1. Contrapuntos / ¿Expropiación justificada?
El Norte
(09 Septiembre 2001).-
Guillermo Beltrán Pérez
¿Es más viable expropiar empresas y lesionar la propiedad privada y los fundamentos de la
orientación económica que promueve el Gobierno que impedir la competencia desleal de
productos procedentes del extranjero?
El autor es director general de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera.
"Expropiación" es una palabra que se creía erradicada del diccionario económico y político
de México y significa la adjudicación de una propiedad privada por parte del Gobierno,
para beneficio del interés público, donde el dueño es indemnizado según la ley. Es una
limitación al derecho de propiedad, establecida por la ley (Glosario de términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El primero de diciembre del 2000, el Presidente electo por los mexicanos tomó posesión de
un país deteriorado, con serios problemas estructurales y coyunturales, en el que con
seguridad no se contemplaba, de ninguna manera, el recurso de expropiación como
alternativa de solución. De hecho, si ésta hubiera sido la señal con seguridad la reacción en
los mercados financieros y las expectativas del País no habrían sido nada favorables.
Pero vayamos un poco antes, a la famosa etapa de transición, particularmente a lo referente
al conocimiento de los responsables de dicha transición sobre la problemática de la
agroindustria azucarera en México.
Existe evidencia de que desde septiembre 14, octubre 13 y noviembre 3 del 2000 en
reuniones y por escrito, los productores de caña, obreros e industriales en conjunto
expusieron la problemática del sector y propuestas concretas que deberían atenderse de
inmediato y en las que nunca se contempló la necesidad de medidas tan radicales y
drásticas como la expropiación, pero se señalaba que de no atenderse, derivarían en severos
conflictos al final de la zafra, término con el que se define el proceso de corte de caña, su
molienda y producción del azúcar.
En junio pasado, los industriales azucareros organizados en el País, al no ver acciones de
ningún tipo por parte de la autoridad sobre lo planteado en la transición, expusieron ante el
Presidente de la República sus inquietudes y preocupación por la inminente situación de
crisis aguda que se presentaría por la falta de atención a lo expuesto desde la transición y la
evidente carencia de respuestas concretas y planteamientos del gabinete económico; en
dicho evento, tampoco se contempló la posibilidad de una medida de expropiación.

2. En seguida enumeraré una serie de consideraciones cuya pretensión es la de ubicar el
contexto en el que se tomó la medida, independientemente de las prácticas irregulares que
se señalan por parte de los industriales, mismas para las que en su caso, existen instancias y
recursos legales suficientes para ser atendidas sin la necesidad de una medida extrema
como la expropiación.
En el año de 1990, por una mala decisión del Gobierno federal, se importaron 1 millón 800
mil toneladas de azúcar, cuando las necesidades de importación eran de solamente 632 mil
toneladas, es decir, el País adquirió inventarios no necesarios por alrededor de 1 millón 170
mil toneladas de azúcar.
Al privatizarse, la industria mexicana elevó sus niveles de productividad y logró garantizar
el consumo nacional de azúcar a partir de la zafra 1994-95, ya que produjo 227 mil
toneladas por arriba de las necesidades de consumo en ese ciclo.
El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), en el cual México acordó el acceso de todos los excedentes de azúcar
mexicana a los Estados Unidos a partir de octubre del 2000, aunque desde 1994 ya estaba
en condiciones de hacerlo.
El Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF), sustituto del azúcar, tuvo acceso al mercado
mexicano y se empezó a producir localmente desde el año de 1996, cuatro años antes de
que México tuviera derecho a exportar todos sus excedentes al mercado americano.
Desde 1996 al año 2000 se ha producido e importado JMAF que desplazó 2 millones 700
toneladas de azúcar mexicana, mientras que México sólo exportó 114 mil toneladas al
mercado americano. Lo anterior obligó a la industria a exportar al mercado mundial el resto
del excedente, asumiendo pérdidas por el orden de los 400 millones de dólares anuales.
