Este documento presenta un decreto que reforma la Constitución Política de México en materia de transparencia. Las reformas incluyen establecer que toda la información del gobierno es pública y sólo puede reservarse temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional. También crean un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Finalmente, fortalecen la rendición de cuentas del Estado mexicano en materia de transparencia.