor de la admisibilidad argumentando que se invocó la arbitrariedad de la resolución que dispuso la detención. Otro juez vota en contra señalando que la doctrina del tribunal es declarar la inadmisibilidad en estos casos
Este documento describe la revisión penal en la legislación procesal penal dominicana. Se trata de un recurso extraordinario que permite impugnar sentencias definitivas ante la Suprema Corte de Justicia cuando surjan nuevos hechos o pruebas que demuestren un error judicial. El objetivo es subsanar errores graves y dar respuesta a los principios de seguridad jurídica y justicia material.
Inhibición de bienes de López y el Grupo Índalocravanzini
El documento describe las solicitudes del Dr. Gil Lavedra de ser considerado actor civil en representación de la AFIP en un caso penal contra Oil Combustibles S.A. y sus dueños por una deuda de $7.665.771.438,63. También solicita medidas cautelares como la inhibición general de bienes de los acusados para asegurar el crédito fiscal. El juez aprueba las solicitudes y ordena las medidas cautelares hasta que concluya el proceso.
El documento presenta un recurso de apelación contra la detención provisional del abogado José Rafael Manzano Méndez por los delitos de divulgación de datos protegidos y homicidio agravado. El recurso alega tres motivos: 1) La resolución no justifica la admisión de la única prueba testimonial en contra de Manzano, que es de referencia. 2) No analiza críticamente la información provista por el testigo de referencia. 3) No motiva adecuadamente la imputación de coautoría del delito de homic
Este documento resume una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina sobre el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana había fallado que Argentina violó la libertad de expresión en un caso relacionado con un periodista y ordenó dejar sin efecto una condena civil previa. Sin embargo, la Corte Suprema argentina determinó que no podía cumplir esta orden, ya que ello convertiría a la Corte Interamericana en una "cuarta instancia" de apelación, lo que va en contra de los
El documento resume un caso judicial sobre la denegación de una solicitud de suspensión del juicio a prueba. El defensor público presentó un recurso de casación argumentando que el tribunal omitió considerar el consentimiento del fiscal y se basó exclusivamente en un precedente. La Cámara Nacional de Casación analizó si el consentimiento fiscal es vinculante y el alcance del precedente citado por el tribunal inferior.
Los fiscales solicitan la detención de Irene Hurtig basándose principalmente en que su voz se escucha en segundo plano en la llamada al servicio de emergencias realizada el día del homicidio. Sin embargo, el juez encuentra que la presentación de los fiscales carece de un análisis sólido de las pruebas y no logra establecer con certeza la participación de Hurtig en el hecho.
Este documento resume el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso de daños y perjuicios. El dictamen establece que la sentencia de la Cámara no consideró adecuadamente la posible defensa de verdad de las declaraciones de la demandada, ni las actuaciones de la causa penal relacionada. Por lo tanto, la Corte Suprema ordena a la Cámara que vuelva a analizar el caso considerando estos elementos antes de fallar.
Pedido de jury de enjuiciamiento a molina picoMalu Falsetti
La Escuela Superior de Derecho y Práctica Forense presentó una denuncia contra el fiscal Diego Molina Pico por incompetencia e incumplimiento de deberes en dos causas. En la primera causa, Molina Pico no solicitó pruebas médicas clave que llevaron a la absolución del acusado. En la segunda causa, Molina Pico detectó irregularidades en el velatorio de la víctima que sugerían un homicidio, pero no ordenó medidas importantes como la autopsia y preservación de la escena del crimen.
El documento resume un caso judicial en el que Raúl Norberto Rajneri fue acusado de interrumpir el tránsito en una ruta nacional durante una protesta. Un juez de primera instancia lo sobreseyó, pero una cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento y lo procesó directamente. Rajneri presentó un recurso de casación. El fiscal argumenta que el recurso debe ser admitido porque aunque el procesamiento no es una sentencia definitiva, en este caso existe un perjuicio a los derechos de Rajneri que no podría ser subsanado
El documento declara la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el Código Procesal Penal de la Nación que veda la admisibilidad del recurso de casación contra sentencias de tribunales en lo criminal en razón del monto de la pena. Esto con el fin de garantizar el derecho a la doble instancia previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se declara procedente el recurso extraordinario presentado y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado.
