Contratacion estatal

REGIMEN DE CONTRATACION ESTATAL
EN COLOMBIA
Ley 80 de 1993 – Ley 1150 de 2007
D.R. 2474 del 7 de julio de 2008

QUE ES EL CONTRATO ESTATAL

• Es el celebrado por el Estado (Noción de Estado)

• Noción de contrato en materia civil - Noción de autonomía de la
voluntad.

• Artículo 32 de la Ley 80 de 1993: “actos jurídicos generadores de
obligaciones celebrados por las entidades estatales, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la
autonomía de la voluntad”.

Contratos enunciados:

– Obra
– Consultoría
– Prestación de servicios
– Concesión
– Encargos fiduciarios y fiducia pública

JLT Valencia & Iragorri

TIPO DE CONTRATOS ESTATALES

• Obra: Su objeto es la
construcción, mantenimiento, instalación o cualquier otro
trabajo material sobre un inmueble.

• Consultoría: Su objeto es la realización de estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de
inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de
proyectos específicos, asesorías
técnicas, interventoría, asesoría, gerencia de obra o de
proyectos, dirección, programación y ejecución de
diseños, planos anteproyectos o proyectos.

• Prestación de servicios: Su objeto es desarrollar
actividades relacionadas con la administración y
funcionamiento de una entidad. Solo se pueden celebrar
con personas naturales cuando la planta no tenga el
personal especializado y no generan relación laboral con
la Entidad.

TIPO DE CONTRATOS ESTATALES

• Concesión: Su objeto es otorgar a un concesionario la
prestación, operación, explotación u operación total o parcial
de un servicio público, o la construcción, explotación y
conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso
público, a cambio de una remuneración que puede consistir en
derechos, tasa, tarifas, valorización o participación en la
explotación.

• Encargos fiduciarios y fiducia pública: Su objeto es la
transferencia a una Entidad Fiduciaria vigilada por la SFC de
recursos vinculados a los contratos estatales para su
administración y manejo. Tiene reglas especiales respecto de
la fiducia mercantil y control especial.


PARTES DE LOS CONTRATOS ESTATALES

El Estado La Entidad Estatal (Art. 2 de la Ley 80 de 1993)
El Contratista:
Personas naturales o jurídicas (cuya duración no sea
inferior al plazo del contrato y un año más)
Individual o conjuntamente mediante consorcios o
uniones temporales o promesas de sociedad
(responsabilidad igual a la de los consorcios)
Legalmente capaces según las disposiciones legales
vigentes.


CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO
• Concepto de capacidad:

Personas naturales plena de goce y ejercicio regla general.
salvo que la ley declare incapaz (absolutos: menores
impúberes, sordomudos y dementes relativos: menores
púberes y disipadores interdictos).

Personas jurídicas, goce pleno y restringida su capacidad de
ejercicio a su objeto social.

• Régimen de inhabilidades e incompatibilidades (Art. 8 de la
ley 80 de 1993).

Diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad.
Interpretación y aplicación restrictiva.
Naturaleza moral y ética.


INHABILIDADES PARA CONTRATAR
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades
estatales:

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes
participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior
estando inhabilitados. c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia
judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y
quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. e) Quienes sin justa causa se
abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. f) Los servidores públicos. g) Quienes sean
cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado
propuesta para una misma licitación o concurso. h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas,
en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una
sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso. i) Los
socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Las
inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que
impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán
por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la
participación en la licitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del
plazo para su firma. j). las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente
por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y
soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá
a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas
abiertas.”

Parágrafo 1: En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen
por muerte o por disolución del matrimonio (Literal j y par. Incluidos por ley 1150).

INHABILIDADES PARA CONTRATAR

2o. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad
respectiva:

a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad
contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha
del retiro. b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles
directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que
ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante. c) El cónyuge, compañero o compañera
permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la
junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. d) Las
corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de
abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas
en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o
consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o
desempeñe cargos de dirección o manejo. e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta
incompatibilidad sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del
sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.

PARÁGRAFO 1o. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo no se aplicará
en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando
por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en
ellas cargos de dirección o manejo. PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el
Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.


INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR (SOBREVINIENTES Y EXCEPCIONES)
ARTÍCULO 9o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.
Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el
contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere
posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en
un proponente dentro de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la
participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la
inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión
temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad
contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el
consorcio o unión temporal.

ARTÍCULO 10. DE LAS EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades
de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo
hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente
estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las
personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las
juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni
quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución
Política.


PARTICIPACION CONJUNTA DE CONTRATISTAS
POSIBILIDADES DE CONTRATAR:

1. CONSORCIO
• Presentación conjunta de la propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución
de un contrato
• Responsabilidad solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
• Sanciones afectan por igual

2. UNION TEMPORAL
• Presentación conjunta de la propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución
de un contrato
• Responsabilidad solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
• Sanciones afectan según participación en la ejecución del contrato.
• Se debe indicar en que modalidad se participa, en caso de U.T. se señalan los
términos y extensión de participación.
• Se deben designar representantes legales

3. POSIBILIDAD DE PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA, RESPONSABILIDAD
IGUAL QUE PARA CONSORCIOS


CUALES SON LAS ENTIDADES ESTATALES

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL
La Nación, regiones, departamentos, provincias, Distrito Capital y Distritos
Especiales, áreas metropolitanas (conformadas por 2 o más municipios con
relaciones económicas, sociales y físicas se coordinan para realizar el desarrollo
armónico del área), asociaciones de municipios, territorios indígenas o
provincias y municipios.

DESCENTRALIZACION POR SERVICIOS Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales,
Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado con participación estatal
superior al 50% del patrimonio, sus filiales y subsidiarias, demás personas
jurídicas donde la participación del Estado sea mayoritaria cualquiera que sea la
denominación que adopten. Se incluyen de forma expresa las C.A.R. y
FONADE (ley 1150 de 2007)


ENTIDADES ESTATALES

•ORGANOS DEL PODER PÚBLICO
Rama Legislativa (Senado y Cámara), Rama Ejecutiva, Rama Judicial
(incluyendo la Fiscalía General de la Nación), Ministerio Público Procuraduría y
Contraloría, Organo Electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil).

•COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CONFORMADAS POR ENTES
TERRITORIALES

•TODOS LOS DEMÁS ÓRGANOS DEL ESTADO A LOS QUE LA LEY LES
OTORGUE CAPACIDAD PARA CELEBRAR CONTRATOS (CNT, CREG, CRA,
CRT)


EXCEPCIONES AL REGIMEN DE CONTRATACION
ESTATAL PARA ALGUNAS ENTIDADES

• Las Empresas Sociales del Estado: Puesto que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 194 de la ley 100 de 1993 y su decreto
reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado
constituyen una categoría especial de entidad pública. Al disponer el
régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, la ley 100 de
1993 señaló en el numeral 6 de su artículo 195 que, en materia
contractual, se regirán "por el derecho privado", pero con la facultad
para utilizar discrecionalmente "las cláusulas exorbitantes" previstas en
el estatuto general de contratación de la administración pública.

• Las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios: Por
expresa disposición de las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 se rigen en
sus actos y contratos por el derecho privado. Pueden ser Empresas
Industriales y Comerciales de Estado o Sociedades Anónimas con
capital mixto, algunas de ellas han adoptado Estatutos Internos de
Contratación que reproducen muchas de las disposiciones establecidas
para la selección de contratistas de acuerdo con el régimen establecido
en la Ley 80 de 1993 y ahora en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

• Los contratos de servicios de telecomunicaciones tienen un régimen de
contratación especial de acuerdo con los artículos 33 a 36 de la Ley 80 de
1993.

• Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 80 de
1993, se regirán por la legislación especial aplicable a dichas actividades.

