EL CASO DE LA CONTAMINACION
POR PLOMO*
Virginia Matos


      Durante el primer año del siglo XXI el Uruguay fue sacudido ...
La contaminación con plomo que hoy sufren los tejanos, determinó que una de las primeras medidas adoptadas
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conformó la Comisión Interinstitucional integrada en principio por la IMM, el MSP, el MVOTMA, OSE y
Facultades de Química ...
El descontento vecinal recae especialmente en el MSP y en el MVOTMA y en menor medida en la IMM.
Es decir que las autorida...
Pero mientras los vecinos se retiraban de la Comisión se producía una intensa polémica en torno al terreno
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procedido a facilitar el traslado y viviendas a las personas afectadas para alejarlas de las fuentes de contamina-
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Las reacciones políticas frente a este problema oscilaron entre la expresa oposición a la gestión municipal
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      A raíz de la contaminación plúmbica, se han producido anuncios oficiales de acciones necesarias a...
¿Por qué a ningún legislador se le ocurrió plantear la suspensión de algunos de los cientos de contratos de obra
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  1. 1. EL CASO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO* Virginia Matos Durante el primer año del siglo XXI el Uruguay fue sacudido por un problema ambiental inédito: todo un barrio montevideano estaba contaminado con plomo. En febrero de 2001 la directora del Centro de Toxicología de la Facultad de Medicina, Dra. Mabel Burguer, reconocía haber recibido el primer caso clínico de contamina- ción con plomo en agosto de 2000, declarando que se trataba “de un niño de la zona de La Teja residente en la calle Gowland”. A ese primer caso se sumaron cientos, miles, y a más de un año de la salida a luz del problema no es posible conocer las dimensiones que puede tener la presencia del metal a nivel nacional. Para muchos, la contaminación con plomo en el barrio La Teja destapó una Caja de Pandora puesto que a partir de ella se plantearon interrogantes -muchas que siguen sin respuesta- respecto a la presencia de plomo en productos y procesos varios. Pero también se pusieron sobre la mesa otros problemas ambientales que sufre el país y que han estado ausentes en las agendas de los gobiernos de turno. En agosto de 2001, a un año de conocido el primer caso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había realizado 6.200 análisis de plomo en sangre (plombemias) y según información publicada en prensa, son más de 6000 los casos de niños o adultos contaminados. Preocupa sobre todo la situación de los niños, por ser los más vulnerables a los efectos del metal en el organismo. Los valores de plomo en sangre de los niños alcanzan hasta los 60 microgramos por decilitro de sangre cuando lo admitido (hasta hoy) por la OMS son 10 µg/dl. Además se constató que la contaminación no se limita a La Teja, al comprobarse que también está en varios barrios del oeste capitalino, Tres Cruces y Pocitos, y en el departamento de Canelones. La resolución de este conflicto ambiental único, puesto que se trata del primero que movilizó a los tres poderes del Estado, no se visualiza claramente. Ya en abril de 2001, autoridades y técnicos coincidieron en la necesidad de aislar a las personas afectadas de su lugar de residencia para detener el contacto con una de las fuentes contaminantes: los suelos rellenados con escoria de antiguas fundiciones. Todos estuvieron de acuerdo en que mudar a los afectados era condición indispensable para empezar a atacar el problema con eficacia. Pero la concreción de un nuevo techo para estas personas apenas se vislumbra al final de un largo camino. Varias luces amarillas El estudio ambiental nacional, realizado con participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el BID y la OEA (1991), señalaba que los “problemas de salud vinculados a focos de contaminantes químicos seguirán relacionados a la industria. Como no se prevé un incremento industrial sustancial en áreas urbanas, la evolución de este problema depende de revertir la condición actual. Crecerán, sin embargo, los temas vincula- dos a enfermedades pulmonares derivados de la contaminación del aire por el tráfico urbano en los barrios de mayor densidad. Deberá cuidarse también el crecimiento de la intoxicación por plomo que ya demuestra inci- dencia por fuentes puntuales de contaminación provenientes de fábricas y talleres”. Entre 1992 y 1995 la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Química realizó estudios tendientes a evaluar los niveles de plomo de poblaciones uruguayas. Según la directora del Departamento de Toxicología, Nelly Mañay, “se constató la incidencia de los barrios más densamente poblados, transitados y por supuesto, la proximidad a industrias metalúrgicas identificadas en las zonas. Los datos promedio de plomo en sangre en las poblaciones fueron del orden de los 9,5 µg/dL (niños 9,6; adultos 9,1) lo cual representa en el caso de los niños valores promedialmente mayores que en estudios europeos contemporáneos y menores que estudios realizados en ciudad de México”. (*) pp. 147 a 175. En “Políticas ambientales en Uruguay”, E. Gudynas (compilador), Coscoroba, Montevideo, 2001. 1