El documento presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por violaciones al debido proceso legal. El denunciante, Carlos Carrascosa, fue condenado primero a prisión por encubrimiento y luego a prisión perpetua por homicidio de su esposa en 2002. Alega que el fiscal tergiversó pruebas y difundió acusaciones falsas en los medios para influir en la opinión pública y los jueces, violando su presunción de inocencia. Pide que se investiguen las
El documento presenta un resumen de los antecedentes y argumentos de un recurso de casación interpuesto por la defensa de Carlos Alberto Carrascosa. En primer lugar, la defensa alega que la sentencia impugnada otorgó al fiscal un derecho indebido a la revisión integral de la sentencia. Además, denuncia la violación de los principios de inmediación, oralidad y publicidad. Finalmente, el agravio central es la denuncia de arbitrariedad, violación al principio de inocencia y las reglas de la sana crítica.
Este documento resume un caso de recurso de casación (S. 1009. XXXII) presentado por Francisco Agustín Santillán. La Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que había absuelto a Santillán basándose en que el fiscal solicitó la absolución, a pesar de que la parte querellante solicitó una condena. La Corte determinó que el tribunal debía emitir un fallo sobre la culpabilidad teniendo en cuenta las posiciones de ambas partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó recursos de hecho presentados por la defensa de Ana María Fernández y por el Defensor Oficial de la Ciudad de Buenos Aires luego que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de especialidad y dejara firme la denegación de arresto domiciliario para Fernández. La Corte declaró procedentes los recursos extraordinarios al considerar que la sentencia carecía de sustento suficiente ya que ignoró argumentos vinculados a garantías constitucionales.
Este documento es un auto de un tribunal español que trata sobre la situación de varios políticos catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación. El auto analiza las pruebas presentadas hasta el momento y decide mantener las acusaciones contra los políticos, argumentando que aparentemente intentaron lograr la independencia de Cataluña de forma ilegal. El tribunal ordena mantener las medidas cautelares de prisión o comparecencia periódica contra los acusados mientras continúa la investigación.
Este documento presenta un resumen de una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú en un caso de hábeas corpus. El demandante solicitó que se declare la nulidad de una sentencia penal que absolvió a una acusada, alegando que esto violó sus derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, encontrando que la pretensión del demandante no estaba directamente relacionada con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, como la libertad personal.
El resumen describe un caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana contra Argentina. La Comisión alega que Argentina violó los derechos de Oscar Alberto Mohamed durante un proceso penal en su contra por homicidio culposo luego de un accidente automovilístico. Específicamente, la Comisión alega que Argentina violó su derecho a recurrir la sentencia condenatoria, a preparar adecuadamente su defensa, y al debido proceso legal. La Corte analizará estos alegatos y determinará
Inadmisibilidad de los recursos de habeas corpus presentadosMalu Falsetti
Este documento resume las resoluciones de un tribunal de apelaciones sobre cinco recursos de hábeas corpus presentados en favor de cinco personas detenidas. Los jueces debaten si son admisibles estos recursos y analizan si la detención de las personas fue arbitraria o ilegal. Un juez vota a favor de la admisibilidad argumentando que se invocó la arbitrariedad de la resolución que dispuso la detención. Otro juez vota en contra señalando que la doctrina del tribunal es declarar la inadmisibilidad en estos casos
Este documento describe la revisión penal en la legislación procesal penal dominicana. Se trata de un recurso extraordinario que permite impugnar sentencias definitivas ante la Suprema Corte de Justicia cuando surjan nuevos hechos o pruebas que demuestren un error judicial. El objetivo es subsanar errores graves y dar respuesta a los principios de seguridad jurídica y justicia material.
Inhibición de bienes de López y el Grupo Índalocravanzini
El documento describe las solicitudes del Dr. Gil Lavedra de ser considerado actor civil en representación de la AFIP en un caso penal contra Oil Combustibles S.A. y sus dueños por una deuda de $7.665.771.438,63. También solicita medidas cautelares como la inhibición general de bienes de los acusados para asegurar el crédito fiscal. El juez aprueba las solicitudes y ordena las medidas cautelares hasta que concluya el proceso.