• Art. 13 de la Ley 80 de 1993: Contratos que se celebren en Colombia y se
ejecuten en el extranjero se pueden someter a Ley extranjera, o los
celebrados en el extranjero. Los contratos financiados con recursos de
organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de derecho
público u organismos de asistencia y ayuda internacional.

• Las Universidades Públicas, por expresa disposición de la Ley 30 de 1992,
se rigen en sus actos y contratos por el Derecho privado.

• Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías
de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal (art. 15
Ley 1150 de 2007)



• Las Empresas Industriales y Comerciales y sociedades de Economía mixta con
participación superior al 50% que se encuentren en competencia con el sector
privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados
monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas
y comerciales. Sin desconocer los principios de la función pública y el régimen
de inhabilidades de incompatibilidades del Estatuto de Contratación (Art. 14 Ley
1150 de 2007 y 51 decreto 2474 de 2008).

• Los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes. (Art. 14 Ley 1150 de 2007) .

• Los contratos que celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la
Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria
naval, marítima y fluvial -COTECMAR- y la Corporación de la Industria
Aeronáutica Colombiana -CIAC-, no estarán sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de la Administración Publica y se regirán por
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad. Sin
desconocer los principios de la función pública y el régimen de inhabilidades de
incompatibilidades del Estatuto de Contratación (Art. 16 Ley 1150 de 2007 y 51
decreto 2474 de 2008).


FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL

OBJETIVOS
1. Servidores Públicos
• Cumplir con las finalidades del Estado
• Continua y eficiente prestación de los servicios públicos
• Efectividad de los derechos de los administrados que colaboren en la
consecución de esos fines
2. Particulares Contratistas
• Obtener utilidades cuya protección garantiza el Estado (Derogado art.
32 Ley 1150 A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados “..
la expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección
garantiza el Estado” del inciso segundo del artículo 3°..” más adelante se
analiza el impacto del art. 4 de la ley 1150 de 2007 sobre esta disposición)
• Colaborar en los fines del Estado
• Cumplir función social que implica obligaciones


DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. ENTIDAD ESTATAL
•Exigir ejecución idónea y oportuna del trabajo contratado (al contratista y a su
garante)
•Realizar el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías a que
haya lugar
•Mantener equilibrio económico (ajuste y revisión de precios)
•Revisar la ejecución del contrato y exigir que se cumplan especificaciones e
iniciar acciones de responsabilidad cuando no sea así (por lo menos cada 6
meses)
•Exigir calidad de bienes y servicios adquiridos
•Buscar la reparación de los perjuicios causados con ocasión de los contratos
•Llamar en garantía y repetir por los perjuicios contra los servidores públicos,
contratistas o terceros responsables
•Evitar que por causas imputables a ellas sobrevenga mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de los contratistas JLT Valencia & Iragorri

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2. CONTRATISTA:
•Velar por el cumplimiento del objeto contractual
•Obrar con lealtad y buena fe en las etapas del contrato evitando dilaciones
•Recibir el pago de la remuneración pactada oportunamente y sin que su valor
intrínseco se modifique durante la ejecución y en consecuencia, solicitar el
equilibrio contractual (analizar impacto del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007)
•Obtener la protección de los derechos derivados del contrato
•Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados
•No acceder a peticiones o amenazas ilegales e informar dichas situaciones a la
entidad contratante
•Estar afiliados y cotizando al Sistema de Seguridad Social y realizar pagos de
parafiscales (art. 23 Ley 1150 de 2007, decreto 510 de 2003)


DE LA DISTRIBUCCION DE RIESGOS EN LA CONTRATACION Y SU
IMPACTO RESPECTO DE LA ECUACION ECONOMICA

Ley 1150 de 2007 Artículo 4. De la distribución de riesgos en los
contratos estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes
deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles involucrados en la contratación. En las licitaciones
públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la
presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la
asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución
definitiva.

Norma vigente desde enero 16 de 2008



Hasta el advenimiento de la ley 1150 del 16 de julio de 2007, la ley
80 de 1993 precavía algunos mecanismos de aseguramiento de los
siguientes riesgos inmersos en la contratación del estado:

• Los riesgos de incumplimiento de proponentes y contratistas
trasladados vía seguro o aval bancario

– En etapa precontractual a través de la garantía de seriedad de oferta art.
25 # 19
– en la etapa contractual y poscontractual a través de la garantía única de
cumplimiento art. 25 # 19 y decreto 679 de 1994

• Los riesgos de responsabilidad por daños a terceros efectuados por
los contratistas del estado, trasladado vía seguro de responsabilidad
extracontractual exigible para ciertos tipos de contratos de acuerdo
con el decreto 679 de 1994

• El riesgo de ruptura del equilibrio financiero del contratista por causas
no “imputables” a él, en cabeza del estado a través del
restablecimiento económico


ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si
dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma
de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere
lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo
25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos
pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.

La relación contractual, durante su nacimiento y durante el desarrollo práctico, puede verse afecta por varias
vicisitudes, unas referidas a la conducta de los contratantes y relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento estricto de lo pactado, otras atinentes a las mutaciones de las circunstancias externas dentro de
las cuales se ejecuta el contrato y que pueden ser de naturaleza económica u obedecer a razones de orden
jurídico.

Sobre el tema de la ecuación contractual, ha sostenido el Consejo de Estado ha sostenido que el Estado, con el
fin de cumplir los fines esenciales consagrados en la Constitución y en la ley, acude a la contratación de
particulares ante la imposibilidad de asumir por si mismo la ejecución de las tareas necesarias para lograr su
cometido. El particular se compromete con la consecución de tales fines, movido por el ánimo no solo de
colaboración sino especialmente para reportar un provecho económico a su favor. Desde la propia
génesis del contrato, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que deriva del mismo. Para la
administración, el logro de los fines esenciales del estado y, para el contratista, la obtención de un provecho
económico en su favor. Es en este momento histórico, cuando surge la regulación económica del convenio al
cual debe ser referida la ecuación financiera del contrato. Será entonces dicho momento, el que marca el punto
de partida de la regulación financiera del negocio, directriz que habrá de guiarlo durante toda su existencia.

Cuando se rompe el equilibrio financiero del contrato, el contratista efectivamente tiene derecho a exigir
su restablecimiento. A pesar de que el particular debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier
negocio, ello no incluye el deber de soportar un daño económico.


DE LA DISTRIBUCCION DE RIESGOS EN LA CONTRATACION
Y SU IMPACTO RESPECTO DE LA ECUACION ECONOMICA

Como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, el equilibrio económico puede verse alterado
durante la ejecución del contrato, por las siguientes causas:

• Por actos o hechos de la entidad administrativa contratante.
• Por actos de la administración general como Estado. Hecho del Príncipe.
• Por factores exógenos a las partes del negocio.

La primera causa se presenta cuando el rompimiento de la ecuación financiera del contrato estatal, se
produce por la sola actuación de la administración como contratante; por ejemplo, no cumple en la
forma debida con las obligaciones derivadas del contrato, de cuyo comportamiento se deriva la
responsabilidad para la administración. En este grupo puede ubicarse el uso de los poderes
exorbitantes de la administración – modificación, interpretación y terminación unilateral -.

La segunda causa conocida también como Hecho del Príncipe, se presenta por causas imputables al
Estado, como el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta
mediante leyes o actos administrativos de carácter general.

La tercera causa, tiene que ver con la teoría inicialmente enunciada como la de la imprevisión, que
involucra circunstancias no imputadas al Estado, externas al contrato, pero con incidencia en él. La
Teoría de la Imprevisión, solo se aplicará al reunirse las siguientes condiciones:

• Que durante la ejecución del contrato se produzcan hechos imprevisibles en el mismo.
• Que la ocurrencia de estos hechos sean ajenos a la voluntad de los contratantes. Como por ejemplo
una crisis económica, la presencia de un estado de guerra, hechos de la naturaleza como
terremotos.
• Que se produzcan efectos serios en la ejecución del contrato, que eviten que este pueda cumplirse
plenamente.



