1. Manifiesto del Sindicato Mexicano de Electricistas
en el LI Aniversario de la
Nacionalización de la Industria Eléctrica
“COMPATRIOTAS:
Al tomar posesión la Nación mexicana de la Compañía de Luz,
se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de
México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el
país se produce por manos de mexicanos.
La nacionalización de la energía eléctrica es una meta
alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución…
No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones,
porque contamos no sólo con la energía del gobierno,
que habremos de poner en juego, sino con la lealtad
de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados
permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo…
¡Adelante... México es nuestro!”
Lic. Adolfo López Mateos, 27 de Septiembre de 1960
Con este discurso, el presidente Adolfo López Mateos -ante un Zócalo repleto
de decenas de miles de mexicanos, entre los cuales se encontraban los
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas- definió el carácter social
del servicio público de electricidad, un servicio que debiera ser accesible para
toda la población, eficiente, barato, con condiciones de trabajo dignas para los
electricistas que lo hacen posible y una industria eléctrica nacionalizada que
sirviera de palanca para el desarrollo económico independiente de México.
Hasta ese entonces, el servicio público de electricidad sólo cubría al 40% de la
población, era deficiente, las tarifas inaccesibles y las condiciones de trabajo
precarias, para los electricistas. Todo ello significaba una enorme traba para el
desarrollo nacional. La industria eléctrica en manos privadas y extranjeras solo
beneficiaba a unos cuantos que se apropiaban de las ganancias resultado de la
sobreexplotación de nuestros recursos naturales y humanos.

2. El 29 de diciembre de ese mismo año se agregó al párrafo sexto del artículo 27
de la Constitución el siguiente texto: “Corresponde exclusivamente a la nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y
recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Esta acertada política nacionalista permitió un impulso vigoroso de la industria
eléctrica. En solo dos décadas llevó el fluido eléctrico a casi el 99% de la
población, unificó sus frecuencias, modernizó el servicio, alcanzó un margen de
reserva suficiente en su capacidad de generación y ofreció un precio accesible
para los consumidores, como condiciones de trabajo dignas para sus
trabajadores. Es indudable que todas estas bondades contribuyeron al largo
período de crecimiento económico que se extendió de 1960 a 1975.
La curva descendente del capitalismo, iniciada en 1975-76 y que ahora llega al
punto más bajo que hemos conocido, constituyó el punto de arranque de una
ofensiva neoliberal dirigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional destinada a destruir las conquistas laborales y a imponer la
privatización de los servicios públicos, como mecanismos que permitieran la
recomposición de la tasa de ganancia del capital. Los resultados de esta
política hablan por si mismos: en nuestro país, la ofensiva en contra de la clase
trabajadora, en casi tres décadas, provocó la reducción del 80% de nuestros
salarios reales, la extensión de la jornada de trabajo, la intensificación de la
productividad en el trabajo sin compensación alguna, la cancelación de los más
elementales derechos laborales, un permanente ataque en contra de los
sindicatos democráticos e independientes, así como la privatización de los
servicios públicos y la ruptura del orden constitucional en materia energética.
Las reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE),
realizadas en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para crear
diversas figuras de productores “independientes” de generación de energía
eléctrica, contradicen el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y por lo
tanto dejan en una completa ilegalidad cualquier inversión, permiso o
participación del capital privado en esta materia, así como las concesiones en
su infraestructura de telecomunicaciones (fibra óptica).
Conscientes de esta contradicción jurídica, los ex presidentes Ernesto Zedillo y
Vicente Fox intentaron modificar, cada uno durante su mandato presidencial, el
mencionado párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución y sus respectivas
leyes secundarias, para permitir la participación del capital privado en un sector
reservado con exclusividad para el Estado. La intensa movilización de amplios
sectores de la sociedad encabezados por el Sindicato Mexicano de
Electricistas logró frenar estas reformas privatizadoras. Al final, ambas
iniciativas fueron desechadas por sendos dictámenes en el Senado de la
República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el abril del 2002.