El documento presenta un recurso de apelación contra la detención provisional del abogado José Rafael Manzano Méndez por los delitos de divulgación de datos protegidos y homicidio agravado. El recurso alega tres motivos: 1) La resolución no justifica la admisión de la única prueba testimonial en contra de Manzano, que es de referencia. 2) No analiza críticamente la información provista por el testigo de referencia. 3) No motiva adecuadamente la imputación de coautoría del delito de homic
ENJ-300: Presentación Curso ''Fundamentación de los Recursos'': Módulo VIII: ...ENJ
Este documento presenta información sobre el recurso de revisión penal en República Dominicana. Se explica que es un recurso extraordinario que puede interponerse contra sentencias firmes ante la Suprema Corte de Justicia. Se detallan los supuestos en los que procede este recurso y los requisitos para su interposición, así como quiénes pueden presentarlo. Adicionalmente, se incluyen consideraciones sobre su soporte legal y jurisprudencia nacional e internacional relacionada con este tema.
Este documento es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso "Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación". La Corte Suprema revoca la sentencia apelada y devuelve el caso al tribunal inferior para que dicte un nuevo fallo, encontrando que el tribunal inferior erró al considerar que carecía de jurisdicción para emitir un fallo de culpabilidad o inocencia a pesar de la acusación presentada por la parte querellante.
Este documento es el auto de un juez en el que se analiza la solicitud de prisión provisional sin fianza para Luis Bárcenas, imputado en un caso de corrupción. El juez resume el marco legal sobre prisión provisional y los requisitos que debe cumplir para ser legítima. Luego detalla las posiciones de las partes en el caso, con la fiscalía y acusaciones a favor de la prisión sin fianza y la defensa en contra. Finalmente, el juez deberá decidir sobre la solicitud considerando la legalidad y circunstancias del caso
El Tribunal Oral en lo Criminal N°26 otorgó la suspensión del juicio a prueba a Federico Triboulard por el delito de amenazas coactivas. La suspensión será por 3 años, durante los cuales deberá someterse a un examen médico, fijar domicilio, y estar prohibido de acercarse a la víctima y sus hijos. El tribunal consideró que corresponde aplicar la doctrina de la Corte Suprema sobre interpretación amplia del instituto de suspensión del juicio a prueba.
Daños y perjuicios por muerte en comisaría. Incendio. Prisión preventiva en c...Luis Federico Arias
El documento describe un caso de responsabilidad del Estado por la muerte de un interno en una comisaría. El hijo del demandante falleció en un incendio mientras estaba detenido en la comisaría de Salliqueló. El demandante solicita una indemnización alegando que el Estado no garantizó la seguridad y condiciones adecuadas de detención. La Fiscalía contesta la demanda alegando que la muerte fue causada por el propio interno y no por negligencia estatal. El juez debe determinar si el Estado es responsable por la
Este documento presenta el resumen de una causa judicial en la Argentina relacionada con una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de iraníes acusados del atentado a la AMIA de 1994. El juez analiza la denuncia y el requerimiento de instrucción del fiscal y determina que no hay sustento para iniciar un proceso penal, ya que no hay evidencia de que se haya llevado a cabo un plan criminal ni de que se hayan producido
Este documento resume una resolución judicial sobre una denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. El fiscal solicitó investigar un supuesto plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Sin embargo, la justicia desestimó la denuncia al encontrar que los nuevos elementos incorporados no sustentan la hipótesis del plan criminal denunciado y contradicen la acusación de encubrimiento.
Rafecas rechazó la denuncia de Pollicita por encubrimientoCba24n
Este documento presenta el resumen de una causa judicial en la Argentina relacionada con una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de iraníes acusados del atentado a la AMIA de 1994. El juez analiza la denuncia y el requerimiento de instrucción del fiscal y determina que no hay sustento para iniciar un proceso penal, ya que no hay evidencia de que se haya llevado a cabo un plan criminal ni de que se hayan producido
El juez Rafecas desestimó denuncia de Nisman: "carece de todo asidero"IADERE
Las presentes se inician con motivo de la denuncia presentada, el día 14 de enero de 2015, en el marco de la causa n° 3446/2012, caratulada “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría N° 8 del Juzgado n° 4 del fuero, por el Dr. Alberto Nisman, Fiscal General titular de la Unidad Fiscal de investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, en la que puso en conocimiento la existencia de un presunto “plan delictivo” supuestamente destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados –y prófugos desde 2007- en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso.
Según es expuesto en dicha presentación, la maniobra habría sido llevada a cabo por “altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo¸ a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal).”