Pues bien, el articulo 4 de la Ley 1150 contempla la necesidad de identificar todos aquellos riesgos del Estado
y los proponentes-contratistas, es decir reconoce que además de los riesgos de incumplimiento,
responsabilidad de contratistas frente a terceros y ruptura del equilibrio económico por causas no imputables
al contratista (hecho del principe, potestades excepcionales), pueden existir causas previsibles que afectan la
carga financiera del estado y/o el contratista que deben, para la adecuada marcha de la gestión contractual y
finalidad de las partes en la contratación, el decreto 2474 claramente limitó esto a:

• Decreto 2474 art. 3 #6 En los estudios y documentos previos se debe soportar la estimación, tipificación y
asignación preliminar de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico

• Decreto 2474 art. 89 Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como
riesgos involucrados en la contratación TODAS AQUELLAS CIRCUNTANCIAS AJENAS A LAS
PARTES, QUE DE PRESENTARSE EN DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO, PUEDEN
ALTERAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL MISMO. EL riesgo será previsible en la medida que
sea identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales. La
Entidad en el proyecto de pliego de condiciones deberá tipificar los riesgos que puedan
presentarse y cuantificar su posible afectación a la ecuación financiera, deben señalar el sujeto
contractual que soportará el riesgo total o parcialmente en caso de concretarse o la forma en
que se reestablecerá el equilibrio contractual cuando se vea afectado por el riesgo. Los
proponentes deben pronunciarse al respecto:

• A. En la etapa de observaciones al pliego.
• B. En la audiencia que sea convocada , esta audiencia puede ser:

1. Audiencia de aclaración de pliegos # 4 art. 30 3 días hábiles anteriores al inicio de plazo para
presentar ofertas.
2. Audiencia previa al proceso.



LABOR DE ADMINISTRACION DE RIESGOS A CARGO DE LAS ENTIDADES FRENTE A CADA CONTRATO
(art. 4 de la Ley 11 50)

• Identificación

Labor no prevista en la norma y que comprende la determinación, evaluación y abstracción de obligaciones
y derechos a cargo cada una de las partes, según el tipo negocial de que se trate (obra, consultoría,
prestación de servicios, consecución o cualquier otro acuerdo de voluntades típico o atípico), los tiempos
para su cumplimiento y las circunstancias implícitas o exógenos que puedan alterar financieramente el
objetivo de cada una de las partes, sus bienes o los derechos en ellas inmersos. Pondré un ejemplo muy
básico de esta identificación: contrato de obra obligación de entregar obra según planos y especificaciones
y en el tiempo programado por el valor acordado, durante la ejecución se paraliza la obra porque el
contratista fue víctima de una infidelidad financiera sobre los recursos asignados a cumplir el contrato y
como consecuencia tuvo perdidas financieras. Es un riesgo que emana del contrato sí, es un riesgo de
incumplimiento no, tampoco lo es de responsabilidad frente a terceros, no es un riego de ruptura de
equilibrio financiero pues no se trato de un hecho del príncipe, ni del ejercicio de una facultad exorbitante y
tampoco es imprevisible, se puede tipicar sí: como un riesgo financiero, se puede cuantificar sí se puede
asignar sí (al contratista) se puede mitigar sí (con medidas de administración)

• Tipificación: definición
• Estimación: cuantificarlos
• Asignación: determinar a quien corresponde
• Característica de los riesgos: previsibilidad

CON EL DECRETO LA LABOR ES LA MISMA, PERO SE REDUCE AL RIESGO DE DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO


MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Ejercicio del control y vigilancia de la ejecución contractual (art. 27 “En los contratos
estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones
surgidos en el momento de proponer o de contratar, según el caso.)

Como consecuencia de dicho ejercicio pueden imponer cláusulas excepcionales para
evitar la paralización o ejecución grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la
inmediata ya adecuada prestación de los mismos. Procede recurso de reposición y
acción contractual (art2. 14 y 77 L. 80) y debe procederse al reconocimiento y pago
de compensaciones para resarcir la ecuación contractual

•Interpretación unilateral de cláusulas por acto administrativo
•Modificación unilateral mediante supresión o adición de obligaciones y derechos por acto
administrativo, si las modificaciones alteran el equilibrio económico en más del 20% del
valor inicial el contratista puede renunciar a su ejecución, se liquida el contrato y la entidad
toma medidas necesarias para garantizar la terminación del objeto
•Terminación unilateral por acto administrativo (art. 17)
•Declaración de caducidad (art. 18)
•Reversión en contratos de concesión (art. 19)


MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

•Obligatoriedad de pactar cláusulas exorbitantes:

En contratos cuyo objeto sea ejercicio de una actividad de monopolio estatal, la
prestación de servicios públicos, explotación o concesión de bienes del Estado y
contratos de obra.

•Posibilidad de pactar cláusulas exorbitantes: En contratos de prestación de
servicios y suministro.

•Debe prescindirse de cláusulas exorbitantes en los siguientes contratos:

•Celebrados con personas públicas internacionales o de cooperación, ayuda o
asistencia.

• Interadministrativos, empréstito, donación, arrendamiento.

•Contratos cuyo objeto sean actividades industriales o comerciales o actividades
científicas o tecnológicas y contratos de seguros.


COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O
CONCURSOS
Entidades estatales el jefe o representante legal de la entidad

• Rama ejecutiva.- Territorial y por servicios
• Legislativa
• Judicial
• Ministerio público
• Fiscalía
• Registraduría

Delegación.- Se puede delegar total o parcialmente la competencia en
servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo o
ejecutivo o sus equivalentes art. 12 Ley 80 de 1993.

(Art. 21 Ley 1150 de 2007: En ningún caso, los jefes y representantes
legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de
la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad
precontractual y contractual. Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se
entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que
realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique
autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las
actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa
no procederá ningún recurso.

LEGISLACION APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES

Legislación Civil y Comercial

Ley 80 de 1993 en las materias que particularmente regule

Los contratos celebrados en el exterior se regirán por la Ley del país
donde se hayan suscrito, salvo que se deban cumplir en Colombia.

Los contratos suscritos en Colombia que se ejecuten en el exterior
se podrán regir por la Ley del respectivo país.


TRATAMIENTO PREFERENTE Y RECIPROCIDAD

ARTÍCULO 21. DEL TRATAMIENTO Y PREFERENCIA DE LAS OFERTAS NACIONALES. Las entidades
estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones
competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y
siempre y cuando exista oferta de origen nacional. En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la
oferta de bienes y servicios de origen nacional. Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad
de condiciones, se preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales, mayor
componente nacional y mejores condiciones para la transferencia tecnológica. PARÁGRAFO 1o. El Gobierno
Nacional determinará qué debe entenderse por bienes y servicios de origen nacional y de origen extranjero y por
desagregación tecnológica. Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar mecanismos que faciliten el
conocimiento oportuno tanto de la oferta de bienes y servicios de origen nacional, como de la demanda de las
entidades estatales.

ARTÍCULO 20. DE LA RECIPROCIDAD. En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de
bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos,
procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo
el principio de reciprocidad.
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o
convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les
concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos,
procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos,
deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional
y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo,
convenio o tratado. PARÁGRAFO 2o. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado
acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los
procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales
colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de bienes y servicios de origen
colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar
el cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo.