  2. 2. La contaminación con plomo que hoy sufren los tejanos, determinó que una de las primeras medidas adoptadas fuera la clausura de tres fundiciones de la zona. Según Mañay, en orden de evitar la contaminación “habría que haber controlado sistemáticamente las fuentes industriales del momento y las poblaciones perifabriles que muchas veces se instalan próximas a su fuente de trabajo”. Ante los resultados de los estudios, “se planteó en diferentes mesas redon- das la influencia del tetraetilo de plomo adicionado a las naftas y el gran tránsito vehicular”. La diputada encuentrista Margarita Percovich recordó que la posibilidad de que el combustible con plomo sea una de las fuentes contaminantes “la denunciamos en la Junta Departamental en 1991”. Agregó que luego, con los datos surgidos del estudio de Toxicología “el MSP tendría que haber decretado que este es un problema de salud nacional. Todas las medidas que se están tomando ahora se tendrían que haber tomado hace 10 años”. El origen antiguo del problema también fue planteado por E. Gudynas (CLAES), quien sostuvo que “este caso de la contaminación con plomo no es un accidente agudo sino que son problemas que se vienen arrastran- do desde hace mucho tiempo. La contaminación por plomo revela un proceso crónico de larga data. Si hubieran existido los controles adecuados, sea por la vía ambiental, sea por la vía sanitaria, en la salud de los vecinos, estos problemas tendrían que haberse hecho evidentes mucho antes”. Si bien las señales estaban, hay coincidencia en que el Estado no estaba preparado para enfrentar una situación como la que se dio en La Teja. Solamente se reparó en las señales cuando ya había sido afectada la salud de las personas, tal como señalara la diputada nacionalista Beatriz Argimón, quien fuera presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados: “si esto hubiera pasado por un problema netamente ambiental no hubiera llamado tanto la atención más que a los que tradicionalmente estamos interesados en el tema; tuvo que estar afectada la salud-quienes trabajamos en el tema sabíamos que tarde o temprano podía llegar a suceder-para que esto se instalara en el debate público”. Lentitud de reacción Uno de los puntos más cuestionados por vecinos, ambientalistas y legisladores fue la lentitud con la que se abordó la problemática; un aspecto reconocido por las propias autoridades. Argimón destaca que “estos episo- dios se conocían desde el año pasado y los ejecutores responsables de estas políticas se reunieron por primera vez 72 horas después que los legisladores fuimos al centro comunal. Se debió actuar con mayor anterioridad”. En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero, la diputada también llamó la atención acerca de la dificultad para coordinar acciones. “Hemos tenido la posibilidad de dar respuestas rápidas ante situaciones límite: el cólera, la aftosa. Cuando se detectó la enfermedad aftosa, inmediatamente se planteó un sistema operativo. (...) Me queda claro que se tomaron medidas ante esta situación. Pero realmente me cuesta mucho creer que a esta altura, frente a la angustia de varias familias no pudo constituirse un cordón rápido (...)”. Promediando abril, el problema del plomo había logrado concitar una fuerte atención pública llegando a convocar al Sistema Nacional de Emergencia, el cual anunció que volvería a reunirse transcurridos 10 días para continuar analizando la situación. Pero pocas horas más tarde el país se vio sacudido por un rebrote de aftosa en el ganado. Tal como estaba anunciado, el Sistema Nacional de Emergencia volvió a reunirse pero a raíz del ganado aftósico y no de las personas contaminadas. Vecinos y autoridades: una relación difícil El conflicto comenzó a gestarse cuando las personas afectadas sintieron que poco o nada se había hecho desde agosto a febrero para solucionar su problema de contaminación. La noticia de la contaminación corrió como reguero de pólvora en La Teja y rápidamente los vecinos comenzaron a organizarse. Casi de inmediato instituyeron reuniones vecinales semanales, a veces logrando la participación de las autoridades. Cuando el tema vio la luz pública, los vecinos organizados empezaron a demandar respuestas de las autoridades compe- tentes, fundamentalmente del MSP, que según denunciaron no autorizaba las plombemias porque el examen costaba U$S 55. Desde el Estado se entendió que esta situación sin precedentes requería un abordaje multidisciplinario y se 2
  3. 3. conformó la Comisión Interinstitucional integrada en principio por la IMM, el MSP, el MVOTMA, OSE y Facultades de Química y Ciencias. Los vecinos llegaron al Parlamento y desde un principio fueron recibidos por las Comisiones de Medio Ambiente y Salud Pública de ambas Cámaras. Si bien también se integraron a la Interinstitucional, los vecinos siempre manifestaron desconfianza hacia las autoridades. Al mal precedente que sentaba el haberse sentido ignorados durante muchos meses se sumó una dificultosa comunicación con las autoridades. Hasta el día de hoy siguen reclamando conocer a ciencia cierta las consecuencias de la presencia del plomo en sus organismos. También desde el vamos reclaman la eliminación de las fuentes de contaminación, que, según se informó a fines de marzo, son múltiples: terrenos rellenados con escoria de antiguas fundiciones, la actividad de industrias contaminantes no controladas por el Estado y el tetraetilo de plomo de la nafta. Los vecinos demandaron con éxito que no se les cobrara el importe de las plombemias y la habilitación de policlínicas barriales para la realización de los exámenes cuyo resultado, afirman, no les es entregado sino que se les comunica verbalmente, aspecto que refuerza su