Los carteles son grupos de empresas que coordinan sus acciones para fijar precios y cantidades de producción con el fin de no competir entre sí y maximizar ganancias. Estas prácticas son ilegales y perjudiciales porque eliminan los beneficios de la competencia para los consumidores. Un estudio de la OCDE encontró que los carteles afectaron a más de $55 billones en comercio entre 1996-2000 y generaron sobreprecios de hasta 50%. Tanto las leyes como los organismos internacionales ven a los carteles como la mayor amenaza al libre

1. Art. 01-08
“Carteles”: la amenaza al libre mercado
Un cartel es un conjunto de empresas que operan de forma coordinada en un mismo mercado, con el objetivo de fijar precios de
venta y/o fijar cantidades de producción para no competir, por ejemplo la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo).
Los carteles son particularmente perjudiciales para los consumidores y para la economía en su conjunto. Este tipo de
comportamientos empresariales anulan los beneficios propios de la rivalidad y la competencia entre agentes económicos, que es lo
que permite que los consumidores gocen de precios accesibles, mayor variedad y mejor calidad en los bienes que reciben. El
objetivo que persiguen los ejecutores de estas prácticas anticompetitivas es obtener y repartirse las ganancias que de otro modo se
verían reducidas, producto de la competencia.
La cartelización, conocida como colusión explícita, es considerada una infracción de particular gravedad en las distintas
legislaciones de competencia en el mundo. En El Salvador, esta práctica también está prohibida por su legislación. En muchos
países esta conducta además de imposición de multas cuantiosas, puede ser sancionada penalmente; como Australia, Brasil,
Canadá, Corea, Estados Unidos de América, Inglaterra y Japón, entre otros.
En muchos países, al igual que en El Salvador esta conducta es considerada como anticompetitiva per se, por lo que para
sancionarla no es necesario demostrar, por ejemplo, que el precio fijado ha producido un daño a terceros. La definición de la
infracción per se considera que un acuerdo de precios entre competidores no puede producir ningún efecto positivo sobre la
economía.
El Comité de Competencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) realizó en el año 2002 una
revisión de los casos de carteles que habían sancionado los países miembros de este organismo, entre los años 1996 y 2000, con el
objeto de entender mejor las consecuencias de este tipo de conductas. Se presentaron un total de 119 casos. En muchos de ellos se
precisó el total del comercio afectado por el funcionamiento de los carteles más importantes. El mismo superaba los 55 billones de
dólares. Esta revisión también reveló que los sobreprecios generados por estas prácticas eran muy importantes y podían alcanzar
el 50%.
Tanto las legislaciones de competencia, como los organismos internacionales concuerdan que los carteles son la amenaza
más grande al sistema de libre mercado. Por ello, muchos países, incluido El Salvador, cuentan con herramientas para
detectarlos; según las mejores prácticas internacionales, el registro sorpresivo ha demostrado ser una de las más efectivas.
Este tipo de prácticas tienen un efecto sumamente nocivo sobre el bienestar de los consumidores y el mercado, se constituyen en
un desestimulo para las nuevas inversiones. Cuando estas prácticas se realizan en mercados de insumos industriales, se ve afectada
la competitividad de toda la economía, ya que estos insumos se utilizan en la producción de diversos bienes finales. Estas prácticas
tienen como consecuencia que los empresarios que utilizan estos insumos que se producen en mercados cartelizados pagan
sobreprecios que afectan, de forma negativa, sus costos y afectan sus posibilidades de competir con éxito. Cuando estas prácticas
se realizan en mercados de bienes de consumo masivo que forman parte de la canasta familiar, afectan a los consumidores pero, de
manera especial, a los más pobres ya que son éstos quienes gastan un porcentaje más alto de sus ingresos en este tipo de bienes.
En conclusión un “cartel” significa necesariamente la existencia real o potencial de un fraude económico, el cual puede traducirse
en fijación de precios, repartición de mercados o clientes, restricción de la producción y también en ofertas fraudulentas en
licitaciones públicas, afectando la eficiencia de los mercados y el bienestar de los consumidores.