TRATAMIENTO PREFERENTE Y RECIPROCIDAD EN
MATERIA CONTRACTUAL

TLC: Trato nacional: Igualdad de trato a prestadores de ofertas de bienes y servios
nacionales o extranjeros
Trato de nación más favorecida: igualdad de trato a los prestadores de servicios o
bienes de naciones con las cuales Colombia celebre tratados comerciales

Ley 1150. ARTÍCULO 12. De la promoción del desarrollo. En los pliegos de
condiciones las entidades estatales sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Publica, dispondrán en las condiciones que
señale el reglamento, de mecanismos que fomenten en la ejecución de los
contratos estatales la provisión de obras, bienes, servicios y mano de obra
locales o departamentales, siempre que se garanticen las condiciones de calidad y
cumplimiento del objeto contractual.
(…) Parágrafo 2.- El Gobierno adoptara medidas que obliguen la inclusión en los
pliegos de condiciones, de la subcontratación preferente de las Mipymes en la
ejecución de los contratos, cuando a ello hubiere lugar, y establecerá líneas de
crédito blando para la generación de capacidad financiera y de organización de los
proponentes asociados en Mipymes.
Parágrafo 3.- Las medidas relativas a la contratación estatal para las
Mipymes, no son aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera.


REQUISITOS JURIDICOS PARA PARTICIPAR EN UN
PROCESO DE SELECCIÓN ESTATAL

• Existir jurídicamente
• Ser capaz (duración superior a 1 año)
• Tener facultades de representación del proponente
• Estar inscritos y calificados en el R.U.P
• Conformar adecuadamente la U.T., Consocrcio o Promesa de Sociedad en caso de participación
colectiva
• Estar inscritos en el Sice cuando las normas lo exijan
• No ser deudores morosos del Estado, numeral 3 del artículo 2 de la Ley 901 de 2004 Se publica el
boletín de deudores morosos en la página web de la Contaduría General de la Nación, los días 30 de
julio y 30 de enero del año correspondiente, el boletín incorpora la información suministrada por todas
las entidades estatales de las personas que contraen obligaciones con las mismas y se encuentren
en mora, es decir, existe una base de datos en donde circulan los datos del moroso, consistente en
una identificación plena, bien sea persona natural o jurídica, el monto del acto generador de la
obligación, la fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma
• No estar inscritos en el boletín de responsables fiscales de la contraloría art. 60 de la Ley 610 de
2000, establece que la Contraloría General de la República publicará cada 3 meses un boletín con
los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con
responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él. La
inclusión en el mencionado boletín trae como consecuencia el deber de los nominadores de
abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato hasta que no cumplan con
la obligación
• Presentar garantía de seriedad de oferta


NUEVA CONCEPCIÓN DEL RUP

Hasta antes de la Ley 1150 de 2007 :

• ELRUP aplicaba a ciertos tipos de contratos: obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes y
prestación de servicios.

• Su objetivo siempre fue ser el medio de información y verificación de las condiciones de contratación de
los oferentes. NO SE LOGRO

• El RUP está a cargo de las Cámaras de Comercio.

Ley 1150 de 2007.- Vigente 18 meses después del 16 de julio de 2007

• Todas las personas que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán
en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio
con jurisdicción en su domicilio principal. Excepciones:

1. Contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud;
2. Contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad;
3. Enajenación de bienes del Estado;
4. Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que
se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas;
5. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos
de concesión de cualquier índole.

En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor
de verificación de las condiciones de los proponentes.


Información incluida en el RUP: experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización
del proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y
clasificación que defina el reglamento.

Capacidad máxima de contratación: es el puntaje resultante de la calificación de estos
factores se entenderá como la capacidad máxima de contratación del inscrito.

Obligación de los proponentes: calificarse y clasificarse en el RUP y mantener actualizada y
renovar la inscripción en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento.

Obligación de Cámaras de Comercio: Verificación documental de la información presentada
por los interesados al momento de inscribirse en el registro. Publicación el acto de inscripción,
contra el cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva
Cámara de Comercio, durante los treinta (30) días siguientes a la publicación, sin que para ello
requiera demostrar interés alguno, pero para que la impugnación sea admisible deberá
prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que
se puedan causar al inscrito. Cuando en desarrollo de un proceso de selección una
entidad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la
información del Registro, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos
al proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de
selección e impugnar ante la Cámara de Comercio la clasificación y calificación del
inscrito, para lo cual no estarán obligadas a prestar caución. Para el trámite y adopción de
la decisión las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de treinta (30) días. De no haberse
adoptado una decisión en el término anterior, la entidad reanudará el proceso de selección de
acuerdo con la información certificada en el RUP. En el evento en que la Cámara de Comercio
establezca la existencia de graves inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificación
y clasificación del inscrito, se le cancelará la inscripción en el registro quedando en tal caso
inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años, sin
perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.



Obligación de Entidades Estatales:

1. Tener la calificación y clasificación certificada por la Cámara respecto de un
proponente como plena prueba de su capacidad de contratación y de lo que
en ellas conste, no podrán exigir requisitos o documentos distintos al RUP
para validar información de los proponentes. Excepción: sólo en aquellos
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la
verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el
Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.

2. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la cámara de comercio de
su domicilio, la información concerniente a los contratos, su
cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos
que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los
ejecutados.

Art. 11 D.2474.- Hasta que entre en vigencia el RUP las entidades verificarán
la información de los proponentes, sin perjuicio de que puedan exigir el RUP
para determinar clasificación y calificación de los proponentes, cuando
corresponda.


POSIBILIDADES DE RECHAZAR OFERTAS

Rechazo de propuestas Sólo procede el rechazo de las propuestas por ausencia de
requisitos esenciales del proponente (capacidad, habilidad legal y duración) o a la
futura contratación (condiciones técnicas y económicas mínimas requeridas para que
se cumpla la finalidad y objeto de la contratación “oferta básica sobre presupuesto”) se
debe tener en cuenta:

– Artículo 25, numeral 15, inciso 2º de la Ley 80 de 1993: “…la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirá de
título suficiente para el rechazo de las mismas”

– Artículo 4º, parágrafo del Decreto 2170 de 2002: “…En desarrollo de lo previsto en
el inciso 2° del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los documentos y
requisitos allí relacionados podrán ser solicitados por las entidades en cualquier
momento, hasta la adjudicación.”

– Ley 1150 de 2007 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en
cualquier momento, hasta la adjudicación, salvo subasta donde se pueden
solicitar hasta el momento previo a su realización.


POSIBILIDADES DE RECHAZAR OFERTAS

Eventos puntualmente establecidos en el Decreto 2474 de 2008:

• En concursos de méritos cuando la oferta técnica no sea consistente con la económica (art.
71 decreto 2474)

• Ofertas de valor artificialmente bajo (art. 13 decreto 2474)

Art. 10 Decreto 2474: En todo proceso priva lo sustancial sobre lo formal no pueden
rechazarse ofertas por ausencia de requisitos que verifiquen condiciones del
proponente o soporten el contenido de su oferta y que no constituyan factores de
escogencia (factores técnicos y económicos y su ponderación en licitaciones, en
tratándose de contratos sobre bienes uniformes solo el precio y en concursos son
factores técnicos, experiencia específica y equipo de trabajo). Los documentos
subsanables se pueden pedir hasta la adjudicación o hasta el momento establecido en
los pliegos, en subasta inversa hasta el momento previo a ella: NO SE PUEDEN
ESTABLECER TAXATIVAMENTE DOCUMENTOS SUBSANABLES Y NO
SUBSANABLES EN EL PLIEGO, NI QUE SE SUBSANEN REQUISITOS
RELACIONADOS CON FALTA DE CAPACIDAD (HABILITACION)

SE PUEDEN RECHAZAR LAS OFERTAS DE QUIENES NO RESPONDAN LOS
REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR (ARTS. 10 Y 22 INC. 2)


POSIBILIDAD DE DECLARAR DESIERTOS LOS
PROCESOS

Declaratoria de Desierta del Proceso de Licitación Es procedente
solamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del
contratista:

• Por falta voluntad de participación (NO SE PRESENTAN OFERTAS) Cuando
existe una oferta única que cumple no se puede declarar desierta (art. 91 del
decreto 2474)

• Cuando ninguna de las ofertas presentadas se ajusta a los pliegos de
condiciones en lo relativo a los requisitos esenciales de los oferentes o de la
futura contratación (PASA NO PASA)

Posibilidades especificas establecidas en el D. 2474 de 2008:

• Falta de manifestación de interés en menor cuantía art. 44 #3)

La declaratoria de desierta implica la realización de un acto administrativo
motivado y debidamente notificado a los proponentes para que puedan
interponer el recurso de reposición ha que tienen derecho.