desconfianza y demuestra falta de transparencia en los proce- dimientos. También aseguran que no se les proporciona documentación relativa a los análisis de plomo en aire, agua y suelos y que de los dos primeros sólo se les informa que están dentro de los valores normales. La habilitación de una policlínica destinada exclusivamente a los contaminados no satisfizo las demandas sanitarias puesto que sólo se tratan allí a los niños con más de 20 µg/dl, cuando el límite tolerado por la OMS es de 10 µg/dl del metal en sangre. Según el MSP, su accionar está respaldado por parámetros internacionales aunque información internacional indica que con 10 µg/ dl de plomo en sangre o incluso menos, la salud infantil puede ser afectada en forma irreversible. Durante el transcurso del conflicto se instaló una barrera infranqueable entre vecinos y autoridades. La distancia establecida entre quienes teóricamente detentan los conocimientos, y las víctimas, supuestamente “carentes de conocimientos”, y que quedan a merced de lo que resuelvan las primeras. Pero las autoridades sanitarias, que deberían ser los depositarios del conocimiento para enfrentar el problema, reconocieron que en realidad no contaban con ese saber. El propio Dr. Touyá admitió que cuando se detectaron los primeros focos de contaminación el país no sabía como actuar y que la falta de experiencia en estos casos “jugó en contra”en el momento de tomar decisiones. Surge la pregunta, a un año de detectados los casos, ¿no ha sido suficiente para que las autoridades acopiaran los conocimientos necesarios para dar una solución definitiva al problema? Es de suponer que las autoridades efectuaron consultas internacionales al respecto puesto que se conoce el éxito de, por ejemplo, EE.UU. en el abordaje de problemáticas similares. Se conoció públicamente el asesoramiento del toxicólogo brasileño de la OPS, Dr. Carlos Mello Da Silva y sus recomendaciones, ninguna aplicada. Probablemente su aplicación hubie- ra mejorado la situación sanitaria de los contaminados que por el contrario, según se denunció, en algunos casos ha empeorado y podría empeorar aún más debido a condiciones climáticas (vientos primaverales). Esto deja en evidencia la ineptitud del MSP, que centra su atención en los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre, retaceando la atención de los niños con menores valores e ignorando a los adultos contaminados. El MSP sólo hace el análisis de plomo en sangre, y ese nivel puede varias en cuestión de horas, de donde no necesariamente permite conocer la situación real de los afectados. Tampoco fueron felices las actuaciones de las autoridades ambientales. Desde el inicio, el departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM y la DINAMA dijeron trabajar en forma “coordinada”. Ninguna de las acciones implementadas como la clausura de empresas, la identificación de los terrenos contaminados y su posterior hormigonado y la colocación de medidores de la calidad del aire, derivaron en soluciones. A esto se suma el agravante de que el único terreno por ahora dispuesto para el traslado de algunas familias afectadas también está contaminado. Con el argumento de que el vocero de la Interinstitucional es el Dr. Touyá, la DINAMA siempre se mantu- vo en un segundo plano, evitando hacer declaraciones públicas. Esta actitud confirma importantes fallas en la comunicación con los vecinos, asunto de permanente reclamo vecinal. Una molestia recurrente es la vaguedad de las respuestas oficiales. Según los vecinos, las autoridades no brindan datos confiables y ellos lamentan no contar con la asesoría de técnicos independientes que les permita hacer su propio análisis de la situación. 3
  4. 4. El descontento vecinal recae especialmente en el MSP y en el MVOTMA y en menor medida en la IMM. Es decir que las autoridades coloradas, blancas y frenteamplistas respectivamente no supieron responder satis- factoriamente ni mucho menos a las demandas vecinales. La consecuencia fue el alejamiento de los vecinos de la Interinstitucional. La Comisión se resquebraja La necesidad del asesoramiento de un toxicólogo de la OPS evidenció cierta falta de certeza de la Comisión Interinstitucional en las acciones desarrolladas hasta el mes de mayo. Las mismas consistieron básicamente en dar tratamiento especial a los niños con más de 20 µg/dl de plomo en sangre, medidas de higiene y refuerzo de la alimentación para los que poseen valores más bajos. Mello Da Silva recomendó mudar a los menores de dos años estén o no contaminados, la realización de un estudio epidemiológico nacional para conocer “la verdadera situación y establecer medidas a largo plazo”, y la remediación de suelos con el mineral apatita. Ninguna de las recomendacio- nes se concretó en hechos. La actuación de la Comisión, que ya venía siendo cuestionada fue ganando en críticas que a la postre determinaron su resquebrajamiento. Por otro lado, los catedráticos en geología Néstor Campal y Alejan- dro Schipilov habían propuesto a la Comisión el mismo procedimiento de remediación de suelos, reduciendo la biodisponibilidad del plomo. Los científicos cuestionaron el proceder de la Comisión por no considerar la propuesta, y afirmaron que el hormigonado que efectuó la IMM en los suelos contaminados “sólo oculta el problema”. También en mayo, la Facultad de Ciencias retiró a su delegada en la Comisión, la Dra. en Ciencias Am- bientales Gabriela Eguren. Las razones que motivaron su alejamiento es el funcionamiento del grupo “en forma caótica, orientada a