Este documento resume una resolución judicial sobre una denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras autoridades por un supuesto plan para encubrir a los acusados iraníes del atentado a la AMIA. La resolución desestima la denuncia por falta de evidencia que sustente los cargos, señalando que el acuerdo firmado con Irán no se llevó a cabo y no tuvo efectos legales.
Rechazo del juez Rafecas a la denuncia de NismanCFdeKirchner
Este documento presenta el resumen de una causa judicial en la Corte Suprema de Justicia de Argentina relacionada con una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado a la AMIA de 1994. El juez analiza la denuncia y el requerimiento de instrucción del fiscal y determina que no hay evidencia que sustente las acusaciones, por lo que desestima la denuncia.
Vinculación a proceso anagabrielaizquierdohernández (1)anaizquierdo32
Este documento describe el proceso de vinculación a proceso. Explica que la vinculación a proceso es la etapa inicial en la que el imputado es informado de los datos de prueba que posee el Ministerio Público para justificar que existe un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió. El auto de vinculación a proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El tribunal analiza un recurso de casación presentado por la defensa de Mario Tolosa, condenado a 6 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante a un menor. El tribunal encuentra que: 1) no se violaron las formalidades legales en la declaración del menor; 2) la prueba de cargo fue suficiente para establecer la materialidad del hecho y autoría de Tolosa; aunque 3) no se acreditó que el abuso haya sido "gravemente ultrajante", por lo que degrada la imputación a abuso sexual simple y reduce la pena a 3 años y 2
Fundamentos de la absolución de Mariano Luque Jime Catalá
El juez rechaza el pedido de la querella de cambiar la calificación jurídica de los hechos de privación ilegítima de la libertad agravada a homicidio. Argumenta que esto implicaría una modificación sustancial de la plataforma fáctica, ya que la descripción original implica un hecho continuo de privación de libertad hasta la fecha, mientras que homicidio implicaría un hecho instantáneo de dar muerte, lo cual es contradictorio. Esto violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa del acusado, quien prepar
Garantías constitucionales en el proceso penal clase educación a distancianv-procesaluno
El documento presenta una clase sobre garantías constitucionales en el proceso penal dictada por la profesora Nora Vernetti. La clase analiza el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable, asignándole lecturas obligatorias y proponiendo actividades como el análisis de sentencias y la resolución de un caso donde se plantea esta garantía.
Este documento recomienda a los defensores públicos que soliciten a los jueces la notificación inmediata sobre sanciones disciplinarias a internos para poder solicitar su suspensión, y que soliciten la declaración de inconstitucionalidad del decreto que regula el régimen disciplinario por vulnerar principios como el debido proceso y defensa técnica. También propone medidas para garantizar una defensa técnica efectiva en los procesos disciplinarios en las cárceles.
El documento resume una resolución judicial que incorpora nuevas reglas de conducta para Patricio Rogelio Santos Fontanet, quien se encuentra en libertad condicional. La resolución prohíbe a Santos Fontanet organizar o participar en la organización de espectáculos públicos, pero le permite trabajar como músico contratado. También requiere que la productora de los próximos conciertos en los que participará haga público que es la única responsable de la organización y seguridad de los eventos.
La balanza comercial presentó un déficit de U$S938 millones, con un crecimiento interanual de las exportaciones del 6,2% frente a uno del 22,7% en las importaciones.
El juez ordenó la captura internacional de quien dijo haber pagado coimas a Gustavo Arribas por considerar que mintió para perjudicar al actual titular de la AFI.
Este documento presenta el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero de 2018 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Reporta que en febrero de 2018 el EMAE creció 5,1% respecto al mismo mes del año anterior. El indicador desestacionalizado disminuyó 0,2% con respecto a enero de 2018. Incluye tablas y gráficos con datos sobre el desempeño del EMAE a nivel general y por sector económico.
Este documento resume un caso judicial en el que Gustavo Vera está siendo investigado por presunta malversación de caudales públicos relacionados con su rol como depositario judicial de máquinas de coser incautadas en otra causa. Se enumeran las pruebas recolectadas, incluidos testimonios y documentación. Vera declaró que las máquinas fueron reparadas y almacenadas temporalmente con fines de reutilización social, pero que no puede garantizar que sean exactamente las mismas máquinas originales. Solicitó más medidas probatorias.
