1) Un diputado del PAN propone reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para adicionar un artículo 14 Bis. 2) El artículo propuesto establecería una distancia mínima entre estaciones de servicio Pemex para respetar derechos adquiridos y proteger la seguridad pública y el ambiente. 3) Esto ayudaría a evitar riesgos como explosiones al concentrar instalaciones que manejan materiales peligrosos como la gasolina.

1. Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a
cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del
Grupo Parlamentario del PAN
Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante de la LXII
Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración del pleno de esta
soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del
cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, con base
en la siguiente
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa nacional
facultada para realizar la conducción central y la dirección
estratégica de las actividades que abarca la industria
petrolera, en los términos que le confiere la Constitución en el
ramo del petróleo; por tal motivo asume la responsabilidad de
abastecer el mercado nacional de productos del petróleo, gas
natural y materias primas para la industria petroquímica.
La presencia de Pemex en el mercado se denota al abastecer
los combustibles automotrices que demanda la sociedad
mexicana. A través de las estaciones de servicio Pemex
interactúa cotidianamente con los clientes, en las miles de
operaciones que día tras día se realizan ininterrumpidamente
a lo largo del país; ahí se encuentran también los retos más
amplios en su regulación.

2. No obstante, la territorialidad en la franquicia Pemex en
materia de competencia económica no tiene establecida una
distancia mínima entre las estaciones de servicio, no se
encuentran definidas las zonas territoriales de las estaciones
de servicio.
Si bien las más de 10 mil 150 estaciones del país están
incorporadas al sistema de la franquicia Pemex, en la que
participan los inversionistas mexicanos bajo los marcos
regulatorios que se tienen establecidos en materia de
franquicia en donde no se tienen determinados los requisitos
y elementos mínimos que los contratos de franquicia u otros
esquemas de comercialización deben contener.
El concepto de “franquicia Pemex” se refiere a la concesión
que hace Petróleos Mexicanos a particulares para la
prestación de servicio de abastecimiento de combustibles.
Por lo que se refiere al contrato de franquicia, éste se regula
en el artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial:
Artículo 142. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso
de una marca, otorgada por escrito, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica,
para que la persona a quien se le concede pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con
los métodos operativos, comerciales y administrativos
establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a
los que ésta distingue.
El artículo 142 Bis, fracción I, de la citada ley establece los
requisitos que debe contener el contrato de franquicia:

3. Artículo 142 Bis. El contrato de franquicia deberá constar por
escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes
requisitos:
I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las
actividades objeto del contrato.
También el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
en el artículo 65, fracción VII, dispone lo siguiente:
Artículo 65. Para los efectos del artículo 142 de la ley, el
titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados
previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la
siguiente información técnica, económica y financiera:
...
VII. Definición de la zona territorial de operación de la
negociación que explote la franquicia.
En el texto anterior se observa que en el contrato de
franquicia se establece cierta exclusividad en la zona
territorial donde operan los establecimientos, por lo que el
franquiciante debe proporcionarle la libertad de venta de
bienes y servicios al franquiciatario en una zona determinada.
Asimismo, viola el artículo 25 constitucional, que establece la
rectoría económica por parte del Estado, debiendo procurar
siempre la justa distribución de la riqueza, como a
continuación se cita:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable,
que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y

4. la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución.
Hay una amplia demanda por la Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros porque se establezca la
territorialidad en la otorgación de franquicias de estaciones de
servicios.
Sin embargo, Pemex ha otorgado y de no regularse puede
seguir otorgando franquicias en zonas donde ya existen una o
varias estaciones de servicios lo que afecta la libre
competencia económica del establecimiento, además de
aumentar significativamente el riesgo de un accidente por la
concentración indebida de establecimientos de esta misma
naturaleza que se encuentran ubicados tan cercanamente, lo
que contraviene las normas mínimas de protección civil.
Tal como se establece en los artículos 4, fracciones I y III, y
10 de la Ley General de Protección Civil, que disponen lo
siguiente:
Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección
civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa
Nacional de Protección Civil, identificando para ello las
siguientes prioridades:
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la
implementación de medidas de prevención y mitigación;
...
III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno,
para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar
a cabo las acciones necesarias para la identificación y el
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su
jurisdicción.

5. Artículo 10. La gestión integral de riesgos considera, entre
otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un
agente perturbador:
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos,
además de los procesos de construcción social de los
mismos;
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así
como sus escenarios;
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de
riesgos;
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización
de los riesgos; y
VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
Un ejemplo del riesgo que puede presentar el acaparamiento
de estos establecimientos en la misma zona territorial son los
hechos acontecidos en Guadalajara en 1992, en el céntrico
barrio de Analco, donde las explosiones de gasolina en el
sistema de alcantarillado destruyeron 14 kilómetros de calles.
Según cifras oficiales, las explosiones provocaron la muerte a
doscientas nueve personas, dejaron 500 heridos y 15 mil
personas quedaron sin hogar, el daño económico estimado
fue de entre 700 millones y mil millones de dólares.
El hecho más reciente aunque por motivo distinto ocurrió el
martes 18 de septiembre del presente año en Tamaulipas,
donde una explosión en las instalaciones de la planta de gas