buscar soluciones en forma de parche”. Esta casa de estudios también había presentado una propuesta de estudio causal de la contaminación que incluía medidas de prevención y remediación que no obtuvo respuesta. Desde el Parlamento, varios legisladores que siguen el tema advirtieron falta de coordinación y contradic- ciones a la interna del grupo multidisciplinario. La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Raquel Barreiro llamó la atención sobre las contradicciones existentes a la interna del grupo de trabajo. Recordó que una de las carencias en la actuación es la falta de recursos, reconocida tiempo atrás por las propias autoridades. Ante esa realidad la legisladora se mostró sorprendida cuando el ministro Carlos Cat con- testó negativamente a un pedido de asignación de más recursos que desde el Senado efectuó el vicepresidente Luis Hierro López al Poder Ejecutivo. La diputada contrastó esta respuesta con lo expresado a la comisión parlamentaria por el Director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala quien afirmó que “el presupuesto asigna- do no alcanza”. La falta de recursos puede ilustrarse con un solo hecho: en el mes de julio, el MSP había contraído una deuda de 40 mil dólares con la Facultad de Química por concepto de plombemias. Ante el planteo de los senadores respecto a la necesidad de contar con mayores recursos el ministro de Economía Alberto Bensión había expresado públicamente que “todo lo que sean recursos adicionales o gastos adicionales requie- ren de financiación, así que si el Senado está dispuesto a votar nuevos impuestos con mucho gusto”. El lugar que ocupa este problema en la cartera de Vivienda quedó de manifiesto cuando en agosto de 2001 el ministro Cat manifestó que “en determinado momento, los funcionarios del MVOTMA tuvieron que dedicarse 100% al plomo porque en ese momento lo urgente era el plomo”. Queda claro que para Cat la contaminación con plomo no forma parte de las prioridades ministeriales. En agosto los vecinos se retiraron de la Comisión “hasta tanto no se den respuestas concretas y valederas” a la problemática. Sostienen que se busca enterrar el tema y que no existen propuestas relativas a la salud y a la vivienda. Expresaron vivir una situación de “inseguridad e inestabilidad” ante la falta de respuestas de las autoridades. Al retirarse de la Interinstitucional los vecinos denunciaron que las autoridades “manipularon” a los afectados para “aferrarse a un cargo en desmedro del bien común”. Denunciaron que en varias oportunida- des fueron agredidos por integrantes de la Comisión y que los funcionarios públicos jamás han tenido en cuenta a los vecinos de La Teja. Tres meses antes, el ministro Cat había anunciado la construcción de un centenar de viviendas para la reubicación de las familias afectadas ubicadas en La Teja y en varios asentamientos del oeste montevideano. 4
  5. 5. Pero mientras los vecinos se retiraban de la Comisión se producía una intensa polémica en torno al terreno destinado al realojamiento de los vecinos del asentamiento Rodolfo Rincón-también contaminado. Aún no existe una respuesta habitacional para los vecinos de los demás asentamientos afectados quienes denuncian que el MVOTMA no cumplió la promesa del traslado. A la preocupación existente en los vecinos se agregó el hallazgo de plomo en los suelos de tres de cuatro escuelas tejanas analizadas, además de altos índices de zinc. Paralelamente continuaron surgiendo casos de niños contaminados en las proximidades de la fábrica de conductores de corriente Alur ubicada en Canelo- nes; 17 de los 19 niños analizados están contaminados. Ambiente y justicia: una relación inmadura El Dr. Marcelo Cousillas, especialista en derecho ambiental explica que ante un conflicto ambiental “el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a la vía administrativa movilizando a la administración pública. Cuan- do la administración que es el primer recurso, no responde a la necesidad inmediata, la ley plantea al ciudadano dos instancias más: la legislativa o la judicial”. Los vecinos de La Teja recurrieron a estas dos últimas vías; primero al Parlamento como contralor de la administración y con posibilidad de utilizar mecanismos para llegar a aquélla, y también acudieron a los estrados judiciales. Según Cousillas “puede decirse que los conflictos ambientales todavía llegan poco a la justicia, aunque el número es creciente”. Explica que “el mayor porcentaje de juicios ambientales corresponde a procedimientos excepcionales-como la acción de amparo-lo que determina un elevado número de rechazos o pérdidas por el reclamante ambiental”. La ley establece claramente que la acción de amparo es un juicio muy breve y solamente es pertinente “cuando no exista otra vía normal, no de urgencia”. “Podría decirse entonces que estamos ante un sistema de reclamos incipiente; pero no es así. Es posible hablar de un sistema de reclamos todavía inmaduro, cuya característica más señalada es que el demandado o el acusado no es el depredador o el contaminador, sino el Estado, generalmente por su inacción”. Pero también señaló que “específicamente en el tema ambiental existe la posibilidad de que el ciudadano se presente a la justicia incluso con mayores posibilidades que en otros temas. La razón es que en materia ambiental la ley establece que los fiscales, el MVOTMA, las ONGs y aún cualquier interesado, aunque no sea el directamente afectado en sus derechos, puede recurrir a la justicia para que tome intervención; esto se llama jurídicamente