El Gobierno de los Estados Unidos se negó a cumplir el TLCAN en materia de azúcar, ya
que no permitió la entrada de los excedentes de azúcar mexicana a los Estados Unidos tal
como lo indica el citado Tratado y a pesar de sus necesidades de más de un millón de
toneladas del endulzante.
Ante la negativa de los Estados Unidos de acatar el TLCAN, México solicitó la instalación
de un panel de controversias con base en el capítulo XX del Tratado, proceso que ha
mostrado ser de resultados lentos.
La industria azucarera no pudo cumplir, en tiempo y forma, con el compromiso de pago de
la caña debido a la drástica caída del precio interno del azúcar en México, consecuencia de
una sobreoferta de azúcar provocada por importaciones indebidas en 1990 y agudizado con
la imposibilidad de tener acceso al mercado americano, además del incumplimiento de las
cuotas de exportación asignadas.
Lesionar la propiedad privada

3. En México, ¿es más viable expropiar empresas y lesionar la propiedad privada y los
fundamentos de la orientación económica que promueve el Gobierno federal que impedir la
competencia desleal de productos procedentes del extranjero o producidos en el País con
materias primas importadas con subsidio?
¿Cuál será el impacto en los consumidores domésticos de azúcar o de bienes producidos
con este endulzante?
¿Cuál será el impacto en los costos de producción del consumidor industrial de este
producto, principalmente en la industria de menor tamaño y la de exportación?
¿Seguirá nuestro Gobierno tomando este tipo de medidas cuando se le acabe el tiempo y,
por no actuar con premura, tenga que tomar una decisión?
¿Evaluará y emitirá su opinión la Comisión Federal de Competencia Económica sobre el
nivel de concentración y las implicaciones que podría tener, desde el punto de vista de
posibles prácticas monopólicas, la nueva empresa del Gobierno que producirá el 47 por
ciento del azúcar en México?
Algo de esto sólo el tiempo lo resolverá, por lo pronto hay que esperar a ver qué forma
tomará la nueva empresa paraestatal y quienes la manejarán, es cuestión de hacer memoria
y revisar un poco el pasado.
gbp@prodigy.net.mx
Ernesto Sepúlveda
La expropiación de ingenios azucareros confirma la necesidad de definir una política de
desarrollo agroindustrial congruente con el entorno económico internacional y sensible a
las necesidades sociales del País.
EL autor es doctor en economía por la Universidad de Essex y profesor-investigador de la
Facultad de Economía de la UANL.
La expropiación de 27 ingenios azucareros decretada la semana pasada representa la punta
de un iceberg que ha crecido en los últimos años. Si bien el uso de la figura de expropiación
para hacer frente al problema de solvencia de estos ingenios ha ocupado un lugar
preponderante en el debate público, la discusión debiera enfocarse a los problemas
estructurales que desde años atrás padece el sector agroindustrial mexicano.
Las dificultades de la industria azucarera mexicana son añejas, no se resolvieron con la
privatización de los ingenios de finales de los años 80, y se han agudizado con la apertura
comercial y la globalización.
Tradicionalmente la industria azucarera creció como resultado del control y la protección
otorgada por el Estado. La aplicación de precios de garantía para la caña de azúcar, el

4. establecimiento de aranceles y cuotas a la importación de azúcar y sus substitutos, la
administración del precio de venta del endulzante, y subsidios directos a la operación
propiciaron un crecimiento desequilibrado y deficiente del sector.
Se debe reconocer, sin embargo, que esta estrategia proteccionista arrojó beneficios
sociales importantes. La industria azucarera ha sido por muchos años la agroindustria más
grande del País y una fuente muy importante de empleo en el campo.
La construcción de escuelas y hospitales y la provisión de servicios sociales a cañeros y sus
familias pudieron ser materializados dentro de este esquema bajo el liderazgo de los
sindicatos azucareros y con el apoyo del Gobierno federal.
