El documento propone reducir la edad para votar de manera voluntaria a los 16 y 17 años y hacerlo obligatorio a partir de los 18. Argumenta que los menores de esa edad que cometan delitos deberían ser juzgados como adultos y recibir las mismas sanciones. También señala que la Constitución establece que cuando los menores cometen delitos que ameritan pena, se les aplican programas de reinserción social.