intereses difusos: el medio ambiente no es interés de una persona sino que es difundido entre todos”. Un denominador común a los conflictos ambientales es la dificultad que se le presenta a los ciudadanos para acceder a la información. Para Gudynas, “si la gente no tiene información adecuada, completa y veraz, se comienzan a despertar fantasmas y se ven impactos ambientales escondidos a la vuelta de la esquina”. La problemática de La Teja no fue la excepción en lo que a las carencias informativas de los vecinos se refiere. Una de las demandas que figuran en el recurso de amparo presentado ante el poder judicial es precisamente el acceso a mayor información desde los ministerios de Medio Ambiente y de Salud Pública, en particular sobre los resultados de los estudios realizados por este último. Siendo subsecretario de dicha cartera, el Dr. Luis Fraschini admitió que “creo que hubo tal vez una falta de comunicación adecuada”. A fines de abril la jueza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Rosina Rossi intimó al MSP, a la IMM y al MVOTMA a presentar un informe que detalle las “medidas adoptadas respecto a la situación particu- lar de cada uno de los menores” contaminados con plomo cuyas familias solicitaron amparo judicial; días después el caso ingresó a la justicia penal. El juez Juan Carlos Contarín inició la investigación de eventuales responsabilidades personales o estatales, en el marco del capítulo del Código Penal que sanciona los delitos contra la salud pública. También en abril el Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez recibió a vecinos de La Teja a quienes comunicó que instruiría a un fiscal civil para investigar el caso. Esa fue la primera vez que un Fiscal de Corte recibió a vecinos de Montevideo por un tema ambiental. En setiembre tomó cartas en el asunto el fiscal civil Enrique Viana quien pidió al juez José Lobelcho que condene a Ancap, al MVOTMA y a la IMM como responsables de la contaminación con plomo. Viana también planteó prohibir la nafta con plomo más allá del 2003. El fiscal afirma que la IMM y el MVOTMA “no han 5
  6. 6. procedido a facilitar el traslado y viviendas a las personas afectadas para alejarlas de las fuentes de contamina- ción, no hicieron nada para mejorar la condición de los suelos ni anunciaron soluciones alternativas. Han he- cho, para colmo de males, un inadecuado manejo de la información ambiental, lo que a su vez contraría otro de los principios generales de la política ambiental”. También en setiembre se anunció que la abogada Patricia Pérez, que asesora a los vecinos en el recurso de amparo presentado, solicitará a la sede de lo contencioso administrativo que se acelere el proceso que lleva cinco meses sin resolverse. El mes de setiembre cerró con anuncios judiciales importantes en relación al plomo puesto que Peri Valdez aseguró a los vecinos de La Teja que en breve comenzarían los juicios orales y públicos contra el MVOTMA, la IMM y Ancap. Contaminación politizada Concluida una de las primeras reuniones efectuadas entre vecinos y autoridades, el diputado Raúl Sendic señaló que “la información brindada por las autoridades evidenció una serie de carencias existentes en materia de protección ambiental y salud pública (...) Además, quedó en evidencia la carencia de políticas preventivas para este tipo de casos”. Evidentemente el Estado no estaba preparado para enfrentar eficazmente el problema. El Dr. Touyá dijo en el Parlamento que “en el país no estaba planteada ninguna política para trabajar en la contaminación con plomo”. Una de las discusiones de fondo no saldadas se refiere a las responsabilidades que les cabrían a los orga- nismos del Estado en el problema del plomo. Lo cierto es que según lo dicho por la Directora del Departamento de Toxicología, el primer caso se conoció en agosto de 2000, y la Facultad de Química realizó un análisis a ese niño. Según relata la madre del niño (asegurando tener documentación que lo acredita), en octubre se informó al MSP y a la DINAMA. Pero el Director General de la Salud, Dr. Eduardo Touyá admitió haberse enterado de la situación por medio de la prensa en el mes de febrero. Al respecto el diputado Raúl Sendic en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados del 28 de febrero estimó que “faltan mecanismos de alarma que permitan conocer al propio Ministerio y a sus jerarquías cuando se disparan estas situaciones”. Según dijo Lazo en la misma sesión, la IMM “toma contacto con el tema en noviembre de 2000 a través de un fax proveniente del MSP”. Expresó que “respecto a la falta de rapidez o lentitud, deseo manifestar ... esto comenzó con un problema de salud en los últimos meses del año pasado. Aclaro que hubo un caso; la acumulación de casos llegó en los meses de enero y febrero”. Las primeras voces que en el espectro político sugirieron responsabilidad de la IMM surgieron en el seno de la Junta Departamental de Montevideo. A instancias de la edila Cristina Ferro se conformó una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades que pudieran caberle a la comuna. Los cuestionamientos más fuertes se vinculan con el terreno contaminado adquirido por la IMM destinado al realojo de familias afectadas. Según Lazo, las zonas donde se encontró plomo son puntuales y serán limpiadas. Pero Ferro conside- ró que el terreno es inviable y que el plan municipal para volverlo habitable es muy oneroso. La edila sostiene que el traslado de las familias se verá retrasado por las obras que serán necesarias para poner a punto el terreno