Este documento presenta los resultados de la Encuesta de Centros de Compras realizada por el INDEC en febrero de 2018. Las ventas totales a precios corrientes aumentaron 24.1% respecto a febrero de 2017, mientras que las ventas a precios constantes crecieron 6.6%. Los rubros con mayores incrementos fueron Otros, Electrónicos y Ropa Deportiva. En la CABA, los rubros con mayores aumentos fueron Otros, Electrónicos y Ropa Deportiva. En el Gran Buenos Aires, los rubros con mayores incrementos fueron
Este documento propone varias enmiendas a las leyes de telecomunicaciones de Argentina para promover la competencia y el acceso abierto a la infraestructura de telecomunicaciones. Algunas de las principales enmiendas propuestas son: 1) Requerir que los titulares de infraestructura compartan su uso con otros operadores de manera no discriminatoria; 2) Facilitar el acceso de los operadores de telecomunicaciones a la infraestructura pasiva propiedad del estado; 3) Establecer salvaguardas para promover la competencia en localidades pequeñas.
Este documento presenta los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al cuarto trimestre de 2017. Incluye indicadores demográficos y socioeconómicos de la población en 31 aglomerados urbanos de Argentina. Divide la información por regiones y presenta datos sobre tamaño y composición de los hogares, población por edad, sexo y parentesco, y tasas de empleo y desocupación de la población de 14 años o más.
Este documento presenta los resultados de la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total para el Gran Buenos Aires en febrero de 2018. La variación mensual de la CBA fue de 2,9% y de la CBT fue de 3,3%, mientras que la variación interanual fue de 24,2% para la CBA y 28,3% para la CBT. Se incluyen tablas con la composición de la CBA, variaciones porcentuales respecto a otros períodos, y ejemplos del cálculo de la CBA y C
Este documento presenta los resultados de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del cuarto trimestre de 2017. Los principales hallazgos son:
1. La balanza de pagos registró un déficit en la cuenta corriente de US$ 8.738 millones, explicado por los saldos negativos de la balanza comercial y de ingresos primarios. La cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 8.338 millones.
2. La posición de inversión internacional neta alcanzó los
Este documento presenta estimaciones provisionales del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2017 en Argentina. Reporta un aumento del PIB del 3.9% interanual y del 1% desestacionalizado respecto al trimestre anterior. También analiza la oferta y demanda globales, destacando incrementos en la formación bruta de capital fijo, consumo privado y público, e importaciones. Además, revisa estimaciones preliminares del valor agregado por sector económico.
Este informe presenta los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al cuarto trimestre de 2017 para 31 aglomerados urbanos de Argentina. Algunos de los hallazgos clave son: la tasa de desocupación fue de 7.2%, la tasa de actividad fue de 46.4%, y la tasa de empleo fue de 43%. El informe también incluye tasas detalladas para diferentes regiones geográficas y aglomerados urbanos.
La Corte ordenó volver a sortear tribunalcravanzini
Oordenó volver a sortear las causas asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 9, que tiene a cargo los expedientes por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez y la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA, en los cuales está acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este documento presenta los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de febrero de 2018 para Argentina. El nivel general del IPC aumentó 2,4% respecto al mes anterior. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,2%, mientras que la vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 3,8%. Respecto a diciembre de 2017, el nivel general aumentó 4,2%, con aumentos de 4,3% en alimentos y 4,9% en vivienda.
La Unión Europea ha propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo al petróleo. El embargo prohibiría las importaciones de petróleo ruso por mar y por oleoducto, aunque se concederían exenciones temporales a Hungría y Eslovaquia. Este sexto paquete de sanciones de la UE pretende aumentar la presión económica sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.
Este documento presenta los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para enero de 2018 en Argentina. El nivel general del IPC aumentó 1,8% con respecto a diciembre de 2017, impulsado principalmente por aumentos en los precios de alimentos, transporte y restaurantes. Los bienes subieron 1,6% y los servicios 2,1%. En comparación con enero de 2017, el IPC general aumentó 25%, con alzas mayores en servicios que en bienes.
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///nos Aires, 6 de abril de 2016.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente incidencia nro. 3017/2013/93 caratulada
“INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE BAEZ, LAZARO ANTONIO”, formada
en la causa N° 3017/13 del registro de la Secretaría N° 13 de este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 7.
