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El documento denuncia que una reforma propuesta del Código Penal español igualaría la trata de personas y abusos contra migrantes con actos de solidaridad humanitaria como ayudar a personas sin documentos. También permitiría perseguir penalmente a quienes ayuden a personas no de la UE por motivos humanitarios, dejando la decisión al Ministerio Fiscal. El documento solicita eximir de responsabilidad criminal todo auxilio por razones humanitarias para no estrangular los derechos de los extranjeros.
