El documento propone la implementación de un derecho progresivo segmentado para la soja, trigo, maíz y girasol, con el objetivo de beneficiar a los pequeños y medianos productores. Se establecerían diferentes alícuotas según el volumen de venta de cada productor, eximiendo de derechos adicionales a los de menor escala. Los fondos recaudados se destinarían a promover la producción agrícola. Se crearía una comisión bicameral para controlar la evolución de la rentabilidad de los distintos segmentos