Y CONSIDERANDO:
I. Se ordenó la formación de este legajo incidental en virtud de la solicitud
de excarcelación formulada en el día de la fecha por los Dres. Daniel Rubinovich y Rafael
Sal-Lari., abogados defensores de Lázaro Antonio Báez.
Expusieron allí que no existe motivo alguno para aducir que su defendido
había intentado entorpecer la investigación, ni evadir la acción de la justicia. Relataron
que Báez se presentó a derecho una vez que conoció la imputación, que designó defensa
letrada, que carece de antecedentes, que posee arraigo, que entregó su pasaporte, entre
otras cosas.
Criticaron los fundamentos de la detención dispuesta en el día de ayer -5 de
abril- y citaron jurisprudencia y doctrina vinculada al carácter restrictivo y excepcional de
la detención preventiva, la que sólo obedece a la existencia de riesgos procesales (fs. 1/7).
Habiéndosele dado el trámite previsto en el segundo párrafo del artículo
331 del Código Procesal Penal de la Nación, y por haber dictaminado el Sr. Agente Fiscal,
me encuentro en condiciones de resolver.
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II. Sobre el punto, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo
que se remitía a los argumentos que tuviera en consideración el suscripto al disponer su
captura en torno a que Lázaro Báez cuenta con una disponibilidad de dinero y de medios
que llevan a aseverar como posible que concurra en el caso los extremos exigidos por la
normativa procesal. Tal el caso documentado en el acta de fs. 20.300, en cuanto a la
posibilidad de traslado inmediato a grandes distancias, sino también otras diligencias
policiales que han dado cuenta de una particular factibilidad para eludir el control que
eventualmente se le imponga para su localización y comparecencia. Por último, agregó
que se cuenta con el testimonio, bajo juramento, prestado en el día de la fecha por el
periodista Daniel Santoro, quien recibió información sobre la posible realización de
acciones tendientes a entorpecer esta investigación con el consecuente beneficio de los
imputados.
En razón de ello, se opuso a la excarcelación bajo cualquier tipo de caución
(arts. 316, 317 y 319 CPP). (v. fs. 9)
III. El reconocimiento constitucional de la garantía de toda persona a ser
tratada como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre
su culpabilidad (art. 18 C.N.) y el derecho general a la libertad ambulatoria del que goza
todo habitante (art. 14 C.N.), permite derivar como principio en la materia el derecho a la
libertad física y ambulatoria del sujeto sometido a proceso, durante el transcurso de éste.
El axioma precedente no imposibilita todo uso de la coerción por parte del
Estado durante el desarrollo de la persecución penal, mas obra como una alternativa
estrictamente excepcional, y se erige como criterio rector para evaluar la razonabilidad de
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las restricciones que se pretendan imponer respecto de dicha libertad y la relación de
proporcionalidad que debe existir entre tales medidas, los fines que con éstas se persiguen
y la prognosis de la pena para el caso (Conf. Maier Julio B.J., Derecho Procesal Penal I.
Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, Pág. 512 y ss.).
Bajo esos presupuestos, y atendiendo a que la restricción a la libertad
ambulatoria constituye la forma en la cual se materializa, en definitiva, tanto el uso de la
coerción material -prohibida antes del dictado de una sentencia de condena que impone
una pena que adquiera carácter firme-, como aquella propia del ámbito procesal en su
aspecto más gravoso –detención, prisión preventiva-, sólo podrá hallar justificación esta
última en la medida que resulte indispensable para asegurar los fines que persigue el
procedimiento, es decir: la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal (Conf.
art. 280 CPP).
Lo expuesto lleva a sostener que a efectos de resolver en la materia,
corresponde analizar si en el legajo se observa la existencia de parámetros que funden la
necesidad de restringir la libertad vinculados concretamente al riesgo de su fuga o de
entorpecimiento de la investigación, únicas circunstancias que, previo juicio de
proporcionalidad con la pena esperada, habilitarían tolerar en forma excepcional la
restricción cautelar de su libertad ambulatoria en esta instancia (Conf. C.C.C.Fed., Sala II,
C. N° 44.995, reg. 1314, Rta. 16/12/2010, y C.C.C.Fed., y Sala II, C. N° 32.400, reg.
35.270, 25/10/2012, entre otros).
Dentro de tales parámetros, corresponde hacer las siguientes apreciaciones
en torno a la existencia o no de riesgo procesales.