3. La privatización furtiva.
No obstante a los impedimentos constitucionales y actuando completamente a
espaldas del pueblo de México, desde 1992 se viene impulsando una
privatización furtiva del servicio público de energía eléctrica. Al 31 de agosto
del 2011, la Comisión Reguladora de Energía reportó un total de 620 permisos
vigentes de generación en manos privadas, principalmente extranjeras, bajo
diferentes modalidades. En su conjunto, estos permisos representan el 50% de
la capacidad total de generación eléctrica con que cuenta el país. La
participación del capital privado por estos “Productores Independientes” es
fundamentalmente trasnacional. Las empresas españolas, Iberdrola y Unión
Fenosa controlan, a su vez, el 50% de la inversión extranjera. La inversión
privada en el Sector Eléctrico es todo un ejemplo de ilegalidad, despilfarro,
corrupción y la principal causa del injustificado incremento en las tarifas
eléctricas del servicio doméstico.
Del 2001 al 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha trasferido a las
empresas trasnacionales más de 268 mil millones de pesos por compra de
energía eléctrica en bloque a los productores privados. Pero eso no es todo,
los contribuyentes mexicanos estamos obligados a pagar a las empresas
trasnacionales 1.3 billones de pesos en los próximos 25 años a consecuencia
de la desnacionalización de la industria eléctrica. Para amortizar ese pago, la
CFE esta solicitando a la Cámara de Diputados una partida presupuestal de 67
mil millones de pesos para el ejercicio del 2012. Estas trasferencias de
recursos públicos al capital privado son innecesarias y constituyen un
verdadero atraco a la nación, toda vez que México cuenta con un margen de
reserva de energía eléctrica del 47% de su capacidad instalada.
De 2001 al 2009, la generación privada de electricidad paso de 484 MW a
11,457 mientras, que la CFE creció de 36, 236 MW a 38, 927, es decir en el
mismo lapso, los privados crecieron 2,367% mientras que CFE creció sólo un
7.42 %. Para tratar de amortiguar la existencia de la capacidad de generación
excedente, la CFE ha retirado de operación plantas antiguas en perfecto
estado, cuya operación a bajo costo y probada eficiencia productiva resulta
competitiva. Estas plantas retiradas se venden como chatarra y se sustituyen
con plantas de ciclo combinado cuyo costo de importación de gas natural es
sumamente caro y que habrán de pagar los usuarios con tarifas más altas.
También se ha optado por mantener a un mínimo el funcionamiento de las
plantas hidroeléctricas, lo cual es causa directa de tragedias como las
inundaciones ocurridas en Tabasco en 2008 y de una mayor generación de
gases de efecto invernadero.

4. La obsesiva política neoliberal de favorecer la generación privada de
electricidad, por encima de cualquier criterio técnico o financiero arroja un saldo
de escandalosos robos a la nación. Los contratos de operación que la
Comisión Reguladora de Energía otorga a las empresas trasnacionales ofrecen
todas las ventajas y ningún riesgo a los inversionistas. Operan ganando por
partida doble, primero por la venta de energía que al país le cuesta más de 67
mil millones de pesos anuales. Pero también a través de esquemas de
inversión conocidos como PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el
Registro del Gasto), en donde el Estado mexicano asume el riesgo de la
inversión, el abasto del gas natural importado, paga la amortización de la
inversión, los onerosos intereses que generan y otorga contratos que aseguran
la compra del cien por ciento de la capacidad de generación de los privados.
Negocio redondo para las multinacionales.
La Privatización forzosa de la Industria Eléctrica.
Ante el fracaso de las reformas al marco jurídico de la industria eléctrica
impulsadas por Zedillo y Fox, el gobierno de Felipe Calderón se decidió a dar
un salto hacia la privatización forzosa del Sector. Con la extinción de Luz y
Fuerza del Centro (LyFC) se abre un nuevo capítulo en el proceso de
privatización de la industria eléctrica caracterizado por el ataque frontal en
contra del SME y su contrato colectivo, así como por la violación a los
preceptos constitucionales del Artículo 27 y de la propia LSPEE. Al despedir
masivamente a quienes asumieron el deber de la defensa de la Industria
Eléctrica Nacionalizada, el gobierno federal creo condiciones para hacer pasar
a terceros el mantenimiento y la operación de las redes de transmisión y
distribución en la zona de atención de LyFC. A la fecha existen más de 300
contratos con empresas de terceros que operan con trabajadores inexpertos en
condiciones precarias lo que ha ocasionado decenas de accidentes mortales.
El decreto presidencial de extinción de LyFC, violentó la facultad del Congreso
de la Unión de modificar la LSPEE, lamentablemente este poder no ejerció su
derecho de promover una controversia constitucional, por lo tanto, esta ley
continúa contemplando la existencia de este organismo. Por esa razón, el SME
promovió desde el 11 de noviembre del 2010 una iniciativa de ley para crear un
nuevo organismo público descentralizado que suministre energía eléctrica en la
zona centro del país. Esta iniciativa tendrá que ser votada en el pleno de la
Cámara de Diputados. Los diputados de la LXI legislatura están en una
disyuntiva, o restablecen el orden Constitucional y ejercen sus facultades
exclusivas establecidas en el art. 73 fracción X de la Constitución, o seguirán
respetando el acuerdo de Bucareli que incumplió el partido en el poder.
CFE. Empresa de Corrupción Mundial.
Este atropello en contra de la Nación y sus leyes continua y pasa por los
graves casos de corrupción ocurridos en CFE bajo la dirección de Alfredo Elías
Ayub y de los cuales los procesos judiciales en contra de Néstor Moreno Díaz y
María Elena Guerrero Escamilla no son más que la punta del iceberg.