PRINCIPIOS Y DEBERES DE LA CONTRATACION
ESTATAL
• Transparencia - Rediseñado parcialmente por la Ley 1150

• Economía

• Responsabilidad

• Selección objetiva - Reformulado por la Ley 1150

• Postulados de la función administrativa
(igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad)

• Aplicación de normas de conducta de servidores públicos

• Reglas de interpretación de la contratación en derecho privado

• Principios generales del derecho (ejemplo: buena fe)


TRANSPARENCIA- MODALIDADES DE SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS (LEY 1150 DE 2007 Y D. 2474)

Regla general: LICITACION PUBLICA –Antes este procedimiento era aplicable
a las “grandes contrataciones”

Excepciones:

•Contratación directa
•Selección abreviada
•Concurso público de méritos

•La entidad debe justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se
trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone
adelantar.
•El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los
pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales, cuando se trate de la
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de
común utilización por parte de las entidades.
•Las entidades estatales no podrán exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar
en un proceso de selección, razón por la cual no podrán ser objeto de cobro los pliegos de
condiciones correspondientes.


TRANSPARENCIA- LEY 1150
SELECCIÓN ABREVIADA
Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Causales:

• La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización (Este tipo de bienes se pueden contratar por subasta inversa en las modalidades presencial y
por medios electrónicos que tienen procedimientos propios art. 14 y 18 a 28 D. 2474)
• La contratación de menor cuantía. Será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar
mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de
selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será
responsabilidad del representante legal de la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el
propósito de garantizar la pulcritud del respectivo sorteo. (ARTS. 44 Y 45 D. 2474, EL DECRETO
TAMBIEN CONSAGRA UN ART. ESPECIAL No. 46 PARA MINIMA CUANTIA)
• Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y en la ley 1122 de 2007, la celebración de contratos
para la prestación de servicios de salud. (ART. 47 D. 2474 PROCEDIMIENTO MENOR CUANTIA)
• La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; dentro de los cuatro meses
siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. (ART. 48 D. 2474 MENOR CUANTIA)
• La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995. La
enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha
contra el Crimen Organizado (FRISCO), se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes, observando
los principios del articulo 209 de la Constitución Política y la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo Nacional de
Estupefacientes. (D. 1170 de 2008)
• Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos
legalmente constituidas; (ARTS. 28 A 43 D. 2474) EL GRAN CONTRATISTA DEL ESTADO.
• Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de
las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción
de los contratos que a titulo enunciativo identifica el articulo 32 de la ley 80 de 1993. (ART. 51 D. 2474)
• Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de
personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y
grupos al margen de la ley. (ART. 52 D. 2474)
• La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. (ART.JLT Valencia & Iragorri
53)

CONCLUSION: CONTRATACION DE SEGUROS -
Procedimientos

Regla general:

Licitación Pública: Aplicación reglas de Ley 80,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 arts. 1
a 13.

Excepción:

Contratación abreviada cuando sea de menor
cuantía el presupuesto para seguros: aplicación
reglas especiales establecidas en artículos 44 y
45 del Decreto 2474 de 2008.


TRANSPARENCIA- CONTRATACION
DIRECTA LEY 1150
La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los
siguientes casos:

• Urgencia manifiesta;
• Contratación de empréstitos;
• Contratos interadministrativos, están exceptuados de la figura del contrato
interadministrativo los contratos de seguro de las entidades estatales.
• La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para
su adquisición.
• Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
• Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales
cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las
leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o
adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector
público.
• Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
• Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales.
• El arrendamiento o adquisición de inmuebles

Regulación artículos 77 a 83 D. 2474


TRANSPARENCIA- CONCURSO DE MERITOS

Corresponde a la modalidad prevista para la selección de
consultores o proyectos. Dos modalidades:

1. Concurso abierto
2. Precalificación. En este ultimo caso, la conformación de la lista de
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose
establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre
otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización
de los proponentes, según sea el caso.

Ley 80 de 1993: “Cuando el objeto del contrato consista en estudios o
trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección
se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública”

Reglas y procedimiento: Art. 54 a 76 Decreto 2474 de 2008.
Modalidad aplicable a selección de corredores de seguros.


OTRAS EXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 80

•Realización de procesos de contratación estatal mediante etapas para que
los participantes puedan conocer y controvertir los informes, conceptos y
decisiones
•Las actuaciones y expedientes son públicos, debe permitirse el ejercicio del
derecho consagrado en el art. 273 de la C.P. De la adjudicación. art. 9 Ley
1150 – Para licitaciones no concursos de meritos.
•Se expedirán copias de las actuaciones y expedientes, salvo los
documentos que gocen legalmente de reserva
•En los avisos de publicación de apertura de licitación o concurso y en los
pliegos se señalarán las reglas de adjudicación del contrato
•Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual, salvo
los de mero trámite, así como los informes de evaluación, el acto de
adjudicación o de declaración de desierto del proceso de escogencia deben
ser motivados
•Las autoridades no actuaran con desviación o abuso de poder y les es
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva


OTRAS EXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA QUE SE INCLUYEN EN LA LEY 80

Los pliegos de condiciones o términos de referencia deben:

•Indicar requisitos objetivos necesarios para participar en el respectivo proceso
•Definir reglas claras, justas y completas que permitan ofrecimientos de la
misma índole, permitan la selección objetiva y eviten la declaratoria de desierta
•Definir con precisión condiciones de costo y calidad de los bienes o servicios
•No incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento
•Definir reglas que no induzcan a error a los proponentes y que impidan la
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada.

Sanción por incumplimiento de éstas disposiciones: ineficacia de
pleno derecho de las estipulaciones de los pliegos


PRINCIPIO DE ECONOMIA LEY 80 DE 1993

•Los procesos se surten con las etapas estrictamente necesarias para garantizar la
selección objetiva
•Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo
•Se adoptarán mecanismos que garanticen la pronta solución de diferencias
•Se abrirán procesos de selección sólo cuando existan las partidas presupuestales
correspondientes
•El acto de adjudicación o el contrato no se sujetan a revisiones administrativas
posteriores art. 9 Ley 1150?
•Con antelación al proceso de selección se harán los respectivos estudios y diseños
•Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o cualquier
otra clase de formalidades salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes
especiales
•La ausencia de requisitos o falta de documentos no necesarios para comparar las
propuestas no será título suficiente para rechazar propuestas. Reforzado por Ley 1150
•Silencio Administrativo positivo en caso de solicitudes no resueltas
•La declaratoria de desierta solo procederá por motivos o causas que impidan la
selección objetiva y se declarará por acto administrativo motivado
•Las entidades no rechazarán las solicitudes que se le presenten por escrito, alegando
inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la Entidad
para su tramitación.
•Los contratistas presentarán garantía única de cumplimiento y garantía de seriedad de
la propuesta. Reformado régimen de garantías Ley 1150 y próximamente decreto
reglamentario. JLT Valencia & Iragorri

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD LEY 80 DE 1993 –
ETAPA PRECONTRACTUAL

•Los servidores públicos están obligados a cumplir los fines de la contratación, velar
por la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos del contratista y
terceros.

•Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
por los daños que ellas generen (acción de repetición)

•Las Entidades y servidores públicos responderán por abrir procesos de selección sin
hacer previamente los pliegos o por hacerlos de forma ambigua e incompleta que
conduzcan a interpretaciones subjetivas y por no hacer los diseños y estudios y
responden por custodia de bienes ajenos (Arts. 101 y 107 de la ley 42 de 1994)

•La responsabilidad por los procesos y actividad contractual es del jefe o representante
legal. Reforzado art. 21 Ley 1150 de 2007.

•Los contratistas responden por propuestas artificialmente bajas con el objeto de que
les sea adjudicado y por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o por haber
suministrado información falsa


PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD LEY 80 DE 1993 – ETAPA
CONTRACTUAL
ARTS. 50 Y S.S.

1. Responsabilidad patrimonial de las entidades estatales por daños antijurídicos a
contratistas- art. 90 C.N. en ámbito contractual
2. Responsabilidad fiscal, disciplinaria y civil ( acción de repetición) de los servidores
públicos por acción u omisión en las actuaciones contractuales
3. Responsabilidad fiscal, disciplinaria y civil ( acción de repetición) de los contratistas (en
uniones temporales o consorcios responden las personas que los integran) por acción u
omisión en las actuaciones contractuales

Prescripción: 1,2,3 20 años acción civil, 10 años acción disciplinaria y 20 años acción penal

4. Los consultores, asesores externos e interventores responden civil y penalmente
por el cumplimiento de sus contratos y por hechos y omisiones imputables que
generen daños a las entidades estatales. Para efectos penales estos se
consideran particulares que cumplen funciones públicas y se sujetan a la
responsabilidad penal de los servidores públicos.

Delitos en actividad contractual (C.P.) Violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o interés indebido en celebración de contratos y
contratos sin cumplimiento de formalidades legales.

Definición de sanciones art. 58 Ley 80 de 1993.


REFORMULACION DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN
OBJETIVA LEY 1150 DE 2007
DEFINICION Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la
entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

• La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organización de los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán
puntaje se hace con el RUP, con excepción de concursos de méritos, donde estas
condiciones deben ser adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor.
• La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos.
• En los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o
suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común
utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor
precio ofrecido.
• En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de
calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De
conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar
criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo
de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia
para la selección de consultores.
• Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni
podrán establecerse como documento habilitantes para participar en licitaciones o
concursos.


REFORMULACION DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN
OBJETIVA DECRETO 2474 ART. 12

El ofrecimiento más favorable se determina de la
siguiente forma:

1. Selección abreviada para bienes de características técnicas
uniformes. Oferta más favorable es la de menor precio.
2. Concursos de méritos, es la que presente mejor calidad, con
independencia del precio que no será factor de evaluación.
3. Licitación pública, selección abreviada por menor cuantía y
demás tipos de procesos de selección abreviada, aplicación
de 2 alternativas:

a. Ponderación de calidad y precio soportado en puntajes
señalados en pliegos.
b. Ponderación calidad y precio que represente mejor relación
costo beneficio.


REGIMEN DE GARANTIAS- LEY 1150 DE
2007
• Ley 80 de 1993.- art. 25 # 19 y Decreto 679 de 1994

• Ley 1150 de 2007

Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.
Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura
del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas
de cumplimiento de los contratos estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que
seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos
de los contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a
celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la
ejecución del respectivo contrato.

El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al
respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare.

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en
los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere
esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo
a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el
reglamento.

Durante el periodo que transcurra entre la entrada en vigencia de la Ley y la expedición del decreto
reglamentario las entidades estatales continuaran aplicando las normas legales y reglamentarias vigentes.


PASOS LICITACIONES PUBLICAS – MODELO SEGUROS

1. Estudios y documentos previos. Art. 3 Decreto 2474 de 2008 debe contener
los siguiente información mínima (adaptación para seguros):
Elementos mínimos:

• Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la contratación de los
seguros relativos a los grupos 1, 2, 3, 4, y 5

• Descripción del objeto a contratar, con las especificaciones esenciales y la identificación de los
seguros requeridos en esta contratación

• Fundamentos jurídicos que sustentan la modalidad de licitación pública para la selección de
aseguradoras

• Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado de esta contratación y el
presupuesto asignado a cada uno de los grupos de seguros, indicando variable utilizadas para
calcular el presupuesto, su monto y costos asociados.

• Justificación de factores de selección que permitan identificar la(s) oferta(s) mas favorable(s)
(factores puntuables, calidad y ponderación) de conformidad con art. 12 d. 2474.

• Soporte de la Tipificación, estimación y asignación preliminar de riesgos previsible involucrados
en la contratación de seguros que puedan afectar el equilibrio económico.

• Análisis sobre la exigencia de mecanismos de garantía de las obligaciones contractuales y
responsabilidad extracontractual.

• Elementos mínimos exigidos en cada modalidad de selección de forma puntual

• Soportes JLT Valencia & Iragorri

Estudios y documentos previos. Art. 3 Decreto 2474 de 2008

• El contenido puede ser ajustado con posterioridad a la apertura
del proceso. Si la modificación de los elementos mínimos
implica cambios fundamentales, el jefe de la entidad puede
revocar el acto de apertura (con fundamento en art. 69, #2
C.C.A.) e interés público.

• Los estudios y documentos previos se consideran definitivos al
momento de elaboración y publicación de los pliegos, sin
perjuicios de los ajustes que puedan darse en el proceso de
selección


PASOS LICITACIONES PUBLICAS

2. Obtener el certificado de disponibilidad presupuestal (artículo 25 numerales 13 y 14 ley 80)

3. Publicidad del aviso de procesos en SECOP (art. 8 decreto 2474) a través del portal único de
contratación del aviso de convocatoria al proceso y proyectos de pliegos, en caso de que la entidades
no cuenten con conectividad a SECOP deben informarlo a Min. Comun., en caso de que la Entidad no
acuerden un plan adecuado para hacer la publicidad por medio tecnológico la publicidad se hace por
periódico, el reporte es obligatorio o existe sanción disciplinaria. Además de la publicación en SECOP
deben publicar en el Diario Único de contratación o en Gaceta Oficial . La información general sobre
licitaciones será remitida electrónicamente a las Cámaras de Comercio para integra el boletín
mensual y con ella se entiende surtido el requisito de publicidad (artículo 22, numeral 22.7 de la
Ley 80 de 1993) Convocatoria pública (art. 4 y 8 decreto 2474) en Concursos y selección abreviada

4. Hacer los pliegos de condiciones mínimo deben contener los siguientes datos (art. 6 decreto 2474,
desarrolla art. 24 Ley 80):

- Descripción técnica detallada y completa del objeto, la ficha técnica del bien o servicio uniforme o
requerimientos técnicos. (en seguros pólizas), En documento separable del pliego y como anexo
técnico el cual será público, salvo expresa reserva?
- Fundamentos del proceso de selección, su modalidad, su término, procedimientos, demás reglas
objetivas que gobiernan la presentación de ofertas así como la evaluación y ponderación de aquellas y
la adjudicación del contrato
- Razones o causas que generarían rechazo o declaratoria de desierta
- Condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías y demás asuntos
relativos al mismo
- Minuta del contrato (el contrato prevalece en caso de discrepancias de interpretación de su alcance en
ejecución del mismo)

Además de este contenido en el decreto se deben ubicar contenidos específicos en casos de licitación
por subasta inversa, etc. o contratación abreviada.

No se requiere pliego en contratación directa y cuantías inferiores al 10% de la menor cuantía



5. Publicación de los proyectos de pliegos en el SECOP. Ley 1150 y decreto 2474 art.
9: Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita
formular observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de
pliegos de condiciones con 10 días de antelación al acto de apertura en licitaciones y
concursos con PTD y 5 días para selección abreviada o concursos con PTS, en esos
plazos se pueden presentar observaciones. La información publicada no genera
obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. Junto con los
proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos
previos que sirvieron de base para su elaboración.