que además es atravesado por una cañada que deberá ser entubada. El precio que la IMM pagará por el terreno también fue motivo de controversia. Mientras el municipio pagará U$S 390.000 por el terreno, su valor catastral es de U$S 119.071 según informó el director de Acondicionamiento Urbano municipal, Roberto Villarmarzo. Ferro consideró excesiva la diferencia de precios que según Villarmarzo “suelen estar bastante apartados”. A mediados de agosto el Tribunal de Cuentas aprobó la inversión planteada por la IMM. Respecto a los siguientes pasos a seguir, Lazo se desligó señalando que el realojamiento de los vecinos “no depende de nosotros; está basado en los informes que el MSP entrega al de Vivienda”. Finalmente, con los votos del Encuentro Progresis- ta y del Partido Nacional, la Junta Departamental autorizó a la IMM a firmar el convenio con el MVOTMA para donarle a éste el terreno en cuestión. Desde la bancada de diputados del EP se planteó la voluntad de convocar a los ministros de Vivienda y Salud Pública, Cat y Fraschini, en régimen de Comisión General del Parlamento, fundamentada en la falta de soluciones concretas, convocatoria que hasta el momento se limitó a una expresión de voluntad. 6
  7. 7. Las reacciones políticas frente a este problema oscilaron entre la expresa oposición a la gestión municipal manifestada por los ediles colorados, a la inexistencia de una postura común desde el Partido Nacional, al posicionamiento político más definido del EP. Este último se asentó en la toma de posición por parte de varios legisladores encuentristas, la presentación de tres proyectos de ley referidos al tema y en las declaraciones públicas del Dr. Tabaré Vázquez. El líder de la izquierda, respaldado por la mesa política del FA, exigió al MSP que asuma las responsabilidades que le corresponden puesto que “no se pueden diluir en varias entidades o en una Comisión y puesto que se trata de la salud de las personas llamamos a responsabilidad a quien tiene el rol rector de prevenir y asistir en esta área, el MSP”. La mesa política del FA expresó su preocupación “por la demora en definir políticas nacionales sanitarias, de control ambiental, industrial y de ordenamiento territorial, ante la gravedad de la intoxicación por plomo de niños y familias en Montevideo y en otras ciudades del país. Emergencia ambiental La gravedad de lo ocurrido en La Teja determinó que varios actores propusieran emitir declaraciones que fueron desde la “emergencia ambiental” a la “urgencia ambiental”, pasando por la “alarma ambiental” y el “alerta ambiental”. En marzo, E. Gudynas estimó que “ha llegado el momento de considerar esto como una verdadera emergencia ambiental que requiere una comisión, no sólo con representantes de ministerios y de la intendencia sino también de organizaciones ciudadanas con amplios poderes y con vínculo directo con el Mi- nisterio de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, para comenzar con soluciones ya”. Un mes después, y ya reinstalada la catástrofe aftósica, la senadora y médico Mónica Xavier declaró que la contaminación con plomo “debe ser considerada emergencia nacional y deben sacarse recursos de dónde sea”. Este aspecto se discutió en el ámbito parlamentario. Argimón planteó que “estaríamos ante una suerte de alarma ambiental (...) Esta declaración a nivel departamental o nacional significaría una llamada de atención más fuerte (...) Como actores públicos pensamos que si hubiera existido esa declaratoria que hace sentir el peso de la temática a nivel público y social, de alguna forma la respuesta hubiera sido distinta y se hubiera avanzado; me refiero a que la población en general tendría una conciencia distinta de lo que está sucediendo”. El diputado Artigas Melgarejo sostuvo que “estamos ante un ‘alerta ambiental’, no diría una alarma ambiental; que tiene que llevarnos a que todos seamos conscientes de que indudablemente Montevi- deo está mucho más expuesto que otros departamentos”. A un año de la aparición del primer caso y critican- do el abordaje institucional del problema, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, Raquel Barreiro reclamó la formación de un Comité de Crisis con recursos propios porque “es hora de que se reconozca que esto es una emergencia ambiental”. Consultado acerca de los criterios para efectuar una declaración de “emergencia ambiental”, M. Cousillas expresó que “no existe un criterio nacional para tal declaración y lo que es más importante, de producirse la misma estaría vacía de contenido. Los sectores que reclamaron la declaración de ‘emergencia ambiental’, segu- ramente lo hicieron con la buena intención de poner de manifiesto la importancia y gravedad del problema, pero ninguno de ellos supo explicitar qué buscaba con la medida o que consecuencias prácticas reales se producirían a partir de ella. Seguramente, si la decisión la adoptaba un órgano estatal, administrativo o político, la declara- ción sólo hubiera tenido consecuencias políticas. De la misma forma que si lo hubieran hecho sectores ciudada- nos u organizaciones no gubernamentales, la consecuencia hubiera sido social o política en el sentido amplio del término. Pero, cualquiera de ellas, ¿qué hubiera implicado para los organismos comprometidos?, ¿qué obligaciones surgirían para la comunidad?, ¿qué ventajas reales le hubiera aportado a los involucrados en La Teja?” En otras legislaciones existe la figura de la “emergencia ambiental”, pero a ella “le corresponde un régi- men jurídico determinado. Es decir, a partir de la adopción de esa decisión, con obvias consecuencias, políticas, sociales, económicas, etc. se desencadenan situaciones y procesos. Por ejemplo, se refuerzan las potestades y competencias de la autoridad ambiental para tomar medidas o ejecutar acciones que en situaciones normales le estarían vedadas o se abre la posibilidad de recurrir a fondos públicos que de otra forma tendrían otros destinos; pero en todo caso eso debe estar previsto y regulado de antemano”. En algunos países, como ocurre en Chile, la 7