6. de Pemex provocó el fallecimiento de trabajadores de la
paraestatal.
Sin embargo, pese a que este último suceso al que se hace
referencia la explosión fue ocasionada en el centro receptor
de gas y no por una estación de servicio de gasolina nos
demuestra el riesgo del tan complejo manejo del material que
conduce este tipo de establecimientos, pudiendo ocurrir una
desgracia aun mayor al concentrarse dos establecimientos de
esta misma naturaleza, y la finalidad de esta modificación a la
ley es evitar precisamente que este tipo de tragedias se
repitan.
En el informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)
Prácticas apropiadas para disminuir los riesgos ambientales
por el manejo de gasolina en estaciones de servicio se indica
que el mayor número de accidentes con gasolina ocurren en
estaciones de servicio, y que las fugas y los derrames son los
más abundantes en las instalaciones de éstas.
El artículo 2, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio
Económico y la Protección al Ambiente establece que se
considera de utilidad pública “el establecimiento de zonas
intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de
actividades consideradas como riesgosas”.
Encima, el artículo 3, fracción XXIII, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como
material peligroso a los “elementos, substancias, compuestos,
residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su
estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud
o los recursos naturales, por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-
infecciosas”.

7. El artículo 145 de la citada ley dispone que la secretaría
promoverá que en la determinación de los usos del suelo se
especifiquen las zonas en las que se permita el
establecimiento de industrias, comercios o servicios
considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que
puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente
tomándose en consideración:
I. Las condiciones topográficas, meteorológicas,
climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas;
II. Su proximidad a centros de población, previendo las
tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la
creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario
de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los
centros de población y sobre los recursos naturales;
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de
emergencias ecológicas; y
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.
Según datos del INE, en 2001 se determinó que una
explosión puede ocasionar ondas expansivas y la generación
de proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones a los
individuos que se encuentre ubicados dentro del radio de
afectación, ocasionar daño estructural a las construcciones
por el colapso de muros, ventanas y estructuras de soporte.
Efectos similares, aunque en algunos casos con mayores
áreas de afectación, son el resultado de la explosión de
nubes de gases o vapores combustibles, liberadas por la
ruptura de contenedores o de ductos.

8. De acuerdo con el informe técnico del Sistema Nacional de
Protección Civil del Cenapred Modelos de radios de
afectación por explosiones en instalaciones de gas, para
evitar afectaciones a asentamientos humanos, en el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 se
incluyen criterios de desarrollo urbano de tipo complementario
a los reglamentos de construcciones y de seguridad
estructural actualmente vigentes en los estados con la
finalidad de evitar situaciones críticas ocasionadas por el
crecimiento desordenado de los centros de población.
Conforme al programa de entre los criterios de importancia
para el manejo de gas LP, se encuentra el criterio D
(apartado 3), que establece las características sobre áreas
para usos industriales y ductos, en donde se indican las
distancias mínimas para el resguardo del desarrollo urbano,
con respecto a las plantas de recibo o distribución de
energéticos o derivados del petróleo. Para el caso de
poliductos, la distancia mínima para el resguardo es de entre
50 y 500 metros.
El criterio señalado con la letra O (apartado 9) indica que no
se debe permitir el desarrollo urbano en zonas de extracción
petrolera, previa determinación precisa de sus límites.
En el criterio U (apartado 3) indica las distancias mínimas
para establecer cualquier uso habitacional, para el caso de
cualquier ducto de petróleo o sus derivados: 50 metros.
Sin embargo, en los subsecuentes Programas Nacionales de
Desarrollo no se han tomado en consideración los criterios
antes señalados, aunque dentro del diagnostico de la
planeación del desarrollo urbano en el ámbito nacional se
determinó que sólo 20 estados (Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,

9. Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) han concluido
la adecuación de sus leyes de desarrollo urbano de acuerdo
con la Ley de Asentamientos Humanos.
Dada la necesidad de mitigar los riesgos y, en consecuencia,
los accidentes con las gasolinas, se requiere reformar la ley
de forma concreta y específica, que garantice la seguridad
para la salud pública y el ambiente.
Por ello, ante la falta de una normatividad jurídica aplicable,
se hace necesario regular que en la celebración de los
contratos de franquicia Petróleos Mexicanos establezca una
distancia mínima entre las estaciones de servicio con la
finalidad de que se respeten los derechos adquiridos por los
propietarios de estas estaciones otorgando mayor seguridad
jurídica a los propietarios, además de proteger la seguridad
de las personas que viven en dicha zona geográfica, y la
protección del ambiente, y evitar la concentración indebida de
instalaciones que, por su propia naturaleza, representa un
riesgo innecesario para la población.
En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración
de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el cual se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo
Único. Se adiciona el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para
quedar como sigue:
Artículo 14 Bis. La gasolina y los demás combustibles líquidos
producto de la refinación del petróleo que se vendan
directamente al público, a través de las estaciones de

10. servicio, deberán distribuirse y expenderse o suministrarse
sin alteración, de conformidad con lo que establece esta ley y
demás disposiciones aplicables.
...
Los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no
podrán celebrar los contratos de franquicias cuando la
ubicación propuesta para la nueva estación de servicio se
encuentre a una distancia mínima de 50 metros radio de una
estación preexistente, de acuerdo con las normas mínimas de
protección civil.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a
6 de noviembre de 2012.
Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)