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En primer lugar, como consecuencia de la prueba acumulada se cuenta a la
fecha con el estado de sospecha al que alude el art. 294 del CPPN, en relación a los
hechos por los que fuera intimado y que lo ubican como presunto responsable de
conductas que “prima facie” podrían encuadrar en el delito de lavado de activos.
La pena en expectativa de acuerdo a la norma penal aplicable, esto es, el
art. 303 del Código Penal, en su figura básica, es de tres (3) años a diez (10) años de
prisión. Esto implica que la penalidad con que se encuentra reprimido el delito endilgado
implica una amenaza de pena alta y de efectivo cumplimiento en los términos dispuestos
por el legislador en los artículos 312, 316 y concordantes del Código Procesal Penal de la
Nación.
En similar sentido debe interpretarse el hecho de que el incidentista cuente
con un patrimonio abultado que permite presuponer fundadamente la existencia de
recursos materiales para eludir el accionar de la justicia. Tal como señalé en el día de ayer,
Lázaro Báez es el titular del 95% del paquete accionario de Austral Construcciones S.A..
Es decir, estamos en presencia de circunstancias fácticas que permiten advertir la
existencia de riesgos procesales que atentan contra uno de los fines del proceso penal
previsto en el el art. 280 del CPP, que es la aplicación de la ley material.
Lo expuesto cuenta con fundamentos probados en autos. Se determinó allí,
la existencia de una cantidad de vehículos y aeronaves propias. En efecto, registra más de
mil vehículos y maquinarias a su nombre o de titularidad de las empresas vinculadas a su
persona (confrontar el listado aportado por DNRPA a fs. 20.095/20.112), como así
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también, y fundamentalmente, al menos tres aeronaves a su entera disposición (informe
del registro de aeronaves aportado por ANAC obrante a fs. 20.061/9).
En ese contexto se inscriben los fundamentos que me llevaron a librar una
orden de detención a raíz de haber tomado conocimiento de que abordó una aeronave
privada.
Tampoco debe soslayarse que a lo largo del proceso surge información que
alerta sobre aceitados contactos que habrían permitido sortear controles aeroportuarios, lo
que dispara el riesgo de fuga y amerita su inmediata neutralización a fin de asegurar el
éxito de la investigación en curso -no bastando para ello con el dictado de prohibición de
salida dispuesta al momento de ordenar sus declaraciones indagatorias-.
Ello va acompañado de la sospecha de lazos internacionales que habrían
operado en Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Belice y Suiza, conforme las piezas
documentales glosadas al legajo.
Como segundo argumento, no es posible olvidar que a lo largo del
expediente se han mencionado amenazas y situaciones de presión sobre testigos, tal como
expusiera en el día de la fecha, en declaración juramentada, el periodista Daniel Santoro,
entre otros dichos anteriores.
Estas circunstancias han actuado en detrimento de la investigación,
entorpeciéndola y atentando contra el otro de los fines del proceso, el descubrimiento de la
verdad (v. art. 280 CPP).-
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Bajo tales parámetros, se evidencia la ineficacia de otros medios menos
lesivos; ergo, la detención del nombrado se torna indispensable y razonable para asegurar
los fines del proceso.
En ese sentido, la Sala II de la Cámara de apelaciones del fuero
tiene dicho que “(…) [e]s reiterada doctrina de esta Sala que el derecho de gozar de
libertad hasta el momento en que se dicte sentencia no constituye una salvaguarda contra
el arresto, la detención o la prisión preventiva, medidas cautelares que cuentan con
respaldo constitucional en tanto tiendan a la efectiva realización del proceso penal a
través de presunciones basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho imputado
evitando su entorpecimiento, ya que establecen circunstancias que se erigen como pautas
valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer excepción al principio general
que consagra el derecho a estar en libertad durante el proceso (conf. Sala II, Causa n°
20.961, “Beraja, Rubén Ezra s/apelación de excarcelación denegada”, rta. el 02/06/2005,
reg. n° 23.744)”.
En virtud de las consideraciones expuestas y de conformidad con lo
dictaminado por el Sr. Fiscal, corresponde y así;
RESUELVO:
DENEGAR LA EXCARCELACIÓN de Lázaro Antonio Báez
(art. 316, 317 y 319 CPPN).
Notifíquese.-
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En la misma fecha se libró cédula electrónica. CONSTE.-
En notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. DOY FE.-