5. El caso de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de CFE encargado
de asumir la operación de la zona centro del país luego del inconstitucional
decreto de extinción de LyFC, es todo un monumento a la descomposición y
corrupción oficial en el actual sexenio. Investigado desde hace casi dos años
luego de conocerse la encarcelación de empresarios norteamericanos
confesos de sobornarlo con la entrega de cuantiosas sumas de dinero, yates y
ferraris, Néstor Moreno Díaz fue detenido por la PGR y puesto en libertad en
menos de 48 horas, para después desaparecer misteriosamente, sin que las
autoridades logren su reaprensión.
Aún más patético es el caso de la trabajadora María Elena Guerrero Escamilla,
ex cajera de la CFE, que desde junio de 2007 está presa por denunciar un
fraude contra el patrimonio de la empresa por 308 millones de pesos.
Por la renacionalización de la industria eléctrica
La reciente experiencia de la privatización de la energía eléctrica en México no
deja la menor duda de su inviabilidad e ineficiencia. México nunca necesitó ni
necesita de la participación del capital privado en esta materia. Reiteramos que
el proceso de privatización de la industria eléctrica es causa directa del
incremento de tarifas y del enorme descontento de la población por ese motivo.
Nos manifestamos en contra de que se siga persiguiendo con saña a las
decenas de miles de usuarios que protestan por los abusos cometidos por la
“empresa de clase mundial” y llamamos a resolver este conflicto a través del
diálogo y del restablecimiento del orden constitucional.
Cumpliendo con nuestra obligación de seguir siendo “soldados permanentes
en la vigilancia de los intereses del pueblo”, los trabajadores electricistas
hacemos un llamado para continuar la lucha por la renacionalización de la
industria eléctrica, para modernizarla y establecer una tarifa social que la haga
accesible a toda la población y por el respeto a los derechos laborales de los
trabajadores afiliados al SUTERM y al SME.
Exigimos el cumplimiento, por parte del gobierno federal, del acuerdo suscrito
el pasado 13 de septiembre para la reinserción laboral en el Sector Eléctrico de
todos los trabajadores que no nos hemos liquidado y la libertad de nuestros 12
presos políticos. Así mismo demandamos un alto al incremento de las tarifas
eléctricas y cese al hostigamiento policiaco y judicial de CFE en contra de los
usuarios del servicio público de electricidad.
A casi dos años de resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, sus
activos y jubilados, se mantienen firmes en la defensa de la Industria Eléctrica
Nacionalizada y convoca a todos los mexicanos a la conmemoración de su 51
aniversario, este martes 27 de septiembre del 2011:

6. 17:00 hrs. Gran concentración electricista y popular por la renacionalización de
la Industria Eléctrica. Monumento a la Revolución. Ciudad de México.
¡¡SOLUCION AL CONFLICTO DEL SME!!
¡¡TRABAJO PARA LOS 16, 599 ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
¡¡LIBERTAD A NUESTROS PRESOS POLITICOS!!
¡¡ALTO AL ALZA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS!!
¡¡FRENO A LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION EN CFE!!
¡¡VIVA LA DIGNA LUCHA DE RESISTENCIA DEL SME!!
FRATERNALMENTE
“POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR”
México, D.F. a 27 de Septiembre del 2011.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
COMITE CENTRAL
COMISIONES AUTONOMAS.