  8. 8. figura de la “emergencia ambiental” “es utilizada para habilitar la aplicación temporaria de estándares de emi- sión más exigentes, impedir la circulación de vehículos no prioritarios, suspender la realización de actividades industriales y otras contaminantes, etc. Pocos días antes de anunciarse que la principal fuente de contaminación son los terrenos rellenados con escoria de antiguas fundiciones, la Red de ONGs Ambientalistas emitió un comunicado de prensa rechazando las declaraciones de los ministros de Salud Pública, Industria y Energía, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y del intendente municipal de Montevideo, quienes consideraron que no existen méritos para declarar Estado de Alerta Ambiental en Montevideo. Esa Red sostuvo que “se debe declarar el estado de urgen- cia ambiental en Montevideo”, el que “sólo podrá ser levantado una vez que se identifiquen los focos y causas de contaminación, y el proceso de contaminación haya sido detenido y revertido”. Para la prof. Mañay, el hecho de que se declare una emergencia ambiental “es como en toda contaminación un problema de riesgo-beneficio. En este caso, surge el problema del efector de la contaminación cuando por lo general se conoce la fuente industrial y los medios de dispersión”. El plomo como alerta Lo sucedido pone sobre la mesa una serie de cuestionamientos relativos a un buen número de situaciones ambientales que hasta el momento no recibían demasiada atención y que empiezan a percibirse como realmente preocupantes. Nadie discute que el plomo de La Teja tiene múltiples fuentes y que, en mayor o menor medida, esas mismas fuentes existen en otras partes de Montevideo y del país. El subdirector nacional de medio ambiente, Lic. Víctor Cantón dijo que “el plomo es un elemento que ha sido utilizado en una variedad de aplicaciones durante varias décadas. El mantenimiento de la producción y utilización de naftas con tetraetilo de plomo en nuestro país es una de las principales fuentes actuales de emi- sión de plomo en el ambiente y en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia que, en términos generales, la totalidad de la población uruguaya esté expuesta a este contaminante como resultado del tránsito vehicular (...)”. Mañay confirmó esta afirmación cuando dijo que hoy la población de Montevideo “tiene nive- les de plomo del orden de entre 9 y 10 µg/dl de sangre”. Según Touyá, “Uruguay alcanzará la meta de tener 10 µg/decilitro en los niños cuando no haya plomo en la nafta, en el agua potable-en los valores que hoy aceptamos-, en las bebidas refrescantes, en el agua mineral y cuando los juguetes no contengan pinturas con plomo. También los fertilizantes aportan plomo y, entonces, debido a los agroquímicos, las zonas suburbanas o campestres pueden tener determinados niveles de este me- tal”. También deben agregarse las emisiones de las industrias que trabajan con el metal, las cuales emiten contaminantes a la atmósfera (plomo incluido) y a los cursos de agua. Desde hace tiempo las autoridades conocen la situación del arroyo Pantanoso cuyos lodos tienen un contenido de plomo sesenta veces más alto que los de la muestra efectuada en Pajas Blancas, además de otros metales pesados. Lazo confirmó que el conteni- do de metales pesados proviene fundamentalmente de las curtiembres. Los estudios detectaron la presencia de ocho metales pesados en suelos tejanos además del plomo. Las baterías de auto constituyen un potencial peligro y su destino es una interrogante. La presidenta de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de diputados, R. Barreiro llamó la atención acerca del hecho de que “nadie sabe adónde van a parar”. Durante el seguimiento parlamentario del tema, varios legisladores plantearon examinar riesgos ambienta- les existentes en el interior del país que se arrastran desde tiempo atrás. Se citaron varios casos como la gestión de los residuos hospitalarios; la contaminación de cursos de agua entre los cuales se destacó la del arroyo Conventos en Cerro Largo y la del río Yaguarón generada por los plantíos de arroz; la fábrica de pórtland de Minas que cambió su funcionamiento a fuel oil por carbón de coque. También se indicó que muchas industrias contaminantes se radican en el interior debido a que los controles ambientales son menos estrictos que en la capital. 8
