El documento destaca decisiones políticas recientes relacionadas con energías renovables, incluyendo la moratoria impuesta por el real decreto 1/2012 y el apoyo de más de cuarenta entidades a un manifiesto en contra de esta medida. Se argumenta que la moratoria perjudica el desarrollo del sector renovable, que es clave para la economía y la creación de empleo en España, y que contradice las directrices europeas sobre energía. El manifiesto también llama a una reforma profunda del sistema energético y a la participación de la sociedad civil en el consenso nacional para lograrlo.