1. Tortura y malos tratos
El derecho internacional reflejo que cualquier persona quedaba protegida de no
exponerla a cualquier tortura, trato o pena cruel. Además es obligación de los
Estados investigar de forma inmediata tales actos, sometiendo a los
responsables a un proceso justo. Cuando alguien menciona en España que
existe la tortura ejercida por instancias estatales, las reacciones suelen ser de
sorpresa e incredulidad. Como las cárceles y lo que en ellas ocurre, la tortura
en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas
ocasiones que en la España de hoy se tortura.
En noviembre de 2007, Amnistía publicó el informe ``Sal en la herida; la
impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otro malos
tratos.´´ En él se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas
nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir
la ley. Desde entonces se han seguido investigando casos para prevenirlos. En
noviembre de 2009, se publicó ``Sal en la herida: impunidad policial después
de dos años.´´ El informe contiene los casos registrados hasta entonces y
analiza los cambios producidos en España con respecto a la prevención.
En los últimos años las torturas y malos tratos han incrementado a extranjeros.
Se documentan más de 320 casos con componentes racistas en los que
estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como
de las policías autonómicas y locales .En el caso de extranjeros
indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias
civiles a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a
amenazas con otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor
o intérprete y para ser asistido por un abogado.
El derecho internacional establece que las víctimas tienen el derecho a recibir
del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una
indemnización justa y adecuada, así como atención médica y cuidados
apropiados para su rehabilitación. Al parecer con estos casos no se obtienen
reparaciones satisfactorias. Sorprendentemente en algunas ocasiones las
víctimas han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia
firme que determine una indemnización. Se constata que la cuantía de las
cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla
general, muy baja.