  9. 9. Anuncios oficiales A raíz de la contaminación plúmbica, se han producido anuncios oficiales de acciones necesarias a implementar para prevenir situaciones como ésta. Uno de los anuncios más importantes fue el que pronunció el ministro C. Cat quien expresó que se establecerá un plazo para la eliminación de nafta con plomo en el país. En igual sentido, y ante el pedido del fiscal Viana para que se prohíba la producción de nafta con plomo más allá de 2003, el director de Ancap, Pablo Abdala dijo que “coincide con los objetivos del Directorio”. Por su parte la IMM anunció que finalmente aplicará la remediación de suelos con apatita propuesta por los geólogos Campal y Shipilov. La técnica se aplicará en forma piloto en el terreno municipal ubicado en Emilio Romero y Ameghino que posee altos niveles de plomo. Asimismo la comuna anunció que planifica realizar un diagnóstico a mediano plazo del nivel de plomo en toda la ciudad. No existen antecedentes de estudios similares así como tampoco se cuenta con estudios recien- tes a nivel nacional que den cuenta de los niveles de plomo en el aire y de los niveles medio de plomo en la sangre de la población uruguaya. El único estudio existente es el realizado por la Facultad de Química ya mencionado. A través del Dr. Touyá el MSP manifestó la voluntad de implementar mayores controles sanitarios: “indu- dablemente después de esto en Uruguay se implementará la recomendación de que una vez al año haya un estudio del plomo en la sangre de los niños”. Aunque se descartó la eventual presencia del metal en el agua potable, Lazo expresó que “OSE cambió algunas de las conexiones largas de plomo por caños de polietileno”. En el país existen 350 mil conexiones de plomo, la mitad de las cuales corresponde a Montevideo. Según el gerente Arturo Castagnino “no existen razones por las cuales el organismo deba emprender un recambio intensivo de conexiones”. Sin embargo se difundió el propósito del ente de sustituir gradualmente las cañerías de plomo en centros educativos, guarderías y comedores. La directora de Control Ambiental de la DINAMA Ing. Marisol Mallo llamó la atención respecto a “la importancia de que el país encare medidas preventivas en materia de calidad de aire, en particular sobre los establecimientos industriales. La idea de la DINAMA actuando en coordinación con las intendencias municipa- les es hacer una evaluación y aplicar las medidas preventivas en la totalidad de las fundiciones de nuestro país, sabiendo que éstas son fuentes reales de emisión de metales pesados a la atmósfera y que no han sido incluidas dentro de ningún sistema de contralor por parte de la DINAMA porque no hay normas nacionales en ese sentido que se puedan aplicar (...) Se trata, de atacar el problema antes de que pueda aparecer. Los problemas de salud no deberían darse, deberíamos actuar en forma preventiva en las distintas fuentes”. Por su parte Cousillas considera “primordial la adopción de medidas preventivas que eviten los impactos ambientales negativos y, por sobre todo, que eviten la producción de afectaciones a la salud a partir de éstos. Son conocidas las ventajas sociales, económicas, jurídicas y aun políticas de las medidas de prevención frente a las de reparación o recomposición. (...) En principio, las medidas deben tender a evitar los impactos ambien- tales negativos en general y, cuando ello no es posible y en base a otras consideraciones esos impactos ambien- tales se admiten, entonces claramente las medidas de mitigación o compensación de esos impactos deben -en primer lugar- anular sus afectaciones la salud humana”. Todo lo descrito sugiere falta de voluntad por parte de las autoridades para dar una solución definitiva al problema. La misma queda de manifiesto en el rechazo a la propuesta de Facultad de Ciencias que planteaba soluciones de fondo y a corto plazo, además de la adopción de medidas preventivas. También se evidencia en el rechazo inicial a la propuesta de remediación de suelos efectuada por los geólogos. Cinco meses después de presentada la misma, la IMM anunció que la va a aplicar. ¿Por qué la IMM demoró cinco meses en comprender las bondades del planteo? ¿Por qué se trajo a un asesor extranjero para que efectuara recomendaciones que no se iban a aplicar? Los legisladores, actores políticos que no tienen competencia en la toma de decisiones, no fueron capaces de obligar a las autoridades competentes de sus propios partidos a adoptar soluciones. La Cámara de Senadores en pleno no fue capaz de lograr que el ministro de Economía Bensión destinara recursos para la contaminación. 9
  10. 10. ¿Por qué a ningún legislador se le ocurrió plantear la suspensión de algunos de los cientos de contratos de obra por los cuales el Estado eroga 28 millones de dólares en asuntos verdaderamente secundarios y que se demostró se respaldan en amiguismo político? La utilización de algunos de esos miles de dólares en la atención de los contaminados ayudaría a solucionar el problema y demostraría la humanidad y sensibilidad que hasta ahora no han exhibido nuestros gobernantes. Tal vez la angustia que sufren los vecinos al continuar en contacto con las fuentes de contaminación podría disminuir si logran mudarse. Pero el MVOTMA anunció que con suerte, la reubicación podría concretarse en los primeros meses de 2002. Siempre se supo que, de concretarse, el traslado no iba a ser inmediato. Es evidente que se requería un realojamiento provisorio para los afectados pero nadie lo demandó. La contaminación con plomo muestra a las claras la inexistencia de políticas ambientales nacionales o municipales y corrobora la incapacidad de actuar en prevención. Las autoridades no tuvieron voluntad o capa- cidad para considerar que este problema podía presentarse dadas las innumerables actividades que perjudican el ambiente que no revisten controles adecuados. Ojalá, como dijo Mello Da Silva, esta epidemia sirva para eliminar otras fuentes de plomo. Sería muy grave que se cumpliera el temor manifestado por algunos vecinos de que en poco tiempo puede desaparecer la responsabilidad del Estado en el tema. Como sociedad no deberíamos permitirlo. 10

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