No obstante, este modelo de desarrollo resultaba sumamente oneroso para la sociedad e
imponía una severa carga presupuestal al Gobierno federal. Por ello, y ante la necesidad de
mantener finanzas públicas sanas a fin de reducir la inflación, en octubre de 1987 el
Gobierno decidió eliminar los subsidios a esta industria y replantear el funcionamiento del
sector: el mercado del azúcar sería liberalizado y abierto al comercio internacional.
Aunque este cambio de política apuntaba en la dirección de la modernidad y el desarrollo
eficiente de la industria azucarera mexicana, su instrumentación resultó sumamente
deficiente.
Una de las fallas cruciales consistió en que el proceso de privatización de los ingenios no
fue precedido por reformas sustantivas en las relaciones productivas y laborales. Asimismo,
los tiempos de la apertura comercial obedecieron más a intereses ajenos al sector que a las
necesidades económicas y sociales del mismo.
En la actualidad, la principal dificultad para el funcionamiento de los ingenios expropiados
es la imposibilidad de éstos para colocar el total de su producción a precios que permitan
cubrir sus costos de operación y hacer frente al servicio de su deuda. Más grave aún, puesto
que la mayor parte de los adeudos de estas empresas fue adquirida con la banca de
desarrollo, el Gobierno federal nuevamente tendrá que asumir costos de una privatización
deficiente.
Responsabilidad social
Lo anterior no implica que la decisión de expropiar haya sido inadecuada. Finalmente, el
Gobierno tiene responsabilidad social con los productores de caña y demás trabajadores
relacionados a la industria azucarera.
Sin embargo, hablar de una rápida reprivatización no sólo parece aventurado sino
potencialmente peligroso. La experiencia sugiere que la prioridad del Gobierno en la
privatización de ingenios azucareros no debe ser la velocidad de su venta, sino el
establecimiento de condiciones efectivas que permitan la modernidad del sector y su sano
desarrollo una vez que opere bajo la iniciativa privada.

5. Quizá el primer paso para lograr este objetivo es reconocer que, bajo las nuevas
condiciones de mercado, la industria azucarera ya no puede ofrecer los enormes volúmenes
de empleo que prevalecían cuando este sector se encontraba bajo el control y la protección
del Estado.
La imposición de cuotas a la importación de azúcar mexicana a los Estados Unidos
(justificadas o no), la rápida eliminación de aranceles, cuotas e impuestos compensatorios a
la importación de fructosa y otros azúcares a México, y la disminución relativa del uso de
azúcar de caña en el consumo industrial y domestico nacionales, han reducido
drásticamente la viabilidad del sector en su escala actual.
Cualquier intento de privatizar los ingenios que no reconozca esta realidad, y que facilite el
redimensionamiento de esta industria, tendrá muy pocas posibilidades de éxito.
Por lo anterior, el reto más importante que ofrece la crisis de la industria azucarera parece
ser diseñar una política de desarrollo agroindustrial de largo plazo que ofrezca
oportunidades de empleo en el campo para la producción de otros bienes.
De la misma manera que la diversificación de exportaciones se ha considerado como una
medida prioritaria para reducir la dependencia de la economía mexicana de las
fluctuaciones del precio internacional del petróleo, la diversificación de la producción
agropecuaria debiera ser una prioridad para resolver el problema del empleo en el campo.
Si el Gobierno o el sector privado han de invertir nuevos recursos en esta agroindustria,
éstos debieran ser destinados a la modernización del sector, con el propósito de hacerlo
autosustentable en el largo plazo, y no para mantener artificialmente niveles elevados de
empleo, cuyo costo, tarde o temprano, es absorbido por la sociedad.
espulve@ccr.dsi.uanl.mx
Con la colaboración del Dr. Ramón
Guajardo, especialista en economía agrícola de la Facultad de Economía de la UANL..
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