La Constitución de Ecuador reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el 80% de las empresas no registran gastos en protección ambiental y el 98% no tienen sistemas de gestión ambiental certificados. A medida que crece la población, se necesitan más tierras para cultivos, viviendas e industrias, alterando cada vez más el medio ambiente.