6. Publicación en SECOP (art. 8 d. 2474) de observaciones y sugerencias al proyecto
de pliegos y apreciaciones de la entidad al respecto. Tambien de la lista corta o
multiusos en concursos

7. Publicación de los pliegos definitivos en el SECOP. Ley 1150 y decreto 2474, art.
9.)

8. Publicación en SECOP (art. 8 d. 2474) de acta de audiencia de estimación de
riesgos previsibles, del acto de apertura, acto de suspensión,, adendas, informe
de evaluación, informe de verificación de requisitos habilitantes para subasta
inversa, acto de adjudicación del contrato y en licitaciones acta de audiencia
pública, acto de declaratoria de desierta, el
contrato, modificaciones, adiciones, suspensiones, sanciones ejecutoriadas y el
acta de liquidación.



9 . Resolución o Acto Administrativo motivado, ordenando la apertura del proceso
(Artículo 30 numeral 1º )

10. Audiencia de precisión y aclaración de pliegos (artículo 30, numeral 4º de la Ley
80 de 1993) Es importante, porque además allí se puede definir una prórroga de
hasta 6 días al plazo de la licitación o concurso, a su vez, esa prórroga puede ser
“prorrogada” hasta por la mitad del término inicial por solicitud de las 2/3 partes de
las personas que retiraron pliegos.

11. Plazo de la licitación término entre la fecha en que se empiezan a recibir
propuestas y la fecha y hora límite de presentación de las mismas (artículo 30,
numeral 5 de la Ley 80 de 1993).

12. Plazo para la evaluación de las propuestas (artículo 30, numeral 7 de la Ley 80
de 1993)

13. Presentación del informe de evaluación y presentación de observaciones dentro
de los 5 días hábiles siguientes (artículo 30, numeral 8 Ley 80 de 1993) En
concursos redujeron este término a 3 días (D. 2474)?

14. Adjudicación dentro del plazo previsto en los pliegos


REGLAS GENERALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS – CONSULTORIA ART.
32 No. 2 Ley 80

Aplican reglas generales del concurso de méritos:
Ley 1150 art. 5, numeral 4, procedimiento general de
concurso D. 2474 del 7 de julio de 2008 y
particularmente reglas especiales establecidas en los
artículos 75 y 76 de ese decreto.


SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS – CONSULTORIA
ART. 32 No. 2 Ley 80

Artículos 54 a 61 del decreto 2474 de 2008:

• Opción para las entidades de utilizar: a) Concurso abierto al cual le aplican todas las etapas
excepto precalificación. b) Precalificación, salvo concursos de arquitectura que se hacen
por concurso abierto mediante jurados.
• En concursos donde se use la precalificación puede surtirse dicha precalificación: a)
Mediante lista corta que es la que se elabora para un solo proceso de concurso de méritos.
b) Mediante lista multiusos que es la que se realiza para varios concursos de méritos
determinados o determinables con PTS, la vigencia es de 6 meses y debe contener mínimo
25 integrantes.
• Cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultaría sea inferior al 10% del
valor correspondiente a la menor cuantía de la entidad contratante, se puede seleccionar al
consultor con el procedimiento que tenga cada entidad en su Manual de Contratación, sin
que sea necesario contar con pluralidad de ofertas.
• El precio en ningún caso es factor de escogencia
• Si el objeto del contrato es híbrido consultoría y otras prestaciones como diseños y
construcción no hay concurso sino licitación pública o selección abreviada (según cuantía)
sin perjuicio de que puedan ser objeto de evaluación, el equipo de profesionales y expertos
propuestos para la contratación, la metodología, el plan y cargas de trabajo.


32 No. 2 Ley 80

• Si del objeto de la consultoría se desprende la necesidad de adquirir bienes y servicios
accesorios al mismo, la selección se hará con base en el procedimiento de concurso, sin
perjuicio de la evaluación que la entidad realice de las condiciones de calidad y precio de
aquellos.
• Las entidades pueden contratar por prestación de servicios la labor de supervisión de los
contratos, siempre que no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
• Las entidades pueden elegir en los pliegos el tipo de propuesta técnica que necesitan: a)
PTS, es aquella que se presenta cuando la entidad suministra en los requerimientos
técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y
cargas de trabajo. Esta propuesta aplica en concursos abiertos o con precalificación con
lista corta o multiuso y donde se aplique no requieren los oferentes presentar póliza de
seriedad de oferta pero si incumplen quedan inhabilitados por 5 años para contratar con el
Estado. b) PTD, es aquella que permite a los proponentes desarrollar los requerimientos
técnicos señalados en el pliego, con diferentes enfoques o metodologías. Esta aplica solo
para concursos con precalificación con lista corta.
• El contenido del pliego de concursos además de los requisitos señalados en el artículo 6
del decreto, deben contener un anexo de los requerimientos técnicos de los servicios de
consultoría que se van a contratar, el cual debe incorporar los requisitos establecidos en el
art. 56.
• Con base en los requerimientos técnicos la entidad determina el costo estimado de los
servicios de consultoría teniendo en cuenta rubros tales como monto de personas/mes o
personas/hora, soporte lógico y “Utilidad razonable” del contratista. Esto determinará el
presupuesto oficial. El detalle de la estimación del presupuesto se le ofrecerá al proponente
que se ubique en primer lugar de elegibilidad y servirá de base para la revisión de que trata
el artículo 71. En caso de requerirse PTD la entidad puede apropiar un presupuesto
superior al costo estimado, las ofertas pueden sobrepasar el costo estimado pero el
presupuesto oficial.


32 No. 2 Ley 80

• Existirá un comité asesor que puede ser conformado por servidores públicos o
particulares contratados. El comité esta sujeto al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de intereses y recomendará al jefe de la entidad la
decisión a adoptar con base en la evaluación que efectúe, si el Jefe no acoge la
decisión debe justificar las razones en el acto administrativo que culmine el
proceso. El comité estará compuesto por un número plural e impar de miembros
con idoneidad para valorar las ofertas. Si la entidad no goza de personal de
estas características lo puede contratar por prestación de servicios. Son la
pieza clave de todos los concursos pues su papel es absolutamente activo
(acompañan proceso de precalificación, validación del contenido de los
requisitos técnicos, conformación de listas cortas o multiuso, evaluación de
propuestas técnicas y verificación de oferta económicas del proponente ubicado
en 1er. lugar)
• Los proponentes al momento de presentar expresión de interés y los miembros
del comité asesor al ser contratados, deben declarar que no tienen conflicto de
interés, tampoco sus directivos o el equipo de trabajo.
• Se valorará la experiencia de las Uniones Temporales en sumatoria de las
experiencias específicas de manera proporcional a su participación.


PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACION

Artículos 62 a 65 del Decreto 2474 de 2008

• La precalificación es un procedimiento anterior e independiente de los concursos de
méritos a que se aplique.
• Inicia con una convocatoria pública a través de SECOP para conformar una lista corta o
multiusos. La base de la convocatoria debe incluir la siguiente información: Fecha para
presentar expresión de interés, criterios para conformar la lista, indicación sobre si se
trata de conformar lista corta o multiusos, indicación de requisitos habilitantes mínimos y
proporcionales que se exigen a los integrantes de la lista.
• Los interesados deben expresar interés por escrito es la fecha señalada, acompañando
los documentos que soporten los requisitos habilitantes del interesado.
• La verificación de requisitos habilitantes y de la información allegada con la expresión de
interés la hace el comité de asesor “teniendo en cuenta los intereses de la entidad y los
fines de la contratación”).
• La entidad conforma la lista corta con un número plural no mayor a 6 en concursos con
PTD y no mayor a 10 en PTS.
• En caso de no lograr lista con menos de 2 interesados la entidad deber revisar las
condiciones establecidas y ajustarlas y dará paso a una nueva convocatoria, en caso de
que en la segunda convocatoria no se logren 2 y se presente un solo interesado se
puede llevar a cabo el concurso posterior y se adjudicará al proponente único siempre
que cumpla los requisitos.
• Los criterios para la solicitud de manifestaciones de interés son: A) Experiencia general
relevante y suficiente en las áreas requeridas por el objeto a contratar. B) Estructura y
organización del interesado (recursos técnicos, humanos y físicos) C) Capacidad
intelectual, cumplimiento de contratos anteriores y similares, buenas
practicas, reconocimientos o cualquier otro elemento de juicio.
• La lista corta o multiusos se publica en SECOP, contra esta decisión procede recurso de
reposición a partir de la notificación.


PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO

Artículos. 66 a 74 Decreto 2474 de 2008

1. Los pliegos deben definir los términos y plazos en que se desarrollarán estas etapas
2. Acto administrativo de apertura. Cuando haya precalificación solo procederá una vez se
encuentre en firme el acto de conformación de lista corta o multiusos.
3. Publicación del pliego de condiciones
4. Invitación a presentar propuestas en los concursos con precalificación. Salvo en los
concursos abiertos, junto con el acto de apertura, se envía a los integrantes de las listas
corta o multiusos una carta de invitación a presentar propuesta en la solicitud se informa
el nombre la entidad, fecha y hora límite para presentar propuestas, indicación de lugar
físico y electrónico donde se pueden consultar los pliegos y los estudios y documentos
previos)
5. Presentación de ofertas. (Se presentan al mismos tiempo 2 sobres cerrados y
separados: propuesta técnica y propuesta económica, esta última debe incluir todos
los conceptos asociados a las tareas a contratar incluyendo remuneración de
personal, gastos reembolsables, gastos generados por la adquisición de
herramientas o insumos para desarrollar la labor, gastos de
administración, utilidad del consultor y gastos contingentes, desglosados todos
los gastos por actividad)


PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO

5. Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas técnicas. Reglas de
puntuación art. 68 y 75 del decreto 2474) . La entidad estatal contratante verificara
que el equipo de trabajo presentado esté en capacidad real y efectiva de cumplir
con la carga y plan de trabajo de la consultoría .
6. Elaboración del informe de evaluación de propuestas técnicas.
7. Traslado de informe de evaluación por un término no superior a 3 días hábiles.
8. Apertura de la propuesta económica del primer elegible y Verificación de la consistencia
de la propuesta económica. Se hace en audiencia pública donde la entidad: A) Da a
conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas, B) En presencia del
calificado en 1er lugar se habré el sobre económico, si excede el valor presupuestal se
abre el del calificado 2º y se procede igual hasta que alguno se ajuste a presupuesto. C)
Verifica la consistencia de la propuesta económica con las actividades descritas en la
propuesta técnica y se hacen acuerdos y ajustes, si no hay consistencia se rechaza la
propuesta y se abre el sobre económico del 2do y se sigue sucesivamente el mismo
procedimiento. D). Se elabora un acta de acuerdos sobre los resultados de la
verificación
9. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. Adjudicación o declaratoria de
desierta por acto administrativo motivado. En caso de declaratoria de desierta la entidad
inicia un nuevo proceso prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de
condiciones, el cual se puede ajustar para el segundo proceso sin cambiar el objeto. En
caos de haberse conformado la lista corta y falla el proceso por declaración de
desierto, se puede hacer unos de la misma lista corta.


PARTICULARIDADES CONCURSO
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
Artículos 75 y 76 del decreto 2474 de 2008

• La oportunidad para celebrar concursos es por regla general previamente a la escogencia de aseguradora,
pero se puede hacer en forma concomitante en casos justificados
• La entidad adjudica a un solo intermediario el manejo integral del plan de seguros, salvo que las
necesidades ameriten y en los pliegos se consigne la posibilidad de adjudicar un grupo de ramos a otro.
Nunca habrá más de 2 intermediarios por cada entidad.
• La vinculación de la relación entre entidad e intermediario se mantiene vigente, mientras sean vigentes los
seguros expedidos o renovados por el intermediario dentro de un mismo proceso de selección.
• Se mantiene el criterio de que el 1436 en sentido que la entrega de equipos, las capacitaciones o la
asignación de personal en la entidad u otras cosas que no correspondan al objeto no se pueden exigir
como criterios de evaluación.
• El procedimiento para los concursos de intermediarios, es el señalado en el presente decreto

• Los criterios de evaluación son básicamente: a) Experiencia específica del intermediario con relación a
directa a los servicios previstos en los requerimientos técnicos y proporcional al alcance de los mismos, la
cual se valorará en relación a la realización de proyectos de naturaleza similar; además tendrá en cuenta
el manejo de programas de seguros iguales o similares detallando primas y ramos. b) Valoración de la
propuesta metodológica y plan y carga de trabajo (puede pesar hasta el 40 % del puntaje). Se valora acá el
plan de administración de riesgos (análisis de riesgos y plan de manejo de los mismos para evitarlos,
mitigarlos, transferirlos etc.) dicho plan debe considerar 2 factores: 1) Propuesta de coberturas y
condiciones (Plan de trabajo para estructurar los pliegos de la licitación de seguros, incluyendo los criterios
técnicos para la estructuración del programa). Ej. Definir si se requiere y porqué es mejor una póliza de
todo riesgo daño material vs. pólizas individuales de incendio, sustracción etc. No se puede solicitar a los
corredores que describan las coberturas, limites, deducibles, cláusulas adicionales, procedimiento de
atención de siniestros etc. 2) Programa de prevención de pérdidas incluido cronograma de actividades,
debe ser n programa que permita disminuir los riesgos de la entidad que puedan implicar la materialización
de pérdidas cubiertas por las pólizas de seguros de la entidad c) Valoración del equipo de trabajo del
corredor.- Se mantiene igual al anterior criterio de “capacidad técnica” del decreto 1436, se evalúa el
personal. d) Oferta de soporte técnico.- Se mantiene igual al anterior criterio de “infraestructura operativa”
del decreto 1436, es decir se evalúan los recursos distintos al humano.


ADJUDICACION

Ley 80 de 1993- Formas de adjudicación:

•Resolución motivada: notificada personalmente al oferente favorecido y comunicada a
los oferentes no favorecidos

•Audiencia pública: En los caos previstos en art. 273 C.N (solicitud de proponentes,
CGR, demás autoridades de control fiscal) el art. 3 del 2170 de 2002 mencionaba que la
audiencia era lo preferible para adjudicar, en la audiencia se debía presentar proyecto de
respuesta a las observaciones y escucharse a los oferentes sobre la falta de respuesta a
las mismas, se podía citar a la audiencia por “mensaje de datos” (e-mail cuando la entidad
cuente con el recurso tecnológico que asegure la inalterabilidad de la comunicación) ,la
audiencia podría cumplirse en 2 etapas y desarrollarse en días diferentes.

Efectos de adjudicación:

Contra el acto de adjudicación no proceden recursos y por lo tanto la decisión
administrativa era irrevocable, su impugnación sólo podía hacerse por la vía contenciosa
administrativa.


ADJUDICACION- Ley 1150 de 2007

• Licitaciones: Obligatoriamente en audiencia pública

• Selección abreviada, concursos de méritos y contratación directa: No se adjudica por
audiencia

La audiencia pública implica la realización de una resolución motivada, que se entenderá
notificada al proponente favorecido en dicha audiencia.

Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad
contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante
lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso
en el cual, la entidad podrá adjudicar al proponente calificado en segundo lugar.

En aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre
pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%)
del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al
proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo,
previa revisión de las condiciones a que haya lugar.


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