1. Morales tranquiliza a Brufau al coincidir poco después de la
expropiación
La jornada de ayer no pudo ser relajada para el presidente de Repsol. Antonio Brufau, que
acaba de afrontar la expropiación de su filial en Argentina, YPF, se topó, precisamente en
Bolivia, con la noticia de que el Gobierno boliviano nacionalizaba una filial de Red Eléctrica de
España. Y justo cuando la petrolera española está potenciando sus inversiones en el país. Poco
después, se topó, además, con el propio ejecutor de la expropiación. El presidente boliviano,
Evo Morales, y Brufau coincidieron en la inauguración de la planta procesadora de gas de
Campo Margarita, al sur del país. La instalación, sufragada por Repsol y sus socios, permitirá
incrementar la exportación de gas de Bolivia a Argentina de 7 a 11,6 millones de metros
cúbicos.
2. Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia
En el ambiente flotaban las dos nacionalizaciones, la sufrida por Repsol y la que acababa de
ejecutar Morales. Sin embargo, el presidente boliviano llegó a la inauguración tarde pero con
otro discurso. “Reconozco el liderazgo de Repsol y su inversión será siempre respetada como
socio”, dijo en una intervención en la que incluyó como justificación a su anuncio expropiador
este eslogan: “Bolivia necesita inversión y socios pero no dueños de nuestros recursos
naturales ni dueños de nuestros servicios básicos”.
3. Argentina expropia a Repsol su filial YPF
El presidente de Repsol por su parte se declaró “satisfecho” por el trabajo realizado en Bolivia.
Repsol no ha tenido una andadura sencilla en el país. En 2006 Morales anunció, también justo
el Día del Trabajo, la nacionalización de los hidrocarburos y encomendó a las Fuerzas Armadas
el control de una cincuentena de estaciones levantadas por petroleras extranjeras, entre ellas,
Repsol. Comenzó la negociación de nuevos contratos y ese mismo año, en plena trifulca, dos
altos ejecutivos de la compañía en Bolivia, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez,
fueron detenidos acusados de supuesto contrabando de petróleo, aunque más tarde el juez
archivó el caso argumentando que el proceso abierto fue “indebido” y los hechos no eran
constitutivos de delito. En 2008 acordaron tras duras negociaciones la cogestión de la empresa
Andina, accionista mayoritaria de los campos de mayor producción de gas de San Alberto y San
Antonio.