PROYECTO DE LEY DE CINTIA FRENCIA, LEGISLADORA DEL FRENTE DE IZQUIERDA, PARA DECLARAR LA “EMERGENCIA ELÉCTRICA” EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Cintia Frencia, legisladora Provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presenta en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para declarar la “emergencia energética” en la provincia, a partir del colapso planteado en el sistema eléctrico. El proyecto plantea la constitución de un Comité de Emergencia, integrado por representantes de los bloques legislativos y de los trabajadores y vecinos afectados. El proyecto faculta a ese comité la constitución de un mínimo de cuadrillas necesarias para “atender de inmediato las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico”. Para ello, plantea la elaboración de “un padrón de técnicos y operarios electricistas, y su inmediata contratación con las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio de Luz y Fuerza”. La iniciativa legislativa también establece “colocar a disposición de los barrios afectados los generadores para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos habitacionales y predios afectados por los cortes de energía”. Finalmente, plantea financiar esta intervención de emergencia con un “impuesto de emergencia equivalente al 3% de todos los ingresos de los casinos y las máquinas tragamonedas instaladas en la Provincia”. En sus fundamentos, el proyecto de Frencia denuncia la “impotencia de los gobiernos nacional y de la provincia para dar cuenta de esta crisis, frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos afectados”. Esta “premeditada indolencia”, se señala, “es sólo la preparación política de un tarifazo, que querrán justificar como única salida frente a la falta de energía”. De ese modo, denuncia Frencia, “preparan el regreso a la política energética de los 90, o sea la dolarización de tarifas, como respuesta frente al hundimiento del régimen de rescate de las privatizadas implementado por el kirchnerismo”. En oposición a ello, el FIT impulsa una nacionalización integral de la industria energética, bajo control de los trabajadores. Ante la situación que afecta a la provincia de Córdoba, planteamos estas “iniciativas elementales frente al colapso eléctrico y del agua, con la intervención directa de trabajadores y vecinos”. La Legisladora del FIT cursó una copia del proyecto a todos los presidentes de bloque, proponiendo la realización una sesión extraordinaria para su tratamiento.

1. LA LEGISLATURA DE CORDOBA APRUEBA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1°.- Se declara la emergencia energética e hídrica en todo el ámbito de la
Ciudad de Córdoba y el Área Sierra Chicas del Departamento Colón. El propósito de la
misma es asegurar el suministro de energía eléctrica y agua potable a la población de
dichas zonas, en el cuadro del colapso eléctrico e hídrico verificado en las últimas
semanas.
Artículo 2°.- La presente emergencia se extenderá desde la promulgación de esta ley
hasta el 31 de marzo de 2014, pudiendo esta Legislatura prorrogarla toda vez que lo
considere necesario.
Artículo 3°.- Se crea un Comité de Emergencia, integrado por:
1°) Un representante de cada bloque de la Legislatura de Provincial.
2°) Representantes de los Concejos Deliberantes de la Ciudad de Córdoba y del resto
de las localidades comprendidas.
3°) Representantes electos de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de
energía y agua.
4°) Académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba.
Artículo 4°.- Son funciones del Comité de Emergencia:
1°) Realizar un mapa de las zonas afectadas por los cortes de luz, así como de las
subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de
renovación y mantenimiento adecuados.
2°) Disponer la compra de todos los materiales y equipos, así como la contratación de
los trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia.
3°) Ordenar la ejecución de todas las tareas de reparación que emerjan de los
relevamientos anteriores.
Artículo 5°.- El Comité de Emergencia tendrá amplias facultades de intervención sobre
Epec y las proveedoras de agua potable con jurisdicción en las zonas declaradas en
emergencia. En ese carácter, podrá solicitar a las mismas la información técnica
necesaria y coordinar con sus departamentos todas las tareas para la emergencia.
Artículo 6°.- El Comité de Emergencia elaborará en forma perentoria un padrón de
técnicos y operarios electricistas y procederá a la inmediata contratación, para la
formación de un mínimo de las cuadrillas de necesarias. La tarea de estas cuadrillas es
atender de inmediato a las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y
todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico, según las solicitudes que emanen de
los distintos barrios. Los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las

2. condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de
Luz y Fuerza.
Artículo 7°.- El Comité de Emergencia colocará a disposición de los barrios afectados
los generadores para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos
habitacionales y predios afectados por los cortes de energía.
Artículo 8°.- Para sufragar a los gastos planteados en esta ley, se crea un impuesto de
emergencia equivalente al 3% de todos los ingresos de los casinos y las máquinas
tragamonedas instaladas en la Provincia. Los fondos serán percibidos por la Lotería de
Córdoba y transferidos al tesoro de la Provincia de Córdoba.
Artículo 9°.- De forma.
Cintia Frencia
Legisladora Provincial
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La escalada de cortes de luz y falta de agua en la Ciudad de
Córdoba y en el Área de Sierras Chicas en las últimas semanas son la consecuencia en
el caso de la energía eléctrica de años de desinversión y por lo tanto de la obsolescencia
de la estructura de distribución de energía. El desquicio ha llegado muy lejos: el colapso
de cámaras, subestaciones y tendidos de cables es el último eslabón del vaciamiento
energético, que arranca en los pozos gasíferos y petroleros y termina en la distribución
domiciliaria de luz eléctrica.
Algo similar sucede con la distribución de agua en la Ciudad de Córdoba donde la
empresa adjudicataria del servicio, Aguas Cordobesas S.A. no realizó obras que
implicarán una adecuación y renovación de redes de acuerdo a las necesidades de la
creciente población; en la zona de las Sierras Chicas donde la crisis hídrica alcanza un
carácter crónico, se revela la ausencia de obras públicas tendientes a solucionar el
problema como podría ser el aprovechamiento de napas subterráneas que son
reservadas para un aumento del 500% de las zonas de riego para el cultivo.
En Córdoba se combinan el proceso de privatizaciones iniciado en
la década menemista, con una gestión estatal que ha estado al servicio de los intereses
privados, como es el caso en Epec.
El alcance nacional del colapso energético no quita un ápice de la responsabilidad a los
gobiernos provinciales y municipales. Las privatizaciones de los „90 fueron la excusa
para que los concesionarios dieran rienda suelta a un incremento incesante de la deuda
externa sustentado en la dolarización de las tarifas internas, y que no se tradujo en
inversiones. Cuando este „modelo‟ estalló junto con la convertibilidad, fue reemplazado

3. por un rescate de las empresas privatizadas fundado en el presupuesto público y en el
deterioro de los servicios. A cambio de pesificar las tarifas, el gobierno toleró que las
privatizadas no invirtieran siquiera en las más elementales tareas de mantenimiento.
Progresivamente, el gobierno fue subsidiando también los gastos corrientes de los
propios concesionarios. Es lo que sucede directamente con Aguas Cordobesas y el
sostenimiento de los negociados con Electoringeniería.
Ahora, la bancarrota del Estado y el vaciamiento energético han
hecho saltar este esquema por los aires. Pero en vez de retirar a los vaciadores del
patrimonio petrolero, gasífero o eléctrico, el gobierno nacional con el apoyo de la
oposición ha puesto en marcha otro rescate de aquéllos. En este caso, a través de un
progresivo retorno a los „90. La reestatización parcial de YPF no ha sido más que una
reprivatización: el retiro de Repsol sólo abrió paso a acuerdos leoninos con Chevron,
fundados en la dolarización de los valores del gas y del petróleo. Como si fuera poco, a
estos contratos confiscatorios le acaban de añadir un resarcimiento multimillonario a la
propia Repsol, sin investigar siquiera la liquidación del patrimonio de YPF que
acometiera esa empresa durante más de una década.
Más temprano que tarde, es evidente que el tarifazo en los
combustibles pretenderá ser transferido al sistema eléctrico, que funciona en un 65%
con usinas movidas a gas o combustibles líquidos. La “huelga de inversiones” apunta a
arrancar el tarifazo..
Otro aspecto central es el vasto régimen de precarización laboral,
a través de subcontratistas y cuadrillas de trabajadores tercerizados. Como ocurre con el
ferrocarril, este régimen de trabajo precario y sin control consume buena parte de los
subsidios del Estado. Naturalmente, la ausencia de un plan único y coordinado de
mantenimiento agrava en todos sus términos la presente emergencia.
Es indudable que el colapso eléctrico es inseparable de un
vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción energética. Pero no es un
secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan
apenas la quinta parte de los precios internacionales. En ese cuadro, la pretensión de una
nueva entrega petrolera con valores “internacionalizados” implica transferir
integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones
ínfimas, y piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios
obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.
Es evidente que este retorno al menemismo plantea un verdadero dislocamiento
industrial y, ni qué decirlo, un golpe a una canasta familiar ya fuertemente golpeada por
la carestía en los alimentos, la vivienda y muchos otros rubros.
En oposición a ese régimen fracasado, el Frente de Izquierda
impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de
petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa
nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como
palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también
deberá ser colocado bajo control obrero.

4. La indolencia de los gobiernos frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos
sólo puede obedecer a una razón: es la preparación „política‟ del tarifazo, que querrán
justificar como única salida frente a la falta de energía.
Ante este cuadro, es necesaria una enérgica intervención popular,
frente a la impotencia de los gobiernos. Ella debe partir de iniciativas elementales frente
al colapso eléctrico, con la intervención directa de los trabajadores y vecinos.
Planteamos la creación de un Comité de Emergencia con representantes de los mismos
y de los bloques políticos de la Legislatura. La emergencia plantea la urgente
reconstrucción de cuadrillas de trabajadores y técnicos, en acción coordinada y estrecha
con las asambleas de vecinos y representantes de las comunas. Asimismo, y hasta que
se alcance una solución de fondo, planteamos la urgente provisión de equipos de
generación que puedan paliar la grave situación de consorcios y complejos
habitacionales con personas impedidas de subir o bajar de sus departamentos, y sin
acceder siquiera al servicio de agua. Para financiar estas medidas, impulsamos un
impuesto extraordinario al juego privado radicado. La crisis nacional -expresada en este
caso por el colapso energético- debe ser pagada por sus responsables, y no por el pueblo
que trabaja.
A partir de estas consideraciones, presentamos este proyecto y
reclamamos a todos los bloques de la Legislatura una Sesión Extraordinaria, para
debatir y adoptar un rumbo popular frente a la emergencia eléctrica.
Cintia Frencia
Legisladora Provincial
Frente de Izquierda y de los Trabajadores